Este proyecto de ley, aprobado por 24 votos a favor, 14 en contra y dos abstenciones, establece la creación de un mercado secundario organizado del gas, con entrega física, que permitirá obtener precios «más competitivos» y transparentes para los consumidores y facilitar la entrada de nuevos comercializadores.

Respecto a las medidas tributarias en materia de exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, se contempla la creación de un nuevo impuesto sobre el valor de la producción de hidrocarburos de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos reviertan en el conjunto de la sociedad de la zona.

En esta línea, se fija una compensación a los propietarios de los terrenos situados sobre el yacimiento, del 1% del valor de la producción anual de los hidrocarburos, y se modifican los cánones de superficie existentes, creándose otros nuevos por realizar sondeos y sísmicas. En la memoria económica del proyecto, el Gobierno calculó que el nuevo Impuesto sobre el Valor de la Extracción de Gas, Petróleo y Condensados permitiría recaudar hasta 316,3 millones de euros al año.

Otra de las principales novedades se encuentra que las gasolineras podrán venderse combustible entre ellas, al igual que las distribuidoras, mientras que hasta la fecha solo podían hacerlo al consumidor final.

Asimismo, para incrementar la eficiencia en el sector de productos petrolíferos y combatir el fraude se establecen ciertas obligaciones de suministro a los comercializadores de GLP. Igualmente, se introduce la posibilidad de inhabilitar temporalmente a los operadores de productos petrolíferos para actuar como tales durante la inspección de expedientes sancionadores relativos, entre otros, a fraude fiscal.

En la sesión de este jueves se incorporaron las enmiendas del PP, entre las que figura limitar la cuota de mercado de las petroleras en cada provincia al 30% en términos de ventas minoristas anuales, a partir del 1 de julio del año 2016, y no de número de estaciones de servicio como hasta ahora. Esta medida permitirá que otros agentes entren en el mercado y exista una mayor competencia.

También eliminaron la autorización previa para las empresas comercializadoras de gas natural de países de fuera de la Unión Europea si ya cuenta con el permiso de algún país miembro y modificó la periodicidad con que las gasolineras envían a Industria sus datos, entre otras cuestiones. Además, se posibilita que cualquier instalador de gas natural habilitado pueda realizar la inspección de las instalaciones receptoras.

Además, de entre las más de 200 enmiendas presentadas, se aprobaron tres transaccionales, en las que se incluyen enmiendas del PSOE, CiU, UPyD y el propio PP, y una enmienda propuesta por UPN, así como una enmienda «in voce» del PP, todas ellas de carácter técnico.

Uno de estos cambios introducidos en este trámite supone la modificación del régimen infractor para prever que los daños al medio ambiente que se causen por las actividades incluidas en el ámbito de la ley o por la construcción, ampliación, explotación o modificación de instalaciones afectas sin la necesaria autorización, concesión o declaración responsable será considerado una infracción muy grave, lo mismo que ya se preveía cuando los afectados son personas o bienes.

El PP ya preveía en sus enmiendas originales incluir entre las infracciones muy graves el incumplimiento de las limitaciones sobre participación en el accionariado del operador del mercado de gas; y atribuía la capacidad sancionadora en función de la materia y el territorio y no del órgano autorizador.

Una reforma «necesaria, eficaz y transparente»

El portavoz del PP de Energía, Guillermo Mariscal, aseguró que esta ley es «necesaria, eficaz, proporcional e imprescindible para salvaguardar el interés público» a la par que pretende «levantar las barreras» que persisten en el sector e «impulsar la transparencia», particularmente en el ámbito del mercado de gas.

Además, defendió la necesidad de «incentivar la búsqueda de recursos» energéticos en el país, siempre con todas las garantías medioambientales y redistribuyendo los costes de esta actividad a través de la creación de un nuevo impuesto sobre la extracción de hidrocarburos.

Mariscal defendió que la posibilidad de que las gasolineras y distribuidoras puedan venderse combustible entre ellas «traerá consigo mayor poder de compra» y «sin duda alguna una rebaja de los precios».

Por último, subrayó la importancia de los cambios introducidos mediante enmiendas «muy ambiciosas» para «propiciar más competitividad» en la distribución minorista de carburantes que acaben facilitando «bajadas de precio en la venta al público». «La ley de 2013 no fue lo suficientemente productiva y queremos seguir profundizando en esta vía», añadió Mariscal, subrayando que el «objeto último» de toda la norma es la «generación de riqueza y empleo».

Su «flanco más débil», el mercado del gas

El portavoz adjunto de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, consideró que esta reforma era «necesaria» y que aborda algunos aspectos de manera «adecuada y correcta», como por ejemplo el reparto de los beneficios fiscales entre los territorios afectados por la explotación de hidrocarburos, aunque pidió que se prevengan posibles «manejos especulativos» de terrenos.

También defendió una regulación rigurosa del fracking para prevenir riesgos medioambientales, y advirtió de que «el flanco más débil» de la ley está en la creación del mercado del gas natural, que es necesario crear pero dado el «precedente» del mercado eléctrico es necesaria «la mayor de las precauciones» para evitar repetir errores pasados.

Por su parte, el portavoz económico del PNV, Pedro Azpiazu, precisó que esta ley «ni permite ni impide el fracking» sino que «mediante la fiscalidad» se establece un «reparto de los beneficios de la explotación de hidrocarburos entre los perjudicados» por esta actividad. En este sentido, reclamó que estas compensaciones no estén condicionadas a la disponibilidad financiera.

Además, aplaudió el acuerdo entre el PNV y el Ministerio de Industria en relación con el operador del mercado de gas regulado, que permitirá que Iberian Hub Gas y el nuevo Mibgas se «unifiquen» para «aprovechar las sinergias» entre ambas entidades, de modo que se integre su actividad y empleo y su domicilio social se sitúe en Bilbao. «Es un buen acuerdo», zanjó.

Una ocasión perdida para «un gran pacto»

El portavoz de Energía del PSOE, José Segura, criticó que pese a la oferta de «mano tendida» del Gobierno para negociar esta ley no se haya aceptado ninguna de sus enmiendas, y además teme que no servirá para fomentar ni la liberalización del sector ni la bajada de precios.

Segura se quejó de que no se incorpore su propuesta de crear un bono social para el gas butano y valoró las «posibilidades excepcionales» que se abren con la creación de un mercado organizado del gas.

Su compañero Román Ruiz lamentó que se haya «desaprovechado» la ocasión de alcanzar «un gran acuerdo» para incrementar la competencia en la venta de combustibles, sobre todo entre los proveedores y añadió que «estas medidas son insuficientes» para garantizarla.

Ruiz calificó de «brindis al sol» la iniciativa por la que los grandes operadores petroleros no podrán copar más del 30% de las ventas minoristas anuales en cada provincia al entrar en vigor dentro de 17 meses.

Laia Ortiz, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), estimó que esta norma esta «en las antípodas» de lo que debería estar «defendiendo» un país tan «dependiente de los combustibles fósiles» como España. «La respuesta tiene que ser apostar por una transición energética», dijo la diputada catalana, que planteó un incremento de las garantías medioambientales en todas las tecnologías.

Además, recordó que hace falta «invertir» en ahorro y eficiencia energética, «algo que no está» en el proyecto de ley; así como desarrollar una Ley de Renovables para darles «estabilidad jurídica».

Las CCAA se sienten «marginadas»

Por CiU, Inmaculada Riera lamentó que esta norma «margine» a las comunidades autónomas en un ámbito como el energético, en el que tienen competencias, y reclamó que se «haga valer la necesaria cooperación y coordinación entre administraciones públicas» y que se «incremente la participación de las comunidades en aspectos clave» incluidos en esta ley.

Sobre el nuevo Impuesto sobre el valor de la Extracción de gas, petróleo o condensados, la nacionalista catalana estimó que se trata de una «herramienta de redistribución correcta para beneficiar a los ciudadanos» pero no comparte que «no sea cedido a las comunidades autónomas» para que forme parte de sus ingresos.

Pedro Quevedo (CC-NC) insistió en que apostar por los combustibles fósiles como hace esta norma es «ir por el camino equivocado», y criticó la «exclusión» de Canarias de los compensaciones para comunidades y ayuntamientos por las prospecciones en su territorio, al no incluir el mar territorial ni la zona económica exclusiva (ZEE).

El diputado de Foro Asturias (FAC), Enrique Álvarez Sostres, defendió que si se confirma que España tiene un importante potencial de gas a extraer mediante fracking se podría generar una «fuente de riqueza importante» para el país, por lo que valora que el proyecto de ley abra la puerta a esta tecnología.

En concreto, el precio medio en España de la gasolina disminuyó en la última semana un 0,6%, hasta los 1,262 euros, frente a los 1,269 euros de hace siete días. No obstante, el precio de la gasolina presenta un encarecimiento del 13% desde su mínimo de enero (1,117 euros), aunque aún continúa en niveles de enero de 2011. Por su parte, el diésel fijó su precio en 1,16 euros, frente a los 1,179 euros anteriores, lo que supone una bajada del 1,6%, si bien presenta un encarecimiento desde su mínimo (1,057 euros) de enero del 9,8%. En cualquier caso, también continúa aún en niveles de diciembre de hace cuatro años.

A pesar de los últimos descensos, la gasolina está un 2,78% más cara que a comienzos de año y un 2,94% por encima del precio que tenía hace un mes. En el caso del gasóleo de automoción, el carburante más consumido en España, el precio actual es un 5,17% superior al de comienzos de 2015, per un 0,26% menor que el que había hace un mes. Respecto a los precios que había en marzo del año pasado, la gasolina está un 9,41% más barata y el gasóleo un 11,8 %, diferencias que ascienden al 17,15% y al 19,79%, respectivamente, si se comparan con los máximos históricos de septiembre de 2012.

La escalada de subidas iniciada en enero se ha comido sólo parcialmente las bajadas experimentadas por los carburantes desde mediados del año pasado, momento en el que el petróleo inició su abaratamiento y pasó de los 114 dólares a mínimos cercanos a los 50 dólares. La gasolina, que llegó a bajar un 23% con respecto a mediados de 2014, cuesta ahora un 13% menos que en ese momento, mientras que el gasóleo se sitúa en niveles un 14% inferiores a los del año pasado, tras haber bajado hasta un 21%.

El precio del barril de petróleo Brent superó este jueves los 59 dólares por primera vez en las dos últimas semanas después del agravamiento de la situación en Yemen, donde una coalición internacional encabezada por Arabia Saudí haya lanzado ataques contra los rebeldes huthis en defensa del Gobierno. De este modo, el precio del barril de crudo de referencia en Europa subió hasta los 59,71 dólares, frente a los 56,48 dólares del cierre del miércoles, lo que supone su precio más alto desde el pasado 9 de marzo. A su vez, el crudo Texas, referencia para Estados Unidos, también experimentaba una fuerte revalorización y llegaba a cotizar en 51,74 dólares, frente a los 49,21 dólares del cierre del pasado miércoles.

Por otro lado, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que multó recientemente con 32 millones a cinco importantes petroleras por pactar precios, indicó en su último informe de seguimiento del mercado de carburantes que los márgenes brutos medios de los operadores bajaron un 9,6% en enero, si bien aumentaron significativamente en comparación con los países del entorno de la Unión Europea.

Con los precios de esta semana, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta 69,41 euros, lo que supone 39 céntimos menos respecto a los 69,80 euros de la semana anterior, mientras que un depósito de gasóleo conlleva un gasto de 63,8 euros, 1,05 euros menos que la referencia anterior, que reflejaba un coste de 64,85 euros. Si se comparan estos precios con lo que costaba llenar un depósito de gasolina y diésel el 19 de enero, cuando se registraron los niveles más bajos desde 2010, se encarecieron 7,98 euros y 5,67 euros, respectivamente.

Los carburantes cuestan en España menos que en la media de la Unión Europea, donde el precio de la venta al público del litro de gasolina disminuyó hasta los 1,417 euros y a 1,431 euros en la zona euro. Por su parte, el litro de gasóleo descendió a 1,273 euros de media en la Unión Europa y lo hizo hasta 1,235 euros en la eurozona. El menor nivel de precios finales con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal.

En este sentido, José Segura señaló que “se pretende mejorar la competencia efectiva en el mercado de la distribución de carburantes de automoción en estaciones de servicio para que se reduzcan los precios y los consumidores paguen menos”. Un conjunto de enmiendas en línea con la proposición de Ley presentada por los socialistas a finales de enero de este año. Al igual que entonces, el PSOE insiste en rebajar el límite de cuota de mercado provincial que ahora tienen las petroleras del 30% al 25%. Las compañías que se encuentren en esa situación no podrán adquirir nuevas instalaciones, ni suscribir nuevos contratos de distribución en exclusiva, ni renovar los contratos preexistentes «si con ello se supera esa cuota de mercado«.

Según las últimas enmiendas introducidas por el PP, la cuota máxima de mercado fijada durante esta legislatura en el 30% pasaría con los nuevos cambios a tenerse en cuenta sobre las ventas minoristas en cada provincia y no sobre la red de gasolineras de cada operador, tal y como establece la legislación hasta ahora vigente y que el PSOE propone rebajar al 25% en cada provincia o cada isla de los archipiélagos. Sin embargo, una diferencia sustancial es que el PSOE no quiere permitir que se renueven los contratos preexistentes si así se rebasa la cuota máxima establecida mientras que el PP sí que está dispuesto a permitir su renovación.

El portavoz socialista de Energía destacó que “la desorientación del Ministerio de Industria en un sector como el de carburantes, de gran importancia para la economía, la movilidad y la industria, se ha puesto de manifiesto en la presente legislatura a través de actuaciones normativas deslavazadas”. Por ello Segura reitera que el Gobierno propició una «anarquía normativa que imposibilita defender los intereses de los consumidores frente a los grandes distribuidores”.

Respecto a la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), operador de la red de oleoductos en España, se propone que nadie debería tener una participación en su accionariado «en una proporción superior al 10% del capital o del 6% de los derechos de voto de la entidad, no pudiendo sindicarse estas acciones a ningún efecto». Además, en el caso de los operadores petrolíferos que actúen en España o de los que participen en el accionariado de estas compañías en más de un 10%, el límite máximo de su participación en CLH se debería rebajar, según proponen desde el PSOE, al 2%.

En lo que respecto a las actividades de prospección, exploración, investigación y explotación de hidrocarburos, una de las disposiciones añadidas por el grupo socialista es la prohibición «en todo el territorio nacional» del empleo de la técnica de la fractura hidráulica, también conocida como fracking , que inyecta fluidos y aditivos químicos para fracturar las rocas que contienen los hidrocarburos en su interior. Una prohibición que afectaría a los permisos en marcha ya concedidos con anterioridad y en los que esta técnica extractiva participe «en todo el proceso o en parte». En este sentido, se insta al Gobierno a retirar «de forma inmediata» los recursos de inconstitucionalidad presentados contra las comunidades autónomas que prohibieron el fracking .

Un mercado organizado del gas

Por otro lado, Segura recordó que en uno de los capítulos que integran el proyecto de ley se pretende regular el sistema gasista español; en este punto señaló que “a pesar de que nuestro país ha sido pionero en la liberalización de ese producto energético en la Unión Europea, muestra claras carencias en cuanto a transparencia de precios, competitividad de las ofertas, elevados costes de los peajes e inadecuada estructura de aprovisionamiento”. Unas carencias que, según indica el portavoz socialista, “ocasionan el que los precios que pagan los consumidores domésticos industriales y de cogeneración sean los más altos de Europa”.

Por ello, Segura destacó que “la industria española necesita disponer de un gas competitivo, con precios publicados y alejados de la especulación y para ello, se hace preciso disponer en nuestro país de un mercado gasista organizado”. “Desde la convicción de que la situación geoestratégica de la Península Ibérica posibilitará la configuración de un hub gasista, hemos elaborado un conjunto de más de 30 enmiendas que permiten mejorar el contenido del proyecto tanto en lo referente al sector del gas natural, como en el de los gases licuados del petróleo (GLP), indica Segura, que destaca que “todas estas enmiendas se han elaborado desde la óptica de la defensa del consumidor y de la libre competencia”.

En lo que respecta al mercado del gas, desde el PSOE reivindican que se atribuya la supervisión de este mercado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), es decir, «al organismo regulador independiente tal y como se establece en la normativa comunitaria». Además, el PSOE le encomendaría también a la CNMC que aprobara, mediante resolución, las reglas de funcionamiento del mercado «para promover la competencia efectiva y asegurar su adecuado funcionamiento».

Finalmente, otra de las medidas propuestas por los socialistas es la aplicación de un bono social para la bombona de butano, del que disfrutarían determinados consumidores, «personas físicas que cumplan con las características sociales, de consumo y poder adquisitivo que se determinen». Este bono social será financiado por los Presupuestos Generales del Estado para recipientes entre 8 y 20 kilogramos de capacidad (la bombona tradicional es la de 12,5 kilogramos), «a excepción de los envases de mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante”, señala el PSOE.