El Gobierno de Bolivia dio por terminado, tras seis días de negociaciones, el diálogo con los líderes de la localidad petrolera de Camiri, que exigen una «verdadera» nacionalización de los hidrocarburos.

El viceministro de Descentralización, Fabián Yaksic, confirmó a los medios que «concluyó» el trabajo de la delegación enviada por el Gobierno de Evo Morales, y que encabezaban el ministro de Trabajo, Walter Delgadillo, y el de Hidrocarburos, Carlos Villegas.

Los habitantes de Camiri, otrora capital petrolera de Bolivia, demandan una «refundación» de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para que opere pozos directamente y no sea sólo supervisora de multinacionales. Además, exigen la creación de nuevos puestos de trabajo para los camireños y la instalación efectiva en la zona de una gerencia de exploración y explotación de la empresa estatal YPFB.

La semana pasada, el Ejército intentó frenar el bloqueo de una ruta internacional, hacia Argentina y Paraguay, con un resultado de al menos veinte heridos, pero no lo consiguió. A continuación llegó la comisión gubernamental que inició un proceso de diálogo con los cívicos del lugar y que pareció llegar a buen puerto cuando los ministros anunciaron que habían «consensuado» un paquete de medidas.

Sin embargo, los manifestantes rechazaron la oferta en un cabildo (asamblea popular) que terminó exigiendo la presencia del presidente Evo Morales en el lugar y amenazando con tomar los campos petroleros que tiene en Andina, filial de la española Repsol YPF, según informó Mirko Orgaz, asesor del Comité Cívico.

El viceministro Yaksic acusó a los dirigentes camireños de no tener la «suficiente madurez» y advirtió de que será suya la responsabilidad por «las consecuencias de todo esto». Según Yaksic, «todo indica» que los dirigentes no tenían «ninguna intención de solucionar nada» pues en su cabildo «prácticamente han ignorado los acuerdos» ya que «ni siquiera los han mencionado».

En febrero de 2007, la población de Camiri también mantuvo bloqueada una semana las carreteras hacia Argentina y Paraguay por el mismo motivo, y cumplió su amenaza de tomar instalaciones petroleras, lo que provocó la intervención del Ejército y dejó un saldo de doce heridos, dos de ellos de bala.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, CEEES, ha mostrado su satisfacción por la presentación este viernes de las conclusiones del Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Paolo Mengozzi. En opinión de la patronal, este pronunciamiento invalida los argumentos mantenidos por las petroleras españolas, y apoyados por algunos Juzgados y Tribunales españoles, para fijar unos precios de venta a los distribuidores.

Una de los puntos más importantes del texto de Mengozzi es que hace desaparecer la figura intermedia entre el agente y el distribuidor, concretando que si se asumen riesgos que no son insignificantes, se es distribuidor, y si no, agente.

Según la Confederación, las petroleras fundamentaban sus teorías sobre tres argumentos básicos: que una importante inversión permite exceder el límite de duración máxima permitida (10 años) en el Reglamento 84/83, que existe una figura intermedia entre el verdadero agente y el distribuidor o revendedor, y que si en un contrato se reflejaba la obligación de respetar el precio impuesto por la petrolera, pero luego ésta remitía un escrito en el que permitía rebajar el precio sin disminuir sus ingresos, el contrato sanaba, sin operar el vicio de nulidad.

El Abogado General del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas sostiene que, respecto a la duración de los contratos, “para poder superar el límite de cinco años y alcanzar el de diez las inversiones de la petrolera debían ser de tal calado que, de no haber existido, esa gasolinera no estaría en el mercado. Con esta inversión se alcanzaría un límite máximo de diez años.” El CEEES recuerda que las petroleras españolas, y algunos juzgados, han dado validez a este tipo de inversiones a contratos de veinticinco, treinta o cuarenta años de duración.

Por otro lado, Mengozzi hace desaparecer la figura intermedia entre el agente y distribuidor, y señala que si se asumen riesgos no insignificantes se es distribuidor; de lo contrario, se es agente.

Por último, las conclusiones del Abogado niegan que “los escritos remitidos por las petroleras en noviembre de 2001, permitiendo a su red hacer descuentos con cargo a su comisión, puedan indicar la validez retroactiva del acuerdo, incluso en el supuesto de que dichas adecuaciones unilaterales tuvieran cabida en el derecho civil español”.

Para CEEES, todo lo expuesto por Mengozzi supone el fin de unas teorías “que han posibilitado el cierre del mercado español durante quince años, y que han permitido un mercado cerrado en el que tres compañías petroleras, ostentando cuotas superiores al 70%, se han permitido fijar de forma directa o indirecta el precio de los productos”.

Además, la patronal considera que la relevancia de las Conclusiones del Abogado General sea acogida sin dilación por los Juzgados y Tribunales, así como los Órganos Nacionales de Competencia.

Repsol YPF y Cepsa son dos de las petroleras que aspiran a nuevas concesiones de exploración de gas y petróleo en Argelia, pese al conflicto abierto entre la petrolera española y Gas Natural con el gobierno argelino en el proyecto de Gassi Touil, explicaron fuentes de las compañías españolas.

Aunque la relación entre Repsol YPF y la compañía estatal argelina Sonatrach no atraviesa su mejor momento debido al enfrentamiento por la rescisión del contrato del proyecto Gassi Touil, la petrolera hispano-argentina ha decidido acudir al proceso de precalificación abierto por las autoridades argelinas previo a la licitación de nuevos permisos de exploración de hidrocarburos. A este proceso también se ha presentado Cepsa, la segunda petrolera española, y ambos grupos competirán con numerosas multinacionales del sector.

Repsol YPF y Cepsa han presentado la documentación exigida en la precalificación de los aspirantes a lograr un permiso exploratorio, proceso previo a la licitación de los bloques mineros.

Argelia ha decidido sacar a concurso público la exploración de una veintena de bloques mineros, procedimiento que se iniciará el próximo mes de abril, han explicado diversas fuentes del sector energético. La precalificación es la fase previa a la licitación y en ella los países productores solicitan una serie de documentación a las compañías interesadas que demuestre su capacidad técnica para hacer los trabajos geológicos necesarios para localizar hidrocarburos.

Desde Repsol YPF y Cepsa puntualizan que las nuevas licitaciones se encuentran en una fase muy temprana y todavía desconocen la ubicación y extensión de los bloques argelinos.

La petrolera que preside Carlos Pérez de Bricio ya opera dos bloques en Argelia, el 406 A, donde se encuentran los yacimientos de RKF y Ourhoud, y el Bloque Timimoun. Por su parte, Repsol YPF cuenta en Argelia con derechos mineros sobre 16 bloques, 5 de exploración, con una superficie total de más de 17.200 kilómetros cuadrados, y otros 11 bloques de desarrollo con un total de 3.108 kilómetros cuadrados.

Según el ministro de Transportes de Argelia, Mohammed Maghlaoiu, que se reunió la pasada semana con el ministro de Industria español, Joan Clos, quieren «conseguir acuerdos para intensificar los vuelos chárter de Iberia y Spanair para cubrir el incremento de tráfico que supondrá la puesta en marcha de estos nuevos pozos». España tiene pendiente llevar a cabo una cumbre al más alto nivel con Argelia, pero el actual calendario electoral español ha aconsejado posponer la misma.

España y Argelia protagonizan cumbres bilaterales anuales que se celebran de forma alternativa en cada país, y el Gobierno español debe ser el anfitrión de la próxima, después de la que tuvo lugar en la capital argelina en diciembre de 2006.

El jefe del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el presidente de Argelia, Abdelaziz Buteflika, encabezarían las delegaciones que se darían cita en esa cumbre, cuya fecha se concretará después de las elecciones generales. En la agenda de la cumbre el tema estrella será afrontar la crisis gasista que se vive con Argelia y que afecta a tres frentes: la negociación de los contratos del gas, de la que en buena parte dependerá el precio de esta materia prima en España; la entrada de Gas Natural en el capital del gasoducto Medgaz, y el conflicto de Gassi Touil.

El tema más espinoso entre los dos países es el proyecto del yacimiento de Gassi Touil, en Argelia, en donde Repsol y Gas Natural acordaron explotar unos yacimientos de gas y construir una planta de licuefacción, un proyecto con una inversión prevista de 3.000 millones, y en el que Sonatrach decidió romper el contrato unilateralmente alegando retrasos e incumplimientos por parte de las empresas españolas.

Este conflicto también está en un tribunal de arbitraje en París, y uno de los objetivos de la cumbre es precisamente pactar una salida ordenada de las empresas españolas y no tener que llevar dicho arbitraje hasta el final.