El gobierno catalán y los grupos del tripartito han culpado a Endesa y, en menor medida, a Red Eléctrica Española, por el apagón de la semana pasada en Barcelona, ante el acoso de CiU y PP, que han pedido al ejecutivo que asuman responsabilidades y no se escuden en la falta de competencias.
En una extensa comparecencia en el Parlament, el conseller de Economía, Antoni Castells, ha denunciado la «gravedad» del apagón, que ha calificado de «impropio» para una sociedad como la catalana, y ha afirmado que la «primera responsabilidad» recae en Red Eléctrica y Fecsa-Endesa, aunque ha precisado que aún es prematuro atribuirlo a su falta de inversiones en Cataluña.
Los grupos del tripartito han ido más allá que Castells y, tras defender la actuación del ejecutivo, han criticado lo que consideran falta de inversiones de Red Eléctrica y Endesa, que en este caso han relacionado con la estrategia de Manuel Pizarro para oponerse a la OPA de Gas Natural.
Socialistas, republicanos y ecosocialistas ha denunciado el silencio del presidente de Endesa, Manuel Pizarro, frente a su «locuacidad» durante el proceso de la OPA de Gas Natural, al tiempo que han puesto de relieve que la compañía eléctrica ha invertido más dinero en combatir la oferta de la gasista que en mejorar sus servicios en Cataluña.
Tras la intervención de los portavoces de PSC, ERC e ICV-EUiA, Castells ha dicho que asumía como propias estas críticas a Endesa e incluso ha afirmado que los ciudadanos de Cataluña «tienen derecho a que Manuel Pizarro les pida disculpas».
El conseller ha advertido que el servicio no se normalizará «hasta febrero próximo», con la puesta en marcha en su totalidad de la subestación de Maragall, y que es previsible que a finales de agosto se puedan desconectar, «pero no desmantelar», la mitad de los grupos electrógenos repartidos por toda la ciudad en la actualidad.
Asimismo, Castells ha anunciado que la Generalitat reforzará el control de la inspección de la red eléctrica, cuya responsabilidad es de las empresas, incluso con la introducción de cambios legales y la elaboración de una ley para garantizar el suministro de luz. Ha precisado que se realizarán evaluaciones semestrales sobre el estado de la red «incluso con controles directos, si es necesario», y que además la Generalitat elaborará una nueva ley que garantice que todos los abonados puedan recibir el suministro eléctrico desde más de una subestación.
Castells ha rechazado en cambio a imponer sanciones a las eléctricas antes de tener las conclusiones del expediente informativo y ha recordado que en 2001 el ejecutivo de CiU impuso más de seis millones de euros de sanciones a las empresas eléctricas, pero finalmente el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña los rebajó a 2,2 millones por «estar mal tipificadas».
En nombre de CiU, Oriol Pujol ha considerado «sorprendente» y «una auténtica vergüenza» que, «ante la gravedad de los hechos» el gobierno catalán «sea incapaz de asumir responsabilidades». Asimismo, ha mostrado su desconfianza respecto a las «indemnizaciones express» para compensar a los afectados y sobre las inversiones necesarias, y ha advertido que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero «no es de fiar».
Previamente, el líder de CiU, Artur Mas, había exigido por la mañana en unas declaraciones radiofónicas al gobierno catalán que asuma su parte de responsabilidad por el apagón, aunque ha afirmado que los principales culpables del fallo de suministro eléctrico son el Gobierno central y las empresas Endesa y Red Eléctrica de España.
Por su parte, el nuevo presidente del PPC, Daniel Sirera, ha reclamado la creación de una comisión de investigación -petición que no se someterá a votación hasta septiembre- para esclarecer las causas y los responsables del apagón. Según Sirera, el ejecutivo de José Montilla «ha dado la espalda a los ciudadanos y los han abandonado a su suerte», además de ser incapaz de ponerse de acuerdo sobre las grandes infraestructuras como la interconexión eléctrica con Francia, ya que, ha dicho, «mientras Castells dice que es necesaria, Joan Saura (de ICV-EUiA) mira hacia otro lado».
En la sesión de también ha comparecido el conseller de Interior, Joan Saura, que se ha limitado a dar cuenta de la actuación de su departamento y ha elogiado el comportamiento «ejemplar» de los vecinos de Barcelona durante los cinco días del apagón, en los que no hubo ningún saqueo ni aumentaron los hechos delictivos, pese al gran aumento de zonas sin suministro.
