EFE / Europa Press.- Unidos Podemos demanda al nuevo Gobierno que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue a fondo y sancione presuntas irregularidades en la factura eléctrica por parte de algunas empresas comercializadoras en relación a las tarifas de acceso y distribución de energía. La cuestión es esclarecer si Endesa y otras comercializadoras eléctricas alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Unidos Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al nuevo Ejecutivo a que la CNMC incoe una investigación sobre posibles irregularidades que habrían cometido algunas compañías, como Endesa Distribución en Andalucía, en torno a la actualización del término de potencia. Estas iniciativas serán debatidas tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Podemos considera que algunas empresas distribuidoras podrían haber aplicado un cambio indebido en el concepto de la tensión nominal de voltios, lo que habría perjudicado a los consumidores en la factura de la luz.

El texto de la iniciativa recuerda que las medidas favorecedoras de la competencia son aquellas que permiten que se establezca concurrencia en la oferta de precio, pero nunca en el concepto de medida. Por ello, Unidos Podemos pide que la CNMC haga las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, y en caso de que se demuestren vulneraciones de las obligaciones en relación al suministro, se inicie los trámites pertinentes para «sancionar» a aquellas empresas que hayan cometido infracción.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia contratada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello. Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría considerado la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Asimismo, pide incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía como los que pudiera haber habido en el resto de España por haberse seguido prácticas similares por otras distribuidoras. Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

Unidos Podemos lamenta que la electricidad española para los hogares fuera en 2017 la séptima más cara de entre los 28 países europeos. En su opinión, estos precios tan elevados se deben tanto al déficit de tarifa como a los altos costes de distribución y a las prácticas oligopólicas de las eléctricas, «que han sido las culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años».