El título de este artículo está sacado de una novela del escritor italiano Antonio Tabucchi, “Se está haciendo cada vez más tarde”, con extraordinaria finura, es una novela epistolar, un libro donde un protagonista esencial es el tiempo, incluso dónde los tiempos se vuelven del revés y las personas se extravían.

Una situación de estas característias es la que estamos viviendo en el caso de las “negociaciones” (o lo que sea) entre Industria y el sector eléctrico para resolver el déficit tarifario y completar el proceso de liberalización, por otra parte, una patata caliente, abrasiva, dejada y abandonada a su suerte por las anteriores Administraciones energéticas (que además vivieron los tiempos de bonanza económica pero con poco sentido común).

En este ámbito, los sucesivos aplazamientos que están teniendo lugar en la ronda de reuniones que el Ministro de Industria iba a tener con los altos directivos de las empresas eléctricas y con UNESA, no es una buena noticia, dado que el proceso de liberalización de las tarifas eléctricas se precipita por motivos ya sólo de calendario (por un sucesivo proceso de dejación política que recae sobre el sector eléctrico). Y es que la ausencia de acciones y de un plan completo que aborde los cambios que precisa el sector es un elemento que introduce fuertes incertidumbres, y ha pasado de ser prudente a ser temario. No transmite una visión o un modelo y sobre todo porque se puede acabar abrazando el recurso fácil de la demagogia o la incapacidad gestora.

Hay que tener en cuenta que aquí. el tiempo está jugando en este escenario. El tiempo (y los cambios que operan cuando se dejan pudrir las cosas) es lo que ha provocado por ejemplo que hoy se tenga que colocar en el mercado la deuda tarifaria de ayer y sea imposible, por motivos de los mercado financieros y de una actuación verdaderamente lamentable y desastrosa en el proceso de colocación. El tiempo es quien ha llevado al borde del precipio un proceso manejado con criterios de política de baja estofa: la que no quiere resolver problemas, la que no quiere reformas, la que no los quiere abordar seriamente (sin rigor) y la que los evita hasta que no se puede hacer otra cosa.

Por otra parte, ayer conociamos a través del diario Expansión la intención de Industria de reclamar a las eléctricas miles de millones derivados de los CTC, en un intento de rescate de una figura extinta jurídicamente, pero a la que se trata de insuflar oxigeno por el procedimiento de la respiración artificial, y por eso, casi se narra su vuelta en términos pugilísticos y épicos. Se trata de exhibir un espantajo legal a efectos de esa negociación, apremiada por la inminencia del proceso liberalizatorio y la situación incendiaria de la imposibilidad de colocar el déficit en los mercados financieros (lo que ha convertido a las empresas en prestamistas, dejando en el balance esta morosidad).

Y ahí viene otro de los problemas, la tentación del atajo, de la solución fácil, del decretazo. Las últimas administraciones han estado encaramadas a la chapuza permanente en el sector eléctrico, buscando soluciones oportunistas y atrabiliarias para reducir la factura energética: confirmando el uso político de la tarifa (algo que nadie duda, con la electricidad más barata de Europa y subvencionada, como si fueramos venezolanos). La detracción de derechos de emisión sobrevenida (y por procedimientos más que dudosos) o el chalaneo con la retribución de determinadas actividades, son ejemplos a los que hemos asistido con evidente falta de pudor, además del riesgo de judicialización de los mismos.

En este estado, los retroprogresivos, apostados, están en línea de salida para hacerse con soluciones “imaginativas”. Volver al pasado, marco legal estable y tentetieso. Costes reconocidos, no al mercado, ineficiencia en el sistema. Soluciones de marcado carácter expropiatorio como la vuelta de los CTC’s. Son los que más han aplaudido el fracaso político y del Estado en la figura demoníaca del déficit tarifario. Todo ello, menos asumir que la energía tiene un coste, menos diseñar y negociar una transición digerible, razonable, gestionar la colocación de los activos del déficit tarifario, refinanciar la deuda. Es decir gestión, gestión, gestión y oficio. Es la hora de la seriedad.

Todo ello, provoca que haya una situación semejante a la parábola del hijo pródigo (decidimos en el pasado ser manirrotos, no asumir los precios de la energía, o que unos se los subvencionen a los otros y, hoy, vía votocracia y boletín oficial del Estado, podemos desdecirnos ¿alguien puede estar tranquilo?) y no sería tan grave (que ya lo es), si no fuera porque además lo que se está jugando es la seriedad de nuestra economía, la seguridad jurídica, el respeto a los marcos legales, la inversión futura y riesgos observados de forma oportunista por los ciclos cuatrianuales o menores.

Y es que además, desde la Comisión Europea, nos están mirando, el espectáculo para evitar hacer lo que se debe hacer se puede ofrecer nuevamente (y ya tenemos bastantes reprobaciones en el ámbito energético). No valen las bombillas, las ideas felices o los proyectos al 2050 para resolver el problema que nos quema en las manos y que ha llegado a un estado de excepcionalidad jurídica. Nos están viendo y se está haciendo cada vez más tarde.

La presencia en los medios de comunicación de noticias referidas al efecto de la elevación de los precios de la electricidad por el tránsito a un escenario liberalizado sobre determinadas industrias han vuelto a cobrar actualidad. Son noticias que tienen un denominador común. El de una empresa que pertenece a lo que se podría llamar industria pesada siderurgia o cementera, multinacional, que está afincada en España y que estaba sometida a un tipo de tarifa de alta tensión que entrañaba precios de la energía por debajo de los precios reales y por debajo también de la tarifa que se aplicaba a los consumidores residenciales. Y que en el escenario actual, expresa su malestar por los nuevos precios de la energía.

Lo que si parece demostrado es que esa transferencia de los precios que soportaban los consumidores residenciales a los grandes consumidores, es cierta, sólo que se justificaba en motivos de “fuerza mayor”, es decir, por el bien común nacional. El mensaje, añadido e incorporado, era una amenaza más o menos velada de deslocalización industrial, de razonable preocupación en momentos de crisis.

Segundo, un escenario redivivo, un cierto deja vú, percibible en el hecho de que el año pasado cuando se trató la forma de retribuir los denominados servicios de “gestión de la demanda”, fórmula instrumentada para retribuir determinados servicios a las empresas que ponen a disposición del sistema eléctrico determinadas facilidades como la interrumpibilidad o la energía reactiva. Por estos servicios las empresas perciben una retribución específica, que se articula como mecanismo de reducción de su factura eléctrica, y al mismo tiempo se puede intervenir en el sistema ante problemas de indisponiblidad o de cuellos de botella.

Situación que por otra parte, cada vez se ha venido reduciendo en su incidencia, fruto de la disposición de mayor capacidad de generación en nuestro país (ciclos combinados y renovabales incorporadas en los últimos años). La última vez que sucedió un apagón de las empresas interrumpibles, sucedió, en octubre de 2007 por motivos extremos. En 2006 y anteriores, estuvo decreciendo la utilización de este “Código Rojo”, hasta que lo habitual es que se utilice nunca o casi nunca.

Por tanto, ahora nos hemos adentrado en el terreno de que vuelve a cobrar vigencia, a la vista está la desaparición definitiva de la tarifa de alta tensión, elemento que falta por ser eliminado en el proceso de liberalización (cuestión que ha sido demorada “in extremis” hasta que los reglamentos comunitarios nos impelen).

En ese contexto, y ante la retirada del escenario protector de la tarifa regulada, las dos vías que se abrían para este tipo de consumidores eran las de los contratos bilaterales entre las industrias y las eléctricas y la de la constución de una central de compras de electricidad que operase de forma semejante, pero concentrando esta demanda. En este caso, se constituyó Fortia como entidad que pudiera, o bien acudir a realizar esos contratos bilaterales evidenciando su poder de compra por volumen o acudir al mercado diaria y directamente (algo que siempre sería más oneroso por no obtener ninguna mejora en los precios). Así por lo menos, se hizo patente en su presentación conjunta hace unos meses.

Por otra parte, esta industria viene reclamando contratos a muy largo plazo (quince años), una especie de hipoteca eléctrica, para suscribir estos contratos y condiciones económicas próximas al escenario pretérito de precios regulados. La no obtención de estas condiciones es lo que ha sido causa a su juicio de verse obligados a acudir al «mercado eléctrico».

El hecho es que actualmente Fortia acude al mercado, así como a las subastas virtuales de capacidad, en lugar de haber suscritos contratos bilaterales. Algo que implica que las mejoras en los precios de la electricidad, que han ido consiguiendo aquellas empresas que han hecho contratos bilaterales, no las están percibiendo. Una unidad de acción rota, en la medida, que según el propio Ministerio de Industria, un gran número de este tipo de industria se ha bilateralizado.

En consecuencia, parece que toca el ejercicio de segunda vuelta, volver a los clásicos. Acudir a la instancia reglamentaria, al Ministerio de Industria a solicitar el aumento de la retribución por determinados servicios (los anterioes y alguno nuevo), instrumentando una presión mediática a tal efecto. En paralelo, el mecanismo de la central de compras en su caso, más o menos se queda a su suerte y a la del mercado, aceptando precios inimaginables hace solamente un año. Estos son los términos de esta denominada y anómala negociación.

(Todo ello, sin que entremos a plantearnos, que hacemos produciendo determinado tipo de bien, intensivo en energía, cuando ni contamos con materia prima, ni contamos con energía propia y en el que se plantea un ejercicio de presunta competitividad sobre el hecho de que unos consumidores subvencionen a otros.)

El debate recientemente revisitado en Estados Unidos a cuenta de las visiones sobre el origen del universo y las especies, el denominado creacionismo como fuerza motriz de la evolución de nuestro planeta, al margen de la propia interacción entre las fuerzas y los agentes, es una metáfora sobre el funcionamiento de los mercados y de la interacción ente las fuerzas que operan en los mismos. Sobre todo después de las soflamas antimercado que se profieren desde los órganos de regulación españoles, en un espectáculo tan extravagante como bochornoso, impropio de nuestro proceso de liberalización y modernización del país, de nuestro papel (hasta el momento en la Unión Europea, con grandes esfuerzos para echarlo a perder).

En primer lugar, se puede afirmar que actuar mediante un modelo intervencionista es negar la existencia de los mercados como lugar en donde se producen las relaciones entre los agentes y las transacciones. Y, sobre todo, pensar que interviniendo en los mercados los agentes no cambian su forma de comportarse, es ya el colmo de un perfil prometeico del regulador (o del consejero, o del responsable de turno que sea) que así piense. Porque ese tipo de actuaciones trae consecuencias más graves, entre otras para la inversión y la credibilidad de nuestra economía, de nuestras instituciones y nuestras empresas. Y más, en una situación como la que vivimos de crisis de financiación internacional, en que semejantes bandazos son interpretados como lo que son: muestras de insuficiente desarrollo de la sociedad económica democrática y libre.

¿Quién superará todo ésto?: quien mejor haya echo los deberes hasta el momento, los más ortodoxos en el funcionamiento de los mercados y en el conocimiento de los procesos de financiación, no los más intervencionistas. Eso en ningún caso. Uncirse al carro de la crisis financiera para intervenir más, no es sólo muestra de pobreza intelectual, sino de cinismo moral. Ya lo indicaba recientemente José Luis Feito en un artículo reciente publicado en el diario El País cuando habla de la responsabilidad de los reguladores en “el haz de incentivos que dirige el interés propio de los individuos hacia comportamientos agregados que terminan siendo perjudiciales para su bienestar”.

En este caso, ¿por qué en España tenemos “creacionistas” en el sector energético? Creacionistas entendidos como defensores de la intervención del Estado en los mercados hasta el final, es decir, hasta anular las reglas de mercado e introducir precios, fomentadores de sistemas de reconocimiento de costes o de determinación directa de la retribución de determinadas tecnologías. En primer lugar, se justifica su presencia, por su procedencia del pasado del sector, nostalgia pretérita, sin capacidad de “reciclarse” a un entorno de mercados y agentes abiertos. Cualquier tiempo pasado fue mejor (en realidad, fue anterior). Un tiempo basado en el reconocimiento de costes y en el arbitrismo (capacidad de decidir para cada tecnología cual sería su retribución), lo que ya de por sí eleva el ego del que tiene en su mano la decisión.

El estado como ordenador, alfa y omega. Embalsador de costes y que las empresas sean meros brazos ejecutores de la política e ideología económica o energética al uso. La política concebida como suplantadora de la sociedad civil. Una mezcla ideológica, poco evolucionada, de socialismo prosoviético con la autarquía franquista. Lo que era el nacionalcatolicismo y el falangismo ideológico. Dios, patria y pan e historias del abuelo Cebolleta.

Creacionistas, retroprogresivos, como administradores de una “justicia divina” sobre los resultados de cada una de las tecnologías productoras de energía, sin valorar el funcionamiento general de los mercados, de cualquier mercado, que no distingue de tecnologías y que por ello, fomenta la competencia y eficiencia entre las mismas.

El argumento deísta utilizado en términos de “justicia distributiva” (si es que la justicia distributiva es aplicabe a las tecnologías) es: ¿cómo resulta que unas tecnologías (renovables, hidráulica, nuclear) tienen más márgenes que otras tenclogías en función de sus costes? (cosa que se produce en cualquier mercado). La respuesta no está en considerar que fruto de ello, hay tecnologías (como centrales de fuel o de ciclo combinado) que no son “rentables” y que, realmente, la rentabilidad sectorial o empresarial es media, en virtud de los diversos mixes de generación de las empresas, que como agentes inteligentes buscan su propia diversificación en su toma de decisiones estratégicas. En cambio, los creacionistas consideran que la clave es negar la naturaleza intrínseca de cada mercado, porque muerto el perro se acaba la rabia. Para eso hace falta una “deidad” decisora y administradora.

Porque claro, la exhibición obscena (e incluso intencionalmente manipulada de los resultados, excluyendo amortizaciones, gastos de mantenimiento, tributos, inversiones, etc…), delectación en comparativas deliberadas, parciales y demagógicas, persigue justificar unas tesis, forzar los argumentos, en pos de un modelo expropiatorio y confiscatorio y deteriorar los modelos de mercado. Y nos encontramos ante una paradoja, cuando el resultado debería ser más mercado y mejor supervisión (modelo de mercados financieros y Banco de España), en el sector energético se mantiene un debate inverosímil que se resume en: dudas sobre el modelo, mercado ya veremos, reguladores como burócratas y la supervisión es un residuo en el que no se cree.

Cuando se anulan las reglas del mercado los agentes también cambian y modulan sus respuestas a las actuaciones del sempiterno y omnímodo poder regulador. Responden. En este caso, los agentes económicos adecuan sus actuaciones (de inversión) y de relación al marco que les dibuja el “protectorado público”. En el caso del reconocimiento de costes, al gestor está tentado a aumentar sus propios costes, incluyendo elementos suntuarios: que es una colección de figuritas de la dinastía Ming o poner una piscina llena de peces caros para una empresa eléctrica. Estos son ejemplos de cómo si aumentamos la base de costes, al multiplicador de la rentabilidad presunta o presumible, adjetivizada como adecuada. Por tanto, lo interesante es ser ineficiente, no eficiente. En un segundo caso, si se establece un modelo “fijo”, lo que harán los agentes, será no invertir y reducir sus costes operativos. El problema además es identificar las necesidades de inversión y generación futura, porque gracias al mercado, y con precios de la energía semejantes a los europeos en entornos competitivos se ha logrado aumentar nuestra capacidad de generación en 23.000 MW y salir del atolladero y de los posibles apagones.

Lo curioso es que el creacionismo, como teoría, como ideología o incluso como teología, o como vindicación legítima desde el punto de vista racional e incluso intelectual, es que inútil completamente, para algo más que para ejercer de control sobre la sociedad y los agente económicos. Los agentes siguen interactuando entre sí, cambian su comportamiento, generan reacciones mucho más peligrosas: como acabar con la inversión y generar nuevos argumentos a los invervencionistas, ávidos de corregir sus propios errores con más medidas y más Estado. El Gran Hermano.

El domingo pasado escribía en el diario “La Vanguardia” Enric Juliana un excelente artículo titulado ‘Los humos que bajan’. Trataba el artículo de dibujar el escenario prointervencionista surgido con motivo de la decisión del gobierno norteamericano de crear una agencia que se hiciera cargo de los activos de mala calidad que han devenido en la fuerte crisis de liquidez y solvencia de los mercados, su ‘Plan de Rescate Financiero’ (por cierto, nacido con una fuerte crisis de credibilidad y déficit público a cuenta de los excesos del pasado, verdadero talón de Aquiles del mismo, junto al déficit presupuestario). Algo que ha sacado bastantes demonios familiares de un país con una cultura acomodaticia con reminiscencias de un cierto paternalismo pseudofranquista. Denominaba ese escenario como “desafío liberal bolchevique”, una fórmula de “aflojar” el funcionamiento de los mercados para crear un “New Deal” protector público

Juliana por contraposición ponía el ejemplo de los mencheviques que por proponer aflojar la colectivización para que respirase la propiedad privada acabó con uno de sus líderes, Nikolai Bujarin, fruto de la denominada Ekonomitcheskaya Palitika, paréntesis al modelo soviético que acabó en Stalin y en sus planes quinquenales.

En España ha sido, nada más y nada menos, quien ha pedido aflojar la economía de mercado ha sido el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales quien ha reclamado un “paréntesis” en la economía de mercado, dejando en la más absoluta perplejidad a propios y a extraños y dando argumentos a quienes piensan que esto del mercado es privatizar beneficios y socializar pérdidas. ¿Reponer el ICO como mecanismo de garantía para los excesos inmobiliarios, que buscan la “garantía del Estado”? ¿Vuelven los modelos intervencionistas de la mano de “pseudoliberales”? Veremos.

El caso es que en el sector energético se vive en un largo paréntesis, más bien un punto y aparte, en lo que se refiere al funcionamiento del mercado, fruto de la utilización política de la tarifa eléctrica y de determinadas actuaciones en materia de control de precios desde las autoridades públicas. Ejemplo continuado de intervención que falsea las señales a los consumidores, aumenta desmedidamente la demanda energética, ningunea las políticas de eficiencia energética y también las de protección del medioambiente. A cambio, las autoridades sólo son capaces de instrumentar mecanismos voluntaristas, buenismo en dosis considerables, buenas intenciones para los ciudadanos bienpensantes, regalo de bombillas de bajo consumo, escenas sin corbata y apagones de cinco minutos en noches estrelladas de primavera en las grandes ciudades.

Además, genera una ‘ilusión tarifaria’ que hace que determinados debates como el nuclear se efectúe con las cartas marcadas, es decir sin conocimiento de los precios reales de la energía. Pero, gracias a ello, no es que se ‘salve’ el país de nada, pero evita pasar por el trago de explicarle a los españoles que tienen una subvención a su energía actual que pagarán sus hijos. Incluso, esto también permite desconfiar del mercado de generación (que se comporta como todos los mercados europeos y es perfectamente homologable al mismo) o dar pábulo a propuestas o sugerencias extemporáneas como el Informe de Costes y Precios cuya pretensión tampoco era bajar los precios de la energía (lo que ya es paradójico) sino intervenir los mercados de la energía. Sobre todo porque está en juego también el medio plazo, lo que ha sido la forma de incrementar notablemente la capacidad de generación de nuestro país.

El cielo protector

Otro ejemplo es el caso del butano. El propio Ministro Miguel Sebastián ha afirmado recientemente que no se iba a efectuar la subida de este combustible para ‘proteger al consumidor’ dado que los precios internacionales se habían visto sometidos a la presión de los especuladores. Menos mal que no había subido por acumulación de bombonas en manos de los sufridos amos y amas de casa. O la denominada e inexplicable tarifa social. Por lo tanto, para no poner en manos de la turba del mercado a los consumidores, se profesa un descreimiento que ahonda las medidas contra el funcionamiento de los mercados, lo que a su vez provoca nuevas intervenciones públicas. Mercado libre, competencia, regulación la justa y supervisión eficiente debería ser la receta que evitase la intervención, que nunca acaba bien y siempre trae nuevos problemas (inesperados o esperados: pérdida de confianza sectorial o empresarial, riesgo regulatorio, menos inversión, mayores costes de financiación de déficit, etc., etc.…).

Esta cuestión se pondrá en los próximos meses más de relieve cuando llegue el momento de abandonar el actual esquema de tarifa eléctrica regulada (abandonado ya este trimestre a su suerte por la vía de no “activar” el procedimiento de ajuste en función de la evolución del precio de la energía en los mercados) para llegar a la denominada tarifa de último recurso. Tarifa que no es, ni debe ser, tal y como se instrumenta en la legislación europea una “tarifa intervenida”, sino que debe recoger la dinámica del mercado y la competencia (por cierto es algo que afecta tanto a la electricidad como al gas). Esperemos que, en este caso, también se actúe como ya ha sucedido en el caso de la tarifa industrial dónde el Ministerio de Industria ha actuado de forma muy ortodoxa, y se han conseguido ofertas por parte de las empresas para los consumidores que abaratan los precios del mercado mayorista, salvo para los que deliberadamente han querido mirar para otro sitio y esperar el auxilio del regulador y la dádiva.

¿O vamos a hacer otro paréntesis en el libre funcionamiento de los mercados en el sector energético? ¿Un nuevo paréntesis en una historia llena de paréntesis? ¿Quién lo paga? ¿Será otra Ekonomitcheskaya Palitika?

Las amenazas proferidas hacia las instalaciones nucleares y el cúmulo de informaciones en forma de escándalo organizado, y convenientemente aireado, en torno a los incidentes ocurridos en este verano en las plantas españolas, merecen una reflexión, más o menos en profundidad, en la medida que suponen una escapatoria a los intentos de poner encima de la mesa el futuro de la generación nuclear en España, en función de las necesidades de crecimiento de la capacidad de generación eléctrica

Se ha producido una ceremonia de la confusión en que se ha instalado el debate sobre la seguridad nuclear, vertiendo sospechas contínuas sobre estas instalaciones. Este debate, oportunamente, se pone encima de la mesa con tintes de alarma, cada vez que se intenta abrir otro sobre la participación en el mix energético español de la energía nuclear (que es otro eufemismo, una reducción o simplificación de otro de más alcance: como será el mix energético español futuro, para cuándo, cuánto costará, qué precios energéticos tendremos a la luz de ello, cuál será su viabilidad económica y medioambiental y qué dependencia exterior tendrá asociada).

Y, de hecho, no se sabe cómo, siempre que está a punto de abrirse el debate nuclear, aparecen incidentes y sucesos (llámese en cada caso como se establezca en las tipologías homologadas al caso y difúndase como se pueda, parece la consigna) que están relacionados con la energía nuclear y con los temores más atávicos a la vez. Por ejemplo, ¿dónde está el famoso maletín nuclear con material radiactivo, convenientemente “afanado” por unos ladronzuelos en Móstoles que interrumpió los medios de comunicación la pasada primavera? ¿Ya se ha pasado su “efecto” terrorífico, cuando era necesario para aplacar el debate nuclear antes de las elecciones? ¿Se sabe de su paradero?

Incidentes descontextualizados de su gravedad, su importancia o su medida o más o menos episódicos. Expresados también en términos de marasmo que impide la defensa con racionalidad de lo sucedido en cada momento. Por tanto, habrá que hacer analogía entre el aborto del debate nuclear y la alarma social en que se ven sumidas nuestras plantas nucleares cada cierto tiempo, en función del “tempo político”.

Lo cierto, es que como cada vez es más insistente la necesidad de abordar el debate nuclear, más abrupto es la interrupción del debate de fondo (su necesidad futura, la ampliación del período de vida de las centrales nucleares, la sustitución de los anteriores reactores por otros de mayor potencia y tecnologías más avanzadas). Todo ello, son además decisiones que probablemente hay que tomar con prontitud para cuando sea preciso que estén operativos, teniendo en cuenta el tiempo necesario para ejecutar las inversiones necesarias.

En cambio, las instalaciones nucleares se ven en una espiral y en un naufragio informativo considerable, apoyado en que, sociológicamente, nuestro país es uno de los más vacunados en la opinión pública contra la energía nuclear. Lo dicen todos los estudios sociológicos y encuestas elaboradas y se conforma como un excipiente propicio en términos políticos. Y, uno de los que más consume energía nuclear importada. Debe ser como eso de tomar sacarina en el café tras un postre copioso. Y, lo que es más curioso es que este posicionamiento se empuja desde instancias políticas en función de posiciones ideologizadas.

En ese cierto chamanismo mediático contra la energía nuclear, estamos muy faltos de referencias de los incidentes ocurridos, número y gravedad y de un debate racional, informado, desapasionado y desideologizado. No se sabe si los incidentes actuales son muchos, si son pocos, comparativamente con lo que ha pasado en el pasado, si ha cambiado la forma de clasificarlos, de comunicarlos, al menos comparativamente con lo que ocurre en las instalaciones de otros países.

Lo que está claro es que con la abundancia de información “minuciosamente minuciosa” que tenemos y su forma de exponerla, no tenemos claro nada en lo que se refiere a la seguridad nuclear. Incapaces de saber lo que ha pasado, su volumen, su trascendencia, su realidad, su control por los operadores y las autoridades de seguridad. Y que la forma de informar no responda a una estrategia contra la propia tecnología. Como decía aquel parlamentario socarrón en referencia a la información de un Ministro en una Comisión, “informen un poco menos, a ver si podemos enterarnos un poco más”

Que se abra el debate nuclear, separándolo del de la seguridad nuclear (algo necesario, importante, imprescindible, pero que se tiene que dejar al funcionamiento de procedimientos eficaces y rigurosos y no a su utilización mediática y política).