Muchos frentes son previsibles en la batalla jurídica derivada del cierre de Garoña; algunos ya se han manifestado y otros apurarán hasta el 3 de octubre, momento en que los plazos jurídicos vencen. La primera en avisar ha sido la Junta de Castilla y León, quien ya ha acordado presentar recurso ante la Audiencia Nacional. Según se recogía en los medios de comunicación la semana pasada, la Junta alegaría el grave perjuicio económico que ocasiona la medida, que además considera injustificada, injustificable y arbitraria. Además, la medida, a juicio de esta administración regional, adolece de grandes defectos al no contar con las Administraciones concernidas, en este caso, el trámite de audiencia tras la emisión del Informe del Consejo de Seguridad Nuclear.

Paso por paso, los argumentos de la Junta son de mucho peso. En primer lugar, el perjuicio económico y de empleo. El perjuicio económico no sólo tiene que ver con el que lógicamente y legítimamente reclama la Junta. Tiene que ver con el efecto a medio plazo en la tarifa eléctrica de la eventual salida de parte de la producción nuclear, el aumento de la dependencia energética exterior, la sustitución por tecnologías emisoras, contaminantes y más caras. Es decir, de estropicio en el equilibrio de pesos relativos de las tecnologías en el mix de generación, algo que era calificado como modélico y equilibrado y que pasa a descompensarse. Los intentos baldíos de enfrentar renovables a nuclear (es el mix que proponen la Unión Europea y los EEUU) y la defensa en términos de políticos, más que jurídicos y energéticos hacen el resto.

De hecho, conscientes de que esta decisión causa notable perjuicio económico, la maquinaria propagandística y de comunicación política se apresuró a anunciar un plan para la zona que incluía un nuevo Parador Nacional (¿?), un paliativo leve para la destrucción de tejido productivo directo e indirecto y del que nunca más se supo. Al Plan ya se le denomina Plan Fantasma, lo cual ya es indicativo de la convicción que refleja el Gobierno y de lo pronto que se le pasan las actuaciones orquestadas en el plano del márketing. Parece que la comunicación política se topa con sus peores enemigos: la improvisación y el oportunismo.

El segundo argumento tiene que ver con la idea de arbitrariedad e injustificación. Justificación y excusa son cosas diferentes, tengámoslo claro. Cuando se utiliza la lectura integrista del programa electoral socialista en las pasadas elecciones que indicie el cierre de Garoña, estamos hablando de excusa. Y también hablamos de excusas, cuando hablamos del Informe de la Fundación Ideas (del que ya nadie habla, por cierto) en su debilidad económica y su argumentación urgente y apresurada, agónica y agonística. Por tanto, teníamos que haber visto cómo se procuraba dar cuartelillo a la decisión con el Informe de la Fundación Ideas que el intelectual socialista, Jesús Caldera, dirigió o encargó. Por otra parte, hay que tener en cuenta la debilidad de los argumentos dictados de índole político de la Orden Ministerial que sigue, en términos económicos, jurídicos y de derecho administrativo. Además el grado de la norma (una Orden Ministerial) da idea de su fácil revocabilidad, por ello el acento en la palabra irreversible.

Por tanto, la arbitrariedad es palmaria, en la medida que se trata de una decisión presidencial-presidencialista al margen de la legislación, los procedimientos y las instituciones. Y, posiblemente, Zapatero se quemó especialmente en ese empeño personal de hacerla personalista y que se viera. Recordemos múltiples intervenciones en medios de comunicación, con mensajes felinos, en un principio, y algunos no tanto, como el bochornoso espectáculo en «Las mañanas de Cuatro», con afirmaciones erróneas y tergiversaciones de grano gordo.

Pero lo más grave, finalmente, es la resultante de todo: el importante deterioro institucional, la corrosión de los mecanismos de decisión política, el estropicio realizado con un órgano regulador como el Consejo de Seguridad Nuclear. El intervencionismo entiende poco de independencia y mucho de arbitrariedad. A veces la política de partido se apunta a considerar que la política momentánea todo lo puede, por encima del Estado de Derecho y de la gestión de los asuntos públicos.

En círculos jurídicos especializados se aventura poca suerte a la orden de cierre de Garoña. Por otra parte, Nuclenor ha concertado al Uría Menéndez la estrategia jurídica en una batalla que se anticipa sin cuartel. En juego está que la planta opere hasta 2019 (tal y como permite el Consejo de Seguridad Nuclear) e indemnizaciones que incluyen el lucro cesante y que podrían ser de mareo. Y, el pasado sábado, Mariano Rajoy, en su encuentro con los alcaldes, hizo suya la posición de Garoña, con una breve pero eficaz crítica a la decisión de Zapatero. La batalla jurídica ha comenzado y al Gobierno, en pendiente de bajada, con muchos frentes abiertos, empiezan a caérsele los brazos.

Esta semana la Comisión Nacional de Energía (CNE) estudiará la fijación de las tarifas de acceso a las redes (también denominados “peajes”), cuestión que empieza a tener mayor interés y relevancia en la medida que su determinación permitirá, en mayor o menor medida, abrir el camino al desarrollo de la actividad de comercialización en la electricidad. La primera cuestión a reseñar es, ciertamente, la muy incipiente actividad de comercialización que casi no tiene presencia hoy en la ofertas a las que pueden acogerse los consumidores. Unido a este hecho, en el escenario de crisis económica, se blanden sables políticos (de distinto signo) con la “subida de la luz”, dado que nadie es partidario de dar una mala noticia, por mucho que fuera esperable o reconocible, con independencia de que esta crisis de demanda pueda hacer mucho más suave este cáliz. Pero este cáliz existe y, al menos, se ha decidido abordar con la mayor ortodoxia posible, por lo que hemos visto hasta este momento.

La carencia de una oferta desde la actividad de comercialización tiene su lógica plena en la medida en que aún no se conoce la metodología que finalmente se adoptará para el cálculo de las tarifas de último recurso, pendiente del resultado de las subastas Cesur y, en definitiva, no se conoce el grado de aditividad final que realmente tendrán dichas tarifas. Consecuentemente, es complicado encontrar ofertas para los consumidores si no se conocen todos los términos de la tarifa y, hasta el momento, quedan por despejar un número importante de incógnitas. Evidentemente, es complicado encontrar las ofertas, porque más difícil es formularlas.

Por otra parte, hay que recordar que hasta hace bien poco, se estaba cuestionando de manera estéril el proceso de liberalización, lo que ha dado lugar a que no se tenga conciencia de la importancia que la comercialización puede tener en la continuidad de las reformas del mercado eléctrico, de forma que se consiga una mayor competencia y mejores precios finales para los consumidores. Lo que, en todo caso no cabe, es la introducción de dudas “existenciales”, de suspicacias que, en realidad, parten de no concebir o estar de acuerdo con la liberalización, de no comprender la actividad de comercialización en un mercado competitivo o de pretender que el modelo tarifario sea lo mismo que hemos tenido hasta el momento, pero bautizado de otra manera. Es decir, violentar el proceso, por el planteamiento retroprogresivo de “El Gatopardo”: que todo cambie para que todo permanezca igual, configurando un intervencionismo en precios que impida la competencia y no la potencie.

Si unimos a este estado de cosas, la constatación del escaso grado de conocimiento por parte de la población del problema del déficit tarifario y de la insuficiencia de la tarifa actual para atender todos sus componentes, podemos fijar un escenario poco halagüeño para la comprensión de que las tarifas de último recurso tendrán que subir, mecanismos demagógicos aparte. Un excipiente propicio para mensajes protectores o estatalistas.

Por otra parte, si se dan los pasos regulatorios adecuados, se debe acelerar el hecho de conformar una oferta de comercialización por parte de los operadores que active este mercado. Por tanto, antes hay que pasar el trago del equilibrio de las tarifas con respecto a sus costes, asignatura pendiente, para el que hay calendario y mecanismos de amortiguación, como el “bono social” para cuatro millones de consumidores. En ese escenario, debe ser comprensible una evolución al alza de las tarifas eléctricas (no olvidemos que hasta este momento se han mantenido por debajo de sus costes por motivos políticos) a la par que se desarrolla este mercado.

En todo caso, todo parte de actuar con credibilidad, determinación y convicción en el mercado de la comercialización en el medio plazo. Seguramente es una actividad hasta el momento poco “comprendida”, pero muy necesaria para cerrar el modelo de liberalización en el sector eléctrico. Por eso, es razonable elevar progresivamente las tarifas de acceso y contemplar los márgenes que precisa la actividad de comercialización para que puedan existir ofertas flotantes, como es la prima de riesgo existente en este mercado. Y que, finalmente, después de todo este proceso la subida de la luz deje de ser potestad gubernativa, argumento de política partidista, es decir, que todos entendamos un poco más el funcionamiento de un mercado liberalizado (en generación y distribución), bien regulado y supervisado. Y nos centraremos en cómo hacer un mix energético que resulte sostenible económicamente y medioambientalmente, sin trampas, ni ”gaps” con la realidad. Lo importante es explicarlo bien.

El pasado viernes el diario Expansión publicaba un artículo titulado “El informe que destruye empleos renovables”. El artículo era una contestación a un informe que había sido elaborado/impulsado por el presidente del Instituto Juan de Mariana, Gabriel Calzada, con el apoyo de la Universidad Rey Juan Carlos titulado «Study of the effects on employment of public aid to renewable energy sources». Bien es cierto que el Informe ha tenido un importante calado internacional, sobre todo en Estados Unidos, lugar donde parece que era el destino original del mismo, con independencia de los daños colaterales que pudiera producir en España su publicación y difusión.

Primera aseveración, igual que hay jueces estrella, hay economistas sensacionalistas y varios temas relacionados con la energía prometen. Sobre todo en este momento en que determinadas afirmaciones simplificadas y empaquetadas en formato libro de aeropuerto van pasando de boca en boca y ganan eso que los expertos en internet llaman viralidad (decíos las cosas los unos a los otros y cread polémica, como si fuera un mandato bíblico). En este caso, le toca a un Informe que tenía, más o menos, como objetivo convertirse en una soflama contra el impulso de las energías renovables, y más concretamente contra las políticas seguidas en España en este campo.

El protagonista de este informe, Gabriel Calzada, estuvo incluso en horarios “prime time” en programas ‘talk-shows’ de la cadena ultraconservadora Fox. Hay que reconocer que, al menos, es curioso que un economista, responsable de un ‘think tank’ español, tenga una presencia en la política norteamericana tan amplía, extensa y repentina, si no estuviera perfectamente orquestado previamente. Se habla, por ello, de que el informe está auspiciado por un lobby muy importante ligado al partido republicano (lo cual no es bueno, ni malo, si al menos fuera algo razonable y equilibrado) y a posiciones cercanas a las empresas petrolíferas (que, por cierto, estarían muy interesadas en que la evolución previsible futura de precios del petróleo fuera más rápida y más intensa, gracias a que se mantenga la dependencia energética en el universo mundo). Por tanto, igual que hay lobbys de renovables, hay lobbys de petróleo y hay que explicar esta polémica, ubicada en USA, en estas claves.

Al parecer el efecto (dañino) ha tenido repercusión, porque las conclusiones de este informe parece que han llegado al entorno del presidente Barack Obama, de forma que las alusiones iniciales de su mandato a nuestro modeloenergético renovable se han desvanecido en la nueva Administración americana, tan impresionable por un informe tan demagógico, como poco solvente. Hay que reconocer que Obama es keynesiano, pero no ‘manirroto’ (como nos quieren hacer creer aquí) y, por tanto, ya ha articulado varias precauciones sobre la política española, con una cierta fama que le precede de generosa y “poco medida”.

El informe, en su sesgadez, cuestiona la política de apoyo a las energías renovables de nuestro país. Y, lo hace, con dos elementos: primero, la existencia de “subvenciones” en el modelo español. Algo que no es cierto: lo que han existido han sido primas de apoyo a estas tecnologías liquidadas contra la tarifa eléctrica pagadas por los usuarios. Alguien tendría que explicar la diferencia entre subvenciones, subsidios cruzados y transferencias a nuestros intelectuales económicos de cabecera. Es decir, la política interna de apoyo a las renovables que se ha articulado, se ha conformado sin precisar acudir a los Presupuestos Generales del Estado, es decir, al erario público, sin detraer recursos públicos. Eso es obvio y lo contrario es una falsedad.

El segundo elemento, recogiendo el mal extensivo a la nueva clase de profesionales de la economía, que desarrollan modelos, abstrayéndose de los datos para demostrar conclusiones previstas desde el principio (prejuicos), realiza una comparación de la intensidad de capital del sector de las energías renovables y su traducción en creación de empleo. Sobre esa cuestión, sobre esta simplificación “se monta” la que se monta, afirmando que cada empleo renovable destruye dos (por comparación de otros sectores y efecto expulsión de la inversión, al que aludiremos después).

También el Informe se olvida de los precios relativos de otras energías, materias primas, sin un buen conocimiento del mercado eléctrico español, además de utilizar en ocasiones datos desfasados en sus estudios. Para ser ultraliberal un análisis de mercados, de precios y de sensibilidad a la evolución del petróleo no estaría de más. Y, por ello, también debería analizar, cómo estas energías están logrando, poco a poco, acercarse a un escenario de competencia en el mercado, es decir, de no necesitar primas y participar con el resto de tecnologías en un entorno competido. Por tanto, el modelo se basa en promocionar una industria de generación cuyo destino es el mercado, reduciendo poco a poco su retribución, en función de ganancias en eficiencia y mejoras tecnológicas.

A partir de ahí, llega a varias conclusiones: la principal es que las renovables son caras, muy caras, comparativamente con el empleo que generan, en la medida que el capital instalado por empleo generado es excesivo comparativamente con otros sectores. Y, por tanto, “destruyen empleo”. El problema es que ese análisis en cualquier tipo de tecnología energética siempre saldrá así, dado que es un sector muy intensivo en capital. Además es un sector necesario en la economía; por lo tanto, le gusté o no al presidente del Instituto Juan de Mariana, será necesaria la existencia de sectores donde haya mucho capital instalado por empleo generado. Aquí y en USA.

En el análisis de si algo es caro o barato falta saber cuál sería la alternativa para que la producción renovable se hiciera con otras tecnologías basadas en combustibles fósiles y su efecto en los mercados de electricidad, estando bien diseñados. Seguramente hubiéramos asistido a precios muchos más altos en los mercados de generación de los que hemos tenido hasta el momento (y eso que ha habido fases de precios muy altos, justo cuando el petróleo estaba especialmente alto).

Segunda cuestión que lastra el Informe del presidente del Juan de Mariana es que es un ‘negacionista’ del cambio climático, por lo que se abstiene de las consideraciones medioambientales en su estudio y de los mercados y coste del carbono. Por tanto, toda la contaminación puede ser bienvenida. Además de utilizar datos parciales, algunos incluso desfasados o aseveraciones como el efecto “crowding out” (expulsión) del empleo realizado en otros sectores.

En todo caso, cabría advertir contra esta tendencia a la elaboración de Informes simplificados sobre temas complejos. Simplificar problemas complejos en aras de sacar conclusiones y prejuicios preestablecidos es un ejercicio peligroso y arriesgado y de consecuencias sobre la economía y el medio ambiente, que exigen más responsabilidad que el entregarse a determinados intereses, más o menos legítimos. Por tanto, los informes podrán tener “audiencia”, pero están inhabilitados para describir una realidad o sacar conclusiones. Y así, se hace un flaco favor al sector energético, a la economía española y a la sociedad.

Por cierto, y en la misma línea. Mañana hablaremos del Informe de la Fundación Ideas, que en sentido contrario, tampoco se queda corto, por lo que parece claro que es necesario reclamar serenidad, equilibrio y sentido común. Así, que en cuanto se haya informado un poco más, dado que tiene un equipo más riguroso que todas estas propuestas espurias que aparecen procedentes en nuestra ejecutoria patria, ¿qué pensará Obama de nuestros “economistas” y de sus informes?

Todos los cambios tienen sus procesos de soportes y resistencias, movimientos de ida y de vuelta, en un reflejo de la dialéctica y de comportamiento de los agentes que participan en el cambio. Si nos atenemos al revuelo causado por el siguiente hito en el proceso de la liberalización eléctrica, es decir, por la elección de comercializador por parte de los consumidores y la implantación de las tarifas de último recurso, podemos volver a encontrar movimientos y comportamientos recurrentes.

Sobre todo porque todavía tiene nuevos pasos a la vista, y próximos, y porque el destino de ello debería ser que existiera un conjunto de ofertas competitivas para los consumidores de electricidad, con el techo de una tarifa máxima o de último recurso. Es decir, que pasáramos a un mercado de los kilowatios semejante a las telecomunicaciones, en que uno puede encontrar para el ADSL ofertas más baratas que las que fija de referencia la CMT. Todo con la pequeña salvedad de que todavía no se está pagando la electricidad a sus costes reales.

Una cuestión que requiere su propio análisis es el efecto informativo o desinformativo que existe al respecto, causa y origen del revuelo de estos días. En este sentido, los resultados de la encuesta elaborada por CEACCU vienen a confirmar el desconocimiento de los consumidores españoles de muchas cuestiones.

Para empezar, tendrán que elegir un comercializador, con las implicaciones que ello tiene. Pero también, con el conocimiento del problema del déficit tarifario y la tendencia a las soluciones mágicas: que sean las empresas quienes reduzcan beneficios o que lo pague el gobierno. A cambio hay que reconocer que los procesos informativos, más transparentes que se están dando para otros procesos de transformación de la economía y de la sociedad, como por ejemplo la implantación de la Televisión Digital Terrestre, han sido mucho más generalizados y extensivos (hoy todo el mundo conoce que habrá un apagón de la señal analógica y que tiene que adaptar sus antenas y televisores).

El hecho es que nadie le ha planteado con claridad a los consumidores españoles la cuestión de que, hasta el momento, venían pagando la electricidad a precios menores que los que se derivaban de los costes de su proceso de producción, transporte, distribución y comercialización.

También es de recibo, tener en cuenta el papel esperable de los comercializadores en la electricidad a medio plazo y el de las tarifas de último recurso que necesariamente deben ser topes, sobre el cual tienen que existir reducciones de precios, mejores ofertas, competencia y mercado (que, por cierto, ha sido la manera en que se han abaratado las telecomunicaciones). Estando acostumbrados al pensamiento único y a la tarifa regulada, es por ello difícil de entender por quienes no comprenden que la economía de las sociedades libres y democráticas se organiza en mercados, sobre los cuáles no hay que intervenir.

A cambio de eso, desde los sectores más inmovilistas y retroprogresivos relacionados con la energía, se ha tratado de poner palos en las ruedas (o robar los neumáticos directamente) al proceso de liberalización: cuestionando las dinámicas y los procesos de mercado, saboteando la resolución de los problemas acumulados y el tránsito a un modelo que perfeccione la liberalización en el sector eléctrico. Todo para defender un modelo de tarifas ineficiente desde el punto de vista competitivo, económico, financiero y medioambiental.

Hay que recordar que el mercado es la forma más eficiente de asignación de recursos, frente a la intervención, la planificación u otros mecanismos basados en la retribución en función de costes reconocidos, famosa teoría del Informe de Costes y Precios (y, por ende, de control de rentas) por tecnologías de un bien indiferenciado como es el kilowatio y no visión conjunta del mercado eléctrico que ha permitido una importante expansión de la oferta y capacidad excedentaria en materia de generación (lo que aumenta la competencia y favorece los precios bajos y generales para todos). Como en todos los mercados.

Por tanto, además de la influencia de los modelos tardofranquistas/falangistas (con su sentido particular de la justicia distributiva y su visión enfermiza de las empresas), una suma de errores políticos pasados (tarifas bajas artificialmente) acumulados durante los momentos de nuestro auge económico, en que los españoles consumían mucha más electricidad dado que no conocían los precios reales (y a la vez eran capaces de pagar mucho más por los bienes inmuebles).

Así, sus autoridades políticas habían decidido no trasladar el coste de la energía en un acto de benevolencia, paternalismo o cobardía política continuada. O de ideología (selectiva) dado que, como no se podía intervenir en los precios de lo inmobiliario, se podía intervenir el precio de la energía de forma que los españoles se pudieran gastar su renta disponible en pisos, por ejemplo, como se ha hecho toda la vida de Dios. Esto ha devenido en la existencia de cantidades enormes de déficit tarifario (cantidad no pagada por los consumidores en la tarifa y que o se financiaba después en cómodos plazos, eso sí, crecientes).

Si unimos a esto, la falta de conocimiento económico generalizado, la ausencia de cultura económica, de funcionamiento de los mercados y de la competencia incluso de los teóricos sectores más liberales, junto con una oposición mareada y descentrada (el Partido Popular se une al incendio de la gripe AH1N1 con las amenazas del 30 % en el crecimiento de la tarifa eléctrica en un ejercicio demagógico de interpretación de la realidad), vemos cómo se intenta sacar rédito político o electoral de un proceso que además de inevitable, si se hace bien (como se debe hacer, fuera de partidisimos y de componentes ideológicos), puede ser en el medio plazo beneficioso para el consumidor español y para la economía en general.