La publicación del calendario para el desembalsamiento de los proyectos de energías renovables, presentado al amparo del Real Decreto Ley 6/2009 y difundido como mecanismo para «pacificar» el sector renovable, puede resultar un nuevo cierre en falso en el sector. Sobre todo porque probablemente lo abordado con esta calendarización es solamente una cara del problema, y de parte del mismo: únicamente la cuestión momentánea de la promoción de proyectos y sus consecuencias en términos de problemas inquietantes para el sector industrial, impelido razonablemente por la caída de demanda. Problema que se ve descompensado con el medio plazo y por la necesidad de comprender que la integración de todas estas decisiones y de las energías debe contar, además, con la perspectiva industrial, con su integración en el sector eléctrico, en el mercado energético y en el mix de generación.

Sin duda, además todo lo que está sucediendo en el sector energético no son, en ningún caso, hechos aislados, sino que están interrelacionados entre si, y el anuncio de que hay que cambiar la política de primas a las renovables, la gestión de los «stocks» de carbón, el déficit tarifario y los costes de la termosolar, no son decisiones independientes. Ni mucho menos. Por eso, la decisión seguramente debería ser más global, configurando una política energética coherente y sostenible de verdad (una demanda acuciante) por mucho que se quieran presentar intencionadamente como cuestiones diferentes, sujetas cada una a agentes y demandas diferenciadas.

Por ello, es importante, en este caso, el medio plazo, que lamentablemente siempre va en relación con la estabilidad regulatoria, sectorial y, por tanto, inversora, contra el presente perpetuo de la decisión política, cada vez más conducida por la rabiosa actualidad y por decisiones anteriores que condicionan el futuro.

De hecho, no se puede entender esta decisión, sin antes hacer un pequeño itinerario por el final previsto en el R.D. 661/2007. Este Real Decreto preveía un período de un año para finalizar los proyectos en curso a partir de la llegada al 85 % de los niveles de consecución de los objetivos para cada tecnología. Por ello, no está de más señalar la necesidad de la calidad regulatoria y de su gestión efectiva porque, de hecho, este plazo excesivo e indiscriminado por tecnologías del R.D. 661/2007 fue el que provocó la burbuja fotovoltaica de hace un año (y que tanto escandalizó cuando se produjo), al igual que esta nueva actuación regulatoria (el Registro de Preasignación del R.D.-L 6/2009) ha desbordado los volúmenes y primas de la solar térmica en un plis-plas. Un poco de detenimiento no vendría nada mal.

Por su parte, de forma sorpresiva en el Real Decreto Ley 6/2009, se introdujo un mecanismo sustitutivo del anterior que consistía en un plazo de presentación de los proyectos que entraran con fecha antes del 7 de mayo y cumplieran ciertos requisitos gozarían de la retribución del R.D. 661/2007. Todo ello con el interés presunto de evitar las avalanchas que se produjeron en transiciones normativas semejantes anteriores (como decíamos, en el caso fotovoltaico fue paradigmático). Objetivo, controlar la entrada. Consecuencia, que se ha convertido realmente en una espita.

Hay que recordar que los cambios de retribución futuros en las renovables siempre incorporan una expectativa de reducción, dado que el regulador busca conseguir que las mejoras en las tecnologías se traduzcan en reducción de las primas. Luego, el criterio para un inversor es siempre antes, mejor que después.

Por tanto, ante esa expectativa, con este Real Decreto Ley se ha conseguido generar un nuevo «efecto llamada» imprevisible en su administración por Industria. Según informaciones a las que ha tenido acceso Energía Diario, se habrían producido solicitudes de más de 4.000 MW de energía termosolar y de14.000 MW en el caso de la tecnología eólica. La decisión final ha recortado mucho más respecto a la entrada, a la eólica que ha visto autorizados proyectos por un volumen total de 6.000 MW hasta 2012, mientras que la tecnología termosolar, que irrumpe en el panorama de generación español con cierto estrépito y con mucha fuerza, consigue 2.300 MW en total hasta 2013.

En términos acumulados, la eólica se situará en el entorno de los 23.000 MW instalados, con respecto al objetivo de 20.155 MW (algo menos del 15 % por encima), al final el modelo retributivo del R.D. 661/2007. Mientras, la termosolar se sitúa en el 460 % del objetivo de Plan de Energías Renovables (PER), lo cual no deja indiferente a nadie por su impacto en la tarifa, sobre todo por la diferencia de primas que percibe uno y otro: mientras el sector eólico está en el entorno de los 30-38 €/MW, la tecnología termosolar está en el entorno de los 270 €/MWh. Para entendernos: 1.300 MW de solar térmica salen por lo mismo que 20.000 MW eólicos.

Sucintamente, el Ministerio de Industria ha justificado esta desviación concreta con el argumento de la generación de empleo. A nadie se le escapa la presión de la patronal termosolar y de dos Comunidades Autónomas, que se transparentó en toda su crudeza con el intento de abolición del Real Decreto Ley 6/2009 en aquel episodio parlamentario tan rocambolesco, enmienda va, enmienda viene. Además se ha querido presentar meramente como un conflicto empresarial (empresas que invierten en una tecnología o en otra), en una controversia sin diferencias, ni matizaciones, pero en realidad, no equivalente, ni inocua una decisión sobre otra.

En todo caso, hacia delante se trasladan muchas preguntas. ¿Cómo se va asumir este sobrecoste y cuáles son las consecuencias futuras del mismo, incluso para las propias energías renovables? ¿Cómo puede ser que el ritmo de aumento de la potencia eólica, estimado en 2.000 MW anuales, se haya reducido a 1.700 MW, siendo la tecnología más competitiva, menos costosa y más cercana a su nivelación con el mercado, sobre todo dada su importancia de cara a los objetivos de 2020 en términos de aportación en el mix energético? ¿Implica esto que los objetivos finales para 2020 se reducen para esta tecnología? ¿Y globalmente? ¿Cómo se ha administrado el criterio de diferimiento temporal en esta calendarización por tecnologías, proyectos, fecha de proyectos, etc…? ¿Qué se va a hacer con los proyectos que forman parte de la derrama, los situados en cola de espera? ¿Qué se va a hacer con proyectos en marcha que no tenían resueltos los trámites de un Decreto y de otro, y que no han entrado en estos cupos anuales? Por otra parte, además de los legítimos intereses promotores, ¿cómo encaja en la factura eléctrica y en la planificación energética? ¿Nos lleva a ajustes más duros en los nuevos desarrollos reglamentarios retributivos posteriores? ¿Cómo se distribuye este «sacrificio»? ¿Cuánto tiempo habrá que esperar para contar con el desarrollo normativo posterior que proporcione la verdadera seguridad jurídica a los proyectos y, lo que es más amplio, al futuro sectorial?

¡Esto no ha hecho más que empezar!

La gravedad de las actuaciones difundidas sobre la visita de los investigadores de la CNC a la sede de la patronal eléctrica Unesa merece un comentario, como poco. O mejor dicho, dos: uno de contexto y, probablemente, otro para este caso concreto. No hay sector de la economía española que no haya recibido la visita de la Comisión Nacional de Competencia en los últimos tiempos y siempre acompañada de su retransmisión en directo y una política de campanario. Mientras, asistimos a un momento de nuestra historia reciente en el que desde las instancias políticas se está más en contra de la liberalización de los mercados y de la puesta en funcionamiento de reformas estructurales. Son comportamientos paradójicos que pueden tener más cosas en común de lo que parece.

Así, podemos percibir que se ha desatado una suerte de furor y de utilización de la función coercitiva de este organismo sin que parezca que nadie le pueda poner freno, aunque ya, desde el punto de vista judicial, ha recibido un severo varapalo por la tendencia a penetrar en un sector y buscar todos los correos electrónicos a ver si sus operadores pactan entre si para seguir una misma senda. Con esa concreción tan abierta se escribe la sospecha en el estilo ese en el que la policía de tráfico paraba hasta encontrar alguna infracción. Por tanto, habrá que plantearse el porqué de esta hiperactividad, de esta ansiedad, de este protagonismo perseguido y perseguidor.

Además, en esta ejecutoria de difusión de las investigaciones, resulta más importante el hecho de narrar minuto a minuto lo que se está sospechando y los pasos a dar, proporcionando la sombra de la duda sobre el investigado y no sobre el investigador, por muy indiscriminada que sea su actuación y haya motivos para dudar de su proceder, que destaca más que los resultados de las propias investigaciones, así como su rigor, su solidez y solvencia, su equilibrio desde el punto de vista procedimental o su capacidad de resistir el embate de la justicia. Y, claro, narrarlo paso a paso proporciona dosis de publicidad propia y penas de telediario como ha ocurrido con los imputados de la trama Pretoria.

En este marco, parece que esta hiperactividad de la CNC es más un hostigamiento hacia lo empresarial, en la medida que empieza a cundir en determinados ámbitos de la política y la Administración una especie de cacería coincidente con la ruptura del diálogo social en junio. Lo empresarial, fruto de un cierto chavismo político español de nuevo cuño, alimentado por los viejos intervencionistas latentes, ha entrado en nuestro país, merced a la forma de hacer política que estamos viviendo, al buenismo social, a las tapaderas de la crisis por la vía del gasto público y a los escándalos económico-políticos, en el terreno de lo políticamente proscrito.

De esta fijación de la CNC, el sector energético se está llevando una de las peores partes, porque el regulador parece instalado en “sacar las patas” por alto, siendo el martillo neumático del sector. Da igual que se trate del sector petrolero o del eléctrico. Da igual la conformación de los mercados españoles y la calidad de las empresas españolas, pese a la regulación que, precisamente en muchas ocasiones, no está orientada hacia la competencia. Da igual la homologación que hacen en el exterior, el grado de avance en nuestra liberalización o lo que opinen organismos internacionales como la AIE, sobre lo mismo que critica la CNC. Por eso, conocemos ahora la segunda fase de una investigación a las eléctricas cuyas justificaciones esgrimidas son, cuanto menos, tenues y confusas con otros procedimientos.

Por ejemplo, si hablamos del sector eléctrico, la estructura empresarial de este sector ha variado sustancialmente y, como reconocen todos los organismos internacionales, nos encontramos ante un sector plenamente competitivo. Tenemos unos precios eléctricos que están entre los más bajos de toda Europa (y habrá que preguntarse por qué ha pasado esto y por qué el interés de no contarlo por parte de las autoridades políticas, ni las autoridades de competencia). En los últimos años, tras la liberalización, la dinámica de mercado eléctrico ha generado inversión, incorporación de nuevas tecnologías, entre ellas, las renovables y toda esta nueva capacidad ha dado seguridad de suministro, cuando hace años se estuvo en el precipicio de la insuficiencia energética. Se han incorporado nuevos operadores entrantes españoles y extranjeros y se ha producido un cambio de propiedad en las empresas españolas. Todo ello, hasta que la inseguridad jurídica y la regulación discrecional empezó a asomar la patita y empezaron las sombras del intervencionismo.

En efecto, el hecho más grave que ha ocurrido en la ordenación del sector energético español desde el punto de vista competitivo, con toda claridad, es que las tarifas eléctricas sean insuficientes con respecto a los costes totales, es decir, que sean aditivas y permitan la creación de ofertas competitivas entre los operadores de comercialización. Así, por ejemplo, las Tarifas de Último Recurso estaban orientadas a no crecer en exceso y dosificar el déficit tarifario a tres años (aunque ahora venga el Plan Protección Plus del Carbón Nacional a estropear estos planes con la propuesta de Real Decreto para aumentar la cantidad de energía que se genera mediante la quema de carbón autóctono). De hecho, desde más de una instancia política se ha reclamado que las Tarifas de Último Recurso tengan ese “doble valor social y de generación de mercado”, evidenciando en la petición una forma de entender las empresas y los mercados latino-intervencionista.

Sobre todo porque evidencia una cierta esquizofrenia del regulador respecto a lo que finalmente traslada de las Directivas europeas al Boletín Oficial del Estado, en especial en el caso del tema tarifario, que sigue siendo el último resquicio de intervención de precios de un suministro en nuestro país. Y porque no hay voluntad ni capacidad política de hacer efectivo este principio. Por eso, lo paradójico es que sobre todo esto (sumado a las actuaciones que suponen generar restricciones técnicas por insuficiencia de infraestructuras de transporte), la CNC viene a decir poco o nada. Como también actuó en contra de la competencia en los mercados energéticos (creando un monopolio en el aprovisionamiento del gas) en el caso de la compra de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, cosa que merece un recuerdo permanente a este equipo.

Por tanto, el diagnóstico del sector en términos de competencia parece que no está siendo lo suficiente «fino» en lo energético y la actuación es más bien de grano gordo. Y otro de los problemas relativos a la competencia en los que está inmerso el sector energético es que la mayor parte de los responsables de dirigir (por decir algo) la política de competencia son de marcado carácter intervencionista. Algo así como poner a la zorra a cuidar a las gallinas.

No sabemos todavía si este proceso masivo, indiscriminado y de amplio espectro tiene que ver más con la intensa actividad antiempresarial de la CNC, que con su vocación promercado y proliberalización. Tampoco sabemos si todo esto tendrá que ver con la necesidad que expresa Luis Berenguer de domeñar a los reguladores sectoriales como son la CNE y la CMT y ponerlos bajo su pupilaje. El hecho es que con esta actuación tan atrabiliaria, seguramente, en el corto/medio plazo actúen en contra del organismo que representa y de la cuestión que se trata de defender y promover: la competencia.

Porque, con la refundación de la CNC se había comenzado un proceso relativamente esperanzador para mejorar el abordaje institucional de la competencia en los mercados, no las lecturas interesadas o las capturas del rábano por las hojas. Hoy, este proceso está totalmente malogrado y caído en el descrédito, por la participación en una campaña generalizada de satanización y demonización de todo lo empresarial, cuyas consecuencias devastadoras pagaremos en el futuro, dado que hemos retrocedido años en la consideración de la actividad empresarial como motor necesario de la sociedad.

De hecho, ya nadie reconoce que esta es la forma de proteger, promover y defender la competencia y que la actuación de esta CNC no es equiparable con la de otros órganos con las mismas competencias a nivel internacional. Es también genuina en su ejecutoria. Con esta hiperactividad y esta forma de interpretar la acción punitiva contra las empresas y los mercados, y de actuar selectivamente a los guiños, entramos por otro camino a la deslegitimación institucional y en la evidencia de la pobreza de las instituciones que dirigen nuestros sectores económicos.

Así no se defiende la competencia, ni los mercados. Así se les extermina.

Tal y como se recoge en los medios de comunicación de hoy y del fin de semana, el Ministerio de Industria dispara las ayudas al carbón nacional con la materialización de la propuesta en forma de Real Decreto que se venía larvando desde hace varias semanas y de la que ha venido informando Energía Diario. La propuesta busca aumentar sustancialmente la producción de energía eléctrica mediante la quema de carbón nacional. El mecanismo elegido será que esta energía tenga carácter preferente frente a cualquier otra fuente de energía y el objetivo es que entre el 10 y el 15 % de la energía que se produzca en España proceda del carbón nacional. La medida es una consecuencia de la crisis de demanda eléctrica que se viene registrando unida a la crisis de competitividad del carbón nacional, que además debe mezclarse con carbón importado para poder ser utilizado.

El coste directo de la medida se estima en 200 millones de euros, pero hay costes ocultos que no se incluyen en la propuesta, entre otros los que se derivan de la pérdida de eficiencia energética (el carbón nacional es menos competitivo que el carbón importado y la producción de electricidad con carbón es menos eficiente que con otras fuentes, como el gas), las compensaciones por lucro cesante de otras tecnologías (pagos por capacidad a otras tecnologías como fuel y gas por no producir) y los costes en términos de derechos de emisión de carbono. A esto hay que añadir las cantidades que el Gobierno destina anualmente al Plan del Carbón. En total, hasta 2012 se estima que el coste total puede alcanzar los 4.700 millones de euros a cargo, fundamentalmente, de la tarifa.

El efecto tarifa

La medida tendrá un fuerte efecto sobre la tarifa eléctrica, de forma que si se podía aprovechar estos momentos de caída en la demanda para absorber el déficit pasado, el plan falla con todo el equipo. De hecho, según lo publicado, el precio garantizado al carbón estaría un 60 % por encima del que actualmente se está casando en el mercado, algo que tendrán que pagar los consumidores y que reduce el colchón que el modelo de transición a la liberalización plena diseñado en el Real Decreto Ley 6/2009 había dejado. Además se garantiza un crecimiento del 2% en el precio por MWh.

El argumento utilizado para promulgar esta mayor protección es que “el carbón nacional es estratégico” y busca apelar a la seguridad de suministro. La primera teoría sobre la estrategia señala que, si esto es así, lo razonable sería preservar el carbón nacional para momentos en que los precios de la energía y de los combustibles se elevaran de forma que amortiguara el efecto sobre los precios de la energía en ese momento. La segunda teoría (más mundana) es que lo estratégico es seguir produciendo carbón aunque no sea competitivo, aunque haya caído la demanda y los problemas en materia de garantía de suministro no sean tales. De hecho, en esa errática acción política ya se ha incurrido en la contradicción de justificar el cierre de la central nuclear de Garoña (por orden del Presidente y siendo una tecnología no contaminante) por exceso de oferta y el Plan Protección Plus del Carbón Nacional del Presidente del Gobierno por problemas de garantía de suministro. Todo ello, además, en evidente y manifiesta contradicción con el discurso de apoyo a las energías renovables que exhibe públicamente el Presidente.

Porque todos los dedos apuntan como responsable de la medida al propio Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya presencia en la localidad leonesa de Rodiezmo concitó a los responsables de la minería para salvar los problemas de la caída de la demanda, con una reclamación de 300 millones de euros adicionales en este año para el Plan del Carbón. A cambio de esta petición directa y por obra de la teoría de que “paguen” las empresas, la medida se transformó en una intervención en el mercado eléctrico cuyos costes se elevan a 4.700 millones de euros en tres años. Una multiplicación de costes que suma pagos por incapacidad de competir, por capacidad (para las tecnologías que dejan de producir), por más contaminación y por incapacidad política de gestionar y reformar un sector no competitivo. Solución a todo, en este Plan Zapatero Protección Plus al Carbón Nacional que acaba de llegar a la CNE: vuelta a la prosodia de la solidaridad. Eso es estratégico, al menos para las elecciones.

No parecía especialmente apenado el Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, por la forma en que el Senado había derogado la cuarta parte del Real Decreto Ley 6/2009. Quién sabe si ese sistema de vasos comunicantes que son las sedes parlamentarias no ha servido para que se produzca una reforma legislativa “sotto voce”. Porque en principio parece que era una iniciativa de Convergencia i Unió (CiU), aunque no se sabe si al final los partidos políticos se unieron a ella por convicción política, por no perder en una votación o por cálculo de mayorías parlamentarias. En un tipo de akelarre de esas características (en una ley que trata de sociedades inmobiliarias que acaba en la modificación de una normativa de energías renovables), se acaba por no saber quién fue el impulsor o con qué motivo se propagó este acuerdo tan “ad libitum” (ese tipo de estratagemas y las enmiendas transaccionales son un arte y un primor en el circo parlamentario, nunca mejor dicho).

El hecho es que, a través de un mecanismo particularmente curioso, se ha producido la aprobación de una Ley que nada tiene que ver con la energía, ni con las renovables, de forma que se coloca de rondón una disposición que vuelve a dar un vuelco en el mecanismo de ordenación de entrada de los proyectos a la retribución renovable y devuelve competencias a las Comunidades Autónomas, que habían visto en el sector energético una fuente de ingresos e influencia.

En todo caso, debería causarnos oprobio a todos y una sensación de fracaso el hecho de que una normativa de la importancia como un Real Decreto Ley, equivalente a una ley salvo en su proceso de promulgación, tenga una duración tan corta (es casi no nata en su aplicación) y, en segundo lugar, que la normativa renovable sea sustituida como los escaparates, por temporadas. De hecho, supone, con menos de seis meses, la cuasi rehabilitación del Real Decreto 661/2007, aunque con matices.

Sobre las reacciones, cabe destacar que, por una parte, la única que ha quedado a salvo del cambio ha sido la energía solar fotovoltaica, que ya estaba bajo el influjo del Real Decreto 1578/2008. En todo caso, la energía solar fotovoltaica lleva su propio proceso de reordenación con su registro de preasignación y sus cupos. Por otra parte, la primera en salir al paso con especial virulencia ha sido la tecnología termosolar, cuyos volúmenes de inversión son enormes y que ha amenazado con reclamar al Estado por su responsabilidad patrimonial por los proyectos en riesgo. No menos afectados están tecnologías como la eólica que tiene abierto su proceso de negociación y ha optado por la prudencia.

Hay que contextualizar nuevamente la medida aprobada por el Senado. Era un secreto a voces que el Real Decreto Ley 6/2009 había provocado un nuevo aluvión de proyectos, que superaba con mucho en cada una de las tecnologías lo previsto en los volúmenes previstos para cada tecnología. De forma que el efecto llamada había colapsado al Ministerio de Industria y, dos, desorbitaría las primas subsiguientes derivadas del Registro de Preasignación, tan efectivo para desmontar la burbuja fotovoltaica. El problema es que se ha encontrado con otras estructuras sectoriales y empresariales y otros mecanismos asociados, con respecto a la energía solar fotovoltaica y el modelo en que se inspiró. Ahora, una vez establecidos compromisos y financiación y con la certeza de un marco retributivo, se vuelve por la vía regulatoria al título de la obra de Jardiel Poncela “Cuatro corazones con freno y marcha atrás”.

En todo caso, el Registro de Preasignación del Real Decreto Ley 6/2009 era otro ejemplo de regulación parcial, poco pensada e improvisada. De hecho, casi se puede tener una plantilla, un modelo de crítica para estas medidas: evidenciar la torpeza de la regulación anterior y regular nuevamente una nueva torpeza adicional, que también provoca consecuencias nocivas para los agentes y para la confianza necesaria para la inversión.

Errores pasados no garantizan aciertos futuros.

Más allá de lo que supone la medida: la derogación del registro de preasignación y todo lo que acarreaba a su paso. Hay que recordar (y este medio así lo recogió) que del Real Decreto Ley 6/2009 lo más discutible era precisamente eso, la forma de implantar el Registro de Preasignación, cuestión que se realizó de espaldas a los sectores renovables. A veces, no hace falta irrogarse como profetas para comprender que las advertencias pasadas sobre regulaciones improvisadas, con en el futuro se vuelven profecías autocumplidas. Pero, ¿quién piensa en el mañana desde el punto de vista regulatorio?

Quedan como cuestiones especialmente peligrosas e inflamables la inseguridad jurídica y regulatoria, que se están poniendo nuevamente de relieve en el sector energético y particularmente el sector renovable. La sensación es de «carpe diem normativo»: a ver quién la cuela en cada una de las etapas regulatorias y retributivas cada vez más fútiles en que se está convirtiendo el episódico momento sectorial en que vivimos. Cualquier ley, desde la ley de las SOCIMI, a la Ley del aborto puede cambiar un Real Decreto Ley, una Ley o lo que se ponga por delante, cuyo contenido completo, era urgente y se requería, por tanto, alterar los mecanismos legislativos habituales (algo lógico con la resolución del déficit tarifario pero menos lógico con una solución que ha evidenciado todas sus costuras).

La reflexión debería ser obligada, primero sobre el futuro de las energías renovables, la capacidad de nuestra economía de integrarlas, la necesidad de estabilizar el marco regultorio, la conformación sectorial (general y por tecnologías) y el papel y disfunciones de los agentes y mecanismos retributivos. Una reflexión con mayor seriedad, rigor y visión de permanencia, necesaria para los mecanismos de inversión asociados.

Por cierto, empiezan a crecer los rumores de que la tan cacareada Ley de Economía Sostenible (que absorbería la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables) puede ser, nuevamente, Real Decreto ley. ¿A nadie le da pudor?

El Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inicia un periplo que lo llevará por varias instancias internaciones, entre ellas la ONU y el G-20 en su reunión de Pittsburg. Según hemos podido conocer por la fuentes más o menos oficiosas y oficiales, Zapatero va a volver a defender la lucha contra el cambio climático como un vector político. Por su parte, el flamante recién reelegido presidente de la Unión Europea, José Manuel Durão Barroso también ha insistido en esta cuestión en un artículo publicado hoy titulado “Un mundo al borde del abismo”.

Esta claro que esta retórica ha calado entre la clase política. Y esta retórica viene acompañada de evidencias en el mundo científico sobre el cambio climático. Sigue existiendo un grupo de ‘negacionistas’ del mismo, en la medida que refutar una cosa y la contraria en un mundo wiki es relativamente fácil. Y porque el presente continuo de la comunicación política y de los intelectuales de cada uno de los regímenes o a régimen operan cada uno a su manera. La sociedad sobreinformada es lo que tiene.

El problema aparece cuando esas grandes expresiones de compromiso de lucha contra el cambio climático se tienen que traducir en políticas reales. Es decir, cuando más allá de la retórica de mitin para convencidos y pabellón polideportivo hay que ir a tomar medidas y gestionar la realidad de la “cosa pública”. En algunos momentos se ha intentado plantear la posible contradicción entre la política medioambiental y el crecimiento económico y más en época de crisis, donde existen incentivos a que las economías hagan la “vista gorda” con todas esas cuestiones. Y en el tema de las emisiones de CO2 esa prosodia empieza a ser poco o menos convincente.

España está registrando una contención en sus emisiones de GEI (carbono fundamentalmente) en la medida que la crisis económica ha frenado el desboque con respecto a los objetivos que se nos había planteado a nuestra economía (otra cosa y muy cuestionable es cómo se llegó al acuerdo de estos objetivos). Pero, medidas como el Plan Nacional de Asignaciones y su distribución por tecnologías en el caso del sector eléctrico, la detracción de derechos de emisión para reducir la factura tarifaria, etc…, han venido a poner en entredicho la coherencia de la política medioambiental y su vinculación con la energía.

Ahora entramos en otra doble contradicción. La primera se deriva de la oposición entre nuclear y renovables articulada en el marco de la comunicación política empleada para justificar el cierre de Garoña. La segunda aparece también en estos momentos con una crisis de demanda eléctrica galopante, con los mecanismos que están encima de la mesa, además de la presión del Ejecutivo para que se consuma más carbón nacional para la producción de energía eléctrica.

Evidentemente consumir más carbón en las centrales térmicas implica saltar los puntos de una política medioambiental. En primer lugar, porque aumentar la producción vía carbón expulsará sin remedio a tecnologías menos emisoras. En segundo lugar, cualquier propuesta en línea con el “regalo de los derechos de emisión” al carbón (es decir, que no se internalice este coste en sus precios) tendría que considerarse per sé como argumento herético. En tercer lugar, la articulación de incentivos tiene un doble problema: la posible consideración de ayuda de Estado y su traslación, en términos de precios, a la tarifa eléctrica. Es decir que lo pague al final el consumidor. Todo un sudoku difícil y complejo, con un agravante, y es que en la Unión Europea nos están viendo.

Por otra parte, la presión de los poderosos sectoriales está llevando a que, habiendo cumplido las eléctricas con las previsiones de compra en términos de toneladas adquiridas, mas las almacenadas a rebosar, sea insuficiente, dado que los precios de producción no son competitivos en el mercado eléctrico. Por tanto, la solución a la vista es de esas que se traducen en un “sistema alambicado de subsidios cruzados”, cuya solución es satanizar a las empresas eléctricas. Incentivo en la generación, que resulte neutro en el precio y que expulse tecnologías no contaminantes, con el fin de mantener los márgenes en el carbón nacional a costa de reducir el de las eléctricas (cuyo margen se ha reducido por la caída de la demanda, con muchas instalaciones que no recuperan los costes a los precios actuales).

Además, hay que tener en cuenta las minas que tienen las propias eléctricas, explotaciones dentro y fuera del país, de forma que se elucubra con la posibilidad de que exista un ejercicio de tensión de las empresas, cuando han aguardado a acumular todo el carbón posible y el precio de la electricidad en el mercado está por los suelos y la demanda eléctrica (cantidad) también. Algún día habrá que estudiar o entrar a analizar quién ha sido el/los responsable/s e instigadores de la teoría de que las eléctricas tengan que ser más que empresas (como el Barça, que es más que un club) o bien que no tengan que funcionar como empresas orientadas a los resultados y la inversión o que sus propietarios no exijan rentabilidad de sus activos, dicho con todo respeto para el que piensa que la crisis la tiene que soportar otro. Incluso, fruto de esta teoría, surge el pensamiento retroprogresivo, que supone que las empresas no tengan que actuar en un mercado bien regulado (ni mucho ni poco), pero libre, y se busque un intervencionismo que recuerda a las teorías de la función de la empresa en el falangismo. Todo está conectado.

Nadie habla de continuar reconvirtiendo la industria del carbón o cómo bajar los precios del carbón, incluso sin subvenciones, u otros mecanismos como la reserva estratégica recién creada e insuficiente (algo que recuerda al extinto SENPA agrario). Es decir, nadie se plantea una actuación estratégica de medio plazo, la asunción de mecanismos de ajuste en los precios del carbón nacional y, por ende, la articulación de la política social y de desarrollo regional coherente con esa problemática. Todo ello, con un efecto muy perverso en cómo configurar el debate sobre el futuro del mix de generación español, incluyendo la partida abierta sobre las renovables, la nuclear, qué hacemos con los nuevos ciclos combinados (incluido El Musel) y los objetivos para 2020.

Mientras, el Presidente sigue llevando en su maletín discursos sobre liderar el cambio climático en el exterior y ardores de orgullo renovable. Veremos.