El revuelo ocasionado por la supuesta subida de tarifas eléctricas en estos últimos días tiene un barniz interesado y exagerado, en la medida que la elevación del precio de suministro propuesta sólo recoge el aumento del precio de la energía, pero no recoge el aumento de los costes que deben cubrir las tarifas de acceso o peajes.

El precio del suministro de la energía está compuesto por dos partes, el precio de la energía y las tarifas acceso (peajes). Es preciso tener en cuenta que, en la actualidad, lo que genera el déficit tarifario son las tarifas de acceso y la insuficiencia de las mismas para cubrir todos los costes que en ellas se incurren. Por tanto, era necesario elevar este componente de la tarifa eléctrica para no generar más déficit, de forma que se paguen las tarifas de acceso necesarias para ser suficientes y equilibrar su evolución y, al menos, no superar los límites de déficit tarifario establecidos legalmente.

Esto implica que, con esta propuesta encima de la mesa, el déficit tarifario seguirá aumentando en 2010 muy por encima de lo permitido. De hecho, se duplicará. Es preciso recordar que el Real Decreto Ley 6/2009 establecía como límite de crecimiento para el déficit tarifario un montante máximo de 3.000 millones de euros. La previsión con las liquidaciones conocidas del año es llegar a los 5.523 millones de euros, casi el doble de lo legalmente fijado por esta ley.

En este sentido, según los datos conocidos, la propuesta de modificación de tarifas presentada por el Gobierno a la CNE para la revisión del mes de octubre, no permite reducir el déficit tarifario acumulado durante el ejercicio. Industria, por tanto, no aprovecha los bajos precios del mercado de generación y renuncia a aplicar subidas de tarifa que consigan amortiguar el déficit acumulado este mismo año o el año pasado.

Así, la propuesta de modificación de tarifas que hoy estudiará el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía remitida por Industria realmente no produce una elevación de las tarifas. Se limita exclusivamente a absorber la elevación del precio de la energía en el mercado de generación y mantiene estables las denominadas tarifas de acceso (de las que se debería incorporar una partida para reducir el déficit tarifario acumulado). La consecuencia es que el déficit tarifario este año aumentará en 2.523 millones de euros por encima de lo previsto (y de lo que establecía como límite máximo el R.D. Ley 6/2009), alcanzando un total de 5.500 millones de euros.

Del mismo modo, durante el ejercicio 2009 este déficit acumulado también creció por encima de lo previsto, ya que se elevó a 1.022 millones de euros, según las empresas eléctricas (el Gobierno reconoce únicamente 293 millones). Una discrepancia que, por otra parte, ha vuelto a levantar las alarmas en torno a la forma de tratamiento de las partidas que lo componen.

Las consecuencias políticas, sociales y mediáticas de esta decisión, no se han hecho esperar. Por una parte, las empresas eléctricas han anunciado que denunciarán al Gobierno por prevaricación (el delito de prevaricación consiste en el hecho de que la Administración actúe contra una ley a sabiendas de que un comportamiento es contrario a la misma). Las empresas consideran que, el hecho de no aumentar las tarifas de acceso sobrepasando el límite de déficit fijado por el Real Decreto Ley 6/2009 para este año y el pasado, tiene todos los visos de incurrir en esta práctica ilegal.

Por otra parte, los consumidores, a través de sus asociaciones (que han señalado que el precio de la electricidad ha subido un 30 % en los últimos años) también han expresado su disconformidad con esta no subida de tarifas, dado que la tarifa eléctrica mantiene el carácter de precio intervenido. Mientras, los consumidores industriales se benefician de este clima de agitación.

Y, finalmente, esta publicación apuesta porque el colectivo de retroprogresivos de la energía, negacionista además del déficit tarifario, se apresurará a aportar sus «soluciones creativas», antimercado, antiliberalización para la erradicación del déficit tarifario. Se trataría de los mecanismos expropiatorios que circulan en la CNE desde el Informe de Costes y Precios y que de vez en cuando se deslizan por la mesa de operaciones de su Consejo: vuelta a los costes reconocidos, discriminación de precios discrecional por tecnologías, impuestos a determinados tipos de tecnologías, promover la remoción legal de la liquidación de los CTC’s, y todo en ese plan.

Además, en medio de todo, una cierta estrategia de hostigamiento en torno al problema: Industria, con el déficit desbocado, con el revuelo mediático de la impotencia en torno a la subida/no subida de tarifas y la demagogia política alrededor bramando, incluyendo la retirada del Partido Popular de un supuesto pacto energético basado en la idea de congelar la energía, como en la crisis del 73 con Franco. El mejor de los mundos posibles.

La noticia del pacto entre Gobierno y Partido Popular para aplazar la subida de la tarifa de la luz del próximo julio sólo puede ser entendida en clave puramente política y nunca económica, en un acuerdo que trastorna la solución que el Real Decreto Ley 6/2009 había establecido al déficit tarifario. Por su parte, los mercados y analistas financieros recibieron esta noticia, sin ningún género de dudas, de manera negativa (al igual que el día anterior) empeorando las perspectivas y valores del sector eléctrico, con tendencia a la baja en sus cotizaciones. (¿Cómo puede ser que los mercados reciban mal la noticia de un «acuerdo» político?) Recordemos que el déficit tarifario es la insuficiencia de la tarifa para sufragar sus costes y que, en su formación, han participado gobiernos de los dos signos políticos, al limitar las subidas de la electricidad a porcentajes asumibles o asimilables al IPC.

Evidentemente, esta decisión pone de manifiesto muchas cuestiones. La primera es la falta de convicción en los modelos y mecanismos de mercado, y en su defecto, la capacidad de la política española para el enjuague. Además, también evidencia la ausencia (ya confirmada) de política energética en el partido del gobierno y también en el partido de la oposición, hoy denominado el «Partido Popular Obrero» o «Partido Populista Obrero Español«, esforzado en no presentar ningún ajuste ni esfuerzo a la sociedad española, tras excesos en los que todos los partidos han participado. Un Partido Popular que no entiende ni siquiera la liberalización que él mismo diseñó, así como el concepto de mercado eléctrico, ni las medidas que tomó. Por eso ha venido el «ppinazo al sector eléctrico», que evidencia la vuelta a las fórmulas del franquismo que aplazaron la asunción de los costes de la energía en la crisis del 73 por parte de la sociedad y del aparato productivo. Luego vendrán los que intentan negar la ley de la gravitación universal, diciendo que qué es eso de que manden los mercados y no la política… ¡Habrase visto!

En el actual contexto político, con un gobierno débil y apesadumbrado por la cantidad de malas noticias de este último mes, encontramos la tendencia a entender la energía como un precio político, el hecho de no entender el papel de la empresa en sistema económico y los mercados y la poca voluntad de Moncloa de hacer algo un poquito doloroso. Y seguramente, en el lado contrario una oposición aquejada de los mismos males anteriores (el frame se lo coloca el Gobierno, sólo hay que ver el seguidismo del portavoz económico del PP en la rueda de prensa con el Ministro de Industria), impelida de hacer méritos ante el electorado como conseguidora de rebajas al ajuste aplazado. Un día, probablemente, tendrán que explicar a sus socios europeos un programa económico basado en ningún ajuste, bajada de impuestos, no a la subida del IVA, no a la bajada de las pensiones, no a la bajada de los sueldos de los funcionarios, no a los recortes y propuestas de rebajas de gasto público incidentales en bisutería de la estructura de la Administración.

En común, han preferido promover una medida que deteriora la confianza y la seguridad, primero en la política española, pero después en la economía, las empresas, los mercados, la certidumbre en la regulación y la perspectiva financiera. Estas decisiones, profundamente demagógicas, son a la vez profundamente irresponsables y por todas ellas también estamos en vigilancia exterior, incluido el primer partido de la oposición. Volvemos a las andadas en cuanto hay un pequeño respiro.

Pero también evidencia el progresivo arrinconamiento del sector eléctrico en lo que se refiere a la vida política y los asuntos públicos. Ha llegado la «tormenta perfecta». Este acuerdo, este Pacto, puede ser la piedra de toque. Con un problema de sobreinversión a sus espaldas, probablemente su concurso en aumentar la potencia instalada no será necesario en los próximos años. Horadado por el Caballo de Troya de los nuevos entrantes (con más predicamento en Moncloa e Industria que las empresas tradicionales), han perdido también la perspectiva de un modelo de mercado competitivo, para, en ocasiones, ansiar nuevos paradigmas, una especie de nuevo modelo de vuelta al Marco Legal Estable, en plan acomodaticio, a la medida de cada mix de generación. A la carta. Una ensoñación que no permitía ver el objetivo más general perseguido desde instancias políticas: reducir la factura y, si era posible, realizar procesos de expropiación encubierta de derechos pasados o revisionismos generalizados inexplicables. Es decir que de ese debate había atisbos claros de que no se iba a salir bien.

Hemos podido comprobar además una fuerte campaña del sector productivo para reclamar energía barata, sea como sea, y la respuesta con la espada de Damocles de la titulización del déficit encima siempre, han sido muy tibias desde el sector. En ese sentido, desde el punto de vista institucional, del Ejecutivo, de la política y del colectivo retroprogresivo de la energía, con presencia en determinados nódulos de decisión y centros de poder donde siguen agazapados, se ha asistido con delectación morbosa a este proceso de encapsulamiento sectorial y al deterioro de su reputación social.

Hoy asistimos, paradójicamente, a una fase de precios muy baratos de la energía en nuestro país, que por mor del aplazamiento de la deuda pasada y de lo que incluye la tarifa, se ha convertido en un verdadero boomerang ingestionable políticamente por el sector, que anda en plena tribulación interna.

El sector debería hacer una reflexión en profundidad de lo sucedido, con mucha mayor perspectiva, con un examen severo de su propia responsabilidad por acción o dejación. Una reflexión que incluye el por qué no haber sabido salir del complejo de sector más político que regulado y de asumir el marco demagógico con argumentos políticos y no empresariales a conveniencia. Más allá del coyunturalismo y del cortoplacismo de responder a las urgencias, de visiones parciales interesadas, o de responder al juego de ser políticamente correcto con los reguladores/supervisores, además de soportar el fastuoso y grave incendio derivado de este Pacto.

Con estos mimbres, los adalides del consenso por lo político, no por lo económico, a la búlgara, es con los que parte el presunto «Pacto de Estado» por la energía que se anunció ayer y que sugiere una revisión e indefinición del modelo. Temblad.

Como veníamos anticipando, la propuesta de Real Decreto para impulsar a todo trapo la quema de carbón nacional (y bautizado con el ingenioso nombre de gestión de restricciones por garantía de suministro, en tiempos de abundancia) podía toparse con la posición contraria de las autoridades europeas, en el caso de enterarse de la jugada. Y así ha sido.

En España, fruto de estos años en que las ayudas comunitarias han llegado regular y religiosamente, se ha cultivado una idea particularmente peligrosa: existe una burocracia comunitaria enorme. Pero, a pesar de esa imagen, Europa es mucho más eficiente de lo que parece y tiene mecanismos y antenas mucho más orientadas de lo que se podría suponer a primera vista.

En el caso del carbón nacional, el Gobierno e Industria ya lo han comprobado en sus propias carnes y al parecer el primer encuentro con la propuesta de Real Decreto encima de la mesa ha tenido una oposición frontal en las autoridades comunitarias de competencia y energía. Según fuentes solventes, este encuentro se produjo en días pasados y el jefe de la delegación española fue Antonio Hernández, Director General de Energía y Minas.

El resultado de esta aproximación ha sembrado la preocupación, además de sentar como un jarro de agua fría, en el Ministerio de Industria, que recibió el encargo desde instancias políticas más elevadas. Sobre todo porque el propio Miguel Sebastián ha dejado grados de autonomía muy importantes al área energética en este campo, a sabiendas de que su encaje en la legislación comunitaria es, literalmente, imposible (aunque pronuncie esas declaraciones sobre el carbón en que parece exonerarlo como tecnología de sus consecuencias medioambientales, ¡qué formula tan saducea!). En suma, y en la práctica, se trata de un marrón de difícil digestión para el área energética.

Partamos del hecho de que Europa no es partidaria de subvencionar por subvencionar (al modo latino tan en boga). En concreto, en este sector carbonífero español, la posición europea es que las subvenciones sirvan para compensar la diferencia de competitividad con el carbón importado. Ahora, de ninguna de las maneras, estos mecanismos económicos deben estar dirigidos a conseguir una doble financiación garantizada para el reducto minero español, toda vez que estas subvenciones se perciben tanto en tiempos de precios altos del carbón importado como en tiempos donde este precio cae y además la competencia con otras tecnologías agudiza la percepción de su ineficiencia. Un intento de estas características ya se realizó mientras que Ignasi Nieto fue Secretario General de Energía, y de forma discreta y cuca, fue retirado de los ojos de la Unión Europea. Por tanto, se impone una auditoría de las cantidades percibidas y su correlación con la evolución de los precios del carbón en el mercado internacional.

Hay que recordar el camino recorrido. A la vista de los problemas de competitividad de las minas, de la acumulación de stocks de carbón autóctono (la propuesta de real decreto es un procedimiento para intentar gestionar estos stocks, más que otra cosa), en Rodiezmo, sindicatos y empresas mineras reclamaron al Presidente Zapatero más ayudas para el sector. Asesorados por no se sabe quién, la feliz idea es que sea con cargo al sector eléctrico. Para hacer eso, se decide intervenir el mercado eléctrico, seccionarlo, atentar al modelo de liberalización, crear un eufemismo regulatorio sin parangón (las restricciones por garantía de suministro) y la reparación controlada de los efectos sobre las tecnologías (indemnizaciones tasadas) para intentar aminorar el efecto. Todo ello con el retruécano de convertir el carbón autóctono como combustible estratégico, por lo cual no hay que guardarlo sino quemarlo a todo trapo, en otra contradicción in terminis. A la que le unimos el efecto sobre las emisiones de carbono y el efecto invernadero, otra contradicción en tiempos de Copenhague y de un aparatoso discurso sin convicción alguna.

La suma se ha convertido en un desmán de proporciones económicas incalculables, que del sector minero español, cruza al eléctrico, pasa por el medioambiente y acaba en la tarifa que pagan los ciudadanos. Es decir, en la factura que llega a cada uno. Todo ello, por una incompetencia e incapacidad continuada para concluir la reconversión del sector, abordar en serio el desarrollo regional, acabar con un «modus vivendi» anómalo y atajar el clientelismo que siempre surge en rededor de las subvenciones.

Por otra parte, en nuestro país la bola no para de crecer, los pronunciamientos de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) y la batalla campal que se prepara en el terreno de la generación eléctrica dejan sin descanso a Industria. Más de 1.200 millones de euros estima la CNC de costes, cuyo puente hacia la tarifa y el consumidor energético es casi directo (por cierto, las asociaciones de consumidores, salvo los grandes consumidores, no han dicho esta boca es mía, seguramente tranquilizados por una acción intervencionista en precios eléctricos).

El efecto bola de nieve se precipita sobre este proyecto, que tiene todos los visos de tener que ser retirado y reelaborado, por lo que es posible que hasta la primavera no se tengan noticias del mismo.

En todo caso, y más allá de la prosodia que necesita refrenarse, cuánto hay que agradecer el hecho de pertenecer a la Unión Europea en la medida que se ponen frenos y racionalidad a la actuación política, que sin política, o estrategia energética, sucumbe al ejercicio de las presiones.