Procrastinaciones energéticas

La literatura de gestión y de autoayuda ha acuñado un término nuevo: procastrinación. Término que usted podrá encontrar en las revistas de gestión empresarial y en las ediciones de libros que se pueden comprar en los aeropuertos, destinados a la gestión del convencimiento de los directivos, sobre lo que deben hacer, lo que está bien o mal, o cómo afrontar la vida profesional y personal. Dicha palabra, si usted la consulta en el diccionario español del Word, no sale. En definición de Wikipedia: «es la acción o hábito de postergar actividades o situaciones que deben atenderse, sustituyéndolas por otras situaciones más irrelevantes y agradables.»

Wikipedia añade al respecto: «El acto que se pospone puede ser percibido como abrumador, desafiante, inquietante, peligroso, difícil, tedioso o aburrido, es decir, estresante, por lo cual se autojustifica posponerlo a un futuro sine die idealizado, en que lo importante es supeditado a lo urgente.» Se tipifican tres tipos de procrastinación: por evasión, cuando se evita empezar una tarea por miedo al fracaso; por activación, cuando se posterga una tarea hasta que ya no hay más remedio que realizarla y por indecisión, propio de quienes intentan realizar la tarea pero se pierden en pensar la mejor manera de hacerlo sin llegar a tomar una decisión. Según Zygmunt Baumant, sociólogo de la modernidad, es una consecuencia de la sociedad líquida o una característica de la misma.

Aunque es una palabra que tiene una raíz latina, su difusión, vigencia y actualidad se deben en gran parte a la traslación de los gurús de las escuelas de negocios sajonas, creadoras de tendencias de forma que nos llega como importanción del anglicismo «procrastinate», un ejercicio como otro cualquiera de papanatismo cultural. ¡Como si nosotros no fuéramos capaces de procrastinar las reformas que necesita la economía española y nuestra sociedad!

En definitiva, procrastinar es el hecho de aplazar las obligaciones y las responsabilidades hasta llevarlas a un punto de no retorno, de forma que se tengan que abordar de forma urgente y vertiginosa. Por eso, en Navidad y fin de año es un buen momento para identificar las procrastinaciones, los aplazamientos y, en este caso, los del sector energético. Todas esas cuestiones que, además, van a pasar el hito temporal del cambio de año y que el reloj inexorable del tiempo van a seguir ubicando en el apartado de «tareas pendientes».

En primer lugar, claramente hay una procrastinación tarifaria, prolongada años y años que ha ido aplazando el ajuste de los precios de la electricidad a su correspondencia como suma de todos los costes de suministro, demora derivada de los miedos políticos de cada gobierno a abordar este problema y a la instalación de determinados colectivos retroprogresivos ensimismados en su tarea de laminar el proceso de liberalización del sector energético. En este sentido, es procrastinación la elaboración de las tarifas para 2011, que sin haber tenido cambios respecto de las anteriores en lo que se refiere a los costes regulados, sin motivo que lo justificara, se ha hecho con el mismo procedimiento de urgencia (o de último momento que las anteriores).

Por ejemplo, también se está procrastinando, cuando el actual Secretario de Estado de Energía dedica sus esfuerzos a la amable tarea de promover su candidatura para la Dirección General de IRENA por el ancho mundo y deja en un segundo plano cuestiones de índole doméstica y de mayor tediosidad y complejidad en su solución, como el déficit tarifario, su titulización o la retribución de la distribución también tanto tiempo procrastinada.

En el campo de las tecnologías, son procrastinaciones los sucesivos episodios a cuenta de las propuestas para aumentar la producción de energía mediante carbón nacional y las soluciones para aplazar la reconversión de este sector, con efectos sobre otras tecnologías de generación. Y son procrastinación, los acuerdos de mínimos para reducir las primas en ciertas tecnologías renovables como costes regulados de las energías en régimen especial, ante su impacto tarifario.

Otro ejemplo de procrastinación es el proceso para la sustitución del Secretario de Estado de Energía, tras la deconstrucción del inquilino actual instalado en situación de interinidad y que ha sido nuevamente aplazada, al parecer, en primer lugar, por la posible renuncia de su principal candidato Fabrizio Hernández, y después, por el pulso Economía/Industria y la carencia de candidatos solventes a la vista para esta responsabilidad.

Y, por continuar con los ejemplos, la sustitución de los consejeros de la Comisión Nacional de Energía con período de nombramiento vencido, que se está procrastinando y procrastinando, más de un año y medio, en principio y se supone, que hasta que se apruebe la Ley de Economía Sostenible que comparte protagonismo con el tema de la rebelión de las descargas en Internet (¿cuándo se descarga la CNE?).

En todo caso, la procrastinación más grave y continuada es la carencia de política energética definida. El castellano, lenguaje rico, tiene muchas frases y vocablos para invocar a la acción y evitar la tendencia a no enfrentar los problemas con radicalidad (que no con radicalismo) y determinación. Pueden ir sumando, ejemplos de esta sabiduría genuina y propia: «No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy», o la también muy española «coger el toro por los cuernos». En fin, ¿estaremos «procrastinados» en el sector energético?

Montes y González: semana de fichajes en el sector energético

Si estuviéramos hablando de la liga de fútbol, diríamos que estamos en el mercado de invierno. Un mercado donde los clubes se refuerzan para lo que resta de temporada y en la que cubren los puestos en los que tienen mayores debilidades y necesidades de refuerzo. Así es como hay que entender dos fichajes muy relevantes en el sector energético que conocimos la semana pasada, el de Eduardo Montes como presidente de la patronal eléctrica, UNESA, y el de Felipe González, ex presidente del Gobierno para el Consejo de Administración de Gas Natural Fenosa.

En el caso del primer nombramiento, el de Eduardo Montes, se trata de un profesional con una gran experiencia en compañías multinacionales, fundamentalmente del sector industrial. Se trata de un directivo con mucho prestigio y relevancia en el plano internacional y que está llamado a reforzar e impulsar la patronal eléctrica.

Montes se encuentra un sector eléctrico con un conjunto de problemas acumulados, desde el déficit tarifario, su titulización, retribución de la distribución, aumento de los costes regulados, etc…, que requieren emplearse a fondo en un futuro inmediato. Por tanto, no cabe otra cosa que dar la bienvenida a Eduardo Montes al sector energético con la única admonición de que, seguramente, la gravedad de los problemas van a obligar a que su inmersión en el sector sea a marchas forzadas, con una lógica apresurada.

Por su parte, la incorporación de Felipe González, ex presidente del Gobierno, también es muy relevante. Hasta el momento, ningún ex presidente del Gobierno había tenido presencia en Consejos de Administración de empresas españolas (recordemos que José María Aznar pertenece al consejo de administración del imperio del magnate de la comunicación Rupert Murdoch). Es un hecho relevante a tener en cuenta.

Felipe González es un hombre muy ligado también al entorno internacional, a través de la Unión Europea (presidente del grupo de sabios para la reflexión sobre el futuro de Europa), a América Latina y también al norte de África. Al mismo tiempo, tiene una especial sensibilidad por la energía, con una posición formada e informada, consciente de la importancia que tiene este sector en el desarrollo de la sociedad. Como todo el mundo conoce, son frecuentes sus propuestas y opiniones al respecto, además de generadoras de polémica (sobre todo entre los correligionarios de su mismo partido y los jóvenes cachorros de los cuadros de la Escuela Jaime Vera), como en el caso de la energía nuclear. Al mismo tiempo, cuenta con una visión de los mercados moderna que se distancia de muchos de sus contemporáneos del PSOE (entre los que dicen que a los mercados hay que gobernarlos, pues cómo van a poder más los mercados que la política, y comentarios por el estilo).

Por otra parte, y no menos importante, a los efectos de las ententes abiertas con los contratos de gas y los arbitrajes con Sonatrach, Felipe González también puede jugar un papel eficaz en la resolución de los conflictos con Argelia, donde el ex presidente sigue teniendo un nivel de interlocución importante. Por otra parte, hay que recordar que bajo sus primeros gobiernos se realizaron los contratos Sagane con Argelia, que ofició el ex vicepresidente Alfonso Guerra. En todo caso, se trata de una toma de presencia y de posición clara del ex presidente González en el sector energético y Gas Natural Fenosa da un sonoro golpe de efecto.

El Gobierno, por su parte, debe sacar conclusiones de estos nombramientos de primer nivel y del propio sistema de coordenadas en el que se mueve el sector energético hoy. Empresas globalizadas, accionistas internacionales, consejos de administración con peso político y técnico, instituciones europeas, mercados financieros internacionales, gobiernos extranjeros… Requerimientos que se materializan en el reforzamiento del sector energético en el plano institucional y que obligan al Ejecutivo a andar con mucha más cautela y conciencia de la relevancia de los asuntos en ciernes. Las habituales componendas, atajos, aplazamientos “sine die” de los problemas y soluciones poco ortodoxas, clásicas ya en la ejecutoria de la administración energética española, se ponen mucho más difíciles y elevan la exigencia a los Ministerios concernidos y a la propia Moncloa.

Economía, energía, mercados, financiación y geostrategia, toda junta. Ahí es nada. Oído al parche. Bienvenidos al sector energético, por tanto, Eduardo Montes y Felipe González. Su contribución puede ser decisiva.

Es urgente la sustitución del actual Secretario de Estado de Energía

Y esa mayor rapidez se deriva, principalmente y en primer lugar, de la propia cauterización e inoperancia final que se registra en la Secretaria de Estado, en un momento clave en el que se requiere una implicación total de un responsable con capital político para abordar de manera global el conjunto de problemas del sector energético en una etapa crucial para el mismo. En el momento actual, es necesario un responsable al frente con capacidad técnica, gestora, estratégica, económica y negociadora, algo que ha sido una carencia histórica en los últimos años de esta posición en la administración energética española.

Por eso, si hacemos una semblanza de Pedro Marín, dimisionario Secretario de Estado de Energía al frente de esta responsabilidad, no podemos encontrar los graves atropellos de su predecesor Ignasi Nieto en el cargo pretérito (hasta su elevación de rango por parte del ministro Miguel Sebastián, Secretaría General de Energía) aunque sí una gestión que nos lleva a la desazón. Evidentemente, en su ejecutoria, no se han dejado sentir las barbaridades jurídicas del anterior Secretario General, aunque sí se han producido barbaridades de otro tipo y la mayor, probablemente, sea que un buen Real Decreto Ley, al menos en lo concerniente al déficit tarifario y su constreñimiento, haya sido continuamente mancillado por las posteriores decisiones de las tarifas.

En otro orden de cosas, hasta el momento, tampoco ha resuelto problemas largamente larvados como el de la retribución de la distribución. Del mismo modo, el propio mecanismo de compensaciones cruzadas que ha generado el decreto de carbón y sus damnificados cruzados (en términos bíblicos: hasta setenta veces siete). Y, junto a ello, la inoperancia en abordar el problema del volumen y régimen retributivo de las energías renovables en régimen especial le deja una pesada herencia a su sucesor (fundamentalmente: acuerdos de mínimos y soluciones provisionales de coyunturalidad y parcialidad constrastada).

Al mismo tiempo no ha puesto coto al galopante déficit tarifario, sino que se ha alentado. Luego en el problema de la titulización, cuyas cifras crecientes impedían el cálculo a los responsables de posibilitar financieramente la colocación de esta deuda (fundamentalmente el Ministerio de Economía y Hacienda). Y, luego, por el dimensionamiento del déficit presente y futuro, la cuenta parece que no tiene fin y desde Economía han pasado diferentes fases, dudando entre si cruzar los dedos o llevarse las manos a la cabeza con la situación. Todos son conscientes de que el recurso a esta anómala figura tiene los días contados y que la necesidad de involucrar a las instituciones financieras europeas pone en observación las decisiones tarifarias futuras de un país que ha decido endeudarse para pagar la factura de un suministro como la electricidad.

En este sentido, el actual Secretario de Estado, con este balance a sus espaldas, ha defraudado el enorme peso que había puesto el Ministro Sebastián en su toma de posesión y esto ha trascendido hasta los medios de comunicación generales que se han hecho eco de forma amarga, incluso satírica, de la maldita gracia del malditismo (Veáse El País, con un botón de muestra,La secretaría maldita)..

Pero, es más, si tuviéramos que hacer un balance de sus últimas contribuciones, de lo que serían sus últimas voluntades como Secretario de Estado, casi nos tendríamos que ceñir a la comunicación electoral propia para sus aspiraciones futuras, donde ha centrado su foco. En los últimos tiempos, Marín ha desplegado una intensa actividad para promocionar su candidatura a la Dirección del IRENA, consciente de la dificultad de su consecución y de lo suculento de la propuesta. Con la situación y el estado del sector energético como venimos contando, Marín, con el apoyo del propio Sebastián, ha focalizado su actividad en la candidatura a este organismo internacional, abdicando de sus responsabilidades al frente de esta área en la Administración española, de forma que los problemas domésticos vienen siendo pastoreados o ninguneados.

En esta campaña, entre otras cosas, hemos podido conocer como se ha dedicado a pedir a los Consejeros Delegados de las empresas el apoyo explícito a su candidatura, ha viajado a Rusia y a Cancún con este motivo, abandonándose a esta labor promocional, estando ausente en cuestiones capitales. Por otro lado, y a parte de que Marín consiga el puesto al que aspira en la tierra de promisión de esta agencia de renovables de los países árabes, sí que resultaría paradójico que, con el estado del arte en que ha acabado la situación de las energías renovables en España, tras su mandato como Secretario de Estado obtuviera un premio a nivel internacional por sus logros en este sector. Probablemente, en este sentido, en el caso español, sea el momento de barrer debajo de las alfombras.

Por tanto, este proceso de postulación se ha puesto por delante de la resolución del déficit tarifario o de conseguir un marco económico, regulatorio y retributivo sostenible en todos los sentidos con las energías renovables y de régimen especial, como temas candentes y de actualidad. Y, finalmente, por cómo se ha producido su dimisión y los sucesos episódicos posteriores, ha dejado en una franca debilidad al Ministro de Industria de cara a abordar su sustitución y su negociación con la Vicepresidencia Económica.

La salida de Pedro Marín de la Secretaría de Estado de Energía, por tanto, ya es una cuestión de urgencia que debe resolver el Gobierno y su Consejo de Ministros con la mayor brevedad. Debe encararse en serio y para tener al frente de la misma, con capacidad contrastada y dedicado de forma centrada en los problemas sectoriales. Su presencia al frente del organismo forma parte de los problemas sectorial, inclusive para el propio Ministro de Industria. Hoy ya es un flanco débil que Sebastián no se puede permitir.

El día de las tarifas

El resto de componentes de la tarifa son los denominados costes regulados, entre los que se encuentran las primas a las renovables, los pagos por disponibilidad para centrales perjudicadas por el decreto del carbón, el coste de la deuda eléctrica de años anteriores, etc…. Así, hasta el cincuenta por ciento del coste del recibo de la luz.

Según ya se había podido conocer, el Gobierno había decidido congelar los costes regulados en la factura de la luz, lo que lleva indefectiblemente a que el déficit tarifario ex ante (el previsto) para 2011 se eleve a 5.400 millones de euros, cuando lo regulado en el Real Decreto Ley 6/2009 eran 2.000 millones de euros para todo el año, algo que si no se solventa, acabará ineludiblemente en los tribunales.

No obstante, y casi en paralelo a conocerse la subida de la energía en la tarifa y su efecto resultante global sobre la factura (entre un 4% y 8% por la subida de la energía y por el aumento de los costes regulados derivados de las compensaciones por los efectos del derecho del carbón), empezaron a oírse pronunciamientos públicos contrarios a la subida y al montante de la misma. Las críticas iban dirigidas al propio mecanismo de subastas y a que se establecieran mecanismos de compensación por los elementos de compensación derivados de la entrada en vigor del decreto del carbón nacional (y no es una redundancia).

Así, el resultado de la tarifa para 2010, tuvo un incremento sobre la subasta de septiembre del 4,6% y el 1,8%, con un resultado de 49,07 euros/MWh para el producto base y de 53,99 euros/MWh para la puntas. La previsión del precio medio eléctrico para todo el año 2011, según la memoria económica que acompaña las tarifas, es de 45,52 euros por megavatio/hora (Mwh).

De forma paralela, el mismo día, tuvo lugar el Consejo Consultivo de la Electricidad en la CNE para tratar de esta primera revisión tarifaria de 2011. El Consejo tuvo varios elementos episódicos diferenciales, aunque siguió mayormente lo previsto en el ceremonial. El más importante fue la despedida de Agustín Maure, representante de la Generalitat de Catalunya en este Consejo, como consecuencia del cambio en el ejecutivo catalán tras las últimas elecciones en Cataluña y la caída del PSC. Unas palabras y unos aplausos sentidos de la concurrencia a un histórico del sector con más de 30 años a sus espaldas en el sector eléctrico.

Por lo demás, el Consejo Consultivo siguió más o menos el guión establecido. Había muchos elementos de continuidad, incluso en el formato de la reunión. El primero es un argumento recurrente: la defensa de la necesidad de energía barata para el sector industrial, que fue especialmente seria y dura en el caso de la intervención del representante de la Comunidad Autónoma de Galicia, reclamando tarifas que no perjudicasen a la industria. Un punto en el que siempre hay un alineamiento más expreso o tácito con los representantes del País Vasco y Catalunya.

Por otra parte, el representante de los consumidores domésticos, Ignasi Faura, defendió la existencia de un acuerdo tácito tras la liberalización: el de que las tarifas eléctricas no podían subir por encima del IPC. Posición que fue replicada por el representante de UNESA, Pedro Rivero, señalando la ilegalidad, además de la imposibilidad de un acuerdo así.

Otra cuestión habitual es la reclamación que se efectúa desde las Comunidades Autónomas de requerir la resolución del problema de la retribución en la distribución dentro de la tarifa eléctrica. Se trata de otro problema endémico irresoluto y del que las Comunidades Autónomas son las principales acreedoras en el plano político, al ser las primeras afectadas por los posibles efectos del empeoramiento en la calidad de suministro.

A este respecto, uno de los representantes del Ministerio de Industria, Eduardo Ramos, Subdirector de Energía Eléctrica, señaló que trasladaría (nuevamente) esta cuestión a los responsables ministeriales, previendo que «pronto se arreglará este tema».

Por su parte, también hubo lugar a las reivindicaciones de Red Eléctrica de España (REE). Así Alberto Carbajo se quejó de que la retribución del operador de sistema estuviera congelada desde hace dos años.

En lo que volvió a haber consenso entre todos los asistentes es en la queja por la falta de seriedad y premura de tiempo con la que se había presentado el proyecto de tarifas a debate entre los miembros del Consejo Consultivo. Algo que es totalmente inexplicable, si cabe en mayor medida, dado que con las tarifas congeladas y el aumento del déficit tarifario hasta los 5.000 millones por «este dejarlo pasar», habría dado más tiempo a revisar por segunda vez, las mismas tarifas, ¿no?

En todo caso, la maquinaria para amplificar los términos demagógicos de la subida eléctrica, ya está en marcha y las emisoras de radio trataban este tema, de forma opinativa en la noche de ayer. Y eso que no hemos hecho nada, parece más el día de la marmota que el día de la tarifa, como la película «Atrapado en el tiempo«. La vida sigue igual.

Déficit tarifario como problema público

La noticia más o menos estaba anticipada por los mercados en la medida que la elongación del proceso (más de quince meses), su procedimiento hiperadministrativo y varios deslices en su tramitación habían provocado que, prácticamente, caducara el ejercicio para los mercados financieros internacionales, si el objetivo era que entrase en 2010.

Si a esto le añadimos las dos intensas crisis de deuda en este año que elevaron los diferenciales de la prima de riesgo por las nubes y encarecieron la colocación del producto, el escenario para este activo estaba servido (habría que recordar aquí a los responsables de las subastas de déficit desiertas de la CNE cuando los diferenciales de prima de riesgo se situaban en 80 puntos básicos, estando actualmente por encima de 200). Leído así, puede desprenderse que esta noticia puede considerarse «per se» negativa, aunque si se relativiza el hecho del cambio de calificación y se observa el pasado reciente del déficit y el reenfoque al que estamos asistiendo, podemos colegir hilos de cierta reconducción del problema (pese a que este año el déficit tarifario esté desbocado con respecto a las previsiones y al Real Decreto Ley 6/2009).

Hay que repetir y recordar que el déficit tarifario es la diferencia entre el coste del suministro y la tarifa finalmente cobrada a los usuarios. Como la tarifa, por decisiones gubernativas o políticas (cada ejecutivo ha generado parte de déficit y en ciertos momentos se ha hecho con aquiescencia de los dos partidos, foto incluida), en su momento no reconocía el coste del suministro de la electricidad, se ha ido generando una deuda con las empresas eléctricas que tiene las mismas características que la deuda pública dada su condición de decisión política. Además, como se puede apreciar, la intervención de los distintos reguladores, partidos y administraciones han conformado una maraña de responsabilidades en la espesa capa de decisiones interrelacionadas (desde las primas a las renovables, los decretos del carbón, los derechos de emisión, las tarifas de acceso, el pago de déficits pasados o las pretensiones intervencionistas en los mercados de generación de los negacionistas y retroprogresivos, incluyendo la atávica retórica antiempresarial desde distintas esferas políticas) que involucran, por múltiples vías, al denominado «aparato económico-político del Estado».

El déficit tarifario y su colocación es y será, por tanto, un problema regulatorio, un problema político y un problema de Estado a nivel de país. No hay vuelta atrás. Gobernantes, unas veces acuciados por la inminencia electoral, otras veces por la amenaza ideológica que confería a las tarifas eléctricas el carácter de precio público intervenido y otras veces alentados por ejercicios demagógicos trasnochados que ubicaban el problema en el ámbito de lo estrictamente empresarial, percibían el recurso a esta figura con extraordinaria facilidad. Y ya no es así: ahora es una cuestión que ya se reconoce que atañe a toda la economía española, además de a sus empresas.

Y, la realidad de los hechos es que el Ministerio de Economía y Hacienda ha tenido que emplearse a fondo, en primer lugar, para facilitar la colocación del activo y su consideración equivalente a la deuda pública: obtener las garantías y avales del Banco Central Europeo. Y, al mismo tiempo, como ha reconocido el propio Ministro de Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián, las líneas directrices de la política energética necesariamente tendrán que estar convalidadas dentro de la política económica. De hecho, es preciso advertir que la deuda pública y la deuda privada de los españoles, hoy afecta a la financiación de las empresas españolas y a su prima de riesgo, cuando acuden a los mercados internacionales. Todas estas decisiones, por tanto, están interrelacionadas.

Bien es sabido que el sector eléctrico español había venido sufriendo con mayor intensidad las penalizaciones de los mercados financieros y las bolsas. Los mercados financieros, con sus ‘especuladores’ y todo, tienen información completa sobre la deuda y el riesgo, que va más allá evidentemente de la comunicación política que tiene un ejercicio de distorsión y espejos para ‘colocar la realidad a los ciudadanos’.

La segunda noticia, en un mundo globalizado y con las empresas eléctricas internacionalizadas (tanto hacia el exterior como en su composición accionarial) es que el efecto ya no es exclusivo de las empresas, ni tan sólo de la economía española. Su ramificación internacional via accionistas, gobiernos, sectores y financiación es indudable. Probablemente, habrá que tener en cuenta todo esto en el futuro, de cara a las políticas tarifarias y a la colocación del déficit, respetando en mayor medida la ortodoxia de los mercados financieros y de capitales.

Varias son las lecturas que se pueden sacar de este comportamiento de los mercados. La primera podría ser contraria a la que se viene pronunciando desde un cierto posibilismo político e ideológico, como una especie de clamor totalmente inane en el desierto. ¿Cómo puede ser que los mercados puedan más que la política, en pregunta de Iñaki Gabillondo? Es decir, cómo puede ser que, si un país (o sus representantes políticos) ha venido decidiendo permitirse, graciosamente, el lujo de no pagar el coste del suministro eléctrico, cómo resulta que los mercados financieros no respetan esa decisión política cuando se trata de pagar ese endeudamiento. ¡Cómo estos mercados no respetan esa decisión soberana!

En todo caso, la internacionalización del problema y la necesaria intervención de las autoridades comunitarias, seguramente, harán que a partir de ahora empiecen a primar las cautelas con esta política de precios eléctricos, con el déficit tarifario y su colocación. Es, por tanto, tiempo de mayor credibilidad en la política energética y tarifaria. Los siguientes pasos en este sentido (colocación del déficit y decisiones de política tarifaria inminentes) serán test a vigilar de cerca.

Acuerdos y desacuerdos

El tan cacareado y nunca existente Pacto de Estado de la Energía entre PSOE y PP, anunciado en rueda de prensa concomitante con el penúltimo anuncio de congelación de tarifas eléctricas, olía a muerto desde el momento de su presentación. No sólo se podía evidenciar esta sensación por la circunspección de uno de los protagonistas, el propio Cristóbal Montoro, que acompañaba de representante presente y cara fúnebre a Miguel Sebastián. También por la gestación y la dinámica de los hechos políticos que llevaban a aquel vodevil.

En definitiva, la pregunta que hay que hacerse a la hora de valorar un acuerdo es cuál es el contenido del mismo o, al menos, dadas las expresiones ambiguas que se utilizan en su formulación, sobre qué orbita. En lenguaje de negociación, cuál es la transacción. Y, la verdad, es que no se ha sabido nada y nada concreto al respecto de lo que hablaban nuestros representantes políticos. ¿Cuál era el objeto de negociación? ¿Qué hacemos con la energía nuclear (con la presente), con la instalada? ¿Qué papel tienen las renovables en el mix de generación? ¿El problema era quién inaugura las líneas de alta tensión? ¿Cuántas de estas cuestiones no se explicitan en el Informe de la Subcomisión como temas alrededor de los que construir un acuerdo?

Y el sujeto celeste de todas las órbitas, siguen siendo las tarifas eléctricas y el desiderátum para evitar la subida de precios de la electricidad. Cuestión que sí se ha convertido ya en una cuestión de Estado, porque de tanto demorarlo, de tanto empujar hacia adelante el problema se ha precipitado desde el pasado en que se empezó a fraguar el déficit tarifario a este volumen descontrolado. Cada gobierno ha hecho su contribución, con su pretensión de subidas moderadas e insuficientes, a un montante creciente de déficit tarifario, generando un problema político de primer orden. Al que hay que añadir el déficit de explicación pública de lo que significa.

Por su parte, el Partido de la oposición es consciente de que la mejor posición respecto a las tarifas eléctricas, es que pase este cáliz (bien lleno) y dejárselo beber enterito al partido en el Gobierno. El Partido del Gobierno buscaba una complicidad que no ha conseguido, para las medidas que habría que haber tomado, larvadas por la actuación de los dos en su ejecutoria al frente del Ejecutivo: falta de reconocimiento de las tarifas y generación de déficit. Lo cierto es que hay un gen político que les une: el intervencionismo sobre los precios de la electricidad. De hecho, hoy podríamos encontrar defensores de una versión rediviva del Marco Legal Estable en las huestes del Partido Popular en las que también militan retroprogresivos y podrían apelar a medidas de excepción para no abordar el problema (¿cuáles son las propuestas concretas, más allá de las expresiones genéricas que, en este sentido, propone el principal partido de la oposición?)

Saliendo de la demagogia económica, sería posible llegar a algún sitio concreto constructivo. Que el déficit tarifario es un problema de país en que los dos partidos políticos con responsabilidad de gobierno han participado. Que el déficit tarifario es un problema para la sociedad, para las empresas, para los ciudadanos, para el funcionamiento de los mercados y de nuestra economía. Que la necesidad de contener el coste del suministro no pasa por soluciones no intervencionistas, sino por pensar mejor el largo plazo. Que apelar a la militarización de los mercados de la electricidad, en forma de Marco Legal Estable, reclamado por todos los retroprogesivos y por quienes les hacen oídos sería, además de una barbaridad, un error de cálculo.

La incapacidad política ha llevado a que hoy tengamos los precios más baratos de la electricidad en los mercados de generación y unas tarifas elevadas debido a los costes regulados para regar con el «fru fru» de las subvenciones una tarifa que todo lo soporte, lo aplace o lo fie. Explíquenles esto a los españoles porque dicho análisis ha sido efectuado de forma frívola y superficial desde las instancias políticas. En este caso, el problema no es el mercado sino no hacer caso al mercado.

Evidentemente, si el contenido de este acuerdo es, en un formato a la búlgara, anunciar en público que no se suben las tarifas eléctricas, bastan dos gestos de mus y unos cuantos guiños para no pisarse el micrófono. De hecho, hoy podemos comprobar cómo con el acuerdo en fase de extinción definitiva, el Gobierno vuelve a anunciar, sin rubor, que no sube las próximas tarifas eléctricas. Y sin que se haya producido el famoso y anhelado acuerdo. Pero lo que parece cierto por evidente, es que sí hay consenso en los dos partidos mayoritarios en una cosa: seguir generando déficit tarifario para las generaciones venideras y todo por no hacer lo que la sociedad y la economía necesitan en pura lógica y ortodoxia económica. Y esta vez no sale Montoro.

El nombramiento

El anunciado nombramiento de Fabrizio Hernández como Secretario de Estado de Energía resuelve la situación de interinidad que se había planteado tras la dimisión de Pedro Marín y que había cobrado tintes de sainete inacabable. De hecho, hay que valorar el que la filtración de su nombre se haya producido con la plana mayor de Industria y la Secretaria de Estado en viaje a Rusia.

En otro orden de cosas, Industria también ha tenido que reaccionar a la ofensiva del Ministerio de Economía y Hacienda que ya había iniciado sus propias maniobras de zapa, sin llegar a la militarización del área de energía de Industria: cuestiones como el déficit tarifario creciente, la titulización del déficit o los acuerdos para determinadas tecnologías en régimen especial habían puesto al Ministerio de Industria y su Secretaría de Estado bajo observación.

Por otra parte, hay que saludar que el Ministro de Industria haya decidido acudir al sector privado para echar mano de un experto con prestigio y solvencia a nivel internacional (Fabrizio Hernández, reconocido como experto en mercados gasistas, trabaja en una consultora internacional, Nera Economic Consulting).

Por ello, hay que reconocer que el nombramiento de Fabrizio Hernández es una solución imaginativa que rompe con muchos límites y endogamias sectoriales. Con este nombramiento ganan en el sector de la energía, los mercados, la liberalización y, obviamente, pierden todos los colectivos que entienden el sector energético como campo de juego para la intervención: el colectivo de los retroprogresivos con sus diferentes variantes, incluyendo el grupúsculo de sedicentes. Consecuentemente, hay que saludar y agradecer la iniciativa de Miguel Sebastián con este nombramiento y la aceptación por parte de Hernández.

La agenda que espera a Fabrizio Hernández no es sencilla, todos los problemas que hay abiertos en el sector energético hoy son complejos y, probablemente, requieren que se pongan todos encima de la mesa: titulización, déficit galopante, decreto del carbón, problemas para las tecnologías térmicas por la reducción del mercado, impacto de los costes regulados de las tarifas, régimen especial en plena provisionalidad, retribución de la distribución, mix energético, déficit institucional en el sector…

Y, en el plano de las habilidades, también Hernández tendrá que poner a prueba sus competencias profesionales, sus intangibles, su ‘savoir faire’: conocimiento, restablecimiento y normalización de las relaciones sectoriales, persuasión y necesidad de resilencia, resistencia y liderazgo necesario para vencer los atavismos y corrientes ocultas, el peso de cierta tradición, así como identificar poderes disimulados y reguladores en la sombra. Y, al mismo tiempo, plantear y aplicar con determinación las medidas que requiere esta situación con capacidad política, ante la sociedad, ante el propio Ministro de Industria y ante el Gobierno. Ahí es nada.

Competencia busca monopolio

Al parecer, le faltó enunciar la Comisión del Mercado de Valores (seguramente porque un pulso con Julio Segura sería difícil de sostener y el argumento integrador se quiebra) y a la futura y quimérica Comisión Nacional de Competitividad que anunció tras la reunión con los empresarios el presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Todo lo que se llame Comisión podría estar bajo las huestes de Berenguer que se autopostula como padre reverendo del nuevo y prometeico engendro (no olvidemos que Berenguer también está en puertas de que venza su mandato al frente de la CNC).

Evidentemente, no es inocuo que vuelva a la carga Luis Berenguer, justo en los momentos que se está ultimando el trámite de la Ley de Economía Sostenible y en la que se prevé la remodelación de los actuales órganos reguladores. Tampoco es de esperar que las opiniones anexionistas de Luis Berenguer tengan mucha trascendencia, porque este afán viene siendo una constante en sus declaraciones (y de hecho en su momento nunca llegó a convencer al anterior Vicepresidente Económico, su amigo y paisano, Pedro Solbes en torno a algo así), porque el propio Ministerio de Economía y Hacienda ya ha consultado a un número importante de expertos y porque la experiencia en términos comparados a nivel internacional sería disparatada y sólo daría lugar a un órgano mastodóntico a mayor gloria de la teoría de la burocracia y la elección colectiva (Buchanan). Y porque los órganos sectoriales, mejor pequeños y especializados, tienen más misiones que la vigilancia en materia de competencia, con independencia de los mecanismos de coordinación que deba existir entre ellos (la ley de Economía Sostenible prevé la coordinación de los distintos presidentes y el de la CNC). Por tanto, podemos concluir que el presidente en su propuesta de la Comisión Nacional de Competencia busca el monopolio de los órganos reguladores.

Hoy, por tanto, el Consejo de la Comisión Nacional de Energía, en su viaje a Mahón y a la isla de Menorca iniciado ayer, y hasta su vuelta a la actividad en Madrid el próximo día 9 de diciembre, incluirá en el «happy meal» de su desayuno esta idea con altavoz de Berenguer, vecino colindante de la calle Barquillo de Madrid. Como la película de Emir Kusturica «Papá está en viaje de negocios«.

Desde el punto de vista del sector energético, hay que decir que no se sabe qué es peor, si la Comisión Nacional de Energía ora intrascendente, ora regida por declamaciones retroprogresivas, ora dedicada al cuestionamiento del mercado eléctrico, con informes sucesivos para reformular la regulación o la Comisión Nacional de Competencia plenipotenciaria y con el cuchillo en la boca, teledirigida también por formas retroprogresivas y sus consejeras procedentes también del sector energético.

Y, finalmente, queda en el aire una lección para Maite Costa (incomparablemente más débil y vulnerable en su papel que Julio Segura) y el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, que en su ausencia, su evanescencia, su intrascendencia y merced a varias decisiones que acabaron con el organismo, ha pasado a ser un órgano perfectamente prescindible y su espacio reclamado desde otras instancias y organismos reguladores. La debilidad y dilución de CMT y CNE pesan como bloques de cemento en los pies.

Se cumple, por tanto, el principio de Arquímedes del poder político «Todo organismo sumergido en el marasmo, experimenta un empuje hacia afuera, del mismo grado que el volumen que desaloja como espacio a cubrir«.

Una noticia buena y otra mala

Es algo parecido a esos chistes de «tengo una noticia buena y otra mala». La buena es que ya hay candidato firme a Secretario de Estado, la mala es que no lo puede decir. Y, todo ello, sucede tras el vapuleo que el diario El País en el artículo La secretaría maldita (medio por otra parte habitualmente contumaz con Miguel Sebastián) le profirió ayer y que, en el fondo, se ponía al frente de la manifestación de quienes opinan (opinamos) que la situación de la Secretaría de Estado de Energía en estas dos legislaturas ha entrado en barrena, sin olvidar las vinculaciones entre este medio y el Vicepresidente Primero.

De hecho, cada vez parece más justificada una «intervención» exterior en el área de energía del Ministerio de Industria (léase, principalmente de la Vicepresidencia Económica que, lentamente, va recuperando el cuadro de mando de la administración y quien, según otras fuentes, tiene el encargo de cerrar el Pacto de Estado de la Energía).

Por otra parte, cabe hacerse la cuenta de la propia situación de incomodidad para el propio Gobierno (con un nuevo ejecutivo que buscaba mayor coordinación y que todos sus Ministros fueran portavoces). ¿Qué pensará Alfredo Pérez Rubalcaba de que se anuncie la existencia de un Secretario de Estado con el otro de cuerpo presente, en candidatura exterior y con mil frentes abiertos en el ámbito interior? ¿Cómo se aireó tanto la renuncia del propio Pedro Marín, hasta hacer insostenible su permanencia?

Queda, por tanto, un conjunto de dudas, más o menos razonables, o más o menos irracionales como, por ejemplo, si este proceso de promoción de la candidatura de Pedro Marín a director general del IRENA es procedente o hay cosas más urgentes en el sector energético.

En todo caso, una buena noticia sería que alguien estuviese centrado y ocupándose de lo importante. Si el candidato «in pectore», anunciado por Sebastián, está informado o no, y las consecuencias de un posible fracaso de la candidatura. O si el nombrado ha pasado ya el cribaje de Economía. Y, por otra parte, señalar que el Ministro de Industria, sobre el que existe el consenso de que su peso político va menguando y cuya separación de la propia estructura orgánica del Ministerio, evidencia que requiere a su alrededor de más oficio.

De todas formas parece que hay que seguir atentos a las noticias que surgen de Industria en torno al nombre del nuevo Secretario de Estado de Energía y si, además, cumple los requisitos para estar a la altura de la situación sectorial, de los problemas y su abordaje conjunto y global. Esa sería una buena noticia. Por eso, a lo mejor lo filtran en Wikileaks.

Atienza, un optimista descolocado

Sucede que, tanto las estimaciones como la confirmación de la demanda realmente producida, hoy cobran especial relevancia y son seguidas con particular interés y expectación. Los sueños de una reactivación de la demanda de energía, de los procesos inversores en nueva capacidad, siguen en el inconsciente freudiano de muchos, necesitados y ansiosos de buenas noticias. Quizás de un hueco, de un espacio de respiración para subidas de precio en los mercados, de anticipar aumentos de consumo o insinuar la necesidad futura de nueva capacidad de generación. Lo cierto es que en el sector energético, por motivos de lógica económica, también se necesitan brotes verdes, por eso, los políticos que han recalado en el sector insinúan que el crecimiento de la demanda energética es un anticipo de la recuperación económica.

En estas que el presidente de Red Eléctrica de España, Luis Atienza Serna anunció en días pasados, con alegría y énfasis, que la demanda de electricidad crecería un 2,5% este año. Predicción que sucede a las predicciones optimistas que nuestro bien amado TSO hizo a principios de ejercicio (con crecimientos de casi dos dígitos sobre 2009) y a las extremadamente pesimistas de mitad de año (con decrecimientos). Por lo tanto, podemos concluir que en 2009 no se han hecho ejercicios prospectivos y de anticipación: en el mes de noviembre, estas cifras ya no son predicción, son otra cosa. Lo cierto y verdad es que REE, tradicionalmente atinaba con sus estimaciones de demanda. Pero, igual de cierto, es que en este año no ha estado fina con las previsiones, que le salían mejor cuando todo era incrementalista e iban las cosas bien. Los modelos matemáticos crujen en los cambios de tendencia y la noche les confunde.

Lo que también transparentó Luis Atienza es una cierta ansiedad por dar buenos datos, por proporcionar un brote verde, un atisbo de recuperación. Recogió el «talante optimista», el optimismo antropológico, que tanto caracterizaba al presidente del gobierno hasta hace un mes y que ha cambiado radicalmente, en un movimiento pendular, en los últimos días tras su baño de realidad. El hecho es que cerrar 2010 con un 2,5% de crecimiento, tras la fuerte caída de 2009 no es un dato tampoco especialmente halagüeño, aunque menos es nada. Segunda moraleja: a Luis Atienza le pilla con el pie cambiado el nuevo avatar de Zapatero.

Justo una semana más tarde, en la conferencia-desayuno de Fórum Nueva Energía, Antonio Llardén, presidente de Enagás, TSO del gas (gestor técnico del sistema y operador de transporte), sobrio, con muchos menores aspavientos y mayores signos de moderación y prudencia, anticipó que la demanda de gas todavía caería en 2010 y tendría un leve repunte en 2011. Sin signo de delectación ni recreo en el dato.

Parece claro que los datos de la demanda de energía no son inocuos y habría que tener en cuenta las expectativas e inconsciente colectivo que se genera alrededor de estas predicciones. Lo que es cierto a la vista de estas dos formas de contarlo comprendemos que hay dos modelos diferentes de ver la realidad y de interpretarla.