Detrás de cada eufemismo hay un tabú indeseable y, por tanto, impronunciable.

Ayer conocíamos que el Acuerdo Social y Económico (ASE) en su presentación pública, ha pretendido emular los míticos Acuerdos de la Moncloa. El documento está siendo criticado por su inconcreción en los apartados complementarios al del cambio en el sistema de jubilación. Así, el Documento del Acuerdo está centrado fundamentalmente en la reforma de las pensiones y contiene un apartado dedicado a la energía, cuya parte positiva es la inclusión en la agenda pública de la cuestión energética, fijando la atención de las fuerzas políticas, de los agentes sociales y, por ende, de la sociedad en esta cuestión. Realmente, viene reclamándose desde hace tiempo y se han producido distintos intentos de un pacto energético para resolver la situación actual y los problemas energéticos del país. Por tanto, promover un acuerdo en este terreno es una necesidad política y económica.

Ciertamente, cabe preguntarse si los mecanismos que propone este documento para que se produzca un acuerdo son los adecuados para no interferir desde postulados políticos o ideológicos en una cuestión que requiere decisiones de un fuerte componente técnico y económico.
Pasando al contenido del documento en materia de energía, hay que evidenciar notables carencias para situar el escenario y terreno en el que se debe producir el acuerdo, identificando los problemas reales y las líneas que orienten la solución de los problemas, la definición de la política energética y la gestión de las medidas que surjan del mismo. Así, el texto, en el ámbito energético, es un ejercicio vacío y, probablemente, peor que cosmético, suavizado, edulcorado o bienintencionado. El documento no aborda, y por tanto, elude y oculta los problemas energéticos del país y, para ello, opta por acudir a lugares comunes, a la retórica, a ejercicios discursivos propios de marketing político (desde la seguridad de suministro, las economías emergentes y todos los elementos que conforman esa larga introducción). En definitiva, el documento contiene buen número de eufemismos y elipses, para no identificar los problemas y afrontarlos con decisión.

Por eso es paradójico que en el documento no haya una sola alusión al problema energético más importante de nuestro país: el grave y galopante problema del déficit tarifario. Un problema que va a condicionar toda la política energética y que no está tratado ni siquiera por la vía del subterfugio, dadas las implicaciones económicas y financieras del mismo. Y eso que hoy ya no es un problema sólo y exclusivamente del sector eléctrico o energético. Es un problema para el conjunto de la economía y para la sociedad. El problema del déficit es una pesada y voluminosa carga, que obligará a que los consumidores durante muchos años tengan que pagar el consumo futuro y presente de cada momento, junto con el consumo pasado aplazado o endeudado. Existen ejemplos de reconocimiento político e institucional de la gravedad de este problema: en su momento, la Subcomisión de Energía del Congreso recogió, con elegancia, entre sus conclusiones el déficit tarifario como un grave problema regulatorio.

El segundo problema que no aparece en el documento y está derivado y relacionado con el anterior es la evolución de tarifa eléctrica y sus componentes. No se puede desviar la atención de una situación dual a la que estamos llegando derivada de la política de precios y generación de déficit: si bien los precios en el mercado de generación son de los más bajos de Europa, los componentes regulados (primas, retribuciones de actividades y deuda antigua) de la tarifa han ido engrosando de forma que la tarifa que se está empezando a cobrar a los consumidores, está subiendo y escalando posiciones en este ranking europeo. Pero es que el horizonte es incierto: la evolución de los precios del petróleo está en ascenso, cierto contagio a los precios de las energías primarias por la inestabilidad geoestratégica y una previsible cierta reactivación de la demanda (hay que recordar que los precios de la energía están en niveles mínimos en series históricas). Así, el problema es más grave, si se converge la tendencia a la subida de precios, la acumulación de deuda antigua, con las señales escasa capacidad y voluntad política para abordarlo que evidencia una laxitud como la que contiene este documento en este terreno. Un solo dato: con la subida de precios del mes de enero, que tampoco ha servido para reducir el déficit tarifario, se ha formado una revuelta política que ha llevado al Ministro de Industria a abjurar de futuras subidas de precios.

Por añadir elementos que señalan la importancia de la cuestión, mañana estará la Canciller alemana Angela Merkel en Madrid y es sabido el interés de Alemania y de sus entidades financieras por la evolución de la deuda pública, incluyendo la asimilada figura y necesaria colocación del déficit tarifario y cuyo montante se cifra en 20.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta, además, que se nos han solicitado garantías de que se van a hacer los esfuerzos necesarios para su reconducción futura. Cualquiera que conoce el tema del déficit tarifario y comprende su naturaleza económica no sale de su asombro: la creación de una hipoteca futura económica para un consumo presente. Por eso la pregunta, si ella o alguno de los ministros que le acompañan lee la parte energética de este documento, es: ¿qué podrá pensar?

Por otra parte, lo más concreto del documento, la alusión a una nueva política de desarrollo de energías renovables, tras su impulso descontrolado, se salda con una apelación ambigua al desarrollo de estas tecnologías (¿quizá está expresado de una manera eufemística para que se «internacionalicen»?). En todo caso, es necesario que dentro de esas líneas, figure que se inscriba la política de renovables en el marco de la política energética, dentro del sistema eléctrico, abordando en profundidad la necesidad de una moratoria fotovoltaica y termosolar.

Se podían hacer otras críticas parciales y puntuales a este documento, pero son de menor calibre. El problema del «mix energético» en este contexto, con la caída de la demanda (con ligeras diferencias entre las distintas estimaciones conocidas), con la potencia instalada actual y pendiente de poner en funcionamiento, en los próximos cinco años, es un falso problema, casi un ejercicio de salón. Más bien, es un dato de partida, una constante en la ecuación (y en este sentido, el cierre de Garoña sigue siendo una aberración económica).

Además se puede constatar la existencia de otros errores conceptuales, como considerar energías finales a las energías renovables, la inclusión en el pacto de cuestiones en las que sólo podemos cumplir la mitad de las mismas con nuestra voluntad y acción de gobierno (la interconexión con Francia), la remisión al grupo de nombre ampuloso de las decisiones políticas pendientes sobre residuos nucleares (léase el emplazamiento del Almacén Temporal Centralizado), el enésimo anuncio de una Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética, la apelación providencialista a las posibilidades de ahorro de las redes inteligentes o el anuncio de tarifas supervalle, después de haber vuelto atrás con la tarifa nocturna.

En resumen, el documento en el ámbito energético no proporciona un marco realista de la situación, políticas y reformas a abordar. Su exposición es atemporal, no contiene un diagnóstico, no recoge los problemas graves y fundamentales, ni los retos que nuestra sociedad requiere, ni las líneas que exigen los esfuerzos para superarlos. Resulta un ejercicio inexpresivo e intransitivo, procedente más del marketing político. Algo que empieza a ser moneda común en nuestro país, formulaciones etéreas, retóricas o políticamente correctas e insípidas que no se corresponden con la profundidad y exigencias de los problemas. Y, lo que es peor, refleja a una sociedad con resistencias psicológicas a abordar la realidad, con unas clases dirigentes y agentes políticos y sociales que no quieren enfrentarse a los problemas, mirando a los ojos a la situación actual del sector.

Esta semana, las asociaciones de consumidores informaban de que la subida de la electricidad afectaría más a quienes más consumiesen, en la medida que la subida aplicada afecta más a la energía consumida que lo que se denomina el término fijo. De hecho, señalaban que aquellos consumidores que no tuviesen consumo no verían subidas en sus recibos, al quedar el término fijo invariable.

Con ello, querían poner el acento en que la subida media del 9% de principio de año, realmente es eso, una media. Señalan que sería del 0% para aquellos consumidores que no consumen nada y para los que están sujetos al bono social (que se mantienen aislados de esta subida tras el Real Decreto Ley), y la subida sería más alta, pues, para quienes hacen un uso más intensivo de la electricidad en su hogar: puede ser de dos puntos más que esa media, es decir, llegaría al 11% en el caso de los consumidores con niveles altos de consumo de electricidad o del 13 % para aquéllos que tienen la modalidad de discriminación horaria.

Por tanto, las organizaciones advierten que esta subida tendrá mayor efecto sobre consumidores que, por ejemplo, utilicen la electricidad para la climatización de sus viviendas. Algo que parece lógico, razonable, coherente, congruente cuando el Gobierno ha optado por no elevar los costes regulados para reducir el déficit tarifario. El hecho de que las subidas de la electricidad, por otra parte, incidan más sobre quien más consume, también tiene su lógica desde las políticas de ahorro energético.

Hay que recordar que la tarifa eléctrica ha venido siendo engañosa hasta el momento por la vía del control administrativo de precios y el intervencionismo: al no recoger todos los componentes del suministro (generar déficit tarifario) ha provocado que muchas personas y consumidores tomen decisiones de consumo o de inversión en equipos, poco razonables de conocer los precios reales de la misma. La alteración de los precios reales, su enmascaramiento, tiene efectos sobre los consumidores actuales y, sobre todo, sobre los consumidores futuros.

Por tanto, es valorable positivamente que desde las Asociaciones de Consumidores se conciencie del buen uso de la electricidad, se hagan conscientes a los usuarios de su coste real y del efecto diferenciado según los comportamientos de los mismos y sus hábitos de consumo, de forma que se trate como un suministro más.

Es una postura inteligente que no debe caer en cuatro tentaciones pasadas con un sentido de trascendencia política e ideológica: una, la negación de la existencia y funcionamiento del mercado de la electricidad (hoy tenemos los precios en el mercado de generación más bajos de Europa); dos, la abstracción de la realidad de que con esos precios tan bajos en generación la tarifa empieza a escalar en la clasificación de tarifas en Europa por los costes regulados, la deuda pendiente y, hasta el momento, desde estos colectivos no hay postura al respecto; tres, la generación de una turbamulta que abogue finalmente por la intervención de precios para hacer inconscientes a los usuarios del precio de la electricidad; y cuatro, la intención de ejercer de antídoto previo, de tener la cuestión en el ‘candelabro’, ante la necesidad e inminencia de adecuar los precios eléctricos a sus costes totales. Lo que llevará a que sean necesarias nuevas subidas de los precios de la electricidad, dado el embalsamiento realizado en años de bonanza, cuestión que no será pacífica.

Por eso, hay que saludar estas iniciativas: con un trabajo activo y vigoroso de asesoramiento, explicación y concienciación ciudadana desde las Asociaciones de Consumidores, se puede conseguir mucho más para la sociedad y para los propios consumidores, que ejerciendo de palanca para elevar el coste político de las subidas de la electricidad del Gobierno que lo tenga que acometer.

Decía Pere Estupinya (químico, bioquímico, responsable de comunicación de los Institutos Nacionales de Salud de EE. UU., periodista científico en el MIT y guionista del programa que conduce Eduard Punset en «La 2», Redes), en La contra de La Vanguardia del pasado sábado que el cerebro rellena «huecos de información con expectativas».

Es lo que sucede, por ejemplo, cuando conocemos a alguien y, dependiendo de si nos cae bien o mal, completamos los datos que conocemos de él, con apreciaciones e incluso con fabulaciones que contienen informaciones más allá de lo realmente conocido. De hecho, hablamos sobre ese recién conocido y «completamos» más cosas de las que realmente sabemos de él, producto de nuestros propios mecanismos mentales.

Todo ello viene a cuenta del tratamiento informativo que se viene produciendo en torno al nombramiento del nuevo Secretario de Estado de Energía. Así, el sábado, el periódico «El País» trataba dos cuestiones diferentes en su crónica «La Abogacía del Estado contra el Secretario de Estado»: una relativa a los posibles supuestos conflictos de interés en los que podría incurrir Fabrizio Hernandez y otra, respecto a la controversia respecto de la valoración por el lucro cesante derivado de la decisión de cerrar la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo informe fue solicitado por su empresa propietaria, Nuclenor a la consultora Nera Consulting y que fue realizado por el director de la misma Oscar Arnedillo y, el entonces consultor de la firma, Fabrizio Hernández, ahora Secretario de Estado.

Referidos a la primera cuestión, leíamos en la citada crónica lo siguiente: «Fabrizio Hernández tomó posesión el 10 de enero en Industria como secretario de Estado de Energía. Antes, desde Nera Consulting, asesoró a Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Enel, Repsol, Galp, Exxon, según el currículum enviado a la Audiencia. La Ley de Conflicto de Intereses, de 2006, le obliga a inhibirse en los asuntos que afecten a empresas que asesoró los dos años previos, casi todo el sector».

A la vista de esta construcción, habría que explicar realmente, y con mayor precisión, el alcance de lo que suponen los posibles y supuestos conflictos de interés para el nuevo Secretario de Estado, Fabrizio Hernández y para cualquier otro cargo de la administración. La información publicada parece sugerir que Hernández, casi tendría que inhibirse en su nuevo cargo de una forma muy inespecífica, cuando en realidad esa inhibición alcanza exclusivamente a eventuales conflictos y arbitrajes que se pudieran producir, relativos a los temas concretos en los que ha participado en su trayectoria profesional anterior de los últimos dos años y siempre que sigan las empresas presentes en esos temas.

Ni más, ni menos, porque formulado así, de forma tan laxa y ambigua, puede llegar a parecer que lo que está siendo cuestionada es la capacidad futura del Secretario de Estado, produciéndose una extensión, un relleno de información con expectativas: las de todos los que han desatado una persecución contra este nombramiento del Gobierno por provenir del sector privado y por no participar de postulados retroprogresivos o antimercado. Es más, esta ofensiva por el nombramiento de Hernández, proviene porque el recién nombrado es un experto internacional en mercados energéticos y concretamente del sector del gas. Por tanto, cabría sugerir que el titular de la noticia debería haber sido «La Abogacía del Estado contra el ex consultor»: lo que pasa es que así (que es más correcto) tendría mucho menos morbo. Dejemos, por tanto, actuar y trabajar con diligencia y libertad al nuevo Secretario de Estado, porque imagínense lo que podría haber pasado si se hubiese nombrado a alguien proveniente de Red Eléctrica de España.

Y luego está la segunda cuestión, deliberadamente mezclada, relativa a la controversia sobre el lucro cesante por la decisión del Gobierno del cierre de Garoña, que es un tema completamente diferente. A parte del legítimo papel de las partes: empresas por un lado y abogacía del Estado por otro, en el proceso de valoración del mismo (y qué es lo que deben decidir los tribunales), parece lógico que en el proceso de discusión, se cuestionen las estimaciones de demanda utilizadas en los peritajes por las partes (que desde que se produjo la decisión han ido cayendo en picado por efecto de la crisis; sólo hay que ver cómo empezaron las predicciones de REE este año y cómo han terminado) y también en lo que se refiere a los costes variables (que según la abogacía del Estado crecen conforme aumenta la vida útil de la instalación tomando como analogía el caso de Oyster Creek, gemela de Garoña).

Mira por donde, una lectura derivada se puede hacer de este cruce argumental y lo interesante que puede llegar a ser el que se produzcan estas carambolas: la Abogacía del Estado deja sin argumentos al colectivo retroprogresivo y el Tea Party de la energía en España, experto en la agitación y que niega el plan contable, las amortizaciones y los costes variables en las centrales nucleares para proponer la abolición del mercado eléctrico. Como se puede ver, esta forma de argumentar en el sector energético empieza a producir sus propios bumeranes y, en este caso, chafa las expectativas.

Queda la reflexión sobre el hecho de combinar estas dos cuestiones, unidas temporal y argumentalmente, así como de estirar y magnificar mediante la posición de escándalo y emotivismo, para que el lector este impelido a fabular. En suma, todo un ejercicio de relleno de información con expectativas.

Hay que reconocer, no obstante, que en la mayoría de periodistas de energía del Grupo Prisa se pueden encontrar «trazos» (más abundantes en algunos casos, eso sí) de esta tendencia. El periodista también se ha hecho el representante oficial de esta corriente y ha iniciado un seriado en los distintos medios de comunicación en los que interviene (los diarios «El País» y «Cinco Días» y las tertulias nocturnas de la «Cadena Ser«, principalmente) además, de forma apasionada y vehemente. La semana pasada, de hecho, tuvimos sendos artículos en estos dos medios e intervención «ex catedra». Lo que está claro es que es un tema recurrente para el articulista y, como se dice ahora, «le pone», lo cual hay que reconocer que es poco frecuente en la prensa española.

En resumidas cuentas, si recordamos los postulados retroprogresivos, éstos se basan en cortocircuitar la eficiencia del mercado en su conjunto, buscando seccionar el mismo por tecnologías, estableciendo una regulación que fije la retribución mediante un beneficio regulado sobre los «costes reconocidos», de forma que no sea el mercado quien conmine a las empresas a ser eficientes. Las tecnologías «buenas» se trajinarían a la Administración colocándole los costes de generación, los costes de la burocracia que generasen, más un beneficio regulado y no tendrían porqué competir, dado que además son un Ente supremo (léase por ejemplo REE, diría cuando genera cada uno). El mejor de los mundos posibles o el franquismo, donde todo era seguro y feliz.

Para ello, tratan de evidenciar diferencias entre el precio del mercado surgido por la tensión entre oferta y demanda y los costes por tecnología (incluyendo el doble salto mortal de la falsificación de la contabilidad financiera, abstrayendo conceptos como «amortización» o «inmovilizado» que supondrían un bochorno para cualquiera de nuestros estudiantes de las Facultades de Económicas). En su formulación, hay tecnologías buenas y malas, a las que gravar y a las que primar. Tecnologías que en el mercado «ganan» mucho (y no tecnologías que llegan al borde de la rentabilidad). Lo que pasa es que esa es la esencia del mercado de un suministro indiferenciado como es la energía eléctrica. Y para hacer este tipo de trabajos, el estilo más adecuado es el periodístico-literario de Miguel Ángel Aguilar: muy bien construido, combinando indirectas sobre insinuaciones encadenadas, aprovechamiento de datos parciales, contextualizando hechos aislados de forma envenenada con sugerencias de matiz incendiario que sería necesario matizar, estudiar y comparar. Por tanto, los representantes de este sector de la energía han encontrado a alguien idóneo para esta operación y generar munición de grano gordo.

Realmente a este colectivo no les interesa que el precio de la energía en el mercado de generación sea más bajo en España que en Europa (han perdido un argumento) y que los costes regulados sean una parte creciente de la factura de los ciudadanos. Su obsesión es la justicia redistributiva tecnológica y la intervención en los precios finales. Y es que el precio de la energía en el mercado de la generación es bajo en España, porque hay competencia entre tecnologías y, en conjunto, hay exceso de oferta por abundancia de tecnologías, por lo que ha caído la demanda. Por tanto, los mecanismos de mercado básicos funcionan a la perfección. De hecho, los precios que están sirviendo de base para el cálculo de la tarifa en generación eran mucho más altos hace solamente un año. Luego, el problema del precio de la electricidad para el consumidor está en otro sitio: deuda pendiente de pago, costes regulados y primas a las renovables e intervenciones sucesivas. Por tanto, cualquier argumento que sirva para desviar la atención, para desviar de los verdaderos problemas es altamente demagógico, con riesgos sobre la liberalización, la inversión y los mercados. Nunca, realmente, en un país europeo occidental se pudo hablar tanto contra un mercado o contra la normativa europea y con tanto desparpajo e impunidad como en nuestro país, tal y como están floreciendo estos argumentos tras la no elevación de la tarifa eléctrica. ¿Quién dijo que la electricidad debía subir un 2% o el equivalente al IPC? ¿Quién contuvo los costes energéticos a la sociedad española, sino también en su momento el dictador, por motivos demagógicos?

Tras la decisión de elevación insuficiente del precio de la electricidad, la ofensiva mediática se ha recrudecido desde los sectores retroprogresivos y lo que viene en los próximos trimestres (¿quién aguanta este cortoplacismo?), promete ser duro. El anterior Secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, parece que se ha ido, llevándose las culpas de la subida indeseada. Atentos.

El pasado jueves el diario Expansión publicaba unas declaraciones tipo panzer, fuertemente agresivas, incendiarias y sin fundamentos, ni datos del Presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, hacia el mercado eléctrico, introduciendo un fuerte cuestionamiento al mismo.

El presidente de la Comisión Nacional de Competencia Luis Berenguer se ha convertido, con sus declaraciones, en la cabeza visible el movimiento retroprogresivo de la energía: colectivo que niega el mercado, reniega del déficit tarifario y de la necesidad de subir las tarifas, promueve la intervención en el sector eléctrico, es favorable a la discrecionalidad administrativa discrecional (la discrecionalidad regulatoria y los rejonazos solucionan el déficit y lo que se ponga por delante), considera a las empresas un brazo ejecutor, un instrumento al servicio de la planificación, la gestionabilidad y decisiones públicas, incorpora prejuicios respecto de los datos económicos y financieros del sector haciendo una lectura apócrifa de las amortizaciones y las inversiones, para acabar pidiendo un modelo de retribución por tecnologías a modo del Marco Legal Estable, buscando romper con el mercado eléctrico, en aras de un concepto esotérico de eficiencia planificada regulando los ingresos por tecnologías.

Ello es posible porque los miembros de este colectivo están silentes, apostados en distintas posiciones dentro de los aparatos institucionales y empresariales de la energía, mientras que, en sentido contrario, Berenguer tiene acceso a la alcachofa y utiliza su tribuna de forma pública aprovechando el micrófono abierto, gestionando sus influencias (y también mediatizado por ellas) y, por qué no decirlo, merced a su aspiración al prolongarse en el cargo, cuando no, además, de la absorción de los órganos reguladores sectoriales en su seno e incremento de su preceptiva cuota de pantalla.

Por ejemplo, hay varios consejeros de la CNE adscritos intelectualmente a esta tendencia, que no hacen declaraciones directamente, de forma que trabajan en la sombra y elaboran opúsculos que cuelan como doctrina ex cátedra del organismo (por ejemplo, el Informe sobre Costes y Precios o las morcillas ideológicas que introducen en cada informe de tarifas o directamente en las notas de prensa del organismo cada vez que se tratan estos temas).

Otros elementos intelectuales dentro del dicasterio energético pertenecientes a este colectivo y con estas ideas asimiladas están amparados o recogidos en el seno de Red Eléctrica de España (REE). Y finalmente queda algún entrañable jubilata que escribe de vez en cuando apostillando tesis retroprogresivas en los medios de comunicación más conspicuos. Eso, más la hija de un Consejero de la Comisión Nacional de Energía, que como buen vástago, prolonga la estirpe, la tradición familiar y estos argumentos en el tiempo unido a los amparos contractuales de los trabajos encargados por este organismo.

Quede claro que en el caso de la energía, Berenguer habla, no por su experiencia, conocimiento o sabiduría en el sector energético, sino por sus expectativas primero y por sus influencias después. Entre los referentes de esta tendencia cercanos a Berenguer, hay que consignar a la consejera del organismo, Pilar Sánchez, ex Red Eléctrica de España (REE) y Jaime González, Consejero de la CNE, hoy vecinos y residentes en la calle Barquillo de Madrid, quienes comparten además de principios ideológicos, pasión furibunda frente al sector privado, atavismos ideológicos antiempresariales y, además, de vez en cuando desayunos con churros y porras.

Consecuentemente, Luis Berenguer, presidente de la Comisión Nacional de Competencia ha hablado trasplantando directamente, estos argumentos del segmento retroprogresivo de la energía negacionista del mercado eléctrico, fuertemente anticompetitivos y antimercado. La primera reflexión a hacer es cómo la CNE que debería ser garante del mercado y su liberalización se dedica a proferir documentos contrarios al mismo. Y cómo el presidente de la CNC también habla contra el mercado eléctrico pidiendo modelos que retribuyan un bien indiferenciado por mecanismos retributivos no competitivos. ¿No es esto una contradicción in términis? ¿No es el mundo al revés?

¿Y por qué lo ha dicho? En primer lugar, porque se ha ofrecido para ‘ocuparse’ de crear una emulsión suficiente para provocar involución competitiva en el mercado eléctrico. Además, se viene autopostulando indisimuladamente para dirigir un macroorganismo regulador que integre Comisión Nacional de Energía (desaparecida, ausente y fuera de combate de los principales debates y problemas presentes del sector energético), Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones y Comisión Nacional de Servicios Postales. Berenguer vuelve a la carga con esta pretensión con un argumento policial: vigilar la regulación ex ante. Y, todo ello, tras no haber conseguido convencer a su mentor, el alicantino Pedro Solbes, ex vicepresidente económico del gobierno y ministro de economía.

¿Cuándo lo ha dicho? Lo dice en un momento en que se va producir la primera subida sustancial de tarifas eléctricas (eso no quiere decir que la subida aprobada, necesaria, sea útil para reducir el déficit tarifario). También lo dijo en la mañana en que se iba a producir la aprobación del decreto de navidad en que se incorporaba a las generadoras la tasa por el uso de la red de distribución, se prolongaba el bono social (a cargo de las eléctricas) y se elevaba el techo del déficit tarifario para 2010, 2011 y 2012. Y, como tercer hito temporal, y probablemente el más determinante, también lo ha dicho en el comienzo del fin, en las vísperas de que también le caduque el cargo, por lo que es previsible que su campaña para pescar en rio revuelto no cese, con temas jugosos y como se dice en los medios de comunicación “de rabiosa actualidad”.

Mañana abordaremos en profundidad el contenido de estas declaraciones y su desapego de las propias actuaciones de la Comisión Nacional de Competencia como institución: no hay procesos abiertos frente al mercado mayorista de la electricidad y tenemos los precios más bajos de Europa en generación. Pero eso, es harina de otro costal. Continuará.