En relación con la situación que se va a dar en el Congreso, se cuenta una anécdota en la que ujieres y funcionarios de la Cámara aluden a los nuevos representantes elegidos en cada legislatura como «estos interinos». Pues bien, si esto se produce con respecto a los diputados, elegidos cada cuatro años, el caso del nuevo Consejo de la CNE, fruto de una posición intransigente de Industria de cara a una negociación real, en lugar de propiciar un rigodón con el Partido Popular, esta provisionalidad será de aurora boreal. ¿Qué dirán de ellos al verles pasar?

Por ello, han sido particularmente relevantes los insuficientes esfuerzos transmitidos para dar consistencia al «target» resultante, que evidencia un mix de nombres de circunstancias, a la vista de la amenaza de remoción que pende de los seleccionados. Por tanto, habrá que leer con atención el contenido de la comparecencia y también de las posiciones de los grupos parlamentarios, pero la decisión del Ejecutivo de una renovación a la búlgara es y será, a la larga, suicida, no sólo para los llamados, sino también para el propio organismo y la credibilidad de los organismos reguladores.

De hecho, este domingo se podía leer en el diario El País, en referencia a la parálisis institucional en la renovación del Tribunal Constitucional, y la de otros órganos del Estado, como es el caso de los organismos reguladores de energía y de telecomunicaciones (CNE y CMT), este acuerdo, tras la Ley de Economía Sostenible, no era necesario. Y, seguramente, en términos puramente leguleyos y de mayorías parlamentarias no lo es, pero en términos de credibilidad para los sectores y mercados, de capacidad y de respeto institucional, sí que hubiera sido deseable una visión menos cicatera y más a las alturas del campeonato en que estamos del estado institucional.

Desde los esfuerzos para reforzar los currículos de los «nominados», para hacer público el Máster en Regulación Energética por el Instituto Universitario Europeo de Florencia del actual Jefe de Gabinete de la Presidenta del Organismo, Joan Batalla, al guiño a la autonomía energética de Girona y sus comarcas que defiende el alcalde y ex candidato al senado por CiU Josep María Guinart, se ha perfilado un «nuevo» Consejo de Administración de la CNE, que tendrá enfrente el reto de recuperar la credibilidad regulatoria del organismo y que queda a los pies de las presiones internas y externas por su falta de peso y prestigio. Del mismo modo, la propuesta de presidente, a favor de Alberto Lafuente, actual presidente de Correos, y un hombre de partido y carné, tampoco concita un refrendo más amplio que el de la geometría variable parlamentaria. Por tanto, una renovación más cerca de partido, que política. Y mucho menos técnica.

De hecho, hasta la inclusión de Marina Serrano, el perfil con una trayectoria más solvente, puede llegar a percibirse como un ejercicio de tacticismo, de fijación de exclusas para evitar el tsunami posterior, anunciado por el principal partido de la oposición para después de las elecciones generales, hoy con visos cada vez mayores de que se anticipen.

Por tanto es una renovación «en las rebajas» de verano, en el «prêt a porter». Para interinos.

De la composición resultante de este organismo, tras esta propuesta y su consiguiente furor mediático, caben varias enseñanzas: la primera, y principal, es que la evolución de los órganos reguladores enfila un tobogán de descenso alarmante hasta llegar a un punto de no retorno, que es fruto de la falta de cultura democrática, política, económica e institucional del país y de sus administradores. De hecho, cultura democrática y política no se deben confundir con votocracia y el tacticismo partidista, como en primera instancia podría describirse en una igualdad perversa. La tentación es hacer extensiva la idea de que la «política» sirve, como un ejercicio administración de las transacciones y ejercicio de las mayorías, como una acción volitiva amparada en la geometría variable, para la ocupación institucional.

Se presumía mayor altura de miras para un proceso relevante para un sector tan importante como el energético. Del mismo modo, la cultura económica pasa por una concepción moderna de los mercados, los sectores económicos y el mundo empresarial (no existe un país en el mundo occidental cuya clase política se permita el lujo de revivir discusiones ideológicas de mayo del 68, con argumentos ideológicos de esa época, a cada uno de los lados del cuadrilátero, salvo en el nuestro). Del mismo modo, también acaba con la idea de que un voluntarismo plasmado en una norma (La ley de Economía Sostenible) es suficiente para reformar esa ausencia de cultura política, de institucionalización y de configuración de un proyecto cuyo punto de partida sean principios comunes y objetivos compartidos.

Una causa, y a la vez lectura de lo acontecido, es que la amenaza del Partido Popular de remoción de los nombrados no ha caído en vano; es más, ha sido altamente efectiva, de forma que los perfiles de mayor rigor y prestigio se han alejado de la convocatoria. Consecuencias de este posicionamiento: la ausencia de un perfil profesional y regulatorio medio concordante con la relevancia del organismo, rozando el nihilismo.

De hecho, este nuevo consejo de administración de la CNE resultante de la aplicación de la Ley de Economía sostenible tiene un gran peso muerto de cemento armado a sus pies y ha sido arrojado al fondo del río. Su interinidad declarada a futuro, su fecha de caducidad, la facilidad con la que el PP, con una mayoría suficiente o absoluta, puede desmantelar esta «nueva» CNE sin grandes costes en términos de torrefacción de haber dado finiquito a un conjunto de expertos independientes de prestigio, la hacen carne de cañón. Y, es más, tras la primera expedición del Partido Popular hace unos años, que consistió en la liquidación de la Comisión Nacional del Sistema Eléctrico ¡con Miguel Ángel Fernández Ordóñez a la cabeza!, esto será una operación asimilable a la recuperación del islote de Perejil.

Por eso, una operación de renovación efectuada de forma tan chapucera en lo político, anticipa derivas y naufragios. El falso acuerdo pedido por el Ejecutivo ha pasado a las ciertas advertencias del principal partido de la oposición, que ha visto escamoteadas las propuestas de negociación, por la medianía de una solicitud de una aportación vergonzante de candidatos. Tendremos que esperar a ver la reacción del Partido Popular respecto de este último movimiento, que seguramente se podrá seguir durante la comparecencia de los propuestos, pero tiene toda la pinta de que consistirá en poner dos velas negras.

Aún caliente la noticia en las agencias, los nombres son los de Marina Serrano, actual Secretaria del Consejo, Joan Batalla (jefe de Gabinete de la actual presidenta), María Teresa Baquedano, actual Subdirectora de Energía Eléctrica (y que recientemente sustituyó a Eduardo Ramos) y Josep María Guinart, alcalde de L’Escala (población de menos de 2.000 habitantes, propuesto por CiU). Se unen, así, a los nombres de Idoia Zenarruzabeitia (designada por el PNV), de Tomás Gómez San Román y de Alberto Lafuente, ya propuesto para Presidente hace unas semanas. Parece que aquí finaliza este serial, más allá de la comparecencia, y varías lecturas son las que se pueden derivar de la composición final del Consejo de Administración resultante.

Si, en principio, el formato de la propuesta no es sorpresivo «per se», en la medida que era esperable un Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía configurado de forma unilateral por el Gobierno, sí es sorpresiva su alineación final que con calzador se ha tratado de comunicar esforzadamente como «técnica». Sin embargo, el nivel de conocimiento y experiencia en cuestiones regulatorias y sectoriales en términos de mercados, jurídicos, económicos y técnicos del Consejo resultante es para situar en observación, si exceptuamos el nivel jurídico como abogada del Estado de Marina Serrano y el conocimiento en redes de Tomás Gómez San Román. En todo caso, como hombre y mujer fuerte del nuevo Consejo, quedan respectivamente Alberto Lafuente (con apoyos políticos de partido y candidato a presidente) y la propia Marina Serrano (el perfil más solvente del target por su experiencia en el sector energético). Tratemos, por otra parte, de aislar el conocimiento en la elaboración normativa de María Teresa Baquedano, en la medida que incluso resulta contradictorio con el propio papel de contrapunto que debe tener el regulador independiente respecto al propio Ministerio.

De hecho, la propuesta de Consejo de Administración finalmente se ha establecido puramente en términos políticos, con el fin de garantizarse en cada fase el apoyo parlamentario suficiente a los candidatos propuestos por el Ejecutivo en cada hornada (fundamentalmente por Sebastián). De hecho, el gesto de colocar a Marina Serrano se interpreta a la vez como un intento para tender algún puente hacia el Partido Popular a fin de evitar un tsunami posterior, asegurar la relación con el cuerpo de Abogados del Estado, así como para tratar de dar consistencia y «background» a este Consejo de Administración CNE, dando una cierta continuidad con el equipo anterior.

En todo caso, no se conjura, sino que se acentúa uno de los principales problemas, que previsiblemente derivará en el aborto de esta nueva conformación: la ausencia de negociación factual entre Gobierno y Partido Popular. De hecho, el Partido Popular ya ha advertido de que modificará el sistema de elección y nombramiento, que remocionará este Consejo de Administración y se habla, incluso, de la integración de CNE y CMT a futuro. Lo cierto es que el enfado y malestar en las filas populares con esta pseudonegociación es indisimulado, además de con los intentos del Ejecutivo de culpabilizar a los populares de la supuesta falta de acuerdo. De hecho, la designación de Alberto Lafuente, militante socialista, complica aún más una solución pacífica tras las próximas elecciones generales.

El hecho es que la pretensión de Sebastián (un acuerdo retórico, sin negociación, mediante asentimiento de los populares) era claramente insuficiente y tramposo. Las informaciones ayer conocidas hablaban vagamente de una reunión «hace semanas» entre Sebastián y el Partido Popular más que de un proceso de negociación. Otras fuentes se preguntan si realmente a eso se le llama proceso negociador, cuando no se llega a un consenso sobre la figura del presidente, se coloca a un hombre «de partido» al frente y se requiere aportar dos nombres y dar un cheque en blanco al Gobierno.

Por tanto, hemos pasado de un Consejo de Administración que tenía componentes ideológicos y esperpénticos a un Consejo acomodaticio para Industria, condenado a recibir su tiro de gracia. Ni profesional, ni técnico, ni político, sino todo lo contrario. El problema, en todo caso, no es político, u orientado a procurar una composición afín. El problema es de credibilidad de los reguladores independientes, de las instituciones económicas y para los mercados financieros. Cuesta ver a este Consejo, con esta composición, abordando de forma solvente una operación corporativa como a las que hemos asistido en la pasada temporada, entre otras cuestiones. Parece que lo establecido en la Ley de Economía Sostenible en lo que se refiere a órganos reguladores se ha burlado nuevamente. Ya estamos otra vez.

En primer lugar, y como telón de fondo, la crisis económica que se refleja en que la demanda de energía, en especial la de electricidad, no remonta. A la par, sigue el crecimiento, mes tras mes, de la generación mediante tecnologías renovables, produciéndose un estrechamiento del hueco térmico, lo que lleva a una situación depresiva de la utilización de los ciclos combinados en un escenario en el que, cada vez más lo que se denominaba régimen especial pasa a ser el régimen general y al revés. Por tanto, que se inviertan las tornas.

Asistimos así a dos realidades paralelas, una calma tensa, quietud en la negociación y parada en los sectores de las energías renovables de cara a la renovación de marco regulatorio y retributivo (tramitación del PANER incluida). Y, de otra parte, en ciernes también, la necesidad de cerrar el hasta ahora incompleto sistema de pagos por capacidad para tener mecanismos de garantía en la generación. En el ámbito también de la generación, el debate nuclear pseudoabierto condicionado por Angela Merkel y su sobrerreacción tras la crisis de Fukushima y todos atentos para ver si la ola del cuestionamiento de lo nuclear, cae en beneficio del resto de tecnologías.

En lo que se refiere a los precios internacionales, se ha producido una cierta moderación en los precios del petróleo, que lleva a que las medidas de excepción tomadas por el gobierno se revoquen. Merced a este cierto alivio, Sebastián pierde la partida ante Rubalcaba de los 120 frente a los 110. Por su parte, los precios del gas en el mercado internacional, aunque hay un cierto repunte de la demanda, no suben salvo en Asia por la demanda de Japón, cuyo suministro proviene de Indonesia y Malasia. Las nuevas fuentes de producción de gas en Estados Unidos han aumentado notablemente la oferta de este hidrocarburo y en el denominado «mundo occidental» ese aumento de demanda es muy débil.

Por su parte, España 2011, Comunidades Autónomas, con dificultades financieras, que han visto en las energías renovables una fuente de ingresos para sus maltrechas arcas. Solo hay un pequeño problema y es que, el volumen de primas incorporado en las tarifas de acceso, dibuja un futuro difícil para la incorporación de nueva generación, a la vez, que las asimetrías de primas con lo existente van a tener que ser enormes. Por otro lado, desde otras o las mismas, Comunidades Autónomas se amaga con la posibilidad de fijación de tributos medioambientales que no lo son, siendo realmente tributos discrecionales a la generación energía, con un seguro efecto sobre los precios en la generación y la unidad de mercado.

En la misma línea, la transposición del tercer paquete energético fija la posibilidad de recargos autonómicos y locales por mejoras en la distribución y el transporte. Sorpresa en los nuevos gobiernos autonómicos: el Partido Popular de Extremadura abraza casi el chavismo en sus declaraciones públicas y negocia con Izquierda Unida el alineamiento de la Junta de Extremadura para el cierre de la Central Nuclear de Almaraz y recuperar el camino perdido en torno a las energías renovables.

La separación jurídica y funcional del operador de transporte y del sistema eléctrico se ha configurado como principal debate derivado de la transposición del tercer paquete normativo europeo, dada la resistencia a que se produzca esta separación dentro de Red Eléctrica, pese a que, en definitiva después de tanto revuelo, las dos empresas, continuarían en el mismo holding empresarial. Intentos de escarceos en el ámbito de la generación por bombeo también desde el operador de sistema. Atención a Canarias.

En el ámbito institucional, se encuentra el proceso de renovación de la Comisión Nacional de Energía, entre varias encrucijadas: una composición monocolor con amenaza de remoción tras las próximas elecciones generales, merced a un acuerdo de mínimos entre socialistas o nacionalistas, frente a una renovación con visión de Estado, con un acuerdo político más global, que incluya a todas las fuerzas políticas y que no deje al organismo en precario. Por su parte, la Comisión Nacional de Competencia, despendolada, en un ejercicio defensivo de sus funciones, competencias y comportamientos, utilizando como ariete, entre otros, a los distintos sectores energéticos y con problemas de garantías jurídicas en sus expedientes, junto con una percepción distorsionada de lo que es la competencia.

En el ámbito más interno, cada tres meses toca arrebato a la hora de la fijación de las tarifas eléctricas para el siguiente trimestre. La Comisión Nacional de Energía, de cuerpo presente, cuestionando el funcionamiento del mercado eléctrico y las subastas CESUR, con insinuaciones inciertas la semana anterior a la subasta. Vacilaciones desde el Ejecutivo a la hora de reducir el déficit tarifario y elevar las tarifas de acceso.

Desenfoque sobre el peso de cada componente de la tarifa eléctrica: las tarifas de acceso crecen mucho más que el precio de la energía. Los colectivos retroprogresivos centrados en la proporción que supone el precio de la energía para dar más espacio en las tarifas a los componentes regulados por la vía ordenancista. Hoy, veremos, el resultado de las subastas para la determinación del precio de la energía en las tarifas del siguiente semestre y hasta qué punto se puede reducir el déficit tarifario, al mantenerse invariables las tarifas de acceso.

En las operaciones corporativas, las espadas siguen en alto. Atención al primero de julio.

Luis Atienza afirmaba en recientes declaraciones, como recogimos en Energía Diario, que «no existe ninguna ventaja en la separación del operador de transporte y del operador de sistema», mencionando como argumento principal la necesidad de «coordinación» en tiempo real entre operador de transporte y de sistema para la gestión de las energías renovables. Lo cierto es que la posición del operador de transporte y de sistema ha ido evolucionando en lo que se refiere a renovables para convertirse en su gran administrador y ahora en su garante y aliado.

En todo caso, lo que sí parece claro es que este es el tema más candente de la transposición del tercer paquete normativo europeo en materia de energía en nuestro país. Único tema que desata las visiones y los comportamientos más enconados al respecto, en evitación de que la estructura tenga que ser diferenciada y separada jurídicamente y de actividad aunque, eso sí, manteniéndose una única sociedad holding. Es, claramente, un debate de rompe y rasga (nunca mejor dicho) que augura fuertes controversias, presiones y debates durante su tramitación parlamentaria.

Como ya anunciamos, y se está cumpliendo, uno de los ejes argumentales de comunicación política es la existencia de un supuesto conflicto entre REE con el resto de empresas eléctricas (REE también es una empresa eléctrica y también es privada, solo que con ingresos regulados administrativamente), argumento utilizado desde la primera crónica al respecto del diario Cinco Días a la última del diario El País del domingo en el suplemento de negocios. Según esta teoría conspiratoria, las empresas eléctricas serían las responsables de que a la Unión Europea y al Ejecutivo se le hubiera ocurrido la mencionada separación jurídica y de actividad.

En realidad, la preocupación de nuestro TSO, operador de transporte, sistema y monopolio de red y transportista único, debería ser que esta separación proceda de la reacción de los reguladores ante las limitaciones a la capacidad de ejercer sus funciones o la reivindicación de las mismas, de forma que el operador de transporte y sistema se haya convertido en un Gran Hermano del sector eléctrico. Un Gran Hermano que reta, con su ejercicio, las funciones de los reguladores principal e independiente, con capacidad de autorregulación y autofijación de su retribución merced al proceso de planificación energética. Sólo así son explicables las tasas de rentabilidad en un modelo sin riesgo, sufragadas por las tarifas de acceso que pagan los ciudadanos. Por eso busca ser TSO independiente, más allá de que el operador de sistema sea independiente.

Y, de hecho, realmente, la desconexión que se ha producido con la sede del Ministerio en el Paseo de la Castellana, es la preocupación real para Red Eléctrica de España, más allá de un supuesto conflicto con las empresas, exhibido artificialmente, de forma que los controles previos sobre la emisión de la normativa no han funcionado desde el centro de control de la Moraleja.

Pero, es más: también en días pasados el propio Atienza (y también recogido por este medio) ya pedía un sistema eléctrico más robusto. Es decir, pedía más inversiones y más infraestructuras, que se pagan con menos consumo debido a la caída de la demanda. Por tanto, pide más.