Los últimos acontecimientos del sector energético, y más concretamente en el sector eléctrico y petrolífero, no tienen una lectura única, sobre todo desde la perspectiva de la política autonómica en la comunidad canaria, algo de enorme interés para el actual ministro de Industria, Energía y Turismo, que dedica al menos un día de la semana de su apretada agenda al archipiélago.

Uno de los riesgos más relevantes de la andadura en la capital para José Manuel Soria es la propia autonomía de acción del departamento que dirige, Industria, frente a Moncloa y concretamente frente a la Oficina Económica del Presidente. Hasta el momento, la autonomía de Soria en Industria está cuestionada para definir y fijar un modelo propio, una hoja de ruta y una propuesta autónoma para resolver el problema del déficit tarifario.

Dicha propuesta pasa, sin duda, por un proceso de negociación abierto con los operadores que permita ganar legitimidad al ministro Soria y ejercer sus capacidades. Ese es quizá el proceso que, en mayor medida, viene cortocircuitado desde el hogar de Rajoy. Bien es cierto que Soria ha heredado uno de los problemas más graves de la economía española que es el déficit tarifario y de más difícil resolución. Y que los condicionamientos fijados desde la Moncloa en el escenario perjudican notablemente la capacidad de acción del minsitro, además de la indolencia ante los costes sobre la economía española, las empresas, el sector, las instituciones económicas y, sobre todo, la seguridad jurídica y la percepción de los mercados financieros internacionales, en que se ha adentrado la Moncloa, con Nadal a la cabeza, y un modelo de resolución de corte político que ya inquieta a los perfiles más técnicos y económicos del Ejecutivo.

Soria, que ya es consciente del problema, de las limitaciones y de sus implicaciones, vive montado encima del tigre. En ese nudo gordiano, la dificultad de conformar un equipo solvente, potente y contundente con capacidad y peso político es uno de los mayores problemas que tiene el actual ministro y que lastra sus posibilidades, colocando plomo en las alas.

También Soria se resiente, dada esta debilidad, de un conjunto importante de elementos tributarios de la Oficina Económica del Presidente en la Moncloa y del Ministerio de Hacienda. Los artífices de la victoria-derrota andaluza insisten en la medicina, en la influencia en el gobierno y esto puede tener consecuencias letales en la política autonómica. Soria, a su vez, empieza a ser víctima del propio hermetismo impuesto en el proceso de resolución del déficit tarifario. Así, la primera fase para la reducción de los costes de suministro eléctrico, el plan Ponds en 7 días tiene el sello de Moncloa y elementos envenenados para el ministro.

Esto está acarreando serios problemas para el titular de Industria que tiene entre sus objetivos ser Presidente de Canarias, como es vox populi en los ambientes políticos. Pero alguna de las decisiones que tiene atribuidas, como la de recortar la retribución a la actividad de distribución, tiene efectos fuertemente negativos para el archipiélago, en la medida en que todavía no se recupera de una separación a lo bestia de las redes de transporte y distribución entre Red Eléctrica y Endesa, algo que se puede volver en su contra. El Ejecutivo de Paulino Rivero puede encontrar un punto débil en esta decisión, más allá de la polémica de las prospecciones de petróleo, polémica mucho más artificial, por otra parte. El deterioro del servicio eléctrico que pueden percibir los canarios no tiene elementos compensadores de los supuestos problemas ecológicos que siempre tienen su compensación en la posibilidad o ilusión de riqueza colectiva en tiempos de crisis y desempleo que tiene el «oro negro» a cuenta de las prospecciones auspiciadas por el Ministro.

Pero no todo son malas noticias ni riesgos a Soria en su capacidad de ganar autonomía en el Ejecutivo. Primero, hay una ventaja, que es el margen de actuación que Rajoy proporciona a sus ministros. Rajoy no es Zapatero, evidentemente, lo cual es un punto favorable para el canario. Además, la relación, por motivos personales, entre Rajoy y Soria es muy estrecha.

Segundo, Nadal no es Sebastián, aunque en los círculos populares tienen muy identificados y atribuidos sus patinazos en línea con las ocurrencias del anterior ministro y predecesor en el cargo de Director de la Oficina Económica del Presidente. Por otra parte, y a pesar de todo, Rajoy no depende de él en la misma medida que Zapatero dependió de Sebastián. El contrapeso de Luis de Guindos, ministro de Economía y figura emergente del ejecutivo, puede salvar esta situación.

Y, tercero, no por evidente, no menos importante: Soria no es Sebastián, en la medida que el olfato político y el encanto del canario es mucho mayor que la impericia del malogrado candidato a Alcalde de Madrid. Si Sebastián intentó propulsarse de la política local a la nacional, Soria busca lo contrario: dar el salto de la política nacional a la autonómica.

Lo que sí es razonable es que el ministro empiece a elegir qué costes políticos asume en lugar de que se los impongan. Seguro que ya sabe. Está pasando. Lo está viendo.

La polémica de los Presupuestos Generales del Estado ha estado traída de la mano de la amnistía fiscal que el Gobierno ha incorporado en el proyecto que aprobó el pasado viernes en el Consejo de Ministros. Irónicamente, se trata del mismo Consejo de Ministros que aprueba la revisión tarifaria del segundo trimestre (con un incremento del 7%). Dicha subida se ha visto acompañada de un conjunto de recortes de los costes regulados, para evitar el descarrile del déficit tarifario. Como decía Manuel Azcárate, editorialista fallecido del diario El País, gobernar es elegir damnificados, y aquí el ejecutivo ha elegido los damnificados en los proveedores del suministro y ha amnistiado a los responsables de su encarecimiento. Vamos, como en la amnistía fiscal, tan polémica y también propulsada por el Gobierno.

Dichas medidas se sustanciaron en el Real Decreto Ley 13/2012, del 30 de marzo, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista que publicaba el BOE el pasado sábado.

Haciendo un resumen de las medidas y por orden decreciente de impacto en la reducción de los costes regulados, estas son: fuerte recorte a la retribución de la actividad de distribución (la más cercana a los ciudadanos en cuanto a la percepción de la calidad de suministro eléctrico), detracción de saldos disponibles en el balance del IDAE, aplazamiento de un año en la retribución de las inversiones de transporte, reducción de los pagos por capacidad (o, más clásicamente denominados, garantía de potencia), reducción de los pagos por interrumpibilidad a grandes empresas, reducción de los pagos por resolución de restricciones de garantía de suministro (subvenciones para la generación por carbón nacional, vía cantidades), reducción de la retribución de la Comisión Nacional de Energía (en 60 millones de euros) y financiación del operador de sistema mediante pago del operador de transporte, es decir, Red Eléctrica de España pagará a REE los 20 millones de euros que antes iban a tarifa. Además, como no podía ser de otra manera, casi se prohíben las nuevas inversiones en activos regulados.

Pero, quizá lo más relevante, tras una prosodia de comunicación política excesivamente esquemática, de manual y naif, es que tras afirmar «que los costes del ajuste se distribuyen equitativamente», las grandes responsables del crecimiento de los costes regulados, las primas a las renovables y el transporte han salido indemnes del ajuste. Como decían los medios de comunicación este fin de semana, «la triple A»,»Acciona, Abengoa y ACS se ven liberados de contribuir a la reducción de los costes regulados que se integran en los costes del suministro en forma de tarifas de acceso. Y también Red Eléctrica de España es beneficiaria relativa de esta amnistía de reducción de costes regulados selectiva ejecutada por el Gobierno. Claramente, el Gobierno hace su particular «amnistía» a las principales empresas perceptoras de estas subvenciones a la generación renovable, así como al operador de transporte y sistema.

Dichas medidas casi habían sido anticipadas en días pasados. Una semana antes ya se conocía con bastante aproximación el impacto en la reducción de la retribución a la distribución algo que, evidentemente, no hará ninguna gracia a las Comunidades Autónomas, conscientes de la repercusión del problema. El hecho de dicha preparación evidencia que se trataba de una operación política de más calado.

Conclusiones

– El diseño de este paquete de medidas proviene del Palacio de la Moncloa, concretamente de la Oficina Económica del Presidente. Soria todavía no tiene autonomía regulatoria en el sector energético e Industria se convierte en el brazo ejecutor de la política energético-económica de Álvaro Nadal, inconsciente de sus efectos.

– Sólo hay una noticia positiva que es el incremento de la tarifa. Lo «equitativo» del recorte es una figura retórica, expresada sin ninguna convicción por Soria y la vicepresidenta y evidencia quién está ganando el juego de presiones al gobierno de Rajoy.

– El diagnóstico del origen del crecimiento de los costes regulados no sirve para que este gobierno afronte sus soluciones.

– El Gobierno prefiere perjudicar el suministro a los ciudadanos que abordar los costes que han generado los procesos especulativos alrededor de la generación renovable. Los costes políticos en las Comunidades Autónomas están por llegar.

– El ejecutivo vuelve a caer en el modelo Zapatero, esto es, ayudar a las constructoras metidas en el sector energético, con esta amnistía en la reducción de costes regulados de la que son beneficiarios, mientras se ampara en la demagogia antiempresarial contra el sector eléctrico.

– El Gobierno busca debilitar a las empresas eléctricas, requiriéndoles que retiren sus recursos pasados a las tarifas del enjuague, a la vez que pretende que sigan manteniendo la financiación en sus balances del déficit tarifario, en la idea de que el sector eléctrico se debe plegar a los designios políticos y a la forma de redistribución de los ingresos de la tarifa que el Gobierno plantea conforme a sus intereses. La única forma de hacerlo es la coacción.

– Mientras que el Gobierno considera que unas empresas están sometidas a los designios políticos, otras se benefician de ellos. Incluso llega al extremo de considerar a unas empresas y a otras no.

Atentos, que ahora viene la segunda parte, que es la revisión del modelo regulatorio que prepara Industria. ¿Caerán en los mismos vicios? ¿Amnistiarán a los mismos?

Hoy en todos los medios de comunicación se especula con una solución populista para la subida de tarifas del segundo trimestre, debido al revés electoral del Partido Popular en Andalucía y a la necesidad de compensar la subida con una medida contra las «empresas», tal y como hemos venido informando.

En esa tarea, la pregunta es, ¿qué es lo populista aquí? Lo populista, evidentemente, consiste en instalar que el precio de la electricidad es caro y que los responsables del déficit y del alza en el precio de la misma son las «empresas» en un país donde los procesos económicos están todavía vistos desde el falangismo y el tardofranquismo. Empresas que, por otra parte, vienen financiando el déficit tarifario del que se benefician el resto de operadores del sector eléctrico.

En efecto, lo populista es, directamente, afectar en las medidas que desarrolle el ejecutivo a las actividades eléctricas, sin mucha reflexión, nada más que los costes políticos, sin modificar los costes regulados que han causado su desequilibrio: aumento de primas en las renovables (por sobrerretribución y por sobrecapacidad, con tecnologías que reventaron todas las previsiones en precio y cantidad, como la termosolar o la fotovoltaica), el déficit tarifario pasado, el coste del carbón nacional o el transporte de electricidad. Lo populista, en términos electorales, es lo que conocíamos ayer: atacar la distribución y no tocar los sobrecostes enunciados anteriormente.

A ese populismo incita Valeriano Ruiz, presidente de Protermosolar en sus declaraciones, en las que, curiosamente, no hace alusión a los crecientes costes regulados del recibo de la luz, como componente principal de su escalada (de hecho, sin el fuerte incremento de estos costes regulados en los últimos años, se podría hasta deflactar el mismo sin efecto para los ciudadanos). Evidentemente, el presidente de Protermosolar trata de hacer de la necesidad virtud y elabora una estrategia para conjurar el fantasma de una moratoria termosolar, de forma que se mantengan esos 1.200 MW de nueva capacidad fuertemente primados y pagados contra el recibo de la luz sin mácula. Una tecnología que, impulsada por las empresas constructoras, está avalada con importantes incentivos y primas asignadas y que irrumpió con fuerza gracias a su capacidad de penetración en las capas más permeables de la Administración energética autonómica y del Ministerio de Industria.

En su argumentación, el presidente de Protermosolar utilizó unos gráficos semejantes a los que había utilizado el presidente de la Comisión Nacional de Energía, Alberto Lafuente, en su voto particular al Informe sobre el Sector Energético de la CNE, aunque con conclusiones más castristas todavía que las de Lafuente. De forma elíptica, Lafuente afirmaba que las eléctricas habían sufrido supuestamente ya en bolsa y en los mercados financieros por los rumores que provienen de las banderías ideadas en relación al déficit tarifario por los retroprogresivos (la famosa quita), y proponía un hágase, un invocar a que se materialicen esos riesgos, con independencia del origen del déficit, su financiación, de los efectos sobre la inversión, la seguridad jurídica, los mercados, las empresas o la economía española. Al menos, el informe de la CNE partía del hecho objetivo de que el crecimiento del recibo nacía del crecimiento de los costes regulados, como decíamos antes: primas a las renovables, déficit tarifario pasado, contraprestaciones para la garantía de producción de carbón…. Se precisaba una argumentación alambicada y cínica para justificar el desmán, pasando del origen del déficit a propuestas expropiatorias y fiscales para su resolución.

Ruiz, como representante empresarial de la tecnología termosolar, se permite ser más demagógico todavía que Lafuente y así, directamente, acusaba a las empresas eléctricas (seguramente que pensando en Red Eléctrica de España, una de las empresas más rentables del Ibex 35, frente a las castigadas utilities españolas) de ser responsables de la subida del precio de la luz, sin mencionar los componentes del mismo, ni las empresas beneficiarias de la generosa política de primas y potencia subvencionada.

De todas formas, a primera vista, no parece inteligente promover este ejercicio de distracción de atención desde las huestes termosolares (véase cómo es mucho más inteligente la posición fotovoltaica buscando la paridad con el mercado o la investigación del fraude), dado que esta contestación sirve para volver a atraer la vista sobre los propios costes, potencia, primas y empresas interesadas en la promoción de la tecnología termosolar en un momento de evidente encarecimiento necesario del recibo (por decisiones políticas), de medidas de ajuste del sector eléctrico y de debate de los costes que forman el déficit tarifario y su financiación por empresas y mercados. Mucho riesgo es el lanzar una granada de mano de estas características a los medios, aunque proviene de la tranquilidad aparente de que están a salvo de lo que planea el ejecutivo y estando muy interesados en el crecimiento del recibo, por motivos evidentes.

En todo caso, y escapando de esta guerra de guerrillas, el riesgo de una batería de medidas «populistas», «electoralistas» con la electricidad es altamente perjudicial para el Ejecutivo, si está tentado de ello en el corto, medio y largo plazo. Y el ministro puede acabar sobreexpuesto a la demagogia.

Probablemente hay que volver al teatro del absurdo para entender determinadas cuestiones que ocurren en el sector eléctrico en lo que se refiere al déficit tarifario. Así, podemos encontrar una metáfora entre el precio de la electricidad y el de los huevos en nuestro país. Metáfora que ya hemos sugerido alguna vez en Energía Diario y que parte de conocer las razones del aumento del precio de los huevos, derivado de la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal, que incorpora una nueva exigencia relativa al tamaño de las jaulas para las gallinas. Un requerimiento que ha reducido la oferta de estas aves ponedoras en un 23% y que se ha traducido en que el precio de los huevos se eleve un 50% en España, como recogen hoy los medios de comunicación. Evidentemente, se trata de la operacionalización de la relación de la ley entre la oferta y la demanda y sus consecuencias a nivel de precios.

Es curioso que todavía no haya salido ningún representante del colectivo retroprogresivo para preguntarse por qué no aplicar la amortización de la gallina y de la jaula y fijarle una retribución determinada a cada huevo (o su docena), en la medida en que se trata de un alimento tan básico en la población española. Además, el huevo, indudablemente, es fuente de proteínas para los trabajadores y deportistas, lo que también impacta en la productividad de la economía patria, por lo cual lo mejor es que se fije un marco legal estable. Si negamos el funcionamiento de los mercados y sus dinámicas, podemos abstraernos de todo lo que se pretenda decidir desde el punto de vista político y administrativo y que incida en el precio de los huevos.

Para mayor abundamiento a la vez que entendimiento, podemos comprender que el problema no es nuevo. Recordemos que este mismo problema ya apareció hace años, cuando otra normativa de semejantes características apareció para obligar a que las gallinas pudiesen dormir durante seis horas al día al menos, para lo cual, las luces de sus granjas debían apagarse con un horario de oscuridad cuya duración fuese esa como mínimo. Algo que también restringió la oferta oval, elevando los precios de este alimento tan básico y componente esencial de algo tan genuino como la tortilla española.

Si hacemos una reflexión sobre el mecanismo de costes y precios propuestos en las estribaciones de los sectores retroprogresivos (y recogidos en la Oficina Económica del Presidente) y la forma en que se ha venido generando déficit tarifario, tenemos un ejemplo claro, en el caso del kilowatio, de traslación de los efectos de la subida de un bien o servicio, como los huevos.

En este caso, fruto de la utilización de nuevas tecnologías o requerimientos técnicos (jaulas más espaciosas/potencia renovable con altas retribuciones), que conllevan inversiones cuantiosas en la capacidad instalada de este tipo de generación o en inversiones reguladas (las jaulas de las aves gallináceas, las centrales termosolares o activos de transporte, deuda antigua, etc…), y se produce el encarecimiento de los precios del kilowatio y del huevo, por la vía del incremento de los costes regulados.

La diferencia aquí, en el caso del kilowatio, es que dado que el precio se topa de forma política a través de la tarifa eléctrica, no se han venido reflejando los efectos sobre los precios reales de la electricidad, derivado del incremento de los costes regulados (esto es, de decisiones político-administrativas o su Ley de Bienestar Animal). Mientras, en el precio del huevo, el supermercado que ayer inauguraban Ana Botella y Esperanza Aguirre separadas por muy pocas horas repercutirá este ascenso de los precios de los huevos en el «mercado de generación» irremediablemente.

Pero es más: dado el absurdo de la situación, ésta nos puede remitir al genial Eugène Ionesco, con su obra «El porvenir está en los huevos«, una comedia cuya estética está llena de elementos surrealistas. Esta obra es la continuación de la historia de un matrimonio arreglado por dos familias burguesas. ¿Cuántos hijos tienen en sus tres años de matrimonio? ¿Qué deben hacer con su prole?… Tortillas, muchas tortillas. Sin duda, una vida esperando respuestas y resultados, una gran producción de eso que llaman «huevos», escenificando el sometimiento a unas normas rígidamente impuestas, esto es, a la regulación.

El comportamiento propuesto en el caso de la electricidad, tan absurdo como la comedia de Ionesco en el caso retroprogresivo, es: primero, genérese déficit tarifario (diferencia entre precios reales y tarifa); después, propóngase quitas de esa deuda; en tercer lugar, fíjense impuestos a la parte liberalizada del coste del suministro, la generación (que, por otra parte, es la que está disminuyendo, alcanzando los precios más bajos en los mercados de la Unión Europea) y cuarto, manténgase los costes regulados, su composición, volumen y dinámica. Y, finalmente, resultado de todo: que la tarifa eléctrica no refleje los efectos de unas decisiones políticas y se obstruya el mercado.

Y más absurdo todavía es que dicho problema se trate con la misma incomunicación y con la circularidad en la que ha derivado. Que se esperen de forma sorpresiva la posible aplicación de normas por vía política, coactiva o fiscal. Porque probablemente, el mayor absurdo es la posición solipsista y bunkerizada de las autoridades actuales, ante un problema de tales magnitudes y la necesidad de experiencia gestora, económica, de acuerdo y de diálogo que precisa su resolución.

¿Es el fuero o es el huevo?

Fuentes solventes han confirmado a Energía Diario que el presidente del organismo, con la colaboración de algunos directivos y de los servicios técnicos del organismo, había elaborado un informe paralelo al que estaba realizando la ponente, Teresa Baquedano. Recordemos que el informe arrancaba de una incomprensible consulta pública que se ha saldado con casi medio millar de aportaciones y la deslegitimación de los órganos consultivos y de participación del organismo (Consejos Consultivos).

Las mismas fuentes confirmaron que en el momento de empezar a debatir dicho informe, el Presidente, al comprobar la animadversión del Consejo a su propuesta, abandonó la sesión del Consejo de Administración de forma visiblemente contrariada.

Adicionalmente, en este consejo se constató el abandono de las posiciones del presidente de quien se considera que ha sido su apoyo más continuado y su alineación habitual desde su nombramiento, incluso su participación en asuntos y cuestiones de cortes interno, concretamente: el consejero Tomás Gómez San Román.

Pero la cosa no terminó ahí. El enfrentamiento con motivo del informe se extendió al hecho de la publicación del mismo, cuestión que ha desatado una agria polémica con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Mientras, por una parte, el consejo era partidario de mantenerlo secreto y enviar el dictamen directamente a la Secretaría de Estado de Energía, Lafuente se mantuvo en sus trece de hacer público el dictamen del regulador, como así fue, pocas horas más tarde, para disgusto y reacción inmediata del Ministerio de Industria, que se manifestó por boca de la propia Secretaría de Estado, mediante una dura nota de prensa que tensaba más la relación con el regulador independiente.

Por tanto, las cosas pintan mal en los «minutos de la basura» de la actual conformación del Consejo de Administración del regulador independiente, previo a su fundición. Además de autorrecortarse su retribución anual en un 17% (parece que podría ser más), de exonerar los edificios ociosos y de reducir los cuantiosos resultados acumulados, la termita devoradora hace acto de presencia en su Consejo.