Anoche, José Manuel Soria acudió al programa La noche en 24 horas de TVE, en calidad de ministro de Industria, Energía y Turismo, para ser entrevistado por su conductor, el periodista Xabier Fortes, y por los contertulios del programa nocturno del canal informativo de nuestra televisión pública. La entrevista evidenció una forma de comunicación política cuyos elementos son de alto voltaje: politización politizada del encuentro informativo, corrección política (ni una mala palabra, ni una buena acción, ni una concreción), obsesión por la colocación de los «claims» y de titulares, negación de la realidad, simplificación nihilista del mensaje, ausencia de debate, mirada al frente fija, sin pestañear, mesianismo en las soluciones basadas en un modelo «ciego» de fe en el Gobierno (más que confianza), en que éste es un Ejecutivo que hace lo que debe hacer. El «storytelling» marianista se muestra en todas sus dimensiones ante su paroxismo.

Si pasamos al desarrollo de la entrevista, uno de los temas que más ocupó en la misma fueron los procesos estatalizadores sufridos por nuestras multinacionales del sector energético. Así, en lo que se refiere al asunto de las nacionalizaciones en Bolivia y Argentina de las filiales de REE y Repsol, respectivamente, el ministro trató de imprimir con un aire de suficiencia y seguridad en su tono de voz, mayor firmeza que las medidas que ha podido presentar el Gobierno en su ejecutoria. Además, trató, esforzadamente, de diferenciar los dos procesos, sobre la base de sus aspectos formales, seguramente con poco éxito, dado lo preciso del asunto, ya que los dos países están dispuestos a minimizar el justiprecio a pagar por lo expropiado y que, en realidad, la cosa no es tan clara como distinguir carne de pescado.

En lo tocante al déficit tarifario, la respuesta de Soria no pasó de la banalidad y de los lugares comunes. Algo más o menos tolerable hace unos meses, pero que hoy parece increíble, o incluso, preocupante: 24.000 millones de euros es mucho (lo cual es cierto). Hay que resolverlo y puede ser un problema financiero (lo cual también es cierto). Hay que apostar por todas las tecnologías con un mix de generación de equilibrio (lo que parece ‘cool’). Los consumidores deben saber lo que cuesta encender el interruptor (también sería deseable o hubiera sido) en función de las decisiones anteriores, incluyendo de rondón un cierto flirteo con el modelo de costes y precios retroprogresivo en medio del silbo canario que envuelve su prosodia. Y, todos los sectores, incluido el de la minería de carbón nacional, participarán del ajuste y esfuerzo que hace la economía, según el ministro. Además, la minería y la generación de electricidad mediante la quema de carbón autóctono tienen futuro (este año) y, como todo el mundo sabe, en 2018 este sistema de ayudas se acabará fruto del proceso acordado en el seno de la Unión Europea.

Respecto a Canarias, con la presencia, además, del periodista de El País Juan Cruz, el ministro evidenció conocer la existencia del mecanismo compensatorio de los costes extrapeninsulares en el transporte, incluso afirmó la existencia de picaresca por parte de empresas que cobraban a costa del Estado todos los billetes en business o de residentes que no lo son. Ese es uno de los lugares comunes del ejecutivo a la hora de «hablar de los problemas»: la existencia de «gorrones» o de fraudes, indudablemente perseguibles, sin dimensionar el alcance y la participación de los mismos en la resolución del problema. Pero, en todo caso, el ministro calló silentemente respecto a cómo se reintrodujo en la tarifa eléctrica el coste de los sistemas extrapeninsulares, realimentando el déficit tarifario y quebrando el principio financiero anterior. El modelo de financiación de los costes extrapeninsulares vigente fue derogado a través del Real Decreto Ley 1/2012, confirmado con los Presupuestos Generales del Estado 2012.

Por su parte, el periodista de La Vanguardia, José María Brunet, apuntó la necesidad de incluir en ese difuso terreno del consenso político, tan proclive a la presentación de pactos a la búlgara (recuérdese la foto entre Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro), la existencia de un acuerdo para el sector energético entre las fuerzas políticas. Una cuestión que parte del hecho aconsejable de que todo lo que es polémico se debe pactar, de que el pacto y el consenso es bueno per sé, sobre todo en los tiempos de la corrección política.

El resto de la entrevista al ministro fue un cruce entre el argumentario oficial del Gobierno, combinado con un ejercicio rocoso y voluntarista de defensa de la actuación del Ejecutivo en el plano macroeconómico, político y nacional, con licencia abierta para la incursión selectiva en distintos aspectos de la cosa pública: desde infraestucturas, sistema bancario, fomento, autopistas, impuestos indirectos…, todo ello espolvoreado siempre de adjetivos y afirmaciones supuestamente tranquilizadores.

Coda. La entrevista de anoche se produce cuando, semana a semana, se «conocen» filtraciones y globos sonda respecto a la posibilidad de que el Ejecutivo promulgue un nuevo Real Decreto Ley para reducir el coste del suministro eléctrico (alrededor de 3.000 millones de euros, es lo último que publica el digital que dirige Jesús Cacho, Vozpópuli), así como la posibilidad tampoco descartada de que se proponga una reforma legal de mayor alcance por trámite de Proyecto de Ley para aumentar el contenido político de la misma. Rumores cuya sustanciación en lo público y en lo publicado se basan en vaguedades ambiguas (de eso que en nuestro país se le llama información) y que apuntan a la imposición de tasas a la generación de energía o la revisión de los costes regulados, sin mucha más explicación o refinamiento económico o jurídico. Dichos rumores sitúan el momento temporal en junio o mañana, según fuentes.

En el fondo, en este modelo de entrevista chocan dos visiones: la de la política politizada frente a una gestora que conoce los mecanismos económicos, de mercado y explica los problemas y las soluciones a la sociedad. Son visiones opuestas, contrapuestas y son como el día y la noche.

La primera considera que, por el hecho de decir algo, ese algo se materializa y existe, y si se dice con mucha seguridad, mucho más. Es la teoría de la confianza que tanto daño ha hecho y hará al Partido Popular en esta etapa. Y, la segunda visión, se basa en una comunicación clara, transparente, gestora, explicativa, sin veleidades manipuladoras, con menos «claims» y menos técnica de comunicación política, con modelo y conocimiento de los problemas, sentido de la gravedad de los mismos y debate y rigor en su afrontamiento. El problema estriba en considerar que eso entorpece la carrera política hacia la presidencia del archipiélago.

En primer lugar, más que un problema económico (la filial boliviana de REE aporta en torno a un 1,5% de los ingresos REE), es más preocupante, como apuntan los analistas, el efecto psicológico sobre la economía española, que no sale de la deriva y de los ascensos en la prima de riesgo. La percepción de debilidad de la economía y de la política española opera en contra y existe el temor de que sea más fácil de lo que parece agredir intereses españoles en la medida en que todo está interrelacionado y se puede pasar de la retórica virulenta al encaje de intereses con cierta facilidad.

En segundo lugar, es preciso detenerse en la respuesta diplomática: tras el progresivo desleimiento de la misma por parte del gobierno español en el caso de la expropiación de YPF operada por el gobierno neoperonista de Cristina Fernández de Kirchner, en el caso boliviano, el nivel de partida se ha situado varios peldaños por debajo, con una retórica de baja intensidad desde nuestras instancias gubernamentales que van ganando experiencia en este tipo de conflictos.

Desde el Ejecutivo se ha querido subrayar las aparentes diferencias entre una expropiación y otra, así como resaltar los ofrecimientos del Gobierno boliviano a «indemnizar» a Red Eléctrica de España, frente a la mayor rebeldía argentina, unido todo ello a una comprensión e invocación desde las instancias políticas al «derecho legítimo» de los gobiernos a expropiar, algo muy peculiar incluso viniendo de las huestes populares (¿?). Si un gobierno, en su legítima acción programática política, considera que tal actividad o tal otra que era en su momento privada debe ser pública, y, por tanto, decide nacionalizar la empresa que lo realiza, tiene un procedimiento: adquirir todas sus acciones mediante los mecanismos y operaciones de adquisición en el mercado existentes, sin previamente actuar políticamente para desvalorizar la empresa y utilizar esa ventaja.

Lo queramos o no, existen similitudes. Además de una muy importante que es la propia coincidencia en el tiempo en modo dominó, existen otras como que la expropiación sea el recurso del gobierno del país andino, en momentos de dificultades económicas y políticas internas (el populismo sigue funcionando, aquí se ha presentado como un «regalo a los trabajadores» el 1 de mayo), el uso del Ejército y de la acción sumarísima, la acusación de falta de inversión a la empresa española (lo que reproduce también un mismo guión), la ausencia de aviso previo y que los dos gobiernos, argentino y boliviano, hayan sido importantes receptores de la ayuda exterior española.

Dos precauciones se entrecruzan y han determinado que el control de esta crisis se lleve desde Moncloa y, por tanto, que se haya rebajado el tono beligerante de arranque de los «Jose Manueles», García Margallo y Soria, en el caso argentino. La primera, los intereses de otras empresas españolas en estos países. La segunda, el temblor que produce un fracaso en la Cumbre de Cádiz, sobre la que cunde el temor de que una respuesta diplomática intensa podría derivar en un número importante de sillas vacías. Todo esto, la voluntad de Rajoy de un atlantismo de menor intensidad que el de Aznar, con la mirada en América Latina, buscando un posicionamiento mejor y las respuestas norteamericanas y los intereses chinos acechando, son elementos que conforman un panorama ciertamente inquietante para nuestra diplomacia económica.

Además, objetivamente, el problema de la indemnización, del «justiprecio», es mucho menos mediático. Es un asunto de negociación, de derecho internacional y se puede postergar, llegando hasta las instancias que dirimen estos conflictos, como el CIADI. La Cumbre de Cádiz, evidentemente, no. ¿Quiere decir esto que nos envolvamos en un españolismo trasnochado que es la antesala del victimismo? No es necesario. De hecho, ni el propio Aznar (ya dedicado enteramente a los negocios, y que ha sido recordado en estos días en imágenes de archivo con Cristina Fernández de Kirchner) ha intentado en ningún caso inflamar la atmósfera diplomática, en un escenario que claramente era proclive para invocar un liderazgo del tipo «macho alpha». Como se puede ver, existen mecanismos autorrepresivos para refrenarse.

La estatalización por motivos políticos de empresas privadas y la afectación de intereses de empresas energéticas españolas por estos procedimientos nacionalizadores son un expolio y una mala noticia para nuestras empresas, para el derecho internacional, para el libre mercado, para nuestra economía, para nuestra imagen exterior, para la marca España y para nuestro Gobierno acuciado por un problema de modelo, de visión y de relato político. Es reprobable desde todo punto de vista y, seguramente, sus desenlaces en el ámbito leguleyo, finalmente, no serán los más satisfactorios, una vez conocida la contraprestación que reciban nuestras empresas por lo incautado.

En el caso que nos ocupa, el de la expropiación de Transportadora de Energía, además, queda una reflexión abierta, un debate que en su momento estuvo encima de la mesa (y que recientemente se ha reabierto con el caso de la extensión de esta prerrogativa a Enagás) consistente en preguntarse si es razonable que los operadores de transporte y de sistema españoles, que operan en nuestro país, con cúpulas directivas decididas por el Gobierno, bajo un modelo monopolístico de transportista único, pueden diversificar sus actividades o internacionalizarse. Para nota.

Por eso, una vez publicada en la página oficial del Congreso de los Diputados dicha transcripción, así como el vídeo, se puede comentar en profundidad, de forma que nuestros lectores y los profesionales del sector energético, político y regulatorio se puedan hacer una idea por su propia percepción de lo que transparentó el secretario de Estado frente a sus señorías. De hecho, en bastantes momentos de la comparecencia se produjeron murmullos y rumores entre los diputados asistentes a la Comparecencia, e incluso el que a la afirmación del secretario de Estado «Yo no soy un experto (en energía)«, se produjera una réplica de un diputado del siguiente tenor «No; se ve, se nota» , tal y como se reproduce en el acta publicada.

A la vista de lo acontecido, consideramos una obligación y un consejo prudente por parte de este medio que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, el jefe de la Oficina Económica del Presidente, Álvaro Nadal, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría y el propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, deberían efectuar el visionado completo de la comparecencia y seguramente, tomar nota a la vista de los hechos.

La comparecencia es criticable tanto en términos de formas, como de fondo. En términos de formas, el secretario de Estado realizó una primera intervención, seguramente que preparada por los servicios del Ministerio, puramente formularia, que fue leída a una velocidad de vértigo, con unos «delays» entre las ideas y su verbalización que se transmutaban en un cruce entre Chiquito de la Calzada y el malogrado Antonio Ozores, acudiendo a lugares comunes y argumentos insustanciales, evidenciando no conocer el contenido de su lectura y lo que es peor de lo que trata la misma. Hasta ese momento la cosa fue relativamente presentable. Pero todo se complicó enormemente, desbordándose hasta extremos delirantes, cuando empezó el turno de respuestas a las preguntas (totalmente previsibles, por otra parte) que le hicieron los parlamentarios al secretario de Estado. A partir de ese momento, hubo un ejercicio de autoafirmación de Marti Scharfhausen como titular de la Secretaría de Estado, combinado con una exoneración de lo que supuestamente aportaba a esta responsabilidad: conocimiento del sector energético y de sus problemas por su paso o experiencia de doce años en la Comisión Nacional de Energía, que convirtió todos los elogios al organismo en ceniza. Había un cierto componente mesiánico, paternal, condescendiente, que evidenció con meridiana claridad las capacidades del secretario de Estado de Energía para ocupar esa posición.

En términos de fondo, también hay cuestiones fuertemente criticables. De hecho, son muy peligrosas las inexactitudes y vaguedades con las que se desarrollaban las afirmaciones del secretario de Estado, en especial las relativas a los sistemas extrapeninsulares (incluyendo la apelación a la solicitud de un informe a Red Eléctrica) para evitar tratar la cuestión de fondo: el traslado de su costes del déficit público al déficit tarifario por indicación del Ministerio de Hacienda. Pero es más, lo que se extrae de la intervención es la no existencia de una política energética, la carencia de una estrategia para abordar el déficit tarifario, y lo que es peor, la terrible indigencia económico-energética en que está sumida esta importante área del Ejecutivo.

A pesar de eso, o incluso por todo eso, Marti Scharfhausen no dudó en afirmar con cierta vehemencia que él no sabe de energía, que es un ingeniero de Minas y que sus hijos sólo le preguntan por el CO2 y que el mejor jefe que jamás había tenido era José Manuel Soria. En consecuencia, urge una reflexión al Ejecutivo de a quién ha encargado y en qué manos está el problema de la energía en la Administración. Pero lo más importante no es lo que él afirme, sino de lo que se dieron cuenta sus señorías, apesadumbrados por tanta irreverencia. No se ve, se nota.

Si seguimos la espuma de los días relativa al proceso de expropiación ordenado por el Gobierno argentino, con Cristina Fernández de Kirchner, la viuda negra, y Axel Kicillof, como economista marxista macho Alpha a la cabeza, parece que las cosas pueden estar empezando a entrar en el relato de forma realista, tras el tremendismo del primer impacto. Eso sí, sin desposeer a la acción del Gobierno argentino de la gravedad de la acción tomada. Evidentemente, cuando un país y sus dirigentes entran en deriva bananera, todo lo que viene después se acelera enormemente.

Lo primero que encaja es el origen, la motivación y la pretensión del Gobierno argentino para iniciar la expropiación, como combinación de la necesidad de atrapamiento de una eventual operación financiera de compra venta de YPF y de sobrevaloración por la parte argentina del yacimiento de Vaca Muerta. De ahí, que Kirchner y su gobierno hayan precipitado esta actuación gubernamental de forma tan disruptiva.

En efecto, un primer movimiento se produce fruto de la idea de la captura de la plusvalía a costa de acabar con el funcionamiento de los mercados, y parece que la actuación del Gobierno argentino ha sido una actuación preventiva ante los movimientos corporativos en torno a YPF que se estaban fraguando. Parece, por tanto, que las noticias que llegaban a la Casa Rosada con respecto a las aproximaciones entre Sinopec y Repsol para la venta de YPF a la petrolera china han sido el detonante del latrocinio y eran vistas de forma jugosa por los Kirchner y su máquina de conseguir fortuna por vía aplicación práctica del marxismo de amigos que gobierna el país austral.

En ese contexto, el objetivo de Kicillof y Kirchner era conseguir que la plusvalía de la operación se capturase para estos intereses. En ese objetivo estaba la campaña para deteriorar el valor de la compañía en bolsa desde hace meses con la supresión de permisos de explotación por parte de los paragobernadores de las regiones petrolíferas. La plusvalía, para el que se la trabaja.

El problema es que un comportamiento y una actuación de estas características pone en alerta a los supuestos y potenciales compradores, en relación a la hipotética operación posterior, tentándose la ropa respecto de la seguridad jurídica del país, rebajando el precio de la empresa aún más y exigiendo muchas más garantías a la vista de cómo se las gasta o se las puede gastar el peronismo de la viuda negra. Ahora lo que va a costar es subir el precio de la misma, una vez esquilmada por vía gubernamental. ¿Alguien se podría fiar de un país con la matona y el matón a la cabeza? Nuestros lectores chinos (y americanos), que los hay, lo entenderán perfectamente.

Además, con respecto al segundo condicionante, existe un consenso unánime sobre el hecho de que los propios argentinos no podrían realizar la explotación de la empresa (como ya se demostró cuando llevaron a la ruina a la misma antes de ser privatizada) tanto de YPF como empresa de hidrocarburos integrada verticalmente como del yacimiento no convencional de Vaca Muerta, El Dorado visto por los oportunistas argentinos. Este yacimiento exigirá diez años y más de 25.000 millones de dólares de inversión.

Por otra parte, la respuesta española y europea está siendo más contundente de lo que parecía en una primera instancia, lejos del pesimismo/impotencia que imperaba inicialmente en el análisis relativo a las sanciones y consecuencias para el país andino y de los temores de que si salía bien esta operación a Cristina Kirchner podría afectar a otras empresas y sectores, lo que podría derivar en tibias y prudentes respuestas diplomáticas más cercanas a la retórica.

El hecho es que la diplomacia española está consiguiendo más objetivos de lo que inicialmente se apuntaba. Pese a las filtraciones del desdén de Hillary Clinton, Washington ya ha mostrado su desaprobación, el conjunto de acciones del Gobierno español y la alineación de la Unión Europea, vía Comisión y Parlamento, ha sido más que aceptable. El hecho de priorizar el biodiésel de países europeos, la anulación de la ayuda al desarrollo y la denuncia en la OMC, más lo que presente mañana el ministro Soria, junto con las medidas que propone el Parlamento Europeo (quitando la calificación al país de preferencial para inversiones) puede ser más perjudicial de lo que parece para las pretensiones de la actual administración argentina, henchida en el camino hacia un nuevo corralito.

Por otro lado, las posibilidades de que Repsol tenga que ser indemnizada de forma realista, pese a la tasación que se realice en Argentina, son más elevadas de lo que parece y es de esperar que la presidenta argentina vuelva a apelar a alguna campaña de comunicación psicológica de recuperación del orgullo argentino cuando lleguen las malas noticias para su erario público.

Las cosas, en el medio plazo, se le pueden poner especialmente feas para la presidenta que pretende emular a Evita y sus secuaces. Como decía Joaquín Leguina estos días, sería muy razonable apuntar a una línea de investigación para identificar dónde los Kirchner se han llevado el resultado del expolio general a la nación, metiéndole el agua en casa. En eso, la prosodia sentimental y emotiva empleada por la Viuda de Kirchner apelando a su marido en el momento de la privatización, para justificar la expropiación, puede ser enormemente contraproducente para los argentinos y para ella misma.

Probablemente, la sobreexposición de Kirchner al populismo puede jugarle una muy mala pasada. También la fanfarronería y las patillas de Axel Kicillof como artífice de la maquinaria del saqueo. Y, finalmente, la maledicencia y malos modos, el ventajismo empleado incluyendo referencias a la vida política y económica española, junto con las actuaciones sumarísimas que recordaban a sus dictaduras, han sido además de bochornosos, cuestiones a tener en cuenta de ahora en adelante con la actual Administración argentina.

Argentina se aleja de los movimientos de libre mercado de América Latina con un crecimiento económico artificial. El gran despegue América Latina se ha producido cuando ha introducido el mercado. Hasta en Bolivia, con la renegociación de los contratos de gas con la propia Repsol, se han entendido mucho mejor las relaciones y función de las empresas y los mercados en la actividad económica. Argentina con Kirchner a la cabeza se precipita hacia el chavismo venezolano.

Dos cuestiones para pensar: primero las declaraciones de José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, hombre de perfil muy europeísta pero poco diplomático. Es evidente que en la alusión al tiro en el pie fue poco acertado. Seguramente que el ministro podría haber echado mano de algún diccionario de eufemismos para encontrar una expresión más adecuada para el momento y, de hecho, Energía Diario le propone algo así como «Argentina ha tirado piedras contra su propio tejado», o «Kirchner se pisa la manguera». En segundo lugar, también advertimos de la posibilidad de que todo esto despiste al ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, respecto del déficit tarifario y siga proporcionando cancha (como dicen los argentinos) a la Oficina Económica de Moncloa.

Les proponemos una recomendación. Léanse un libro muy interesante sobre los problemas de la comunicación titulado «Ni me explico ni me entiendes. Los laberintos de la comunicación«. En él, su autor, Xavier Guix, habla de los problemas de la descomunicación, algo muy diferente que la incomunicación, configurando un proceso y una actividad tan relevante para la vida social, política y económica.

Mientras la incomunicación hace referencia a un proceso que impide en cualquier forma una relación bilateral comunicativa, la descomunicación hace referencia a la posibilidad de encerrarse en laberintos que consiguen efectos distorsionadores de la comunicación. Uno de ellos, de los siete que refleja en su libro, es el de juego de roles y bailes de máscaras de los protagonistas de la comunicación que pueden encubrir intenciones diferentes y aviesas en sus intereses y que condicionan una relación bilateral enriquecedora, sobre la base de lo que busca el protagonista comunicacional cuando abre un proceso de comunicación.

En los últimos días, era ya clamorosa, pública y extendida la realidad de la bunkerización del Gobierno, especialmente en el caso del Ministerio de Industria, Energía y Turismo respecto del sector eléctrico y, en concreto, con las empresas. Encerramiento que tenía tintes claustrofóbicos y patológicos, con el grave problema del déficit tarifario encima de la mesa y que, hasta ahora, está sin resolver.

Ayer, a través del diario El Economista, se conocía la noticia de que el secretario de Estado de Energía recibirá por separado a los Consejeros Delegados de las empresas eléctricas, lo que, en primera instancia, podría parecer un tímido avance en la situación, tras las denuncias convertidas ya en un inquietante secreto a voces en los círculos energéticos, financieros, económicos y especializados.

Una vez conocida esta iniciativa, también es preciso conjurar el riesgo de que esas entrevistas sean una mera estrategia cosmética, es decir, que su contenido las convierta en vacías, fatuas e irrelevantes, carentes de sentido y finalidad en este proceso de resolución del problema del déficit tarifario. O que sí tiene sentido, y éste sea el afán de ganar tiempo para evitar que siga extendiéndose la impresión (confirmada hasta el momento por los hechos) de que el Gobierno no dialoga con los sectores, algo que ya empezaba a causar estragos institucionales y en los analistas económicos y financieros internacionales que se las saben todas. Por eso habría que estar atentos al grado de apertura y de diálogo al resultado de las mismas.

Puede ser que el Gobierno, por tanto, quiera ganar tiempo con las empresas en el sector energético y se entreviste con los consejeros delegados de las empresas eléctricas, con la contraparte del secretario de Estado de Energía, Fernando Marti Scharfhausen. Una reunión que podría tener sólo valor decorativo, en virtud de los siguientes antecedentes: primero, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, ha evidenciado que no tiene autonomía, capacidad, ni determinación, ni hoja de ruta, ni ideas respecto al déficit tarifario. Es más, se tiene la inquietante sospecha de que lo hecho hasta ahora proviene, en su mayor parte, de la Oficina Económica del Presidente; segundo, porque las escasas entrevistas con representantes de las empresas que ha tenido el secretario de Estado no han llegado ni siquiera al grado de protocolarias. Tercero, porque a la figura del secretario de Estado actual, Marti Scharfhausen, cuestionado en el sector, se le desconoce un sustrato técnico, gestor, económico y político propio, con respecto al enfoque de cómo abordar este problema. Cuarto, el hecho de que las medidas implantadas hasta el momento hayan sido incoadas más que promulgadas. Quinto, que lo «efectuado hasta el momento» (moratoria renovable y asalto a la distribución, haciendo unos primeros números de trazo grueso) ha dejado el problema totalmente sin tocar. Sexto, la fuerte polémica abierta por el ostracismo del Ejecutivo hasta el momento que ha tocado el tuétano de la credibilidad del mismo. Séptimo, el hecho de que esta convocatoria se sepa por una filtración a un medio de comunicación da que pensar sobre la credibilidad y convicción de la misma, su enfoque y finalidad y su poco impulso político. Octavo, por los prejuicios (otro factor de descomunicación) respecto/contra el sector y las propias declaraciones en distintos medios sobre el papel y fórmulas para resolver el problema del déficit poniendo el foco en las empresas eléctricas.

En el caso de que todos o cada uno de estos motivos indicara algo sobre la realidad de estos encuentros o su pretensión, cabría entonces preguntarse a quién atribuir esta iniciativa: si al secretario de Estado, al ministro o a Moncloa.

Puede ser que esta convocatoria suponga pasar de la incomunicación (silencio total) a la descomunicación. Estemos atentos a los resultados de las entrevistas y a sus resultados. Y esperemos que todas estas admoniciones sean simplemente presagios incumplidos.