Rafael Argullol tiene escrita una novela, La razón del Mal (premio Nadal en el año 1993), que reúne en su título, casi dos cuestiones que deberían ser antagónicas: razón y Mal. Su argumento es el de cómo en una ciudad de rasgos netamente occidentales, cosmopolita y próspera, se produce un fenómeno extraño que en un principio se intenta mantener en secreto. Dos testigos de los hechos, que intentan explicar lo inexplicables, empiezan apreciar como algo que parecía menor, se convierte en una amenaza mucho más temible, capaz de transformar las más íntimas convicciones de los ciudadanos, hasta recrear el concepto de descomposición y desintegración de la ciudad.

Podemos encontrar una analogía con este novela, en el hecho de que a causa de dos párrafos incidentales incluidos por la Comisión Nacional de Energía en la propuesta de tarifa integral para el tercer trimestre, desarrollados en un informe tan anómalo (y su esparcimiento público en los medios de comunicación como una verdad, cuando se trata de estimaciones) se encuentre en cuestión el propio funcionamiento de una institución como es el mercado eléctrico, a través del cuestionamiento de las tecnología que participan en él.

Y, no tanto porque se critiquen los precios de nuestro mercado (que, en primer lugar, son semejantes a los de Europa y dependen de la demanda y de las materias primas, como en Europa), sino que se critica como se “benefician” unas tecnologías sobre otras de los precios que fija el propio mercado, algo normal en todo mercado de producción de bienes y servicios homogéneos (el kilowatio). Quiere decirse que la propuesta no va para abaratar precios, sino para expropiar resultados. Toda esta ceremonia, convive con la existencia de los precios más bajos de la energía que en Europa, junto con Francia (anormalmente bajos), fruto de la actitud renuente (y los comportamientos elusivos de las Administraciones de turno) para acometer una revisión tarifa que refleje los precios de la energía.

Podemos hacer un resumen de las causas por las cuales en un país como el nuestro, europeo y occidental, que empezó con un proceso de liberalización que era la envidia de Europa, está llevando hacia propuesta involucionistas e intervencionistas o, desde perspectivas teóricas, académicas-optimizadoras.

– Existencia de un importante déficit tarifario acumulado. Este, son ser grave, sería un problemas de partida. Se trataría de un embalsamiento de costes de la energía que, ya se produjo en el tardofranquismo, y que por la debilidad política y el nivel de intervención del Estado, no se abordó a tiempo. Es, eso sí, es el origen de todas la batallas. Este año acabará por encima de los 12.000 millones de euros acumulados, de forma que este año ya la tarifa acoge 900 millones de euros entre amortización del principal. Lo único que hace el ajuste tarifario propuesto por la CNE es asumir la evolución de los precios de la energía en 2008 para dejar el déficit ex ante (la diferencia de ingresos y gastos que se había fijado de partida) en su montante inicial. Lo lógico era hacer un plan, una periodificación temporal del mismo, un esfuerzo conjunto para sacar determinados elementos de la tarifa, revisar la fiscalidad de la electricidad, etc… Buscar una solución presentable. Pero para eso hacen falta gestores, capaces de trazar un plan, de administrarlo y de explicarlo (con convicción para ello). Las soluciones creativas que van apareciendo, a lo que tienden es a ‘meter mano’ por vías torticeras a la tarifa eléctrica y revestirlas de decisiones contra las empresas en beneficio de los consumidores (que pagan a plazos y con intereses el desmán tarifario).

– Incapacidad política continuada para trasladar los costes a las tarifas. Heredada de dos hechos. El primero es que durante los gobiernos populares se produjo, con una coyuntura favorable de las materias primas energéticas una disminución de los precios reales de la energía muy elevada. Las ultimas legislaturas socialistas han venido caracterizadas por lo contrario, precios altos de la energía, crecimiento de la demanda, y tarifa fija para no incurrir en costes políticos, por comparación, en el desarrollo de un juego político cainita que hubiera sido necesario para sacar esta cuestión del debate político. Consecuentemente, el segundo hecho es que cualquier coartada que permita evitar esta elevación a los ciudadanos es bien recibida, aunque sea poco ortodoxa y afecte a la estabilidad del sector y a la credibilidad de nuestra economía, en un territorio en que las ideas claras sobre el funcionamiento de la inversión y los mercados financieros es clara y manifiesta.

– Existencia de una minoría creativa, intervencionista, optimizadora, procedente del antiguo régimen, cuando no existía mercado. Con la definición minoría creativa, retroprogresiva, nos referimos a un grupo de intelectuales vinculados al sector energético, procedentes de otra época. Con una visión ‘progre’ y no libre del funcionamiento de los mercados y los agentes económicos, enfrentado a los agentes empresariales (excepto a los monopolistas propios o foráneos), con la vuelta a un modelo de intervención, el marco legal estable de la dictadura, la sujeción de las empresas a la inteligentsia, al arbitrismo por tecnologías, la explotación centralizada, el monopolio de redes, la planificación de la economía más dinámica de Europa, el control de rentas, la regulación ‘ad hoc’, los planes quinquenales y la reinstauración del Soviet Supremo (y sus consecuencias contra la inversión y la seguridad de suministro). Un elenco de posiciones nada homologables en el ámbito regulatorio, con ningún país, del continente que sea, pero con algo muy peligroso para la Administración: con influencia, máxime en un momento de cambio de equipo. Y, lo bueno, es que sus trapisondas se notan en el medio plazo y en eso que los mercados (en los que no creen), denominan, confianza y estabilidad.

– Existencia de corrientes ocultas que trazan caminos desde el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, regulador independiente, hacia el Ministerio de Industria, regulador principal. Esas corrientes ocultas, también afectan a los propios servicios de la CNE, dónde en el caso del actual y anterior Dirección de Regulación se ha colocado como ‘la fuerza del eje’, desplazando a las áreas sectoriales expertas y concentrando la capacidad de interlocución regulatoria al juego político exterior de sus mayores. Sólo así, se pueden explicar el colaboracionismo con las sintonías con los afanes políticos de cada momento y con el regulador principal.

– A esto se une una visión del órgano regulador muy distorsionada, de forma que está permanentemente expuesta, en almoneda y deteriorando su rigor. El hecho es que no tiene nada ver la actuación fuertemente polémica e intervenida de la CNE, con la CMT o con la CNMV (futura Comisión Nacional de Servicios Financieros). Todo ello partiendo de un peligroso relativismo moral en lo que se refiere a independencia, (una independencia parcial es una dependencia) en lo que refiere al concepto, al principio, al conocimiento del funcionamiento de los mecanismos de mercado, al valor de la independencia y a la profesionalidad.

– Déficit social de la idea de mercado y de liberalismo, unido a una falta de cultura económica. Un excipiente en que todos los gatos son pardos. Pero esto es algo que no tiene solución, salvo a través de la censura de la Unión Europea, porque parece inconcebible que un organismo pueda aprobar una propuesta que va en contra de los propios criterios de la Comisión Europea y del mercado. El colmo del antiinstitucionalismo.

– Apriorismo y tolerancia ante la falta de seriedad y rigor, abundancia de inexactitudes, desarrollo de supuestos académicos y de laboratorio y, facilidad para hacer la vista gorda ante “defectos” notorios (poco justificables en el regulador independiente), en el uso de la información, con tal de obtener unos resultados que estaban predeterminados, como un partido de segunda división con maletines.

Finalmente, en la coyuntura actual, cabe preguntarse por qué la presidenta del organismo Maite Costa habría participado de esta ‘ceremonia’ que, en el fondo, deteriora nuevamente a la Comisión Nacional de Energía y la sume en un nuevo ‘agujero negro’, semejante al escándalo de la OPA de Endesa o a la manipulación ordenada desde instancias políticas, en la anterior etapa del informe sobre la OPA de Gas Natural a Iberdrola. Ha consumido toda la credibilidad (de existir) en este último envite. Sobre todo porque, de llevarse la propuesta a sus extremos, el propio organismo carece de sentido. La inquietud por los cambios que se estaban produciendo en el Ministerio, la cantidad de corrientes ocultas y ligazones con la Administración y la necesidad de su reposicionamiento podrían ser la explicación a esta última polémica.

La razón del mal.

La nueva Administración energética empieza a percibir la importancia del problema que ha recibido en materia de déficit tarifario y, su origen, la tarifa eléctrica y su administración intervenida. Por tanto, parece que empieza una nueva función y ese pistoletazo de salida parece que lo han marcado las declaraciones cruzadas del pasado viernes de los titulares actuales del área de energía. Así, la semana pasada acabó con la aparición de disensiones alrededor de este tema, entre Pedro Marín, Secretario General de Energía y el Ministro de Industria, que afirmó que se tendría en cuenta la propuesta de la CNE (que se estima en una subida de alrededor del 20 %).

Por su parte, Miguel Sebastián, refrenó esa franqueza y su consecuente tendencia favorable a la subida de tarifas, señalando que una subida del 20 % sería excesiva y abogando por que la subida que se produjera debe ser razonable. También intervino sobre la cuestión, el Vicepresidente del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, que de forma ortodoxa, sin aplicarse a adjetivos más imprecisos (razonable, justo, excesivo, etc.…) afirmó la semana pasada que había que acercar las tarifas eléctricas a los costes reales.

Hay una noticia buena y otra mala de todo esto. La buena es que parece que no se discute la necesidad de una subida de tarifas, no se polemiza sobre la existencia de un déficit tarifario, se reconoce la existencia de un mecanismo perverso y perjudicial para la economía, que además es difícil de sostener en el tiempo en un entorno europeo y liberalizado. Por lo tanto, parece que se ha acabado la etapa del sexo de los ángeles. Algo que hasta hace poco parecía imposible, porque la apelación a los dudosos argumentos de responsabilidad política parecía acallar cualquier sombra sobre la posibilidad de que las tarifas recojan la realidad, en lugar de vivir a crédito. Partimos, por tanto, de algo que parece un substrato que conforma un elemento común: hay que acabar con el déficit tarifario y con una tarifa artificiosamente baja que hoy recibe el nuevo equipo ministerial como una losa de proporciones descomunales. De hecho, si la tarifa se hubiera ido actualizando de manera ordenada en cada momento, la subida de precios energéticos que tendría que administrar Sebastián (o en su caso la CNE) para este próximo trimestre sería mucho menor, apenas la diferencia porcentual de lo que ha variado los precios en el mercado de generación en el trimestre pasado, sobre éste (el resto de conceptos de la tarifa eléctrica, no tendría variación al tratarse de actividades reguladas). Por tanto, colegimos, es una herencia envenenada que no se ha sabido gestionar políticamente y, sus decisiones están presididas por argumentos políticos, sus consecuencias en términos de confianza e inversión podrían ser devastadoras.

En ello puede haber influido, desde el volumen acumulado de déficit tarifario que da vértigo, la situación económica, la dificultad para conseguir su financiación sin producir importantes desajustes, la cercanía del calendario de liberalización, la sombra de la Comisión Europea sobre los comportamientos de la Administración en el mercado eléctrico.

La noticia mala es el efecto memoria que se puede percibir en toda esta situación informativa, respecto de atisbar una posible desautorización a los procesos de actualización de las tarifas, a los que ya hemos asistido en la legislatura anterior. En su descarga, hay que reconocer que el papel del nuevo equipo es difícil con una situación de este porte. En este sentido, Miguel Sebastián y el Secretario General de Energía han empezado a sufrir los rigores de estar en la parte pública del escenario político, sometidos a seguimiento y escrutinio permanente por los medios informativos, con dos declaraciones contradictorias en un mismo día, a menos de un mes de sus nombramientos. Lo que está claro es que no es lo mismo, estar en la zona oscura de la Oficina Económica de la pasada legislatura que la exposición y la determinación de una atribución gestora de una Administración. De todas formas, una disfunción así es razonable en los primeros momentos de rodaje al frente de una responsabilidad como esta y, sus consecuencias, seguramente las podremos ver en el futuro. Esperemos que no sean la inhibición de los partidarios de las soluciones más díficiles políticamente, pero más necesarias.

Por ello, es razonable que Marín como Miguel Sebastián, verbalizaran esa contrariedad, criticasen lo hecho anteriormente, en materia tarifaria, tildándolo de que no se había hecho lo suficiente. Esperemos que, en esa formulación tan ambigua, no se trate de la tendencia a los atajos y a la perversión del mercado eléctrico, como fue la detracción de derechos de emisión o de otros postulados que se profieren desde las minorías creativas influyentes de origen intervencionista, versión más estatalista, con reminiscencias a esquemas joseantonianos o bolcheviques (vuelta a un esquema semejante de CTC’s, reversión al marco legal estable por costes medios, fijación de rentabilidades a cada tecnología y en ese plan). En todo caso, puede ser que alguna de estas críticas, no sienten bien en la corriente catalanista defensora de la actuación de Nieto y agraviada tras la reforma del gabinete Zapatero, al desaparecer su influjo en Industria o Fomento.

Unido a esta primera escaramuza infomativa y a todo este proceso de necesidad de ajuste tarifario, está el cambio de papeles en la formulación de la tarifa. A partir del próximo trimestre la Comisión Nacional de Energía será la responsable de su elaboración, lo que de facto puede acabar en un deslizamiento del responsable de lo que tenga que pasar. Por eso, lo razonable es abordar de una forma coordinada y consensuada un programa serio que trate el ajuste tarifario, sin atajos, ni procesos que desvirtúen el funcionamiento del mercado, con un modelo creíble, transparente, que refleje los esfuerzos y aportaciones de todos agentes, de forma que no afecte a la inversión y a la confianza necesaria en nuestra economía y nuestro sistema energético.

La tarifa eléctrica vuelve a colarse en la agenda informativa y puede trastocar a la Administración, en el temor atávico y colectivo a la toma de decisiones impopulares postergadas o enmascaradas. Esto solo acaba de empezar. La opera no termina hasta que no canta la gorda.

La copla decía, que la falsa moneda de mano en mano va y ninguna se la queda. Y, algo así parece que pasa con el déficit tarifario. Parece que va pasando de mano en mano, de gobierno en gobierno, de administración energética (en la anterior legislatura hubo dos), de legislatura a legislatura y ninguno acomete este problema, produciéndose un efecto acumulación que puede alcanzar niveles sofocantes y que requiere una acción gestora combinada, basada en la propia culminación del proceso de liberalización de las tarifas eléctricas.

El déficit tarifario surgió en un principio como una diferencia en la estimación de las tarifas eléctricas con los costes que arroja el mercado de generación, es decir un deslizamiento en los costes de generación de la energía sobre las previsiones anuales del tope que impone la tarifa. Esto ocurría cuando las tarifas se fijaban de forma anual (ahora se fijan trimestralmente, aunque fijas, fijas, lo que se dice fijas parece que ya son), se determinaban teniendo en cuenta que la Ley del Sector Eléctrico indicaba que las tarifas debían atender a los costes y, con el transcurso de lo que pasaba durante el año, la misma podía resultar deficitaria, lo que quiere decir ser insuficiente para cubrir los costes (no ser aditiva). En los primeros años, estos déficit eran pequeños y su origen era fundamentalmente un error de cálculo motivados por la propia evolución de precios. El déficit tarifario, se financia a 15 años.

Hoy el déficit tarifario se trabaja a conciencia, es decir, es deliberado. O bien se fijan tarifas que se reconocen insuficientes desde el primer momento (en el mismo momento en que se promulga el decreto o la orden ministerial ya se sabe que están generando déficit). O bien, desde hace dos años, se convierte en un déficit ex ante (se calcula ese déficit generado el día que se aprueban y se reconoce a la vez que se fija la tarifa, de una sola tacada. Es como si hubiese un pago al contado por los consumidores y otro pago a plazo –el déficit-). Hay quien sostiene que reconocer el déficit ex ante es incumplir la propia ley en la medida que supone fijar tarifas que no cubren los costes.

Las cifras de déficit que se vienen generando los últimos años son desbordantes. En esto, cada gobierno debe ser responsable de su déficit tarifario, generado con sus decisiones tarifarias. En 2008, previsiblemente acabaremos (de acuerdo a las previsiones más optimistas), con mas de 16.000 millones de euros acumulados, una cifra que multiplica el déficit tarifario con el que este gobierno entró al poder. Bien es cierto que se ha pasado por situaciones en que los costes de generación han sido muy diferentes. Durante los gobiernos del Partido Popular, asistimos a una evolución muy favorable del dólar y a unos precios internacionales de la energía y del petróleo mucho más bajos que los de hoy. Eso, en todo caso, es un tema de mala suerte, o de planificar un mix de energía más barato, o un escenario internacional que no se puede esconder y que hay que responder de forma responsable.

Por ello, eso no quiere decir que la solución, ante un escenario diferente pueda ser la misma, incluso incrementada. Es decir, por su propio volumen y por sus distorsiones presentes y futuras: en primer lugar, el déficit se traslada, se financia a quince años; en segundo lugar el importe del déficit acumulado y financiado se va incrementando de forma acumulativa, la proporción creciente en la tarifa deja menos margen para el propio crecimiento de la misma, aumentan los intereses como costes financieros y, en momentos como el actual, con crisis de liquidez, su colocación se hace más difícil y más cara. Con todo el mayor efecto es el del espejismo de los consumidores que no saben lo que gastan y lo que comprometen al futuro. Pero hay más. Empiezan a definirse atajos regulatorios: se imponen soluciones creativas desde la esfera de los reguladores, que de facto, suponen el no reconocimiento de facto de parte del precio de la energía generada. Por ejemplo, la detracción de los derechos de emisión, la posible reinvención de los Costes de Transición a la Competencia (CTC) o la determinación de precios de la energía para las casaciones de empresas que generan energía y que distribuyen de un mismo grupo por poner algunos ejemplos.

Comienza una nueva legislatura y aunque no se conoce todavía si se producirán cambios en la administración energética, parece que la voluntad para resolver este problema no está encima de la mesa. No es país, o no es el momento, para abordar problemas gestores de este calibre, con la inflación galopando y con la desaceleración económica en la nuca. En los programas políticos de los partidos no figura el abordaje del déficit tarifario para que deje de ser un mal endémico y acumulable. Las declaraciones que leemos de los partidos así lo acreditan. El punto de partida es reconocer el problema y su importancia y, en esa fase, todavía no estamos.

¿Hasta cuando esta patata caliente?

La existencia de un monopolio en un mercado se caracteriza en el ámbito de cualquier sector económico por la consecución de costes superiores y precios más altos a los que se obtendrían de configurar un mercado liberalizado con más operadores. Esto implica que el monopolio produce una serie de ineficiencias en un sistema económico. Esto es algo que constituye una constatación desde el punto de vista de la ciencia económica

Existen situaciones en que es posible, e incluso justificable (aunque cada día menos) la existencia de un monopolio. Es el ejemplo del monopolio natural: aquel que se produce como consecuencia de que el tamaño mínimo eficiente del mercado en el que opera es tan alto, de forma que no existen incentivos a la entrada de otros operadores o bien en el comienzo del desarrollo de una actividad en que la inversión a realizar para su puesta en marcha es muy elevada y no se puede fraccionar. Otro de los criterios es que el monopolio desarrolla una actividad en que los operadores privados no entrarían: la seguridad pública o el Ejército, son dos ejemplos. Con la existencia de mercados cada vez mayores, con un número importante de consumidores, es difícil encontrar situaciones en que es eficiente la conformación o mantenimiento de monopolios.

En otras ocasiones, legalmente puede existir un mercado, pero, de facto, existe un comportamiento monopolístico por parte de los agentes, cuando no existe competencia real. La ineficiencia se muestra en forma de empresas con un tamaño superior al que en otras condiciones sería capaz de actuar otra empresa de forma equivalente, pero con menores costes o de forma más eficiente y competitiva, siendo además capaz de trasladar estos ahorros a los mercados, vía precio y vía inversiones.

Red Eléctrica: de empresa pública a empresa monopolistica

Al mismo tiempo los monopolios desarrollan una capacidad de condicionamiento a la Administración muy importante, lo que garantiza su propia pervivencia e incluso su tendencia expansiva al crecimiento, es decir a ocupar la actividad, expulsando posibles agente privados. Por ejemplo, aquellas actividades con empresas monopolísticas suelen estar dirigidas y presididas por representantes de su accionista más específico, el Estado. Por tanto, provienen de la política o de la escala de mando de la Administración, en lugar de la gestión privada e incluso alimentan cierta suspicacia hacia quienes tienen un perfil más empresarial. Existe incluso una cierta complicidad internacional entre empresas públicas o empresas monopolísticas, de comprensión y de cercanía, incluso con las administraciones públicas de otros. Por ello, podemos apreciar como los estatalistas y monopolistas, se alinean y se unen entre sí, en una coalición o colisión, como se quiera ver.

Influencia sobre el regulador: monopolio con la reforma de la Ley del Sector Eléctrico y retribución de su actividad de transporte

Un ejemplo paradigmático en nuestro país y dentro del sector energético, es el de Red Eléctrica de España, ex empresa pública, conformada como monopolio a raíz de la modificación de la Ley del Sector Eléctrico en junio de 2007, lo que ha conllevado una relación de influencia adicional en el ámbito regulatorio creciente, espiral, que se retroalmienta, que ha condicionado el recientemente aprobado decreto de retribución de las actividades de transporte, de forma que el regulador principal, en este caso el Ministerio a través de la Secretaría General de Energía, se ha saltado a la torera todas las críticas que le había dirigido la Comisión Nacional de Energía (CNE), excepto el procedimiento de determinación de valores unitarios de los activos. Todo ello, a pesar de que en Red Eléctrica, además de la SEPI, hay accionistas privados y fondos de inversión, pero su comportamiento por su influencia en el regulador y por su propia conformación legal reciente, es monopolística. El mejor de los mundos posibles.

Además, fruto de esta vinculación, Red Eléctrica elabora informes de apoyo a la Secretaria General de Energía contra las empresas que operan en el sector, está dirigida por un ex ministro y, con su carácter expansionista, ha retirado a las distribuidoras de la actividad de transporte en la red de 220 kV en las ciudades, sin contar que lleva detrás de la operación para la integración de Enagás (algo cada vez más indisimulado, aunque ahora haya una cierta parada en esta pretensión, fruto de la época electoral), desde hace tiempo para ocupar toda la actividad de operador de sistema y transporte tanto el mercado eléctrico como en el del gas.

Una situación desigual y asimétrica

Otro paralelismo evidente existe entre estatalismo y monopolio. En el ámbito europeo, la legislación no establece diferencia alguna por el régimen de propiedad de las empresas, ni derivados de su titularidad, ni de su comportamiento en el mercado como monopolístas, a la hora de valorar como operan en los mercados o como intervienen en el ámbito exterior a través de la adquisición de otras empresas de otros países. Así, los monopolios o pseudomonopolios estatales campan por sus anchas, con legislaciones proteccionistas de su actividad en sus países de origen (y en coalición con sus reguladores propios), con menores requerimientos de rentabilidad que los operadores privados y con la salvaguarda de que vía el procedimiento de la ‘acción de oro’, u otros semejantes, son inexpugnables. Es por tanto, una curiosa forma de entender eso de la libertad de circulación de capitales, lo que se convierte en una defensa encubierta del estatalismo. Así, recientemente hemos asistido a la anulación de la ley Rato por el Tribunal de Luxemburgo, una ley que ponía coto a las empresas de titularidad estatal de otros países que quisieran realizar una operación corporativa con empresas españolas privatizadas. Era hora de que alguien del gobierno español y con experiencia europea como Pedro Solbes, lo reforzara.

Por eso, están apareciendo con más insistencia, voces críticas, cada vez más autorizadas, con esta tabla rasa asimétrica y peligrosa, desincentivadora de procesos de liberalización. Hoy, muchos años más tarde la aprobación del Tratado de Roma y de los sucesivos acuerdos de reforma de la Unión, no tiene sentido una mantener una situación asimétrica anacrónica, que perjudica a los países que han realizado procesos de liberalización de sus mercados.

En Francia, EDF es un pseudomonopolio de carácter estatal. Opera absorbiendo un 80 % del mercado eléctrico francés y la titularidad del Ministerio de Economía es también del 70 %. Decía el profesor Barea el pasado sábado en Cinco Días, como el aumento de beneficio de EDF había sido en 2007 del 0,2 % con respecto a 2006 y las ventas crecieron un 1,2%. EDF tiene aproximadamente una potencia instalada de 128.500 MW y 156.500 empleados.

Los ratios de eficiencia de EDF no tienen comparativa con los de su objetivo corporativo Iberdrola. Mientras que en 2007, la compañía ha aumentado sus ventas en un 58,5 % % y su beneficio un 58,5% (principalmente derivado de sus operaciones exteriores) Tiene una capacidad instalada de 42.000 MW aproximadamente y 30.000 empleados. Hagan cuentas.

Consecuencia: los monopolios y empresas estatales se unen en sus comportamientos análogos. Tienen que ser alimentados para garantizar su pervivencia y son engordados a partir de la eficiencia de los operadores privados, vía expulsión de actividad o vía mayor retribución. ¿Y como se alimentan? Gracias a la tesorería generada por sus negocios bien protegidos por sus respectivos gobiernos, que son juez y parte, reguladores y propietarios. Con esa tesorería se pueden comprar empresas privadas y eficientes, para seguir creciendo. Ahí está otra conclusión, para quien se sitúe en el grupo de los colaboracionistas públicos o privados, que los hay.

(Atención, pregunta, ¿se imaginan a un Secretario General de Energía, como el actual, en Francia erosionando vía regulatoria los ingresos de EDF?)

La omnipresencia de las elecciones generales del 9 de marzo en el ámbito de la energía ha ido dejando también aparcados en la agenda del sector una serie de cuestiones que, por su capacidad de generar polémica en tiempos de estar en juego negocio político, parecen poco propicios. También, obviamente, por la propia posición de los agentes implicados, incluida la Secretaria General de Energía. La posición del regulador principal se expresa evidentemente en lo escrito en los proyectos normativos que presenta a la Comisión Nacional de Energía, en lo que impone directamente a través del Boletín Oficial del Estado como en el caso del Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión o en lo que insinúa a través de los medios de comunicación ‘del régimen’. Por eso trataremos la cuestión de lo que la superioridad esconde en dos apartados: lo conocido pero que está sin resolver y lo desconocido.

Lo que si está claro es que este parón, sobre los proyectos normativos presentados y actualmente en proceso legislativo, nos llevará al mes de mayo casi con toda seguridad. Cualquier previsión o promesa anterior obvia principios básicos de prudencia. Un mero cálculo así lo acredita: precampaña, campaña, elecciones, configuración del nuevo Gobierno (si es del mismo partido, si precisa socios, alianzas o coaliciones y si no es del mismo partido, también puede precisar socios, alianzas y coaliciones). Por tanto, un primer mensaje a enviar a todos aquellos que esperan el alumbramiento reglamentario pertinente con ansiedad es que vivimos tiempos de quietud, de mejor no ‘meneallo’, que la paciencia es una virtud y que en las alforjas de esta Administración y sus comportamientos políticos está el no provocar escándalo en estos instantes (para eso, en el sector energético, está el resto del año).

– Biocarburantes

En este sentido, en días pasados varias asociaciones vinculadas al sector de producción de los biocarburantes, se quejaban de la situación de indefinición que el sector tiene, señalando los riesgos para el sector de la misma, con el posible cierre de fábricas, pendientes de que ultime su reglamentación, unido a la importación de combustibles foráneos. Actualmente, esta normativa ha sido devuelta desde la Comisión Nacional de Energía habiendo remitido su informe al Ministerio de Industria, con una propuesta alternativa a la que inicialmente había enviado la Secretaria General de Energía al organismo que preside Maite Costa. La propuesta de la Comisión Nacional de Energía es más neutral con la configuración del mercado de biocarburantes, mientras que la que había remitido Industria parece que incidía especialmente en la promoción del bioetanol, en mayor medida, frente al biodiésel. Lo que está claro, es que no parece que sea tiempo de dirimir dilemas como éste, y máxime, vislumbrando lo que se trasparenta desde el techo de cristal, de forma que se puedan empezar a establecer capicúas entre agentes muy influyentes y voluntad del regulador principal.

– Negociaciones con el sector fotovoltaico

Otro tema que venimos señalando en nuestras páginas es la situación de las negociaciones con la industria fotovoltaica. Como todo el mundo conoce en el sector renovable, el año pasado tras un proceso de negociación arduo y dejando en su alambrada, hecha jirones la seguridad jurídica y la estabilidad regulatoria, se modificó el R.D. 436/2004, mediante el R.D. 661/2007. Ese Real Decreto en el ámbito de la fotovoltaica, empezó a tener modificaciones por ¡corrección de errores!, en el mes de julio. Visto que la evolución y el crecimiento de proyectos de este sector (y de nuevos entrantes) iba mucho más rápido de lo previsto (por que entre otras cosas no había previsto) se activa el mecanismo de parada por la vía más abrupta que tenía el propio Real Decreto y se abre una negociación tres meses más tarde. Negociación que las empresas señalan como estancada, derivado del bajo interés del Ministerio de Industria de continuar con ella. En suma, otro pastel en el horno o en el pudridero, que parece que deberá esperar a este calendario electoral.

– Retribución de Red Eléctrica de España

Otro tema que ha sido devuelto por parte de la Comisión Nacional de Energía ha sido la retribución de los activos de transporte de Red Eléctrica de España, cuyas fórmulas y valores se habían reexpedido desde la Secretaria General de Energía al regulador independiente. Al parecer la Comisión abrirá un concurso para que una entidad independiente empiece a calcular los valores de referencia del mismo modo que ocurrió para los activos de transporte gasista. La pregunta es que hará en este caso el actual Secretario General de Energía, poco acostumbrado a que le lleven la contraria y a emplear el BOE y el procedimiento legislativo, según proceda, para llevarse el gato al agua. Por ejemplo, recientemente, en el caso de los activos de transporte gasista, sin modificar su metodología (la crítica de fondo del regulador independiente), remitió la propuesta al Consejo de Estado (la crítica de forma del regulador independiente), sin más cambios para que siguiera su camino.

En próximos días, también hablaremos de lo no conocido hasta ahora, como la Prospectiva Energética 2030, documento desaparecido del mapa y otras insinuaciones regulatorias.

El que espera, desespera.