Cañete dice que el «fracking» es un asunto «complejo» que requiere ser tratado con rigor y seriedad

El ministro señaló que las decisiones que se tomen sobre el «fracking» se apoyaran en criterios técnicos y medio ambientales.

También manifestó que los proyectos no son en sí mismos ni buenos ni malos, sino que las condiciones ambientales en las que se opere con esa técnica son las que determinarán si es viable su aplicación.

Durante su intervención recordó que en el ámbito europeo las posiciones respecto a la utilización del «fracking» no son unánimes, «aunque sí es compartida la preocupación por los riesgos potenciales de esta actividad y hay una voluntad general de llevar a cabo un análisis previo en profundidad». Hasta la fecha, indicó, ningún país aprobó proyecto alguno de explotación.

En cualquier caso, el ministro aseguró que existe un amplio consenso para que se intensifique el control por parte de las autoridades competentes de los proyectos de fracturación hidráulica. Así afirmó que el Ministerio está aplicando un principio de precaución y cautela, para asegurar que no se ponen en riesgo la salud pública ni el medio ambiente, «con especial atención a la calidad de las aguas».

En este sentido, Arias Cañete señaló que aunque los proyectos de «fracking» no se incluyen dentro del ámbito de la actual Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, el Anteproyecto de Ley de Evaluación Ambiental que se esta elaborando sí incluirá este requisito.

Durante las jornadas se informó que en 2012 los permisos exploratorios solicitados por las empresas del ramo para investigar si hay hidrocarburos no convencionales en España rondaban los 70 y las hectáreas solicitadas con el mismo fin ascendían a los 6 millones.

Debido a la controversia que despierta el tema, desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se defendió, en estas jornadas, la necesidad de que la Unión Europea regule sobre esta técnica.

El presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la FEMP, Rafael Louzan, informó que en los últimos meses llegaron a la federación más de un centenar de mociones, especialmente de ayuntamientos de Cantabria y de Castilla y León, así como de diputaciones de Soria y Valladolid, mostrando su rechazo y disconformidad con los permisos de investigación concedidos.