Anpier pide a más de 300 alcaldes que defiendan la fotovoltaica que es propiedad de sus municipios

La asociación recordó que la producción fotovoltaica revierte en beneficio de las arcas de cada municipio y que el reglamento de bienes de las entidades locales establece que «las entidades locales tienen la obligación de ejercer las acciones necesarias para la defensa de sus bienes y derechos».

Sobre esta base, Anpier se dirigió a todos los ayuntamientos con energía fotovoltaica, entre los que figuran algunos de gran tamaño, como son los de Barcelona, Bilbao, Murcia, Albacete, Badajoz, Vitoria, Lugo, Ávila, Soria, Tarrasa, Sabadell, Elche, Leganés y Alcobendas.

En concreto, la asociación pidió a los alcaldes que defiendan los «derechos remunerativos» vulnerados a su juicio por el real decreto ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.

En sus misivas, Anpier instó a los alcaldes y concejales de estos municipios afectados a que reclamen «de forma inmediata y fehaciente al Gobierno de España la desaparición de las normas retroactivas que atentan contra los intereses de su municipio por el cauce legal pertinente».

Esta reclamación se realiza a la vista de que «el cambio normativo producido perjudica gravemente los intereses de sus conciudadanos, toda vez que la confianza legítima que en su día otorgaba el Estado ha sido truncada de forma abusiva e inesperada», afirmó.

La asociación también se dirigió en los mismos términos a los grupos de oposición de estos ayuntamiento, para que intercedan igualmente «en la defensa de los derechos de los ciudadanos de su localidad».

En las cartas, se pidió al municipio que reclame o la restitución de la situación jurídica que llevó al consistorio a acometer la inversión de una instalación fotovoltaica, o la restitución de los daños patrimoniales que el cambio normativo supondrá a las arcas públicas.

Anpier se ofreció a asesorar y colaborar en la defensa jurídica de estos ayuntamientos, y recordó que la mayor parte de los 4.500 socios de esta asociación iniciaron una batalla jurídica que «sólo cesará cuando se les restituyan sus legítimos derechos».