Barcelona advierte a las compañías eléctricas de que las multará si no cumplen la ley catalana de pobreza energética

EFE.- El Ayuntamiento de Barcelona advirtió a las empresas eléctricas que les impondrá «multas coercitivas» si no se avienen a participar en los convenios con las administraciones que contempla la ley 24/2015 de Emergencia Habitacional y Pobreza Energética.  La teniente de alcalde, Laia Ortiz, anunció la aprobación de una instrucción jurídica y una propuesta de convenio con las eléctricas para avanzar en la aplicación de la ley, que contempla la aplicación de sanciones de 3.000 euros a quien se niegue a participar.

La edil ha apuntado que la comisión de gobierno del consistorio aprobó una propuesta-convenio «ambiciosa» elaborada con la colaboración de la Alianza Contra la Pobreza Energética, entidad impulsora de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dio lugar a la ley 24/2015, y ha asegurado que las empresas de suministros deberán sentarse a negociar «porque si no, se pondrán multas». Sin embargo, Ortiz ha asegurado que debería ser la Generalitat quien impulse un convenio de ámbito catalán, y ha exhortado al ejecutivo de Carles Puigdemont a «hacer suya» la propuesta del Ayuntamiento de la capital catalana.

Asimismo, Ortiz ha indicado que entre las medidas que propone el convenio están la aplicación de descuentos en las facturas de luz y gas, la condonación de deudas a las personas «atrapadas» en situaciones de pobreza energética o facilitar que quienes están conectados a los suministros de forma «irregular» vuelvan al sistema. La dirigente catalana también exhortó a las compañías eléctricas a enviar regularmente a los servicios sociales la situación de los avisos de cortes de suministros, y les ha recordado que no se les puede cortar el suministro si están en riesgo de exclusión.

En cuanto a las multas que plantea aplicar el consistorio a las empresas de suministros, Ortiz ha explicado que se contemplan dos tipos de sanciones, las coercitivas, para obligar a las compañías a sentarse a negociar el convenio, y otras para las faltas «graves o leves» que deriven del incumplimiento de esto, y que oscilarán entre 10.000 y 100.000 euros.