Acciona, EDP y E.ON se suman al recurso ante el Supremo contra el Fondo de Eficiencia Energética

Europa Press.- El Tribunal Supremo ha admitido a trámite siete nuevos recursos en contra de la orden ministerial en la que se fijan las obligaciones de aportación de cada empresa al nuevo Fondo Nacional de Eficiencia Energética, entre ellos los de las empresas Acciona, HC (filial de EDP España) y E.ON España.

Entre los recurrentes también figuran los instaladores eléctricos, a través de la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas y Telecomunicaciones de España (Fenie), y los pequeños comercializadores, representados por la Asociación de Comercializadores Independientes de Energía.

El Alto Tribunal también ha admitido a trámite denuncias particulares de la comercializadora Nexus, así como de la petrolera Tamoil. Este martes publicó además otro recurso de las pequeñas distribuidoras de electricidad integradas en Cide HC Energía.

Todas estas denuncias se suman a las ya presentadas ante la misma instancia por Cepsa, Disa y por la Asociación Española de Operadores de Productos Petrolíferos (AOP), que representa a las principales petroleras del país, entre ellas también Repsol, BP, Galp, Saras y Shell.

La orden ministerial denunciada, publicada en febrero, detalla las aportaciones de cada empresa al nuevo fondo de eficiencia, creado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y en el que se establece la contribución obligatoria de 240 agentes del sector con el objetivo de ahorrar este año 243 millones de euros a través de medidas de eficiencia.

Conforme a este nuevo mecanismo de obligaciones, las empresas deben ahorrar durante el año una energía equivalente a un 1,5% anual de sus ventas, medidas en términos energéticos, a través de medidas de eficiencia.

El esquema de reparto convierte a las distintas empresas de Repsol en las obligadas a realizar un mayor esfuerzo en términos cuantitativos, al aportar unos 44 millones al plan.

Este plan de Industria se lanza en cumplimiento de las directivas comunitarias, que establecen la obligación de justificar las cantidades de ahorro de energía conforme a los objetivos de 2020. España debe ahorrar 15,9 millones de toneladas o equivalente entre 2014 y 2020.