Unesa pide a Industria que adapte la orden de peajes eléctricos a la «legalidad» y dice que las nuevas tasas ponen en peligro el sector

Unesa advirtió además que el diseño de esta orden ministerial, sumado a los nuevos impuestos y tasas, «dificultan cualquier inversión y ponen en riesgo la viabilidad del sector» eléctrico.

La asociación empresarial, presidida por Eduardo Montes, recordó que, tras la aprobación por el Parlamento de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2013, es necesario «revisar» la orden de peajes, ya que en la misma se parte de la idea de que habrá costes extrepeninsulares que se trasladen a las cuentas públicas, lo que los propios Presupuestos Generales del Estado rechazan.

De hecho, la propuesta de orden ministerial fundamenta la congelación de las tarifas en la financiación del coste de generación extrapeninsular por parte de los Presupuestos Generales del Estado en 2012 y 2013, así como en unos ingresos extraordinarios durante 2013.

Según señaló Unesa, «estos ingresos sólo podrían provenir de los Presupuestos Generales del Estado ya que, según el borrador de orden ministerial, no se obtendrán de las tarifas, y la legislación vigente no prevé otras posibilidades».

Estas dos partidas suman aproximadamente 5.500 millones de euros, que se convertirán, de forma automática, en déficit de tarifa en 2013, cuando la exigencia legal es que el déficit sea cero.

Estos 5.500 millones de desafase se producirán a pesar de que las cuentas públicas van a aportar unos 3.400 millones de euros a la tarifa, que es lo que se espera recaudar con los nuevos impuestos a la generación y las subastas de derechos de CO2.

Por este motivo, la asociación se preguntó por qué, desde algunos medios, se habla de unas cifras de déficit de tarifa muy inferiores a las contenidas en la propuesta de orden ministerial sometida a trámite de alegaciones por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que recoge expresamente un déficit de tarifa en 2012 de 3.452 millones de euros, muy superior a los 1.500 millones de euros de tope legal.

Unesa indicó que las eléctricas de la asociación prestaron «hasta ahora» un «excelente servicio», tanto a particulares como a empresas, y garantizaron un suministro eléctrico «fiable y de calidad, prácticamente en exclusiva».

Además, aseguró que los precios de la electricidad en España «se han situado siempre en la banda media-baja de los de la Unión Europea, alcanzando niveles competitivos».

Unesa también afirmó que las eléctricas financiaron durante años el déficit de tarifa, «independientemente de su procedencia», y que invierten en el país aproximadamente 3.000 millones de euros al año, al tiempo que generan cerca de 50.000 empleos directos y 100.000 empleos indirectos.

«Desde Unesa no se entiende por qué, desde algunos sectores, se pretende dar una imagen negativa y errónea de las compañías eléctricas. Aunque en ocasiones se acuse al sector de defender intereses particulares, a nadie se le escapa que ninguna empresa privada puede sobrevivir contra los intereses de sus clientes, que en este caso son todos los ciudadanos y empresas del país», sostuvo.

La asociación añadió que, «aunque resulte obvio, no se puede dejar de decir que la mejor forma que tiene una empresa de mantener sus compromisos con sus empleados y sus inversores es la satisfacción de sus clientes«.

El Congreso aprobó la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad del sistema energético que contempla la creación de nuevos gravámenes para acabar con el déficit de tarifa, un agujero de 24.000 millones que se genera porque los ingresos vía recibo de la luz no cubren todos los costes que se pretende remunerar con ellos.

Entre los impuestos, destacan una tasa del 7% sobre la generación y gravámenes sobre residuos nucleares, el uso del gas para la producción de electricidad o el gas natural, entre otros.