¿Una «tangentópolis» minera?

En este contexto, la caída del histórico sindicalista José Ángel Fernández Villa, dirigente de SOMA UGT, a través de la revelación de su acogimiento a la amnistía fiscal del Gobierno es un hecho de extrema gravedad cuyo alcance político tiene que ver directamente con el sector energético a través de su relación con todos los mecanismos que los sucesivos Gobiernos han ido articulando en torno al sector minero a través de la factura, por una parte, y de los Presupuestos Generales del Estado, por otra.

La coartada, en muchas de estas actuaciones, era «mantener la paz social». Cada vez que había algún tipo de interrupción en los sistemas de obligatoriedad en la compra de carbón nacional para la producción de energía eléctrica, las ayudas directas a la explotación de las empresas o todo lo relacionado con el Plan de Carbón (cuya fecha de caducidad en 2018 goza de poca credibilidad) con sus ayudas directas a las comarcas mineras, surgía por reacción espontánea una cadena de violencia que acaba en graves problemas de orden público, cortes de carreteras, ruedas incendiadas y guardias civiles heridos, cuando no, marchas a pie hasta la sede de Industria en el Paseo de la Castellana.

Todo ello, se cubría en un manto de tintes obreristas que se extendía como difusor de los valores del trabajo y del esfuerzo del minero, generando una corriente de solidaridad en todo el país en torno a su figura. Y, se coreaba como consignas «Asturias, patria querida» y «El abuelo Vítor» del propio Víctor Manuel.

Daba igual que este proceso de suspensión en la liquidación de alguna de estas ayudas se instara a partir de actuaciones como las «mermas» y las continuas, significativas y asombrosas desapariciones de toneladas de carbón nacional que se producían en los depósitos de las empresas donde éste debía ser custodiado. Situaciones vergonzantes y disminuciones estrafalarias para toda una sociedad y para las autoridades públicas, que eran consideradas ya como «normales» en un esquema de picaresca asumido, tolerado y silente. Mediciones aéreas volumétricas por parte de la inspección de la entonces Comisión Nacional de Energía, que en muchos casos eran tomadas a pitorreo, en medio del patio de Monipodio.

Los números cantaban y, si se dividía solamente el importe total de todas estas ayudas directas de los Presupuestos Generales del Estado, entre el número de trabajadores mineros en activo (los pensionados van a cargo de la Seguridad Social), salían cifras escandalosamente escandalosas, para que cada uno percibiese anualmente prestaciones de más de 300.000 euros/año cada uno. ¿Dónde están?

En ese excipiente es en el que se desvela la actuación del dirigente sindicalista asturiano, José Ángel Fernández Villa, hombre de discursos épicos y vibrantes en la explanada leonesa de Rodiezmo, hoy desenmascarado. Descartada la hipótesis de una herencia paterna, en Asturias y León circulaba como un murmullo con media sonrisa lo relativo a las bicocas, beneficios y mayores beneficiarios de este sistema clientelar de ayudas, incluyendo muchas sombras de sospecha y miradas hacia paraísos fiscales.

Hoy sería el momento de que el Gobierno español revisase, aclarase, investigase y depurase todos estos mecanismos de forma transparente y pública, así como, sus titulares y beneficiarios. Primero, porque el sistema de protección a estos colectivos y comarcas sea suficiente, correcto, eficiente, transparente y limpio y que, de paso, sus costes no recaigan en los ciudadanos o en los usuarios del sistema eléctrico. y segundo, por administrar correctamente la deriva de esta «tangentópolis» que puede acabar sin frenos.