Una política medioambiental de campanario, ‘progre’ y farisea

Ayer se conoció que en el año 2007, España ha vuelto a aumentar su déficit de emisiones de CO2. Un resultado que podemos calificar de desastroso, en la medida de que ha sido un año con un comportamiento meteorológico muy favorable. Es, por tanto, un fracaso sin paliativos, sin ningún elemento que pueda servir para atenuar la responsabilidad de los responsables energéticos y medioambientales de este Gobierno.

Es más, este resultado es la ‘culminación’ de toda la legislatura en que el aumento de emisiones ha sido una constante mantenida, con la excepción del año 2006. De hecho, el crecimiento de las emisiones de CO2, casi ha seguido una progresión aritmética con el número de ruedas de prensa y comparencias de responsables de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático a tal efecto (algunas incluso a ‘pachas’).

Además, es evidente que la política medioambiental ha estado focalizada ‘en teoría’ hacia el cambio climático y la reducción de los Gases Efecto Invernadero (GEI), casi exclusivamente. Es muy difícil encontrar otras políticas de reducción de otro tipo de contaminación en los papeles y documentos de este Gobierno. ¿Han escuchado alguna cuestión sobre la eficacia medioambiental de los biocarburantes y del modelo de agricultura sostenible para su producción, por ejemplo? ¿Para eso tanto armazón en la Administración General del Estado? ¿Para estos resultados?

Una política medioambiental a lo ‘progre’, de salón, de campanario, basada en la propaganda (hay quien reclama su legítimo derecho a la propaganda) y en abordar sin matices la cuestión nuclear, sin abrir el necesario debate. Todo consiste en uncirse al carro de Al Gore (transparentar que se ha visto su documental, cosas guays), de Bill Clinton, de Jeremy Rifkin, de incorporar expertos en cambio climático en el programa del PSOE (por cierto, ¿cómo les explicarán todo esto tras estos cuatro años?) y de hacer declaraciones grandilocuentes en foros internacionales.

Por tanto, esta tendencia imparable a la elevación en las emisiones, es también consecuencia de una política farisea y hueca desde el punto de vista medioambiental; por una parte, la línea político-dogmática dirigida para votantes bienpensantes, confiados, ciudadanía con conciencia ecológica que es la que se esgrime en los discursos públicos: apoyo a las renovables, reducción de emisiones, eficiencia energética, reciclaje, un ‘mantra’ eficaz para la movilización de ciertos nichos de electorado, los más majos y los del Palacio de Vistalagre. Por otra, la real, la que se basa en las posturas que recoge el Boletín Oficial del Estado y los distintos departamentos ministeriales en su ejecutoria.

En cambio, fíjense en los hechos perpetrados con la aquiescencia del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria. La utilización del Plan Nacional de Asignaciones para entregar derechos de emisión a las tecnologías más contaminantes y discriminar (negativamente) a tecnologías emisoras más limpias (la relación de derechos entregados al carbón en España frente al gas es la más alta de toda Europa, denunciada por la propia Comisión Europea, incluso con el riesgo de tratarse como ¡ayuda de estado!). Dos. La reciente, polémica y colectivizada, detracción de los derechos de emisión de las empresas eléctricas en función de la producción de las mismas y no en función de sus emisiones (es una especie de nacionalización). Un tercer ejemplo. El dantesco espectáculo regulatorio que hemos tenido que soportar en el campo de las renovables, con la modificación del R.D. 436/2004, su sustitución por el R.D. 661/2007 y ahora la prolongación de la agonía e incertidumbre en el caso de la energía solar fotovoltaica. Y para colmo, con el elemento crucial que rompe cualquier política de energética. Mantener una tarifa eléctrica sin trasladar los costes a los usuarios, para que no sean eficientes, no sepan lo que gastan, no conozcan lo que les corresponde de sus emisiones e internalicen lo que contaminan. ¿Y qué es lo que tenemos a cambio?. Pura quincalla de política medioambiental y bisuteria regulatoria en lo que son los elementos mollares que pueden hacer reducir las emisiones.

Como decíamos hace poco, empieza a resultar una verdad incómoda la acción real de las políticas para el cambio climático en España, con una perspectiva muy ideologizada pero con escasa acción gestora, dado que en las cuestiones capitales (el 50 % de las emisiones sujetas a la directiva proceden de la generación de electricidad y, en este sector, lo que se busca s un apaño más que cambiar el ‘mix’ de generación con medidas de mercado que sería lo razonable en cualquier ámbito occidental, civilizado y avanzado). Pero, hoy es momento preelectoral y habría que pedir responsabilidades a quien gobierna por su ‘pose’ ecologista y por su falta de convicción y de medidas eficientes para que realmente se articulen políticas serias y efectivas en esta cuestión, una vez que hay una conciencia generalizada y un consenso científico incuestionable. Vamos, para no seguir en la nada que se nadifica.

(Por cierto, el mismo día en que se conocen estos resultados, el Presidente del Gobierno volvió a insistir en su discurso a favor de las potenciar las renovables, no sabemos si ajenos a la entente que se ha mantenido con las energías renovables y ahora con la fotovoltaica. Cuanto esto empezó a pasar, justo cuando estaba abierto la crisis con el sector eólico, produjo la típica sorpresa malévola por la diferencia entre lo dicho y lo hecho. Hoy, con estos datos, y con la actuación de su Ejecutivo, produce hilaridad).