Tres consejeros de la CNE se atrincheran en el Informe sobre Costes y Precios

Los consejeros Jorge Fabra (PSOE), Jaime González (PSOE) y Sebastiá Ruscalleda (grupos catalanes), han incluido una explicación de voto incluida en la propuesta de revisión trimestral de las tarifas eléctrica que la Comisión Nacional de la Energía (CNE) expresando su preocupación por la brecha abierta entre los precios de la electricidad y los costes de producir esa electricidad, especialmente la que se genera con energías renovables (eólica e hidráulica) y la nuclear.

Los consejeros han vuelto a insistir en los argumentos que se manejaban en el Informe sobre Costes y Precios, en lo que se refiere a la existencia de ‘windfall profits’ para determinadas tecnologías. En su momento, este informe impactó muy fuertemente en la cotización de las empresas eléctricas (algo que se llevo a calificar como perjuicio caído del cielo”). De hecho, los informes de analistas internacionales hablaban de existencia de riesgo regulatorio en España para este sector.

Estos consejeros, ante la subida generalizada de los precios existente en toda Europa, fruto de la evolución de los combustibles fósiles, se centran en una de las características de los mercados eléctricos: el marginalismo (y, en general de todos los mercados). Estos consejeros se muestran contrarios a que todas las tecnologías perciban el mismo precio por un bien indiferenciado, el kilovatio. Abogan por un modelo de retribución que “revele los costes” de las distintas tecnologías. De facto, una posición de este tipo devuelve a un modelo de retribución por costes reconocidos, el denominado Marco Legal Estable, anterior al proceso de liberalización del sector eléctrico. El polémico informe no busbaba en todo caso, establecer mecanismos para abaratar la factura energética española, sino reducir los presuntos beneficios estimados de determinadas instalaciones. Y, todo ello, sin tener en cuenta que el resultado empresarial o del sector es agregado, no es por tecnologías.

En su momento el mencionado Informe sobre costes y precios, según pudo conocerse a través de los medios de comunicación, fue elaborado por Jorge Fabra y adoptado entonces por la Dirección de Regulación del organismo, al frente de la cual está José Manuel Revuelta. En este caso, el Consejo no ha votado esta propuesta y, simplemente se ha tramitado, como una explicación de voto particular de estos tres consejeros, que no ha sido secundada por el resto de seis consejeros, incluida la presidenta del organismo, Maite Costa.

El informe que fue muy criticado por UNESA (que emitió un comunicado conjunto sectorial) y también desembocó en un duro cruce dialéctico con Iberdrola, a cuenta de la forma de contabilizar las inversiones y amortizaciones en estas instalaciones, que no estaban reflejadas en el “estudio” del organismo, debido a su origen académico. Para evitar esa polémica (y la utilización de datos ciertos de la contabilidad de las empresas) los tres consejeros indican que habría que revisar el modelo de mercado, con independencia de las inversiones, amortizaciones y procesos de mejora posibles en esta instalaciones.

Los argumentos que exhiben Fabra, González y Ruscalleda, además ponen en mayores aprietos al Ministerio de Industria a la hora de gestionar las posiciones respecto de la energía nuclear, puesto que al reconocer que tiene menores costes, dificulta la posición del gobierno en lo que se refiere a su voluntad del cierre del debate nuclear, en la medida que podría abaratar el precio del mix de generación conjunto. También dificulta que el Ministerio de Industria adopte una estrategia razonable para la transición a la liberalización de tarifas que establece la Unión Europea, gestionando el denominado déficit tarifario.