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Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs 2, parada desde que se detectó

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EFE.- Una válvula de venteo causó la fuga de agua de la central nuclear Vandellòs II, que sigue parada desde el pasado 2 de marzo, día en el que se detectó la fuga, según indicó la operadora ANAV (Asociación Nuclear Ascó Vandellòs). En consecuencia, se realizará la intervención necesaria para reparar la soldadura de la válvula de venteo que originó la pérdida de agua, notificada al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

El equipo técnico de ANAV ha trabajado en la planificación de las tareas a ejecutar y ha decidido ampliar el programa de trabajo a una intervención en la línea de drenaje de los generadores de vapor y una extensión de la inspección a soldaduras similares. La central había estado registrando durante las últimas semanas y, de acuerdo a los procedimientos establecidos, un pequeño aumento del volumen de agua recogido en los sumideros del interior del edificio de contención. En todo momento, este volumen se ha mantenido en valores unas treinta veces inferiores a lo establecido en las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la central.

Dentro de estas tareas de seguimiento, el equipo que seguía la incidencia identificó el 2 de marzo, mediante una inspección robotizada, la zona de origen del goteo. Ante la imposibilidad de determinar si la procedencia era o no un componente de la barrera de presión, se decidió iniciar la parada de la planta para acceder y establecer las actuaciones correspondientes. En esta segunda inspección se confirmó la existencia de un goteo de agua en la soldadura de una válvula de venteo, por lo que según lo establecido en las ETF, se determinó llevar a la planta a parada fría y preparar el programa de intervención.

La central se encuentra parada y en condición segura, según ANAV, que también sostiene que el suceso no ha tenido repercusión para las personas o el medio ambiente. En este sentido, Ecologistas en Acción denunció que la central había operado al menos durante dos semanas «de forma peligrosa» y no paró inmediatamente, tal como marcan las ETF, al detectar una fuga de agua «contaminada». Según indicaron, la fuga de agua procede de la barrera de presión del circuito primario, situado dentro del recinto de contención, y acusó al CSN de un «exceso de permisividad» hacia los titulares de las centrales.

El Constitucional suspende cautelarmente la Ley de Cambio Climático de Cataluña que fija el cierre de las nucleares para 2027

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Europa Press.- El Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso del Gobierno contra la Ley de Cambio Climático de Cataluña y suspendió su aplicación desde la interposición del recurso el pasado noviembre mientras estudia las alegaciones del Ejecutivo. El Constitucional deberá confirmar o desestimar esta suspensión en un plazo no superior a 5 meses. Entre los preceptos suspendidos se encuentra un plan de transición para el cierre, no más allá de 2027, de las centrales nucleares, velando por la preservación del empleo.

Actualmente en Cataluña hay tres reactores en funcionamiento en las centrales nucleares de Ascó (I y II) y Vandellós (II), en Tarragona. El Ejecutivo ha recurrido, junto con este precepto, otros 23 más de esta norma, que también quedan en suspenso. A su juicio, estos preceptos invaden las competencias que el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, las bases de régimen minero y energético y legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades autonómicas de establecer normas adicionales de protección.

La central nuclear de Vandellòs 2 envía la documentación técnica para renovar su licencia pero aún tiene margen para solicitarla

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EFE / Europa Press.- La central nuclear de Vandellòs 2 ha enviado al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital la documentación exigida para poder renovar su licencia, que vence en el 2020, según indicaron fuentes de ANAV (Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs), que gestiona las dos centrales nucleares catalanas en Tarragona. El envío de esta documentación no implica aún que ANAV pida renovar la explotación.

La exhaustiva documentación enviada es meramente técnica y abarca desde el plan de gestión de residuos y una proyección de generación de residuos hasta el mantenimiento de los materiales, entre muchos otros aspectos técnicos. Hasta ahora, los trámites de renovación de licencias debían iniciarse 3 años antes de que expiren. Pero recientemente el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) aprobó la reforma del sistema de renovación de las licencias de las centrales nucleares, de tal forma que no tendrán que tomar esta decisión hasta que quede un año para cumplir la licencia, pudiendo conocer la planificación energética nacional antes de pedir la renovación. Este informe técnico será la base para que el CSN y el Ministerio evalúen el estado de Vandellòs.

Ascó aún dispone de margen

De esta manera, la central de Vandellòs sigue los pasos dados por la central nuclear de Almaraz (Cáceres), que el pasado 7 de junio ya remitió al Ministerio esta documentación. En el caso de Vandellòs II, en la que Endesa tiene un 72% e Iberdrola un 28% del capital, la autorización de diez años expira el 26 de julio de 2020, cuando cumplirá 40 años, el máximo de vida útil. Por su parte, para los reactores de Ascó I (Endesa 100%) y II (Endesa 85% e Iberdrola 15%) la caducidad estaba fijada para finales de septiembre de 2021, por lo que Ascó remitirá esta documentación técnica el año que viene.

La nueva normativa establece que la solicitud de renovación podrá presentarse cuando el Gobierno haya aprobado su planificación energética contemplada en el Plan Integral de Energía y Clima, en el que establecerá los objetivos de cara a cumplir los compromisos del Acuerdo del Clima de París. El Gobierno justifica la modificación en la conveniencia de que las decisiones relativas a la continuidad de las plantas nucleares puedan plantearse «teniendo en cuenta el contenido de dicha planificación» una vez ponderado el papel que deberá jugar la energía nuclear en el mix.

Para el Gobierno, esto «favorecerá su coherencia con la política energética y redundará en una mayor previsibilidad de las mismas», señala la orden ministerial que establece que las centrales podrán presentar su solicitud de renovación de autorización una vez se disponga de la citada planificación. Sin embargo, en el caso de que esta planificación del Gobierno no estuviera aprobada dos meses antes de la fecha en que el titular tiene que presentar la Revisión Periódica de Seguridad de la central, el titular podrá presentar la solicitud de una nueva autorización «con ocasión de tal presentación«.

El CSN aprueba recortar el plazo para que las centrales nucleares pidan renovar su licencia

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Europa Press.- El pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha acordado por mayoría, pero con el voto en contra de la consejera Cristina Narbona, informar favorablemente una propuesta del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital dirigida a modificar el plazo con el que las centrales nucleares han de solicitar su renovación al regulador. Con ello se acortaría el plazo de los tres años actuales hasta, como mucho, un año antes de que concluya la licencia de explotación de la planta.

Se trata de una modificación de las órdenes ministeriales por las que se conceden las autorizaciones de explotación vigentes a las centrales nucleares. En la actualidad, el plazo para pedir la renovación de la licencia de explotación tiene una fecha límite de 3 años antes de que expire el permiso en vigor pero, con esta modificación y ante el escenario de incertidumbre respecto al futuro energético nacional, los titulares de las centrales podrán solicitar la renovación dos meses después de que el Gobierno apruebe el Plan de Energía y Clima.

Según ha indicado el CSN, el texto propuesto por el Ministerio recoge «todas las modificaciones» aprobadas por el pleno del CSN en su reunión del 1 de febrero de 2017 e incorpora también una modificación administrativa por la cual el plazo para presentar una nueva solicitud de renovación de la autorización de explotación, queda supeditada a la aprobación de un Plan Integral de Energía y Clima, aunque deberá ser presentada, como muy tarde, en la fecha establecida para presentar la Revisión Periódica de la Seguridad (RPS). Esto es, más o menos, un año antes de concluir la licencia en vigor.

Eso sí, la modificación propuesta mantiene la obligación del titular de presentar tres años antes de la expiración de la autorización vigente los documentos asociados a una eventual operación a largo plazo. Estos documentos son el Plan Integrado de Evaluación y Gestión del Envejecimiento (PIEGE); el Suplemento del Estudio de Seguridad (ES); la Revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF); el estudio del impacto radiológico; las revisión del plan de gestión de residuos radiactivos y combustible gastado Revisión de la Guía de Seguridad GS-1.10.

Las centrales nucleares más inminentemente afectadas por este cambio normativo son Almaraz (Cáceres), que con la legislación vigente debía presentar su solicitud de renovación antes del 8 de junio, y Vandellós II (Tarragona), cuya fecha límite era el 26 de julio. De este modo, estas centrales contarán con dos años más de plazo para conocer la planificación energética nacional y optar así por pedir o no una nueva renovación de su licencia, algo que, con esta modificación, podrán esperar hasta mediados de año de 2019.

Según ha informado el CSN, el texto propuesto recoge todas las modificaciones aprobadas por el pleno en su reunión de febrero. En aquella reunión, el organismo regulador propuso al Ministerio estas modificaciones con el objetivo de incorporar la nueva sistemática para realizar las Revisión Periódica de la Seguridad (RPS) que se recoge en la revisión 2 de la Guía de Seguridad del CSN, GS-1.10. La revisión aprobada establece los objetivos, el alcance, el contenido, los plazos de presentación y la forma de documentar RPS de las centrales nucleares en operación, en cumplimiento de la Instrucción del CSN IS-26, de 16 de junio de 2010, sobre requisitos básicos de seguridad nuclear aplicables a las instalaciones nucleares.

Además, se incluyen aspectos específicos como el envejecimiento y obsolescencia de los equipos, la posible operación a largo plazo de las instalaciones más allá de la vida inicialmente prevista, y las lecciones aprendidas del accidente de Fukushima de 2011. Del mismo modo, el CSN señaló que con esta revisión de la GS-1.10 busca cumplir la recomendación incluida en el Plan Nacional de España (NAcP) que se aprobó para cumplir el Plan de Acción aprobado por el Grupo Europeo de Reguladores Nucleares (ENSREG por sus siglas en inglés) una vez completadas las pruebas de resistencia como consecuencia del accidente de Fukushima.

Greenpeace critica celeridad del CSN

Por su parte,Greenpeace ha lamentado que el Consejo de Seguridad Nuclear «se dé más prisa» en atender y admitir una propuesta del Ministerio de Energía para «favorecer» a las empresas eléctricas que en aprobar cuestiones que pueden suponer una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica de los ciudadanos.»Es la misma historia de siempre», ha manifestado la responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón.

La mayor celeridad a la que se refiere Greenpeace es respecto a que también se ha aprobado el plan de acción de las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima, que «sí suponen una mejora de la seguridad nuclear y la protección radiológica» y que ha tardado siete años en ver la luz, frente a esta modificación en la que «se han dado prisa».

«Supongo que el plan de acción lo habrán hecho de forma sesuda y esto otro, que no plantea problemas, lo han hecho en pocas semanas», ironizó Montón, que recordó al CSN que su misión no es atender al Gobierno ni a las empresas eléctricas, sino proteger y mejorar la seguridad nuclear de los ciudadanos y del medio ambiente. Por ello, concluye que esto da «apariencia de arbitrariedad» en el CSN donde «parece que las cosas se hacen sin rigor a la hora de establecer prioridades».

En todo caso, admite que la reducción de los plazos no debería suponer una rebaja de la seguridad pero tanto el operador como los técnicos del CSN tendrán que «correr» para tener a tiempo las renovaciones. «Habrá que hacer los deberes más rápido y eso no siempre es lo mejor. No se entiende que se quite esa salvaguarda de tener el tiempo necesario para hacer las cosas con los mínimos que ellos mismos habían establecido», señaló la portavoz de Greenpeace.

Similar es la opinión de la formación ecologista Equo, cuyo coportavoz Juan López de Uralde, ha calificado de «gravísima» la decisión del órgano porque, a su juicio, «permite que las empresas eléctricas sigan especulando con las centrales nucleares durante dos años más». «Se trata de una nueva modificación legal para facilitar, sin debate social, ni político, el alargamiento de la vida de las centrales nucleares, con independencia de los riesgos que ese alargamiento suponga para el medio ambiente y las personas», ha apuntado, antes de recordar que esta modificación llega días antes de que venza el plazo para que la central nuclear de Almaraz solicite alargar su vida útil por encima de los 40 años.

El diputado de En Comú Podem y portavoz de Energía, Josep Vendrell, también se ha pronunciado insistiendo que el CSN ha tomado una decisión «hecha a medida de los intereses de las grandes eléctricas», que pretenden alargar la vida útil de las nucleares «en las mejores condiciones económicas para garantizar los altos beneficios que generan dichas centrales para el oligopolio».

Las empresas auxiliares de las centrales nucleares Ascó y Vandellos mantienen su propuesta de huelga en el mes de junio

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EFE.- Las empresas auxiliares de las nucleares de Ascó y Vandellòs (Tarragona) mantienen su propuesta de huelga en junio, según indicó el representante de UGT, Juan Luis Cantón, que explicó que este año se realizan las recargas de combustible de los reactores de las nucleares catalanas.

Las dos centrales están gestionadas por la Asociación Nuclear Ascó Vandellòs (ANAV), pero los titulares de las plantas son las compañías eléctricas Endesa e Iberdrola. «Los representantes de ANAV elevarán nuestras demandas a las compañías, porque ellos no pueden decidirlas», ha resumido el secretario general de UGT en ANAV. Reclaman que se aplique el convenio colectivo de referencia de cada sector, que se regule el plus por recarga de combustible; una cláusula de subrogación, que se mantenga el poder adquisitivo de los empleados y mejoras en la formación, sobre todo.

Las empresas subcontratadas suponen más de 1.300 trabajadores, entre mantenimiento y limpieza a tareas de ingeniería, y son imprescindibles en las operaciones de recarga de combustible, como la que lleva a cabo ahora la central de Ascó. Desde el pasado mes de febrero, las empresas auxiliares realizan protestas. No obstante, no retiran esta medida porque aún está pendiente la recarga de la central nuclear de Vandellòs. Por su parte, fuentes de ANAV indicaron que no harían declaraciones públicas al respecto y que las propuestas que tuvieran que presentar las llevarían a la mesa de negociación.

El Ministerio del Interior abre la convocatoria de subvenciones hasta 1,06 millones de euros a municipios cercanos a centrales nucleares

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Europa Press.- Los municipios cercanos a centrales nucleares podrán acogerse a las subvenciones del Ministerio del Interior que tendrán una cuantía total de 1.066.000 euros y que se destinan a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear. Concretamente, podrán acogerse los municipios cercanos a las centrales nucleares de Santa María de Garoña (Burgos), Almaraz (Cáceres), José Cabrera y Trillo (Guadalajara), de Ascó y Vandellós (Tarragona) y de Cofrentes (Valencia), que cuenten con un Plan de Actuación Municipal en Emergencia Nuclear.

Si bien, los interesados solo podrán presentar una solicitud de subvención en esta convocatoria e incluir un tipo de proyecto entre los 6 definidos expresamente. El importe máximo es de 1.066.000 euros. En concreto, se concederán hasta 60.000 euros si se trata de un contrato de obra según lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado mediante Real Decreto Ley de noviembre; 21.500 euros, en caso de otros contratos previstos en el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Para los proyectos destinados a acondicionar viales, la subvención concedida podrá llegar como máximo al 80% del valor del presupuesto total del proyecto y si posteriormente el beneficiario adjudicara el correspondiente contrato por un importe inferior al presupuestado, la subvención abonada se reducirá en cuantía proporcional hasta alcanzar el 80% del importe del contrato adjudicado. Los interesados podrán presentar sus solicitudes durante 15 días hábiles.

El Gobierno veta la ley de Podemos para el cierre progresivo de las centrales nucleares por su efecto presupuestario

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Europa Press.- El portavoz de Energía de Unidos Podemos y diputado de En Comú, Josep Vendrell, ha tildado de «arbitrario» y «tramposo» el veto planteado por el Gobierno a la tramitación parlamentaria en el Congreso de la proposición de ley del grupo parlamentario de Podemos sobre el cierre progresivo de las centrales nucleares. El Ejecutivo esgrime que su aplicación mermaría la recaudación fiscal en unos 250 millones y obligaría a aumentar el gasto para compensar a las empresas titulares de las centrales.

Con este escrito son ya 28 las iniciativas legislativas de la oposición y de parlamentos autonómicos que el Gobierno del PP lleva vetadas esta legislatura, acogiéndose al precepto constitucional que le permite negar la conformidad a propuestas que supongan alteración de los presupuestos en curso, sea por merma de ingresos o por aumento de gasto. La proposición de ley de Unidos Podemos-En Comú pretende cerrar las centrales nucleares a medida que sus permisos de explotación caduquen, independientemente de que hayan cumplido 40 años en funcionamiento o no y hacer una apuesta clara por la transición hacia un modelo energético eficiente basado en las energías renovables y en la eficiencia energética.

En el escrito enviado al Congreso, el Gobierno alega que «la contribución tributaria total de la industria nuclear en España1 ascendió a los 1.141 millones de euros en 2013» y que el cierre de las centrales mermaría la recaudación fiscal sin que ello fuera compensado por la energía alternativa. Así, señala que la recaudación fiscal sufriría «una disminución muy notable» en relación con los impuestos específicos de la actividad nuclear (Impuesto sobre producción de combustible nuclear gastado e Impuesto sobre residuos radiactivos), cifrando entre 210 y 280 millones de euros que se dejarían de recaudar.

En su opinión, una fuente de energía alternativa de sustitución no compensaría el hueco dejado por la nuclear dado que, en rigor, la nueva generación eléctrica sólo estaría sometida al Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, que también soporta la generación nuclear en idénticas condiciones. Pero, además, el Gobierno argumenta que el cierre de las nucleares obligaría a aumentar los créditos ya que «podría generar la exigencia de responsabilidad patrimonial por los titulares de instalaciones que tengan solicitada, en este momento, una renovación de su autorización y que puedan haber incurrido en gastos e inversiones».

Tampoco le vale al Gobierno la prevención de Podemos, que había incluido una disposición antibloqueo para demorar la entrada en vigor de las medidas que supongan aumento de gasto o disminución de ingresos, pues advierte en esa cláusulas «serias dudas» en cuanto al principio de seguridad jurídica «toda vez que no podría saberse con certeza cuales son las disposiciones que adquirirían vigencia inmediata y cuáles la verían demorada». Pero, en todo caso, recalca que el derecho de veto del Gobierno por motivos presupuestarios «debe, cuando menos, entenderse referida a un escenario presupuestario plurianual, con vigencia para tres ejercicios, al que debe sujetarse la acción de gobierno, y éste a su vez en el objetivo de estabilidad presupuestaria con idéntica vigencia».

Un veto «arbitrario» y «tramposo»

Vendrell ha denunciado que lo que pretende el Gobierno del PP es «preservar la energía nuclear y que el Congreso, que es la representación de la ciudadanía, no pueda decidir sobre la política energética». Por eso, su grupo intentará buscar el apoyo del PSOE y de Ciudadanos para levantar el veto.Desde su punto de vista, se trata de un veto «arbitrario» porque, en contra de lo que mantiene el Ejecutivo, la proposición de ley «no afecta al presupuesto en vigor ni a los siguientes ejercicios presupuestarios». El Gobierno alega en su escrito de veto que no le basta con que demoren un año la aplicación de las medidas que implican coste porque la contención del déficit abarca un trienio.

Además, añade que el veto «no se ajusta a Derecho» porque tanto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional como los servicios jurídicos del Congreso han dejado claro que la capacidad de del Gobierno de impedir tramitaciones sólo rige sobre proposiciones de ley «que afecten al ejercicio presupuestario en vigor» y no a «presupuestos futuros».Sin embargo, Vendrell asegura que se trata de un veto «tramposo» porque los objetivos de estabilidad presupuestaria ratificados por las Cortes afectan a 2017, 2018 y 2019, pero no al 2020 que es cuanto, según la proposición de ley se cerrarían las centrales de Almaraz y de Vandellós. Por tanto, agrega, la proposición de ley no afecta los objetivos de estabilidad presupuestaria.

En su opinión, al intentar frenar la tramitación de la iniciativa de Podemos, el Gobierno pone de manifiesto que son las empresas las que deciden la política energética de este país y no la ciudadanía a través de sus representantes en las Cortes.»La energía nuclear es cara y peligrosa. El Gobierno no tienen en cuenta los enormes costos de la gestión de los residuos, de los riesgos en la seguridad y que ya existe una alternativa renovable para sustituir a las nucleares», denuncia Vendrell.

El CSN propone modificar las órdenes ministeriales que autorizan la explotación de las centrales nucleares

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EFE.- El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) envió cinco cartas al ministro de Energía, Álvaro Nadal, en las que le propone una nueva redacción de las autorizaciones vigentes de todas las centrales nucleares españolas. En las cartas, aprobadas por unanimidad por el pleno del consejo el pasado día 1 de febrero, solicitan a Nadal que apruebe cambios en el texto de las autorizaciones de explotación de Almaraz, Ascó I y II, Vandellós II, Cofrentes y Trillo.

Un cambio en el articulado de las licencias permitiría que las futuras renovaciones de las plantas puedan aprobarse por el plazo que el Gobierno considere oportuno o incluso sin ningún límite temporal, frente al máximo de 10 años que hasta ahora estaba fijado. Las modificaciones servirían para incluir nuevos requisitos de seguridad para que las plantas gestionen el envejecimiento de las instalaciones por funcionar a largo plazo y se mantienen otras de las exigencias habituales para renovar una licencia. El organismo regulador considera conveniente que las siguientes revisiones periódicas de seguridad de las centrales españolas se hagan siguiendo una sistemática análoga propuesta por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

Las instalaciones nucleares notificaron al CSN 22 sucesos notificados en 2016, un 60% menos que el año anterior

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Europa Press.- Las instalaciones nucleares españolas comunicaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un total de 22 sucesos notificados, de los que 18 se produjeron en centrales nucleares. Se trata de incidencias por incumplir alguna de sus especificaciones de funcionamiento, por fallos en la operación o deficiencias en los sistemas de seguridad. La cifra representa un 60% menos que en 2015, cuando se comunicaron un total de 55 incidencias según datos del propio regulador.

En cuanto a las centrales, en 2016 Vandellós II (Tarragona) lideró las notificaciones al regulador, con 5 de ellas, todas clasificadas con nivel 0 en la Escala INES. En el lado opuesto, Trillo (Guadalajara), que no comunicó ningún suceso. Cofrentes informó de tres sucesos notificados, igual que la fábrica de combustible de Juzbado (Salamanca). Almaraz (Cáceres) comunicó un total de 5 sucesos al CSN, dos de ellos en la unidad 1, otro en la unidad 2 y otros dos que afectaban a las dos. Mientras, Ascó II (Tarragona) comunicó dos sucesos y Ascó II, un suceso. También Garoña (Burgos) comunicó al regulador un suceso notificado.

De los 22 sucesos, 20 fueron clasificados con un nivel 0 en la Escala INES, lo que indica que no tuvo significación para la seguridad. Sin embargo, uno que aconteció en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona y otro que afectó a las dos unidades de Almaraz subieron un nivel más en la escala y se clasificaron con un nivel I.

Precisamente, la nuclear de Almaraz registró en enero y febrero una parada automática del reactor a principios de año y un conato de incendio. Estos sucesos motivaron una inspección de los técnicos del CSN en la propia planta. Esto sucedió en enero, al dispararse una turbina y el reactor por el alto nivel en el generador de vapor causado por el disparo de una bomba principal de refrigeración del reactor por un fallo del interruptor.

Después, en febrero se activó el sistema de detección de incendios por un conato en un armario de control asociado a los componentes del generador diésel 4 (la planta cuenta con cinco). El generador estaba fuera de servicio por tareas de mantenimiento y el conato de incendio se sofocó en 3 minutos por el personal de mantenimiento. Precisamente, estos generadores diésel son los que garantizan el abastecimiento de energía a la planta en caso de se produjera una pérdida de suministro exterior a la central.

Ya en julio, el titular de Almaraz comunicó el incumplimiento de una exigencia de vigilancia requerida por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF), por la que es necesario verificar que la temperatura de agua de refrigeración de componentes a la salida del cambiador es inferior a su valor de diseño cuando el sistema de limpieza de esos cambiadores está fuera de servicio. Este incumplimiento finalmente fue clasificado con un nivel 1 en la Escala INES tras un análisis en profundidad.

Ecologistas en Acción reclama cerrar las nucleares y no fijarles impuestos porque «a la salud no se le pone precio»

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Europa Press.– Ecologistas en Acción criticó el impuesto sobre las nucleares previsto en la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2017 porque así la Generalitat «reconoce la peligrosidad y riesgo» de la energía nuclear sobre las personas. «A la salud y a la seguridad de las personas, no se les puede poner precio», aseveró la entidad y recuerda que, aunque no tiene competencias, el Gobierno autonómico debe definirse claramente sobre la actividad de las centrales nucleares.

La organización ecologista incide en que la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós (Anav), que es la empresa que gestiona las centrales catalanas, es la que acumula el número más alto de incidencias en sus instalaciones de toda España. De este modo, los ecologistas han rechazado el gravamen por no estar vinculado a la no renovación de permisos de las centrales de Ascó y Vandellòs (Tarragona), que finalizan en 2020 y 2021. «El Gobierno catalán debería de comprometerse a hacerlo tanto en el caso de que se le delegaran las competencias en materia nuclear el Gobierno central, como en el caso de obtener la independencia«, manifestó la organización.