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El Gobierno prepara con Podemos, a falta de acuerdo con el PP, los consejeros que renovarán el pleno del CSN

Europa Press.– El Gobierno ha decidido ya a quien quiere situar en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y está a la espera de alcanzar un acuerdo con el PP, que se resiste a perder peso en el regulador nuclear en beneficio de Podemos, ya que la propuesta socialista incluye sentar en el Consejo a un representante de Unidos Podemos.

En la actualidad, el presidente del CSN, Fernando Martí, está en situación de prórroga desde el 28 de diciembre, cuando expiró su mandato, igual que Jorge Fabra, consejero del ala socialista que sustituyó a Cristina Narbona, pero quien desde el pasado 2 de febrero ha cesado definitivamente en sus funciones por jubilación, al cumplir 70 años de edad. Esa es la fecha límite que marca el estatuto del regulador atómico para ocupar un asiento en el pleno, de acuerdo con la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que data de abril de 1980.

De este modo, quedan con mandato vigente Javier Dies, propuesto por el PP, así como la vicepresidenta, Rosario Velasco, del PSOE, y Fernando Castelló, también del PP, aunque estos dos últimos también terminarán su mandato el próximo 22 de febrero. En definitiva, en este momento, de los 5 miembros del pleno, uno está cesado, otro en funciones y otros dos lo estarán en una semana. Actualmente el pleno solo cuenta con 4 miembros, frente a los 5 habituales y, de acuerdo con la normativa del CSN, en caso de empate, será el presidente, Fernando Martí, quien tome la última decisión.

Según explicaron fuentes socialistas conocedoras de la negociación, el Gobierno formalizará próximamente su propuesta a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, pues el regulador nuclear rinde cuentas ante el Parlamento. El Ejecutivo quiere plasmar en el pleno del CSN el actual reparto de fuerzas parlamentarias y, por tanto, quiere dar un sitio a Podemos, con quien ha pactado el perfil del nuevo consejero. Así, el candidato a entrar, según han confirmado estas fuentes, sería el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Sin embargo, Castejón no es bien visto por el PP, que se opone «hasta el momento», siempre según estas fuentes, a su nombramiento al considerar que no es apto para el cargo por ser un declarado contrario a la energía nuclear y porque con el nuevo reparto propuesto por el Gobierno los populares perderían un asiento en el pleno del regulador. Eso sí, hasta ahora y desde la marcha de Antonio Gurguí, propuesto por el antiguo CiU, el PP tenía una mayoría en el pleno del regulador, donde contaba con Javier Dies, Fernando Castelló y el presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Los candidatos, que serán propuestos próximamente a la Comisión, tendrán que exponer su idoneidad para el cargo y ser refrendados por tres quintos de la Comisión, una mayoría para la que el PSOE y Podemos necesitan los votos del PP, grupo que podría presentar un veto razonado a los candidatos. En caso de no obtener esa mayoría, un mes después de la fallida votación el Gobierno puede aprobar los nombramientos por Real Decreto. Así fue precisamente el nombramiento de Javier Dies, por Real Decreto Ley el 16 de diciembre de 2015, ya que la Comisión de Industria consideró que pese al perfil nuclear del candidato, su nombramiento daba una mayoría absoluta al PP en el reparto de fuerzas del regulador.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de creación del CSN, los consejeros seguirán en su puesto hasta que tomen posesión sus sucesores. En caso de que no se hayan designado nuevos consejeros, el artículo 9 del estatuto del CSN señala que el secretario general del regulador comunicará al Congreso de los Diputados la situación de prórroga del presidente o consejero o consejeros «en la fecha en que dicha prórroga supere 6 meses«.

Precisamente, desde Ciudadanos han reclamado la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique los planes para renovar el CSN puesto que, según la formación naranja, el Ejecutivo tiene el nuevo pleno «acordado y pactado en una habitación oscura» con PP y Podemos. El portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, denunció que el Gobierno «sigue practicando» en el CSN la «política del dedazo» y considera que «se tiene que acabar el pasteleo de los partidos nombrando a dedo las instituciones públicas» y apostar por perfiles más profesionales, especialmente para cuestiones como la seguridad nuclear.

En este sentido, ha recordado que, tras su llegada a la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez «quitó» de la presidencia de ENUSA a un ingeniero que llevaba en el sector 20 años, «para poner a un filósofo«. «Esa actitud de colonización de las instituciones es lo que nos ha llevado a la corrupción y la mala gestión y eso se tiene que acabar», ha insistido.

Lo cierto es que las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós (Tarragona) tienen puesto el cronómetro con la vista puesta en la fecha de 31 de marzo de 2019. Para entonces, siempre y cuando el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, deberán presentar su solicitud de renovación de su licencia de explotación, que expira en 2020. Sin embargo, si el Plan no está aprobado para entonces, Almaraz tendría algo más de plazo, hasta el 7 de abril, y Vandellós hasta el 21 de mayo, para presentar formalmente su solicitud.

En todo caso, si las plantas presentan su solicitud y no hay cambios en la política energética, el regulador aún tardará un año en analizar el resto de la documentación y como pronto el regulador no tendrá una decisión hasta marzo de 2020. Hace dos años ambas plantas presentaron la documentación asociada a su autorización de explotación, que fuentes internas del CSN aseguran que se estudia según la tramitación habitual.

Las instalaciones nucleares españolas notificaron al CSN 31 sucesos en 2018, un 22% menos que en 2017

Europa Press.- Las instalaciones nucleares españolas comunicaron al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a lo largo de 2018 un total de 31 sucesos, todos ellos calificados con nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). La cifra es un 22,5% menor que los 40 sucesos notificados durante 2017, un año en el que 39 de ellos fueron clasificados como nivel 0 y uno, en Cofrentes, se clasificó como nivel 1 en la escala INES, lo que supuso una anomalía de funcionamiento.

Concretamente, fueron las centrales nucleares de Ascó II y Vandellós II, ambas en Tarragona, las que más incidencias comunicaron al regulador, con 6 sucesos cada una. A esta le siguieron la central cacereña de Almaraz, cuya unidad II notificó 5 sucesos y la unidad I otros 3. Además, la central nuclear de Cofrentes (Valencia) notificó 3 sucesos y Ascó I informó de otros 2. Por su parte, la planta de Trillo (Guadalajara) solo notificó 1.

Más allá de las centrales nucleares de generación eléctrica, la fábrica de combustible de uranio de Juzbado (Salamanca) notificó 5 sucesos. A lo largo del año todos los sucesos que se notificaron fueron calificados por el regulador con nivel 0 en la escala INES, lo que supone que todos estuvieron por debajo de la escala y que no tuvieron significación para la seguridad, ni generó impacto a los trabajadores, el público ni en el medioambiente.

Podemos critica el cierre de minas de carbón y quiere que el Gobierno dé explicaciones sobre la nuclear de Vandellós

Europa Press.– En Comú (Unidos Podemos) quiere que el Gobierno dé explicaciones sobre los 6 incidentes registrados en la central nuclear de Vandellós II en 2018. Por su parte, la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, ha destacado en el Congreso que el acuerdo para el cierre de las minas fue valorado como de «referencia internacional» en la última Cumbre de Cambio Climático y lo ha hecho ante las críticas que Unidos Podemos ha dedicado a ese acuerdo.

Según la diputada leonesa, Ana Marcello, este acuerdo del Gobierno con los sindicatos y patronal del carbón, «es el pacto de las tres mentiras», pues se seguirá quemando carbón, pero de importación, se deja fuera de las bajas incentivadas y prejubilaciones a trabajadores subcontratados, y la inversión comprometida para el futuro de las comarcas afectadas es, a su juicio, insuficiente.

«Entiendo que es una situación dura la que se pasa en estos momentos en la cuenca minera, pero este acuerdo que le parece poco ha sido valorado como referencia internacional en la pasada Cumbre del Cambio Climático», aseguró la ministra. Así, ha destacado que unos 600 trabajadores podrán acogerse a bajas incentivadas y prejubilaciones, en función de su trayectoria, y los que no se incluirán en una bolsa de trabajo en el que sí estarán los trabajadores de las subcontratas.

Con todos ellos, ha asegurado, se contará para la «restauración ambiental y social» de las zonas afectadas por el cierre, y también se beneficiarán de los nuevos programas de orientación y recualificación para mejorar sus oportunidades en el mercado de trabajo. Por último, ha recordado que el plan incluye una inversión de 250 millones de euros para estas comarcas, con ayudas a la reactivación tanto para las empresas, como en apoyo al emprendimiento y un plan urgente de desarrollo en energías renovables y eficiencia energética.

Unas ventajas que no convencen a Unidos Podemos, dado que Marcello calificó la inversión para la reconversión de la zona como «un auténtico insulto», asegurando que la fórmula de gestión de los fondos «no garantizan ni la reconversión industrial ni medioambiental de la zona» y criticando que «se va a seguir carbón, pero será de importación y en las centrales térmicas más cercanas al mar«.

«Esto no es un pacto justo con las comarcas mineras, ni las de León, Palencia, Asturias ni Aragón», recalcó, criticando que a los trabajadores de las empresas subcontratadas «se les ha tratado como trabajadores de segunda cuando se han dejado la vida y la salud» en los pozos y en las centrales térmicas. «Si no quieren dialogar con nosotros, dialoguen con ellos», instó Marcello, en referencia a los trabajadores. «Les están condenando a todos a irse con una mano delante y otra detrás, y a todas las comarcas a la despoblación y a la desesperación. Con nosotros no cuenten», concluyó.

¿Qué pasa en Vandellós II?

En Comú quiere que el Gobierno dé explicaciones acerca de los 6 incidentes que se han registrados en la central nuclear de Vandellós II (Tarragona) en 2018 y denuncia la falta de transparencia que existe en este sentido. Por este motivo, Unidos Podemos recoge en una iniciativa registrada en el Congreso que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado de un suceso detectado en la planta, en concreto la pérdida de refrigerante del reactor en parada. En Comú alerta que no se trata de un «incidente esporádico» ni de «poca índole» en esta central.

En este sentido, ha denunciado que «no se asumen responsabilidades» por parte de la Administración y que existe «falta de transparencia y reacción para evitar que sigan sucediendo este tipo de incidentes». Por ello, quiere que el Gobierno se pronuncie sobre esta situación, sobre si es suficiente la información facilitada por el CSN a tenor de la gravedad del accidente y si el Ejecutivo fue informado inmediatamente tras el suceso. Del mismo modo, ha mostrado por su preocupación porque la recurrencia de estos incidentes puedan ser un aviso para un suceso más grave en la central. En este sentido, llama al Ejecutivo a realizar una inspección para determinar si se han cumplido todos los protocolos.

La fábrica de ENUSA en Juzbado nombra director a Antonio Munuera y suministrará el combustible nuclear necesario para 24 recargas

Europa Press.- El director técnico de seguridad nuclear del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Antonio Munuera, ha sido nombrado director de la fábrica de combustible de uranio de ENUSA en Juzbado (Salamanca). Asimismo, la empresa pública de elementos de combustible de uranio ENUSA ha firmado un acuerdo con Endesa, Iberdrola y Naturgy por el que cubrirá las necesidades de los 5 reactores nucleares españoles de diseño Westinghouse para los próximos 5 años, según ha indicado la empresa.

Se trata del mayor contrato asociado de ENUSA ya que suministrará el combustible nuclear necesario para las próximas 24 recargas: 11 en las centrales nucleares de Ascó (I y II), 5 en Vandellós II y 8 en Almaraz (I y II). El combustible será suministrado por la fábrica de elementos de ENUSA en Juzbado (Salamanca). El presidente de ENUSA, José Vicente Berlanga, ha destacado que el contrato supone «uno de los mayores hitos» para la empresa pública y atribuye el contrato a la «seriedad del trabajo constante y a la alta capacitación de la plantilla».

Según explica la empresa estatal, este contrato da continuidad a los firmados hasta ahora y con ello se compromete a suministrar el combustible nuclear para todas las recargas mencionadas, el diseño del núcleo y el licenciamiento de los correspondientes ciclos de operación para esas regiones de recarga, así como otros servicios de ingeniería asociados con el combustible, incluyendo las herramientas para el seguimiento de la operación. Asimismo, ENUSA dará servicios de combustible a estas centrales durante la vigencia del contrato, desde manejo de combustible fresco hasta la gestión del combustible irradiado durante las paradas de recarga. ENUSA es proveedor desde 1974 del combustible nuclear a estos reactores diseñados por Westinghouse.

Munuera, nuevo director de Juzbado

Por otro lado, Munuera se incorporará a la dirección de la empresa pública durante el primer trimestre de 2019, una vez se concreten los últimos trámites administrativos, según un comunicado remitido a los trabajadores de la fábrica de Juzbado. Así, el presidente de ENUSA destacó que con el nombramiento de Munuera se pone fin a la interinidad de los últimos 5 años. El nuevo director de Juzbado relevará al director interino Javier Montes, al que Berlanga agradeció «su gran labor».

Berlanga manifestó a los colectivos de representantes de los trabajadores de la empresa que el candidato debía cumplir con los «requisitos adecuados para un puesto que es de vital importancia» y que, además, a su juicio debería tener la «misión de iniciar un proceso de transmisión del conocimiento» para garantizar la continuidad de la labor desarrollada hasta ahora en Juzbado.

Berlanga define a Munuera como un «hombre de extensa experiencia en el sector» ya que desde 1985 ha sido funcionario en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). En el organismo regulador fue nombrado Director Técnico de Seguridad Nuclear y, además, en 2014 fue designado presidente del grupo de trabajo sobre seguridad nuclear del European Nuclear Regulatory Safety Regulators Group (ENSREG).

El nuevo director de Juzbado se jubiló en el CSN en noviembre y ahora ha sido nombrado director de la empresa pública estatal. El pleno del CSN agradeció «expresamente» su «dedicación y esfuerzo» en el cumplimiento de las tareas de la Dirección Técnica de Seguridad nuclear así como su contribución a «aumentar el prestigio» del CSN en sus actuaciones a nivel nacional e internacional. Precisamente, Munuera ocupó un papel clave y polémico durante la solicitud de renovación de Garoña (Burgos).

Ahora, en tanto su puesto esté vacante hasta la designación de sustituto en el cargo por el Consejo de Ministros, el Pleno del CSN encomendó la coordinación de las 3 subdirecciones de la Dirección Técnica, la interlocución ante el Pleno y la Presidencia, así como la firma de documentos e informes al exterior de la Dirección Técnica al actual Subdirector de Tecnología Nuclear, Rafael Cid.

10 municipios del entorno del ATC nuclear recibieron de Enresa 275.000 euros para proyectos de desarrollo local en 2017

EFE.- La Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (ENRESA) destinó 275.820 euros en 2017 a convenios de colaboración para proyectos de desarrollo local con 10 municipios conquenses situados en el área de influencia del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares.

La cantidad asignada en 2017 fue 11.070 euros superior a la del año precedente en la que se consignaron 264.750 euros a seis municipios de la zona, según se refleja en los informes anuales de 2017 y 2016 de ENRESA, en los que detalla que la principal partida, de 150.000 euros correspondió al municipio de Villar de Cañas. Villar de Cañas fue la localidad elegida por el Gobierno de Rajoy en 2011 para albergar esta instalación, cuyo futuro está ahora supeditado a la presentación de un nuevo Plan General de Residuos Radiactivos (PGRR) en 2019.

Tras Villar de Cañas en 2017, recibieron asignaciones los ayuntamientos de: Villares del Saz, 39.200 euros; Villarejo de Fuentes, 26.550; Montalbanejo y Montalbo, 18.570 euros cada uno. El ayuntamiento de Zafra de Zancara recibió 11.900 euros; el de Cervera del Llano 6.000 y 3.270 euros el de San Lorenzo de la Parrilla. La lista la cierran los ayuntamientos de La Hinojosa con 900 euros y Olivares de Júcar con 850 euros. Estas partidas se cargan al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR.

En el caso del los municipios del ATC este apoyo se realiza «a través de la suscripción de convenios de colaboración con los municipios con derecho a asignación para aquellas nuevas instalaciones para las que se haya solicitado autorización de construcción» hasta el año en que comiencen a percibir las asignaciones que determina la orden, detalla la memoria de ENRESA.

Tiene derecho a recibir asignación aquellos municipios que tienen parte de su territorio incluido en el área definida por un círculo de radio 10 kilómetros desde el centro de la instalación. También las pueden percibir los no considerados en el apartado anterior, siempre que tengan algún núcleo de población, sea o no principal, incluido en el área definida por un radio de 20 kilómetros desde el centro de la instalación.

Para instalaciones de categoría 2, el caso del ATC, la partida consignada como término fijo es de 6 millones de euros anuales, si bien detalla que se empezarán a recibir una vez se realice el primer envío de residuos radiactivos y entre tanto se pueden suscribir convenios para cofinanciación de proyectos de desarrollo local. En la orden IET/458/2015, se argumenta la marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares y se explica que para las instalaciones de categoría 2 como el ATC, se establece un término fijo, al objeto de evitar grandes oscilaciones en las percepciones anuales a lo largo de la vida de la instalación.

Además, en 2017 ENRESA destinó 2.442.667 euros a cofinanciar proyectos en 39 municipios en el área de influencia de las centrales nucleares españolas con cargo al Fondo para la financiación de las actividades del PGRR. En el caso de la nuclear de Almaraz en Cáceres (Extremadura) incluye cuatro municipios: Almaraz 111.900 euros; Casatejada 30.940; Belvis de Monroy 11.589 y Toril 1.618 euros. En Ascó (Cataluña) fueron seis municipios: Ascó 111.900; Flix 26.157; Vinebre 47.562,20; Mora D’Ebre 23.443; La Palma D’Ebre 15.507 y Mora La Nova 7.441. Los cuatro municipios de la nuclear de Cofrentes (Valencia) con proyectos cofinanciados fueron: Jarafuel 100.479; Cofrentes 100.000; Cortes de Pallás 87.689 y Jalance 14.898.

Los tres municipios del entorno del almacén de residuos de baja y media actividad de El Cabril, en Sierra de Hornachuelos (Córdoba) son: Hornachuelos 241.704 euros: Fuenteobejuna 123.172 Navas de la Concepción 117.661. Respecto a Santa Maria de Garoña en Burgos (Castilla y León) nueve localidades: Valle de Tobalina 111.900; Valdegobia 82.134; Frías 57.127; Partido de la Sierra en Tobalina 50.000; Bozoó 30.825; Pancorbo 22.547; Oña 19.336; Jurisdicción de San Zadornil 11.363 y Miracheve 13.931.

Respecto al entorno de la nuclear en desmantelamiento José Cabrera en Guadalajara (Castilla-La Mancha) los municipios con proyectos cofinanciados fueron: Almonacid de Zorita 111.900 euros; Pastrana 98.304; Zorita de los Canes 45.711; Buendía 35.136; Valle de Altomira 10.910 y Valdeconcha 4.252 euros. También en Guadalajara se cofinanciaron proyectos en dos municipios del entorno de la nuclear de Trillo: Pareja 37.542 y Mantiel 35.024. Respecto a la nuclear Vandellós en Tarragona, Enresa cofinanció proyectos en: Vandellós Mont-Roig del Camp 137.000 euros; Tivissa 122.489; Vandellos-L Hospitalet del Infant 111.900 y Pratdip 60.441.

La luz sube un 5,76% en junio pero cierra el semestre con un precio un 2,35% inferior al de 2017

Redacción.- Un consumidor doméstico medio pagó 69,37 euros en su factura de la luz de junio, por lo que esta factura se incrementó en un 5,76% respecto a los 65,59 euros de junio de 2017, lo que supuso una subida de 3,78 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que emplea el antiguo Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 69,37 euros abonados en los 30 días de junio del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de junio, 39,66 euros obedecen al consumo, 2,79 euros al impuesto eléctrico y 12,04 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El año pasado fue un ejercicio que estuvo marcado por la tensión en la factura eléctrica debido, en la primera parte del año, a la ola de frío y, en la segunda, a la sequía. El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Un 1,91% más sobre mayo

Sin embargo, la factura de la luz de junio subió apenas un 1,91% respecto al mes anterior, mayo, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,31 euros en junio respecto a los 2,27 euros de mayo. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta manera, el recibo eléctrico vuelve a repuntar ligeramente por tercer mes consecutivo. La menor producción nuclear, debido a las paradas en las centrales de Vandellós y Trillo, así como la más baja generación eólica, han presionado al alza el precio en el pool.

A pesar de esta subida, el recibo de la luz cerró los primeros seis meses del año con una bajada del 2,35% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en junio ha llevado a que el recibo de los seis primeros meses del año se haya situado en 402,69 euros, 9,69 euros menos frente a los 412,38 euros en el mismo periodo del año anterior. En los primeros seis meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 89,8 euros por el término fijo, de 226,81 euros por el consumo, de 16,19 euros por el impuesto de electricidad y 69,89 euros por el IVA.

Este abaratamiento se debe al incremento en la producción eléctrica con tecnologías renovables como el agua o el viento, especialmente en el primer trimestre del año con respecto al mismo periodo de 2017. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad.

La parada de los reactores nucleares de Vandellós II y Almaraz frena el descenso en el precio de la electricidad

Europa Press / EFE.- El precio de la electricidad ha visto frenado en lo que va de abril el descenso que venía registrando a lo largo de estos primeros meses del año debido a la interrupción provisional de la actividad de las centrales nucleares de Vandellós II y Almaraz, según expertos del Grupo ASE, una compañía especializado en asesoría y gestión energética para empresas.

En concreto, el precio del mercado mayorista, el conocido como pool, se ha situado en la primera quincena de abril en los 40,6 euros por megavatio hora (MWh), precio que, aunque es un 7,1% más bajo de lo que marcaba hace un año, supone un repunte del 1% con respecto a los 40,18 euros por MWh de media que marcó en marzo. Según Grupo ASE, la parada de las dos centrales supone una reducción de la producción nuclear a un 70% de su plena carga. Además, añade que hay que sumar una menor producción eólica durante la última semana, factores que llevaron al pool a situarse en niveles de precios muy superiores a los esperados.

El pasado 13 de abril, el mercado mayorista cerró a 59 euros por MWh, un precio que no es propio del mes de abril, según los analistas del grupo, a pesar de que la producción hidráulica marcó ese mismo día el máximo en lo que va de año, con 190 gigavatios hora (GWh). No obstante, los expertos subrayan que el aumento de la producción hidráulica no garantiza precios bajos «si no hay suficiente oferta de energía más económica (nuclear y eólica) que entre en competencia».

Los analistas del Grupo ASE esperan que al menos hasta el 31 de mayo se mantengan unos precios altos para esta época del año en el mercado mayorista diario. Así, consideran que esta podría ser la tendencia, con un alza de los precios del pool, «a pesar de la abundancia de oferta hidráulica, provocado por la reducción de generación nuclear«. Vandellós II está reparando un goteo de agua que se ha descubierto y Almaraz estará parada aproximadamente hasta el 10 de mayo mientras se procede a su recarga de combustible, mientras que poco después está programado que Trillo inicie su desconexión también para recargar combustible.

En lo que se refiere al mercado de futuros, ha reaccionado al alza al no efectuarse el arranque previsto de Vandellós II y subió hasta 50 euros por MWh para mayo, mientras que junio se sitúa en 55 euros por MWh, lo que implica incrementos de más del 10% respecto a la pasada semana. Todos los mercados de futuros eléctricos europeos se han visto afectados por el alza de las commodities (Brent, gas, carbón y emisiones de CO2) con subidas de entre el 5% y el 7% en sus productos.

El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno congeló para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Por su parte, los precios diarios del mercado mayorista se fijan con un día de antelación, alrededor del mediodía.

El CSN investiga el hallazgo de sustancias radioactivas en un pozo de la central nuclear de Ascó I

Europa Press / EFE.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha reconocido que se han encontrado sustancias radioactivas en un pozo de la central nuclear de Ascó (Tarragona), cuyo origen están investigando. Sin embargo, le ha quitado importancia a la presencia de estas sustancias y, a su juicio, «sólo hay que saber por qué ha ocurrido».

Durante su intervención en la comisión de Energía del Congreso, a petición de los portavoces en esta materia de PSOE y Unidos Podemos, Pilar Lucio y Josep Vendrell, respectivamente, acerca de una emergencia ocurrida el pasado mes de febrero en Ascó, Martí Scharfhausen apunta que, durante una inspección alrededor de la central de una serie de pozos de los que se recogieron varias muestras, se halló una en la que se encontraron niveles anómalos de cesio y otras sustancias. «Lo que encontramos en ese pozo es una cosa peculiar», indicó el presidente del regulador, tras ser cuestionado por Vendrell por no hacer públicos estos datos.

Martí Scharfhausen ha señalado que el CSN cuenta con un documento en el que se detalla este problema pero, a su juicio, se trata de un tema complicado porque «hay mucha tierra y mucho hormigón» y la explicación, según ha indicado, se dará cuando se haya analizado lo hallado en el pozo. Aún así, ha trasladado a los diputados el informe realizado de este incidente.

El propio presidente ha indicado que estos sucesos «puede pasar» como, por ejemplo, durante las limpiezas en las que los operarios cojan líquidos y los echen en un pozo. «No sabemos cómo puede haber llegado allí», insistió, para asegurar que cuando tengan los resultados se informará sobre ello. El documento del CSN sobre este hallazgo precisa que el estudio de estos pozos se realizó entre finales de febrero y principios de marzo. El texto apunta, además, que estos sucesos no han tenido consecuencias para la seguridad, la salud de las personas o del medio ambiente.

“Una coincidencia” de incidentes nucleares

Por otro lado, Martí considera una coincidencia en el tiempo el elevado número de incidencias nucleares que han tenido lugar en los últimos meses en las centrales de Cofrentes (Valencia), Vandellós (Tarragona) y Ascó. En este sentido, Martí ha reconocido que «es verdad que ha habido muchas incidencias recientemente», que «se han agrupado un gran número en los últimos cuatro meses», pero son el «resultado de la conjunción de muchos factores» y, a su juicio, se han atajado pronto. Martí reivindicó que las empresas que operan las centrales han informado correctamente de las incidencias para que este organismo las revisara.

La central que más incidentes ha acumulado ha sido Cofrentes: 10 en 2017 y 3 en lo que va de año. En la central tarraconense de Vandellós, se produjo una fuga en la barra de presión el 13 de febrero, y la central siguió funcionando con ese fallo hasta el 2 de marzo sin ser comunicado, han denunciado los portavoces de Energía del PSOE, Pilar Lucio, y Podemos, Josep Vendrell. Martí ha respondido que el CSN comunica lo que les informan «desde la central» y ha argumentado que hay cuestiones que por ser «muy técnicas», como el incidente en Vandellós, no se informa de ellas.

El precio de la electricidad cae un 23% en la primera quincena de marzo por el viento y la lluvia

Europa Press.- El precio de la electricidad cayó en la primera quincena de marzo un 23,1% con respecto al cierre del pasado mes de febrero debido a la mayor participación de la eólica y la hidráulica en la generación. En concreto, el precio en el mercado mayorista, el conocido como pool, en el periodo se ha situado en 42,19 euros por megavatio hora (MWh), frente a los 54,88 euros por MWh que marcó de media en febrero.

Esta caída se debe a las condiciones climáticas ya que los numerosos frentes que han atravesado la Península en las últimas semanas han traído más viento y más lluvia, según datos del Grupo ASE. Así, la producción eólica ha crecido un 70% y la hidráulica un 40% con respecto al mismo mes del 2017. Lo que ha hecho que el precio del pool no haya caído más es el contrapeso de factores como la parada de la central nuclear de Vandellós desde primeros de marzo, que ha reducido la producción nuclear un 15%, el descenso de las importaciones de electricidad desde Francia o el incremento en un 5% de la demanda eléctrica debido a las condiciones climáticas, añade la consultora.

El pasado 11 de marzo el precio de la electricidad marcó su nivel más bajo del año, con una media diaria de 7,64 euros por megavatio hora (MWh), siendo además el precio del pool más bajo de toda Europa, junto a Portugal. Este precio representó una caída de más del 76% con respeto a los 31,96 euros por MWh de media marcados para el día anterior e igualó así el nivel de 7,64 euros por MWh de media que se registró el 1 de enero.

La proyección del mercado de futuros, donde las próximas semanas están cotizando entre 40 y 44 euros por MWh, apuntan a que marzo cerrará en un precio próximo a los 42 euros por MWh. El precio mayorista de la electricidad tiene un peso cercano al 35% sobre el recibo final, mientras que alrededor del 40% corresponde a los peajes y cerca del 25% restante al IVA y al Impuesto de Electricidad. El Gobierno ha congelado para 2018 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados. Los precios se fijan con un día de antelación.

Unidos Podemos propone no renovar las licencias de las centrales nucleares para poder cerrarlas en el año 2024

Europa Press. – El grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú-En Marea ha registrado una iniciativa en el Congreso de los diputados instando al Gobierno a no conceder nuevas licencias de explotación a los reactores nucleares operativos en España. De esta manera, conforme vayan expirando las que están en vigor, todo se pretenderá cerrar progresivamente todas las centrales nucleares del país en un plazo de seis años.

Ejemplos de eso, lo tendríamos con la central de Almaraz (Cáceres) que cerraría en 2020, la de Vandellós (Tarragona) en 2020, la Asco (Tarragona) en 2021, la de Cofrentes (Valencia) en 2021, y la de Trillo (Guadalajara) en 2024.

Para este grupo político, «Cada vez es mayor el consenso social y político sobre que España debe transitar de forma urgente hacia un nuevo modelo energético basado en energías renovables, en el ahorro y en la eficiencia energética». Por todo esto, Unidos Podemos pretende, también, actualizar el Plan General de Residuos Radioactivos para «garantizar que la dotación del mismo garantice la viabilidad de asumir los costes del tratamiento de residuos radiactivos y acomodar los planes de gestión al cierre escalonado de las centrales nucleares y a la no disponibilidad del Almacén Temporal Centralizado (ATC)».

 

Terrenos que vuelvan a ser utilizados y «sin peligro»

Para la formación morada, «las instalaciones deben ser descontaminadas de sustancias radioactivas y cerradas de forma que el emplazamiento original «pueda reconvertirse a otros usos, sin peligro alguno para la salud y el medio ambiente». La proposición ha sido firmada por Juan López de Uralde (Equo) y Josep Vendrell (En Comú) reclama además que ENRESA siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos, como el desmantelamiento y clausura de las centrales e instalaciones del ciclo de combustible.

Por último, destacar que la iniciativa desea que se modifique la ley española para «establecer un sistema de financiación de proyectos de desmantelamiento de las centrales y planificar la transición económica para los territorios y las personas afectadas por este cierre que, además, «garantice el número de empleos ligados a la actividad de las centrales».