Redacción / Agencias.- El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconoció que el Gobierno ha recurrido la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de electricidad, que contempla indemnizaciones para las compañías eléctricas, si bien afirmó que el Ejecutivo acatará la sentencia. Así lo anunció Nadal en su intervención en el Senado, en respuesta a una pregunta del senador socialista Nemesio de Lara.

El bono social es un descuento del 25% en el recibo eléctrico para consumidores que cumplan ciertos requisitos como hogares con menos de 3 kilovatios (kV) de potencia, pensionistas con prestaciones mínimas, familias numerosas o familias con todos sus miembros en paro. Por su parte, el senador socialista urgió al ministro a concretar las medidas que tomará el Ejecutivo para hacer frente a la pobreza energética porque «el frío no envía heraldos» y a solucionar el problema de la financiación del bono social, una vez que el Supremo ha establecido en una sentencia que las compañías eléctricas no deben sufragarlo.

Nadal explicó que tras la sentencia del Supremo, que deja al bono social «sin financiación», el Gobierno ha planteado un incidente de nulidad y la ha recurrido, porque no está conforme con la sentencia, si bien la acatará. En este sentido, subrayó que es «urgente» el diálogo de los grupos parlamentarios para alcanzar un acuerdo y evitar que se produzcan los efectos de la sentencia, especialmente porque «ni el resto de consumidores ni el presupuesto público deben pagar esto», tras haber sido financiado por las compañías eléctricas. Nadal defendió la importancia del bono social, ya que beneficia a 2,4 millones de hogares que representan más de 7 millones de personas.

La sentencia del Supremo declara inaplicable el régimen de financiación del bono social al entender que va en contra de las normas comunitarias para el mercado interior de la electricidad. Además, considera que el coste de ese descuento de la luz para las familias más vulnerables se carga de forma discriminatoria a las compañías eléctricas que lo sufragan y que la Administración no ha justificado los criterios con que distribuye el coste de la subvención.

Por otra parte, Nadal también ha tenido que responder en su primer pleno del Senado como ministro a otra pregunta de la senadora de Podemos, María Pilar Garrido, sobre si el Gobierno piensa prohibir los cortes de luz y gas que afectan a familias vulnerables, después de que una mujer de 81 años que vivía sola falleciese recientemente en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada. A este respecto, tanto el socialista De Lara como Garrido advirtieron al ministro de que «la pobreza energética mata» y que el Estado tiene el deber constitucional de defender la vida digna de las personas.

El titular de Energía aseguró que el suministro es «básico» y «necesario», y defendió que «todos los ciudadanos tienen que tener acceso a él», recordando que la directiva europea energética ofrece actuar en los casos en los que haya dificultades para el mismo. En este sentido, calificó de «lamentable» que se produjese ese caso con una ley autonómica que «se tenía que haber cumplido» y un fondo municipal del Ayuntamiento de Reus con dotación económica. «Había servicios sociales que habían actuado para el suministro de agua y gas de la vivienda, pero sin embargo parece que desconocían la situación sobre el suministro eléctrico«, apuntó Nadal, quien señaló que «había muchos agentes implicados y los medios para que esto no ocurriese».

En cuanto a prohibir el corte del suministro, Nadal sostuvo que las comunidades autónomas tienen la capacidad de hacerlo siempre que respeten lo establecido por el Tribunal Constitucional, que exige que la factura sea asumida por los servicios sociales. Asimismo, indicó que tras el suceso se puso en contacto con el presidente de la Generalitat, el alcalde de Reus y la compañía eléctrica Gas Natural Fenosa para esclarecer el asunto y decirles «hasta qué punto son responsables». «Hay muchas administraciones implicadas, no solo el Gobierno, también las Cortes Generales y las cortes autonómicas», añadió el ministro, que recordó que existen competencias energéticas que corresponden al Gobierno y otras sociales “en exclusiva” correspondientes a las autonomías.

«Esa es la lección que debemos aprender», concluyó Nadal, quien pidió la colaboración de las administraciones y las fuerzas parlamentarias para alcanzar acuerdos que permitan mejorar la actuación en este tipo de situaciones. «Este caso demuestra que es necesario mejorar el ámbito de aplicación de cuestiones energéticas tanto en la legislación y normativa estatal como en las actuaciones autonómicas», apostilló. Precisamente, la Mesa del Congreso acordó pedir a Unidos Podemos que reformule su petición de comparecencia del presidente de Gas Natural Fenosa, Isidro Fainé, por el corte de suministro eléctrico a la anciana de Reus. Asimismo, el Ayuntamiento de Reus abrirá expediente sancionador a las compañías que corten la luz a los colectivos necesitados, en cumplimiento de la ley catalana.