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Fitch confirma el rating de la deuda de Red Eléctrica a largo plazo en calificación notable A con perspectiva estable

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Servimedia / EFE.- La agencia de medición de riesgos Fitch confirmó la calificación crediticia de la deuda a largo plazo de Red Eléctrica de España (REE) en A (notable) con perspectiva estable. La operadora del sistema eléctrico indicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que Fitch también mantiene en F1 el nivel de rating a corto plazo con perspectiva estable.

Este F1 es el mejor grado de calidad e indica la fuerte capacidad del deudor para cumplir con sus compromisos financieros. En 2016 Fitch elevó la calificación crediticia de Red Eléctrica de A- (notable bajo) a A (notable), con perspectiva estable, por la mejora de la visibilidad de los ingresos y la inversión hasta 2020 una vez completadas las reformas regulatorias y aprobado el plan nacional de transporte de electricidad.

El Gobierno brasileño propondrá la venta del control de la estatal Eletrobras, la mayor empresa de energía del país

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EFE.- El Ministerio de Minas y Energía de Brasil propondrá la venta del control de Eletrobras, la mayor empresa de energía del país y de control estatal, según la propia compañía. La «desestatización» de Eletrobras deberá ser evaluada ahora por el Consejo de Programas de Asociaciones de Inversiones de la Presidencia de la República, responsable de las privatizaciones del Gobierno. El Ejecutivo quiere reducir su participación a través de la venta de parte de sus acciones en la bolsa de valores.

El Ministerio argumentó que la medida ofrecerá mayor competitividad y agilidad a la empresa para llevar a cabo sus operaciones, «sin las amarras impuestas por las estatales». «No hay espacio para un aumento de tarifas ni para un aumento de los encargos sectoriales. No es posible transferir los problemas para la población. La salida está en buscar recursos en el mercado de capitales, atrayendo nuevos inversores y nuevos socios«, señaló Energía. En caso de que la medida sea aprobada, el Gobierno permanecerá como accionista y mantendrá poder de veto en la administración de la compañía, garantizando que las decisiones estratégicas en el sector sean preservadas.

Eletrobras es la mayor empresa de generación de América Latina con una capacidad instalada de 45.390 megavatios (el 32% del total de Brasil) en 231 plantas hidroeléctricas, térmicas, nucleares, eólicas y solares. Eletrobras también es líder en transmisión, con cerca de 61.000 kilómetros de líneas, pero en el área de distribución limitó su actuación a sólo 6 de los 27 estados de Brasil, que suman tan sólo 12 millones de habitantes. La propuesta se enmarca en un ambicioso plan de privatizaciones y concesiones puesto en marcha por el Gobierno de Temer para reducir el déficit.

El beneficio semestral de la francesa EDF se reduce un 3,7% por el parón nuclear de principios de año

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EFE.- La eléctrica pública francesa EDF anunció que sus beneficios en los seis primeros meses del año fueron de 2.000 millones de euros, un 3,7% menos que en 2016, una reducción que se explica por el parón nuclear y por las condiciones climáticas desfavorables. Las autoridades de control nuclear francesas impusieron a EDF controles en varios de sus reactores, lo que motivó su parón y una reducción del 4% de su producción.

Además, las pocas lluvias caídas causaron una reducción de más del 16% de la producción hidráulica en Francia, a lo que se sumó la reducción de los precios de la electricidad en el Reino Unido, su principal mercado exterior. El resultado bruto de explotación cayó un 21,8%, hasta los 6.696 millones de euros. Pero el beneficio fue maquillado por la plusvalía de 1.300 millones generada por la cesión de su participación del 49,9% de la red de transporte eléctrico RTE.

El grupo señaló que los resultados están en la línea de lo esperado, por lo que confirmó sus objetivos, gracias a la aplicación de su plan de ahorros, que les llevó a alcanzar 225 millones de recortes en el periodo. EDF prevé una nueva bajada de su Ebitda para moverse entre los 13.700 millones y 14.300 millones, antes de que en 2018 vuelva a progresar hasta los 15.200 millones, gracias al retorno a la actividad de los reactores en Francia.

El Gobierno autonómico de las Islas Canarias subvenciona 18 proyectos de ahorro y eficiencia en la isla de La Palma

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EFE.- La Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento de las Islas Canarias financiará este año en La Palma la puesta en marcha de 18 proyectos de ahorro y eficiencia energética promovidos por los ayuntamientos de la isla. Así lo ha adelantado el viceconsejero de Industria, Energía y Comercio, Adrián Mendoza. Adrián Mendoza ha explicado que los proyectos de La Palma están recogidos en la convocatoria de ayudas lanzada este año para financiar hasta el 50% del coste de estos proyectos.

El viceconsejero destacó que el ahorro y la eficiencia energética constituyen una de las principales líneas de trabajo que el Gobierno de Canarias impulsa para avanzar hacia un modelo energético más sostenible y mejorar la competitividad de la economía de las islas. La Consejería también ha anunciado la puesta en marcha, a partir de 2018, de una nueva línea de préstamos a bajo coste financiados con fondos europeos que tienen como objetivo promover el desarrollo de proyectos de ahorro energético y renovables entre las empresas.

En relación con el impulso de las energías renovables en el sur de La Palma, el viceconsejero propuso a los miembros de la Mesa Insular de Energía de La Palma analizar las opciones actuales y buscar la solución más adecuada con las redes de transporte y distribución que existen en la actualidad y que apuesten por un sistema de generación distribuida basada en las renovables.

Red Eléctrica de España eleva su beneficio un 5,1% en el primer semestre del año, hasta 340 millones de euros

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EFE / Servimedia.- Red Eléctrica de España (REE) obtuvo un beneficio neto de 340,1 millones de euros en el primer semestre del año, un 5,1% más que los 323,5 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2016 y en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2014-2019, según comunicó la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Asimismo, el beneficio bruto de explotación (ebitda) creció un 2%, hasta 769,7 millones, por la consolidación de las medidas de eficiencia aplicadas.

El importe neto de la cifra de negocio ascendió a 987,3 millones, lo que supone un incremento del 2%. Este aumento se debe principalmente, según la empresa, a la retribución asociada a las nuevas instalaciones de transporte puestas en servicio en España en 2016. Además, la cifra de negocio incorpora otros ingresos, como los asociados a la prestación de servicios de telecomunicaciones, que alcanzaron 43,4 millones, o los derivados de la operación del sistema (28 millones). Los costes de aprovisionamiento y otros gastos de explotación crecieron un 14% por las inversiones realizadas en los proyectos de Perú y los gastos asociados a siniestros. Si se eliminan ambos factores, esta partida se habría mantenido prácticamente constante.

Los gastos de personal aumentaron un 2%, incremento que se debe, en una parte sustancial, al crecimiento de la plantilla media en un 1,3%. La plantilla final al cierre del primer semestre se situó en 1.815 personas. Las inversiones del grupo durante el primer semestre alcanzaron los 198,2 millones, de los que 144,5 millones se destinaron al desarrollo de la red de transporte nacional. La deuda financiera neta se situó en junio en 4.743,7 millones, frente a los 4.949,5 millones de finales del año pasado.

Standard&Poor’s considera que la retribución de REE y Enagás debería vincularse al IPC y denuncia la ausencia del regulador independiente

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Europa Press.- Standard&Poor’s (S&P) considera que el marco regulatorio para las actividades de transporte y distribución de electricidad y gas en España es «adecuado», pero detecta varias «debilidades» en el sistema, entre ellas la de que las retribuciones de Red Eléctrica de España (REE) y Enagás no estén vinculadas al IPC. S&P indica que «por ley las tarifas para los operadores de transporte de gas y electricidad no están vinculadas al IPC».

Otros puntos débiles son, desde su punto de vista, «la ausencia de un regulador independiente», en referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), «el déficit de tarifa remanente en el sistema» y «la sensibilidad de los distribuidores y transportistas de gas hacia los volúmenes de gas«. En todo caso, también realza que el entorno regulatorio ofrece «características consistentes con una ventaja regulatoria adecuada y fuerte». Los operadores de gas y de electricidad se benefician, según indica, de unos marcos regulatorios recientemente establecidos que se asimilan a los de un sistema «maduro» y en el que las condiciones se definen cada 6 años de forma «transparente».

Red Eléctrica gana 181,8 millones hasta marzo, un 4,7% más, mientras proyecta invertir 60 millones en Cantabria

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Redacción / Agencias.- Red Eléctrica de España (REE) ya está en disposición de mallar la red de transporte eléctrico de 220.000 voltios de las líneas Astillero-Cacicedo y Cacicedo-Puente San Miguel, con proyectos para construir nuevas líneas de transporte, cuya inversión se eleva a 60 millones de euros. Una inversión que se conoce cuando la compañía ha logrado un beneficio 181,8 millones de euros en el primer trimestre del año, un 4,7% más que en el mismo periodo de 2016, apoyado en un aumento de los ingresos.

La cifra de negocio ascendió a 496,5 millones de euros, un 1,8% más que hace un año, principalmente por la entrada en servicio de nuevas instalaciones de transporte en España, mientras que los ingresos de la actividad de telecomunicaciones e internacional se mantuvieron en línea con respecto al primer trimestre de 2016. El resultado bruto de explotación (ebitda) se situó en 400,8 millones de euros, un 2% más, y el neto (ebit) en 276,9 millones, un 1,4% más, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). La compañía ha detallado que el incremento del ebitda viene explicado, además de por el crecimiento de los ingresos, por la evolución de los costes operativos.

Los costes de aprovisionamientos y otros gastos de explotación se han elevado hasta los 78,9 millones de euros, un 18,2% por encima de los registrados en los tres primeros meses del año pasado, tanto por las inversiones hechas en los proyectos en construcción de Perú y los gastos asociados a siniestros. Los gastos de personal aumentan en un 0,7% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, un incremento que está ligeramente por debajo del crecimiento experimentado por la plantilla, que se situó en 1.764 personas en marzo de 2017.

Las inversiones de Red Eléctrica han sido de 87,6 millones de euros, lo que supone un descenso del 68,4% que los 277,5 millones registrados en el mismo periodo del año anterior, que incluían 199,8 millones de inversión realizados en la adquisición del 50% de la compañía chilena TEN en 2016. De la cifra total de inversión del primer trimestre de 2017, se incluye principalmente la inversión en la red de transporte nacional, que ha ascendido a 49,9 millones de euros, e inversiones internacionales en Perú, entre las que se encuentra la adquisición, el pasado enero, del 45% restante del capital de Redesur y el desarrollo de infraestructuras en este país.

El resultado financiero mejoró en 2,2 millones de euros y alcanzó los 37 millones de euros de pérdidas frente a los 39,2 millones perdidos en el mismo periodo del ejercicio anterior. Estos gastos, según la compañía, muestran la caída del coste medio de la deuda financiera, que se ha situado en el 2,85% frente al 3,01% del primer trimestre del año 2016. La compañía cerró el ejercicio con una deuda financiera neta de 4.852,7 millones de euros frente a los 4.949,5 de finales de 2016. Por último, la junta general de accionistas ha acordado el pago de un dividendo bruto de 0,8587 euros por acción.

Invertir 60 millones en Cantabria

Respecto a las inversiones en Cantabria, el consejero de Industria de la comunidad autónoma, Francisco Martín, se reunió con responsables de REE y Viesgo para estudiar esos proyectos en arterias imprescindibles para garantizar la distribución eléctrica de industrias tan importantes como Global Steel Wire o Ferroatlántica. Martín ha destacado la importancia de estas actuaciones dentro del sistema eléctrico de Cantabria y ha afirmado que cerrar la red de 220.000 voltios es «prioridad número», por lo que ha señalado la «obligación» del Ejecutivo regional de «hacerlo posible desde el punto de vista de los permisos administrativos».

Según el Gobierno cántabro, los proyectos de planificación de la red de transporte de electricidad 2015-2020 en Cantabria cubrirán las necesidades de energía eléctrica del arco de la Bahía de Santander y garantizarán la calidad del servicio de los clientes industriales que se agrupan en ese área, con el objetivo de fomentar el desarrollo industrial en la zona. El consejero ha advertido de que Cantabria tiene la espada de Damocles de la distribución eléctrica que abastece a las grandes empresas porque, al no estar mallada, «ofrece una fragilidad preocupante». En este sentido, recordó que desde 2011 se está intentando dar solución a este problema por parte de REE sin que las administraciones lo hayan abordado.

Por eso, el consejero se ha comprometido en hacer viable estos proyectos «haciendo posible que ambientalmente sean correctos, que tengan las autorizaciones municipales pertinentes y que los vecinos puedan presentar alegaciones». «Se trata de hacer una labor de validación administrativa porque no queremos que el riesgo de las grandes industrias siga existiendo en la región y no queremos que se pierda esa inversión de 60 millones de euros en los próximos dos años», ha indicado. Martín señaló que se consiguió que el proyecto de la línea entre Cacicedo y Astillero sea subterráneo en todo su trazado, de tal manera que el cable será introducido en una estructura de hormigón de un metro por un metro.

Red Eléctrica pide a Hacienda y a la FEMP una tasa homogénea por sus tendidos mientras planea invertir 2.493 millones

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EFE.- Red Eléctrica de España (REE) prevé invertir 2.113 millones de euros hasta 2019 en aplicación de la segunda mitad de su plan estratégico 2014-2019, según anunció su presidente, José Folgado, que también pidió al Ministerio de Hacienda y a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que acuerden un sistema fiscal homogéneo para el paso de sus 43.664 kilómetros de redes por los municipios.

Folgado plantea esta opción tras el fallo del Tribunal Supremo contrario a la postura de la compañía de no pagar estos tributos por considerarlos desproporcionados o de no aplicación a su actividad. El presidente de REE cree necesario «no dejar a la discrecionalidad» de cada ayuntamiento la definición y aplicación de estos impuestos, porque supondría una «pérdida de seguridad jurídica».

El consejero delegado de REE, Juan Lasala, ha advertido de que es una «cuestión importante», porque estas tasas suponen gastos de operación y mantenimiento de las redes que «pueden tener impacto en la tarifa«. Preguntado por el desembolso que puede acarrear la aplicación efectiva de estos tributos, Lasala ha afirmado que no es fácil de contabilizar, aunque REE tiene recurridas las sentencias y avalada la cantidad en previsión de cómo se resuelvan los trámites judiciales.

Invertirá 2.493 millones hasta 2019

De estos 2.493 millones de euros, 1.823 millones corresponderán a actividades ya consolidadas, mantenimiento de redes e instalaciones, y 670 millones a nuevos negocios en los que la compañía pretende expandirse, un área en la que REE ya tiene comprometidos 390 millones. El plan estratégico de REE para el periodo 2014-2019 contempla una inversión total de 4.575 millones, de los que 3.575 millones corresponden a actividades vigentes, de los que ya se ejecutó el 49% del presupuesto previsto, y 1.000 millones a nuevas áreas, en las que ya se invirtió el 33% de los fondos.

Folgado ha señalado que las inversiones pendientes se distribuirán entre los ejercicios 2017, 2018 y 2019, y ha concretado que el volumen de inversión este año será similar al del pasado ejercicio, en el que invirtió 643 millones, un 43,6% más que en 2015. Por tanto, y de mantenerse las previsiones de REE, el grupo invertirá el 30% de los 2.493 millones pendientes en este ejercicio y el 70% restante en los próximos dos años.

Entre los proyectos más relevantes de REE previstos para este año en el mercado nacional destaca el avance en los trabajos de la construcción de la central hidroeléctrica de bombeos Chira-Soria (Canarias), que entrará en servicio en 2023, y en la que se invertirán 300 millones, de los que el 60% de todo el proyecto se ejecutará en el periodo de vigencia del plan estratégico.

Folgado ha explicado que REE no tiene por objetivo la producción de energía, «salvo en situaciones excepcionales», como la de esta planta hidroeléctrica, en la que el operador «debe responder» y garantizar un respaldo al sistema eléctrico canario y al desarrollo de las renovables ante el singular aislamiento geográfico del archipiélago. «REE quiere apoyar el desarrollo de la renovables en Canarias y en toda España», ha afirmado Folgado, para quien es fundamental el desarrollo de sistemas de almacenamiento y la construcción de interconexiones que garanticen el suministro ante las incertidumbres de las tecnologías no gestionables.

En cuanto a los mercados internacionales, REE pujará por nuevos contratos en Latinoamérica, concretamente en Chile y Perú. En Chile, REE centrará el foco en las licitaciones de las obras de expansión del sistema de transmisión troncal, valoradas entre 300 y 400 millones de dólares (entre 279 y 372 millones de euros). En el caso de Perú, el operador eléctrico español estudia licitaciones de entre 500 y 600 millones de dólares (entre 465 y 558 millones de euros) para acometer el plan de transmisión eléctrica 2015-2024 en el país. El consejero delegado de REE, Juan Lasala, ha explicado que el interés de la compañía pasa por participar en mercados en los que ya está presente, como ocurre en ambos países.

Expediente de la Comisión Europea

Por otro lado, Folgado señaló que corresponde al Gobierno responder al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea sobre el blindaje accionarial de la compañía, aunque insistió en que es similar al de otros operadores europeos. La Comisión Europea abrió un expediente a España por supuestas limitaciones a la libre participación directa o indirecta en REE y Enagás y por restringir determinados derechos políticos, según adelantó el diario Expansión.

Para el consejero delegado de REE, Juan Lasala, la estructura accionarial de los operadores europeos está «atomizada» y es similar al caso de España, por lo que cree que el régimen español está justificado. Lasala ha explicado que en REE la participación accionarial está limitada a un máximo del 5%, que desciende al 1% si se trata de otros operadores del sector, salvo en el caso de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), que por ley debe tener al menos un 10%, aunque su participación actual es del 20%.

Folgado señaló que REE «no tiene ningún miedo» a la entrada de nuevos accionistas e insiste en que le compete al Gobierno emitir una respuesta a la apertura del citado expediente infractor, una postura que va en línea con la manifestada por el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que ya explicó que el Ministerio estaba preparando «una respuesta» tras haber mantenido unos primeros «contactos positivos» con la Comisión Europea. Para Energía, la estructura del accionariado de REE y Enagás es equivalente a la de otras entidades europeas gestoras de redes energéticas de transporte, muchas de las cuales «son públicas y tienen alguna limitación similar a las de España».

La CNMC y su homóloga portuguesa ERSE validan la subasta financiera para la interconexión eléctrica

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) validaron los resultados de la subasta coordinada de contratos financieros para la interconexión eléctrica entre España y Portugal. La CNMC indica que el 16 de marzo se celebró la decimotercera subasta de contratos financieros, opciones FTR (Financial Transmission Rights), relativos a la interconexión entre España y Portugal.

La subasta tiene como objetivo proporcionar a los agentes cobertura financiera sobre el riesgo de diferentes precios de mercado entre España y Portugal, derivados de una situación de congestión en la interconexión. Se subastaron dos productos de carga base y con periodo de liquidación en el segundo trimestre de 2017 (uno en cada sentido de la interconexión) por un volumen de 200 MW, en cada uno de ellos; así como dos productos de carga base y periodo de liquidación en el tercer trimestre de 2017 (uno en cada sentido de interconexión) por un volumen de 100 MW en cada uno.

En la subasta participaron un total de 9 agentes, resultando adjudicatarios de alguno de los productos subastados 8 de los agentes participantes. En los productos con periodo de liquidación en el segundo trimestre de 2017, se adjudicó un volumen total de 200 MW en el sentido exportador de España hacia Portugal, a un precio de 0,06 €/MWh, y otros 200 MW en el sentido exportador de Portugal a España, a un precio de 0,07 €/MWh. En los productos con periodo de liquidación en tercer trimestre de 2017, se adjudicó un volumen total de 100 MW en el sentido exportador de España hacia Portugal, a 0,05 €/MWh, y 100 MW en el sentido exportador de Portugal a España, a 0,05 €/MWh.

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».