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Nadal asegura que un fallo reciente del TJUE eliminaría la mayoría de los arbitrajes contra España por los recortes renovables

EFE / Europa Press.- El ministro de Energía, Álvaro Nadal, asegura que la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de que no puede haber arbitrajes dentro de la Unión Europea, «prácticamente eliminaría el conjunto de arbitrajes» que hay contra España por el recorte de la retribución a las renovables. Nadal se refería así a la sentencia del TJUE que dictaminó que una cláusula de arbitraje de un tratado bilateral firmado entre Holanda y Eslovaquia era incompatible con el derecho comunitario.

Álvaro Nadal ha indicado que los arbitrajes que interpusieron fondos de inversión contra España son consecuencia de la reforma que tuvo que hacer el Gobierno del PP en 2013 para paliar lo que, según denominó, «excesos de la legislatura anterior» en las ayudas a las renovables. El ministro destacó que la reforma energética ahorrará en los 25 años siguientes a su aplicación 175.000 millones de euros a los consumidores españoles, tanto domésticos como industriales, mientras que el volumen total reclamado en arbitrajes en los tribunales internacionales contra España asciende a unos 7.000 millones de euros.

«Creo que no está nada mal y ya veremos al final qué se adopta«, ha dicho Nadal, que ha explicado que la inmensa mayoría de los fallos negativos a España son sólo parciales y que hay también algunos favorables, como el que recientemente ha anulado en Suecia un laudo que obligaba a España a pagar 53 millones de euros a Novenergia. Álvaro Nadal ha asegurado que los inversores tienen confianza en España, como prueba de que vinieran «con una capacidad de financiación enorme» a las dos subastas de renovables en las que el año pasado se adjudicaron 8.000 megavatios (MW).

Respecto a las críticas que recibe por la reducción de la retribución a las inversiones, se ha preguntado si su objetivo debe ser retribuir bien las inversiones o que se pague lo menos posible por una energía que ha recordado que en España siempre es cara. Ha señalado que la mejor política contra la pobreza energética es una política que cuide los precios y ha lamentado que todas las propuestas que le llegan desde la oposición en el Senado y en el Congreso de los Diputados incrementan los costes y reducen los ingresos del sistema.

En cuanto al autoconsumo, ha indicado que, según constata el informe del grupo de expertos sobre transición energética, cada megavatio hora que autoconsume un autoconsumidor le genera un coste al sistema de más de 76 euros, al dejar de pagar una parte de los costes generales y, por eso, en estos momentos hay un canon compensatorio. Ha afirmado que el Gobierno lo que quiere es que todos contribuyan de igual manera y no que la falta de aportación de un autoconsumidor, con «miles y miles de metros de tejado para poner placas fotovoltaicas», se «la endose al conjunto de los consumidores grandes, pequeños y medianos, con mayor o menor renta».

“Lo pagan los demás consumidores”

Nadal señaló que hay muchas formas de compensar esa diferencia en la aportación y se pueden hacer modificaciones, para lo cual se habla con las asociaciones fotovoltaicas y de grandes consumidores, «pero no me diga que el autoconsumo es bueno para el conjunto de los consumidores; es bueno para el que autoconsume porque paga menos y los demás pagan más», le recriminó al senador socialista. «El coste se le endosa al conjunto de consumidores, y el Gobierno opina que eso no es correcto», sentenció Nadal.

También ha recordado que el actual canon no se aplica a autoconsumidores de menos de 10 kilovatios (KW), sino a industrias y grandes centros comerciales, y ha advertido de que si se subiera la parte fija del recibo de la luz para cubrir los costes del sistema a fin de no gravar el autoconsumo, «entonces no sería tan rentable como algunos quieren ese autoconsumo, que se basa en no aportar lo que los demás aportan».

Asimismo, Nadal ha asegurado que España debe vincular unos objetivos de renovables más elevados para el horizonte a 2030, tal y como ha planteado el Parlamento Europeo, a un compromiso «más ambicioso» de Europa con las interconexiones energéticas. A este respecto, recordó que el Consejo Europeo aprobó un objetivo del 27% para los Estados miembros, mientras que el Parlamento Europeo ha apostado posteriormente por elevarlo hasta el 35% en 2030. Por ello, Nadal aseguró que España mantiene una posición de «flexibilidad», aunque «vinculándola a que el Consejo y el Parlamento Europeo tienen que tener presión para aumentar las interconexiones», subrayó.

Por otra parte, el ministro recalcó que España debe formar parte de los países europeos que cumplen con los objetivos medioambientales, pero priorizando unos precios de la energía lo más baratos posibles. «Tenemos que fijarnos mucho en cómo evolucionan los precios», apuntó. Además, consideró que España no puede imponerse «el mismo grado de ambición que países más ricos, con menos paro, mayor industria y mejor acceso a energía barata«, como los del norte de Europa.

Por su parte, el senador por el grupo socialista Ángel Manuel Mato Escalona consideró que España debe avanzar «con paso firme» en la transición energética por la responsabilidad y compromisos con la comunidad internacional y por los graves impactos de la contaminación del aire sobre la salud de los seres humanos». Así, Mato advirtió al ministro que «no hay tiempo que perder», ya que la acción por el clima debe realizarse de «manera global» y acusó al Gobierno de generar «incertidumbre» en la política energética, con «continuos parches que no han acertado ni en el diagnóstico ni en las soluciones». «Todos los problemas siguen estando encima de la mesa», afirmó.

El Supremo pide al Tribunal de Luxemburgo que se pronuncie sobre la compatibilidad del canon hidráulico con la normativa europea

Europa Press.- La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó plantear cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) sobre la creación del canon para la utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica, al tener dudas de su compatibilidad con la normativa comunitaria.

El alto tribunal ha estudiado los recursos interpuestos por Acciona y por Unesa, la patronal de las eléctricas, contra el Real Decreto 198/2015, que desarrolla el artículo 112 bis del Texto Refundido de la Ley de Aguas, por el que se crea dicho canon y, ante las dudas surgidas a la hora de resolver, traslada tres preguntas al Tribunal de Justicia de la Unión Europa.

En la primera de ellas, el Supremo expresa sus dudas sobre la finalidad medioambiental del canon hidráulico y pregunta al TJUE si es respetuoso con la aplicación del principio comunitario del quien contamina paga. Según el Supremo, dicha tasa no responde al perfil de tributo medioambiental porque «no vela por proteger los supuestos daños medioambientales», sino que su finalidad es «establecer un mecanismo de financiación del déficit de tarifa, con lo que el legislador parece ir contra los propios principios que inspiran la política europea en materia energética y ambiental». Indica también que una cantidad «insignificante», el 2% del canon recaudado, se destina a las actuaciones del organismo de cuenca, frente al 98% que será ingresado en el Tesoro Público.

Otra cuestión que el Supremo plantea al tribunal europeo es si el canon es compatible con el principio de no discriminación de los operadores contemplado en la Directiva 2009/72/CE sobre normas comunes para el mercado interior de electricidad. La Sala recuerda que esta tasa se exige a los generadores de energía hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias y a los productores con tecnología hidroeléctrica frente a los titulares de concesiones en cuencas intracomunitarias y a quienes utilizan otras tecnologías. Para el Supremo, se ha provocado «una situación de desigualdad» entre productores de energía en general, así como entre los titulares de las centrales hidroeléctricas en particular, que incide en la competencia dentro del mercado eléctrico.

Por último, el alto tribunal tiene la duda de si el cobro de este canon a los productores de generación hidroeléctrica que operan en cuencas intercomunitarias es una ayuda de Estado que está prohibida por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Los magistrados cuestionan si este impuesto es un «tributo asimétrico» que perjudica la competencia en el mercado eléctrico creando ayudas de Estado a favor de terceras personas. Al respecto, el  Supremo señala que, por un lado, se produce una diferenciación entre compañías de producción hidroeléctricas que se encuentran en la misma posición y, por otro, respecto a los productores de energía eléctrica proveniente de otras fuentes.

El canon hidroeléctrico fue aprobado por el Gobierno y lanzado en 2013 como parte de los nuevos impuestos a la actividad eléctrica, con los que estimaba recaudar unos 2.700 millones de euros para aplacar el déficit de tarifa del sistema eléctrico. Dicho canon sólo se aplica a las cuencas intercomunitarias y la base imponible es el valor económico de la electricidad producida, con un gravamen del 22% sobre dicha base.

Ciudadanos y PSOE reprochan al Gobierno que no actúe contra la contaminación del aire a pesar del ultimátum de Bruselas

Europa Press.- La portavoz de Energía de Ciudadanos en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha reprochado al Gobierno que no actúe contra la contaminación a pesar del «ultimátum» de dos meses que Bruselas ha dado a España en materia de calidad del aire el pasado mes de febrero.

«Luego pedirán responsabilidad a la Cámara cuando lleguen a última hora para hacer algo, sin consenso, para que votemos porque si no es responsabilidad de todos que nos multen», criticó la diputada. Rodríguez se refirió así durante su intervención en la sesión de control del Congreso, a las advertencias realizadas por la Comisión Europea. En ellas apuntaba que si España no cumplía en dos meses con objetivos en esta materia acudiría al Tribunal de Justicia Europeo y se podría multar al país por esta situación.

«Madrid, por 7 años consecutivos, no cumple los límites legales y la Comisión Europea mantiene abierto un expediente de infracción», ha apuntado Rodríguez, para pedirle a la ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, «responsabilidad» y «trabajo» y elaborar «un Plan Nacional» que «evite que haya políticas de improvisación en ayuntamientos que, en lugar de trabajar por el clima, acaben en caos, como ocurrió en Madrid». Sin embargo, Tejerina ha recordado a Rodríguez que esta materia es competencia de las autonomías y ayuntamientos y que la labor desde el ministerio es dictar la normativa básica y apoyar a los ejecutivos regionales y locales. «Nos hemos dirigido a las administraciones responsables que están fuera de los cumplimientos», ha asegurado.

En su intervención también ha defendido el trabajo del Ministerio y ha asegurado que la calidad del aire es una «prioridad» en las políticas de su departamento y ha recordado que se aprobó el Plan Nacional de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera 2013-2016 para actuar sobre las fuentes de emisión contaminantes, entre ellas el transporte. En este sentido, ha explicado que, actualmente, se «trabaja en la evaluación de los resultados» de esta iniciativa y en la preparación del segundo plan del aire.

Respecto a la misma cuestión, la diputada socialista Pilar Lucio, ha interpelado a la ministra sobre la calidad del aire y las medidas para reducir la contaminación atmosférica y la revisión del modelo energético y ha criticado los «escasos» avances de España para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a otros países. Por ello, ha reclamado al Gobierno un «mayor esfuerzo» en esta materia, con medidas, por ejemplo para el fomento del vehículo eléctrico a través del impulso a la fiscalidad ambiental que graven a quien más contamine. «Hay que remangarse», apostilló.

En su respuesta, la ministra incidió en que el Gobierno está preparando un nuevo Plan nacional de Calidad del Aire para el periodo 2017-2019 y ha asegurado que es una de las «prioridades» del Ejecutivo. Así, citó medidas en el marco del plan actual como el etiquetado de vehículos según contaminen, los planes PIMA y el Plan Clima, entre otras actuaciones que suman un importe de 172 millones de euros para impulsar iniciativas de mejora de la calidad del aire.

También ha indicado se establecerán otros planes y programas que estarán listos en 2019. La ministra ha garantizado que «este es uno de los compromisos más significativos del Gobierno para esta legislatura» y ha puesto como muestra de ello la anunciada Ley de Cambio Climático y para la transición energética. Finalmente, ha relatado las medidas dirigidas a la revisión del modelo energético entre las que destaca la apuesta por la eficiencia energética, con 255 millones de euros desde 2012, y la interconexión eléctrica con el resto de Europa para promover la integración del mercado energético que permita ajustar y estabilizar los precios porque insiste en que para el Ejecutivo «proteger la salud y el medio ambiente es un objetivo irrenunciable».

Estado puede intervenir en el precio de gas por el interés general según el Tribunal de Justicia europeo

EFE.- Los países de la Unión Europea (UE) pueden intervenir en la fijación del precio de suministro del gas natural por motivos de interés económico general, para garantizar la seguridad del suministro y la cohesión territorial, según dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la UE.

Los jueces europeos precisaron, no obstante, que una regulación permanente de las tarifas a escala nacional impuesta únicamente a determinadas empresas del sector del gas natural podría resultar discriminatoria «e ir más allá de lo necesario», según un comunicado de la corte.

La sentencia responde a una cuestión planteada por el Consejo de Estado francés, que preguntó al tribunal europeo si la regulación de las tarifas del gas natural en Francia obstaculiza la competencia en el mercado nacional, y de ser así, si está justificada.

El tribunal reconoce que, en aras del interés económico general, los Estados miembros pueden imponer a las empresas que operan en el sector del gas obligaciones de servicio público sobre el precio de suministro del gas natural, con el fin de asegurar el abastecimiento y la cohesión territorial.

Por otra parte, precisa que corresponderá al Consejo de Estado francés determinar si esa medida «es necesaria para conseguir los objetivos de interés general invocados por las autoridades francesas».

El tribunal dice que «duda» de que el objetivo de cohesión territorial se pueda perseguir imponiendo tarifas reguladas en todo el territorio nacional, sobre todo, si es posible aplicar tarifas a determinadas categorías de clientes que se encuentren en zonas apartadas, fijadas por criterios geográficos objetivos.

También cree que el hecho de que la regulación de tarifas tenga carácter permanente podría no ser «proporcionado».

Los jueces dicen que el Consejo de Estado francés deberá también comprobar si el método de intervención en los precios «no va más allá de lo necesario» para alcanzar los objetivos económicos de interés general y si no se pueden aplicar medidas menos restrictivas.

Por último, el TJUE recuerda que una sentencia de 2010 determinó que las obligaciones de servicio público deben imponerse con carácter general a las compañías de gas natural y no solo a algunas empresas concretas y que la designación de las firmas encargadas de esas obligaciones «no puede excluir a priori» a ninguna de las sociedades que operan en el sector de la distribución del gas.

En ese contexto, indica que el Consejo de Estado francés deberá también verificar si la regulación de las tarifas no es discriminatoria.

Hacienda prevé un impacto máximo de 1.000 millones por la devolución adicional del céntimo sanitario exigida por el Tribunal Supremo

Servimedia.- El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas estima que la decisión del Tribunal Supremo de admitir los recursos contra el Estado por el cobro del Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (Ivmdh), el llamado céntimo sanitario, supondrá un impacto máximo de 1.000 millones de euros en el déficit del ejercicio 2016, ya que ésta es la cuantía que debería devolver la Agencia Tributaria en función de los 4.000 recursos presentados ante el Alto Tribunal, según estimaciones realizadas por Hacienda.

Estos 1.000 millones se añadirían a los aproximadamente 2.000 de euros que está devolviendo Hacienda desde finales de 2014 a los afectados por el cobro indebido de este impuesto entre los ejercicios 2010 y 2012, los millones de euros recaudados indebidamente que no estaban prescritos, cuantía de la que según las fuentes consultadas de Hacienda se ha devuelto ya aproximadamente la mitad. En este caso, el impacto de esta primera devolución del impuesto se aplicó en las cuentas del 2014, lo que supuso una desviación de unas dos décimas en el déficit de ese año.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) declaró el cobro de este impuesto contrario a la normativa europea sobre los impuestos especiales, ya que no cumple el principal requisito exigido a un gravamen de este tipo: perseguir una finalidad específica. Tras recibir la sentencia, Hacienda decidió poner en marcha un sistema de devolución a todos los afectados en los años no prescritos. En este sentido, los recursos al Supremo se interpusieron contra decisiones del Consejo de Ministros que, a instancias del ministro Cristóbal Montoro (Hacienda), rechazaron las solicitudes de responsabilidad patrimonial del Estado reclamadas por afectados por este impuesto. Los recursos buscan recuperar los pagos realizados en períodos ya prescritos de este tributo.

Facua pide un «reintegro rápido»

Facua aplaudió la decisión del Tribunal Supremo de estimar los recursos contra el céntimo sanitario, y pidió al Gobierno que, una vez sean firmes las sentencias, lleve a cabo un «reintegro rápido» de las cantidades cobradas irregularmente. Asimismo, Facua lamenta que el Gobierno haya obligado a judicializar el caso, lo que ha provocado que el Supremo tenga que analizar casi 4.000 recursos contenciosos-administrativos de reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado, pese a la sentencia del TJUE. El céntimo sanitario estuvo en vigor entre 2002 y 2013, fecha en la que se integró en el impuesto especial sobre los hidrocarburos. En esos años, consiguió recaudar más de 13.000 millones de euros.

Sentencia satisface a los transportistas

Por su parte, la Federación Nacional de Asociaciones de Transporte de España (Fenadismer) mostró «su satisfacción» por el fallo del Tribunal Supremo revocando la negativa del Gobierno a reconocer la responsabilidad patrimonial del Estado en relación al céntimo sanitario, lo que según Fenadismer podría obligar al Estado a devolver no sólo lo recaudado en los últimos 4 años como pretendía inicialmente el Gobierno, sino desde que se aprobó dicho impuesto en 2002, lo que supone esos 13.000 millones de euros.

Al respecto, Fenadismer recuerda que el Tribunal de Justicia Europeo resolvió en febrero de 2014 declarar ilegal dicho impuesto por considerarlo contrario a la normativa comunitaria, estableciendo además la no limitación temporal de los efectos de la sentencia, al quedar acreditada la actuación culpable del Estado español al haberlo mantenido vigente durante más de una década pese a las sucesivas advertencias de las instituciones comunitarias sobre su ilegalidad. Por ello recuerdan que la Agencia Tributaria no está devolviendo lo que respecta a las cantidades recaudadasentre 2002 y 2009, aduciendo el Gobierno que no existía responsabilidad patrimonial de la Administración.

Para Fenadismer, esta sentencia supone un «triunfo del Estado de Derecho» esto es, un claro ejemplo de que tanto los ciudadanos como los poderes públicos estamos sometidos al mismo ordenamiento jurídico en todas nuestras actuaciones». En la misma línea, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) valora la sentencia del Supremo. «Deseamos que con esta noticia se restauren definitivamente los perjuicios ocasionados a las empresas de transporte y se ponga el punto y final a una situación que siempre hemos considerado como completamente injusta para nuestro sector», indicó CETM.