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El Gobierno amplía las coberturas para el bono social eléctrico y lanza medidas para abaratar la factura de la luz

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Europa Press.- El Gobierno ha aprobado un plan de medidas para ampliar las coberturas del actual bono social eléctrico, incluyendo a las familias monoparentales y recogiendo la prohibición de cortar el suministro en los hogares acogidos al bono social donde viva al menos un menor de 16 años, y así como para abaratar la factura de la luz, ante la espiral alcista de los últimos meses en el precio de la electricidad.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, destacó que el objetivo de esta nueva norma es ofrecer cobertura a los consumidores vulnerables durante los próximos meses de invierno «mientras se construye una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética». El decreto-ley hace extensiva la medida de prohibir el corte de luz también para los hogares donde resida al menos una persona con un nivel de discapacidad del 33% o superior. De igual modo, se aplicará cuando viva en la vivienda al menos una persona en situación de dependencia en grado II y III. Estas circunstancias, que deberán evaluarse y acreditarse mediante certificados expedidos por los servicios sociales, no estaban contempladas en la anterior regulación del bono social.

Asimismo, con el objetivo de que más familias monoparentales puedan acceder al bono social, se han establecido por el Ejecutivo criterios de renta específicos para estos colectivos, más susceptibles al riesgo de pobreza energética, especialmente las mujeres, considerando que el 85% de los hogares monoparentales tienen al frente a una madre. Así, el umbral de renta máximo para que una familia monoparental pueda acceder al bono social se incrementará en 0,5 veces el IPREM respecto al de las familias biparentales.

La normativa fija como prioridad del Ejecutivo la lucha contra la pobreza energética, que afecta a unos 4,6 millones de personas. En el plazo de 6 meses desde su entrada en vigor, el Gobierno presentará una Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética que establecerá objetivos, en el medio y largo plazo, y un marco de acción estable para su erradicación. Ribera también dejó claro que, dentro de esta Estrategia contra la Pobreza Energética, se podrían revisar los criterios actuales para que la renta «sea un elemento determinante para todos los colectivos potencialmente afectados» algo que, por ejemplo, no sucede con el actual modelo para las familias numerosas, que tienen derecho al bono social eléctrico por el simple hecho de serlo.

En lo que respecta a los límites de consumo de energía con derecho a descuento, la nueva normativa los amplía un 15% con el objetivo de acercarse más a los consumos reales de los hogares más vulnerables. Asimismo, el cómputo de consumo anual con derecho a descuento que se liquidaba cada mes se flexibiliza. Ahora la energía con derecho a descuento no consumida un mes puede utilizarse en otro momento, con lo que se facilita también la protección durante los meses de mayor consumo, que suelen corresponderse con los de temperaturas más bajas. Además, la norma también prorroga hasta el próximo 31 de diciembre el plazo para renovar el bono social eléctrico a aquellos consumidores acogidos al bono social antiguo.

Paralelamente, se crea un nuevo bono social térmico, al que podrán acogerse los hogares que sean beneficiarios del bono social eléctrico a 31 de diciembre y que se trata de una ayuda económica directa para que los hogares vulnerables puedan hacer frente a sus gastos de calefacción, agua caliente o cocina este invierno, con independencia del combustible que utilicen. El importe de esta ayuda dependerá de la cantidad que se consigne cada año en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y del número de beneficiarios del bono social eléctrico en diciembre y su cuantía dependerá de la condición de consumidor vulnerable o vulnerable severo, y de la zona climática donde esté ubicada la localidad en la que reside el beneficiario.

A modo de referencia, con un presupuesto de 100 millones de euros y si el número de beneficiarios del bono eléctrico a 31 de diciembre fuera de 1,5 millones, las cuantías del bono oscilarían entre un mínimo de 25 euros (para el consumidor vulnerable en zona cálida) y un máximo de 130 euros (para el consumidor vulnerable severo en zona muy fría), señala el Ministerio.

Asimismo, el Gobierno endurece las medidas sancionadoras a las empresas comercializadoras, que gestionan y financian el bono social. Por ejemplo, aquellas que impongan injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos en relación con la tramitación de las solicitudes podrían ser sancionadas con multas de hasta 60 millones de euros, en el caso de infracciones muy graves. Este real decreto-ley también contiene medidas dirigidas a incrementar la protección del conjunto de consumidores de electricidad, lo que permitirá optimizar la contratación de este suministro y reducir la factura eléctrica.

Así, si se dispone de contador digital, se podrá contratar la potencia en múltiplos de 0,1 para ajustarla con exactitud a las necesidades de consumo, frente a los actuales escalones de contratación de potencia eran de 1,1 kilovatios (kW). Teniendo en cuenta que en el último trimestre de 2017 casi el 40% de los hogares tenía una potencia contratada entre los 4 y los 6 kW, existe un margen para el ajuste y, por tanto, para el ahorro y la eficiencia en el consumo. Por ejemplo, un cambio de potencia de 0,5 kW, de 4,6 a 4,1 kW, podría suponer un ahorro en la factura anual de 26 euros en un hogar tipo, donde vivan 4 personas, estima el Ministerio.

Además, en cada período de facturación, las comercializadoras deberán incluir en la factura de cada consumidor que tenga contratado el PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) el importe al que hubiera ascendido de haberse aplicado una tarifa con discriminación horaria. En este caso, son 2 las posibles: tarifas con precios de la electricidad dividido en 2 tramos, punta y valle; o en 3 tramos, punta, valle y supervalle. En la actualidad, tan sólo 660.000 consumidores de los 11,1 millones de usuarios con PVPC se acogen a tarifas con discriminación horaria mientras que el mero cambio puede generar un ahorro que, en muchos casos, pueden superar los 20 euros anuales.

La normativa también prohíbe a las comercializadoras eléctricas y de gas natural realizar acciones de publicidad o contratación de sus productos a través de visitas domiciliarias, el sistema puerta a puerta, salvo que la visita fuera solicitada expresamente por el consumidor. De igual modo, se regulan los términos en los que las comercializadoras eléctricas podrán acceder a los datos de consumo y potencia contratada de los consumidores para que puedan ofrecerles mejoras en la gestión de su demanda o la adopción de medidas de eficiencia energética. Además, se permite la inhabilitación directa de las comercializadoras que realicen prácticas fraudulentas en el mercado mayorista, entre ellas, el incumplimiento de las obligaciones de compra de energía en los mercados diario e intradiarios.

El Gobierno deroga el impuesto al sol y reconoce el derecho a autoconsumir sin peajes ni cargo

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Europa Press.- El Gobierno ha decidido derogar el llamado impuesto al sol, que dificultaba y desincentivaba el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y del autoconsumo eléctrico en España. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que con esta medida se busca paliar «el retraso de España en esta materia», ya que no es lógico que «un país rico en sol como España cuente con 1.000 instalaciones, frente al millón que tiene Alemania«. «Hay un largo recorrido», apuntó.

Además, se reconoce el derecho al autoconsumo compartido por parte de uno o varios consumidores, lo que permitirá aprovechar las economías de escala; así como a autoconsumir energía eléctrica sin peajes ni cargos. Por tanto, se deroga el cargo que se imponía al autoconsumidor por la energía generada y consumida en su propia instalación, el denominado impuesto al sol. Según el Ejecutivo, el desarrollo del autoconsumo garantiza a los consumidores «el acceso a alternativas más baratas y respetuosas con los límites del planeta, contribuye a reducir las necesidades de la red eléctrica, genera mayor independencia energética y permite reducir las emisiones de gases efecto invernadero».

Además, considera que es una actividad «generadora de empleo vinculado a la transición ecológica, como ya se ha demostrado en países de nuestro entorno». Ya el año pasado y el pasado mayo, todos los grupos políticos, con excepción del PP apoyaron en el Congreso de los Diputados el reconocimiento del derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo.

De esta manera, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, da carpetazo al decreto sobre autoconsumo eléctrico que aprobó el Gobierno del PP en 2015, en la que era la primera normativa para que los consumidores pudieran generar su propia electricidad. Sin embargo la normativa nació envuelta en polémica, debido al llamado impuesto al sol, que llegó a ser avalado por el Tribunal Supremo.

En España, la potencia eléctrica registrada en instalaciones de autoconsumo asciende a 1.196 megavatios (MW), de los cuales 170 MW corresponden a instalaciones de fuentes de energía renovables, una cifra muy baja para un país como España con un enorme potencial en estas fuentes de energía. Dentro del autoconsumo con renovables destacan las aportaciones correspondientes al aprovechamiento energético del biogás (127 MW) y la energía solar fotovoltaica (28 MW). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que, desde la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se modificaron algunos artículos del Decreto 900/2015 y en particular se anuló el procedimiento del registro administrativo de autoconsumo a nivel nacional, es muy probable que existan instalaciones de autoconsumo operativas sin registrar.

UNEF aplaude las medidas tomadas

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ha valorado «muy positivamente» el fin del llamado impuesto al sol, que grava la energía autoconsumida que no pasa por la red. En este sentido, la UNEF también ha aplaudido la aprobación del Real Decreto Ley para eliminar barreras económicas y administrativas, que, a su juicio, fueron establecidas de manera «artificial e injustificada», lo que supone «un giro en la política energética sobre autoconsumo en el país».

Desde el sector celebran que sea la primera legislación española que reconozca el papel activo del consumidor en el cambio del modelo energético e invitan a todos los grupos parlamentarios que ya han mostrado su apoyo al autoconsumo a apoyar el texto para que, «de una vez por todas, se consiga desbloquear la regulación del autoconsumo y su potencial crecimiento».

Aplaude el impulso al autoconsumo

Por otro lado, la Fundación Renovables ha aplaudido la nueva normativa sobre autoconsumo ya que supone «un gran avance» para impulsar la transición energética en España. En este sentido, la Fundación considera que la eliminación de los llamados cargos, asociados a los costes del sistema y popularmente conocido como impuesto al sol, «impulsarán definitivamente el autoconsumo«. Así, subraya que el autoconsumo constituye «una medida fundamental» para alcanzar mayores cotas de eficiencia energética y lograr culminar la transición energética hacia una economía descarbonizada de una manera sostenible y justa a través de la electrificación y la gestión de la demanda, tal y como propone la Fundación.

Además, señala que la nueva normativa aprobada por el Ejecutivo equipara a España al resto de los países europeos y permite abandonar así «su trayectoria de políticas energéticas insostenibles». En cuanto al bono social, la Fundación Renovables, aunque valora las medidas aprobadas como «positivas», insiste en que solución para los consumidores vulnerables «es la creación de una tarifa social para consumidores vulnerables que incluya, entre otras variables, una renta mínima vital, IVA cero o la reducción del peso del término de potencia dentro de una amplia e imprescindible reforma del sector eléctrico en su conjunto».

La modernización del sistema energético

Por su parte, Norvento considera que la derogación del peaje de respaldo al autoconsumo eléctrico, conocido como impuesto al sol, es «un paso clave en el avance hacia un sistema energético mucho más moderno y competitivo, y a la vez un acelerador del papel de las renovables en la modernización de nuestra economía y la lucha contra el cambio climático«. La empresa de renovables señala que el derecho a autoconsumir, tanto a nivel individual como de forma compartida, y la expansión de la generación distribuida con tecnologías renovables «cambiará la manera en que se entiende el uso de la energía y su papel en la industria y en la sociedad».

Norvento subraya que, además de una modernización del sistema, la generación distribuida tiene un gran potencial como dinamizadora de la economía propiciando la aparición de nuevos sectores auxiliares, nuevos modelos de negocio y generando empleo. El director Comercial de Norvento y Doctor en Ingeniería Eléctrica, Manuel Pinilla, considera que la decisión supone «eliminar una importante barrera» no sólo para el negocio en fotovoltaica del grupo, sino para el resto de tecnologías renovables con las que trabaja, «especialmente la eólica y biogás, que también está jugando un papel cada vez más importante para el autoconsumo industrial«.

El PP, los consumidores de OCU y el sindicato UGT critican el bono social “provisional” e “insuficiente” que propone Ribera

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Europa Press.- Mientras la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que las medidas aprobadas por el Gobierno en materia de bono social energético «van en la buena dirección, pero se quedan cortas o muy cortas», ya que no llegan a todas las familias que realmente lo necesitan, el PP critica que, ante «una de las facturas eléctricas más grandes de la historia», la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, proponga una ampliación del bono social eléctrico como una solución «provisional«.

«Nos parece sorprendente que nos encontremos ante un decreto de ley provisional. Ante las enormes dificultades que pasan los españoles, con una factura eléctrica tan elevada, la solución que plantea el Gobierno es una solución provisional», ha apuntado el portavoz adjunto de los populares en el Congreso, Guillermo Mariscal, que ha criticado que Ribera no negociara con la oposición esta medida, a diferencia de su predecesor, Álvaro Nadal, que en su bono social estableció la figura de consumidor «extremadamente vulnerable«.

Por otro lado, el diputado popular cuestionó otras de las medidas aprobadas, como la suspensión del impuesto a la generación eléctrica del 7% a las compañías eléctricas o la eliminación del gestor de carga para facilitar la movilidad sostenible, pues el PP ya había presentado iniciativas en este sentido recientemente. «No hace falta que siga inventando cuando las soluciones ya están encima de la mesa», ha aseverado Mariscal, antes de ironizar que el Gobierno, «al no tener programa, se está fijando en los pasos que el PP había establecido previamente».

Por ello, ha recomendado a la titular de Transición Ecológica que «no hace falta que tenga trabajando a los servicios jurídicos del Ministerio» y que «se aproveche» de las iniciativas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular. En todo caso, Mariscal ha instado al Gobierno a poner en marcha medidas para ejecutar los 50 millones de euros con los que cuenta en los Presupuestos de 2018, «de los que aún no ha movido ni un euro», para favorecer el uso de la movilidad sostenible, más los 16 millones que hay en las cuentas del Ministerio de Economía para esta cuestión.

Medidas “insuficientes” para la OCU

Por su parte, OCU cree que «el efecto de las medidas para mejorar la situación de las familias en precario es muy limitado». Así, valora que se modifiquen los límites de renta para acceder al bono social, «ya de por sí muy exiguos, pero en una cuantía insuficiente para llegar a todos aquellos que lo necesitan». Por otra parte, OCU considera de «forma positiva» la mayor facilidad de acceso al bono social dada a las familias monoparentales y las que tienen entre sus miembros dependientes de grado 2 y 3 pero ve «muy escaso» el incremento de los límites de consumo para el bono social y subraya que deberían desaparecer.

Respecto a la ampliación hasta final de año del plazo para que los antiguos beneficiarios del bono social se acojan al nuevo bono social, ve «un fracaso» que hasta la fecha solo 650.000 hogares se haya acogido al nuevo modelo, cuando en teoría alrededor de 1.800.000 hogares reunirían los requisitos para acceder al bono social. OCU pide un sistema automatizado de activación del bono social, ya que muchas familias en situación vulnerable desconocen su existencia.

En lo que respecta al nuevo bono social térmico, OCU no está de acuerdo en la financiación del mismo, que correrá a cargo del Estado y no de las empresas que comercializan la energía, ya que ve «injusto que sean los contribuyentes quienes hagan frente a los costes de esta tarifa y no las empresas que se benefician de un negocio regulado«. Finalmente, la asociación aplaude la eliminación del impuesto al sol, «que sin duda va a favorecer el desarrollo del autoconsumo en España y lo convertirá en una alternativa para muchos ciudadanos», así como la prohibición de la comercialización puerta a puerta de los servicios de gas y electricidad.

«Insuficientes» para la pobreza energética

Por otro lado, UGT ha denunciado que el paquete de medidas aprobado es «insuficiente» al considerar que siguen excluyendo a personas y familias en situación de pobreza y que «no pueden permitirse el mantenimiento adecuado de su vivienda». En concreto, el sindicato critica que el bono social solo se amplíe a familias monoparentales y que la prohibición de cortes de luz solo incluya a las familias con menores de 16 años o dependientes de grado 2 y 3, dejando fuera a las de grado 1.

Además, ha manifestado su disconformidad con la iniciativa de crear un nuevo bono social, el térmico, que se aplicará automáticamente al tener el bono social eléctrico, por «crear una mayor confusión». UGT prefería que se ampliase en vez de crear una nueva figura. Por todo ello, el sindicato considera fundamental una Estrategia Nacional contra la pobreza energética, donde se introduzcan medidas estructurales que permitan una actuación integrada para erradicar y prevenir situaciones de pobreza energética.

ATA pide reducir el IVA

Por su parte, el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha señalado que apoyan las medidas adoptadas para abaratar el recibo eléctrico aunque ha afirmado que «no es suficiente» y ha pedido reducir el IVA de la luz. En este sentido, Amor ha señalado que valoran todo aquello que signifique aliviar los costes energéticos que están sufriendo familias, autónomos y empresas».

No obstante, indicó que «la luz es un bien de primera necesidad y tiene que tener un IVA acorde a un bien de primera necesidad». «En estos momentos las empresas y los autónomos están sufriendo unos incrementos en el coste energético que van directamente a las cuentas de resultados», añade. A juicio del presidente de ATA, «no puede ser que España sea uno de los países donde los costes de producción se vean duramente castigados por los costes energéticos», por lo que «es evidente que hay que trabajar por reducir esos costes para ser competitivo».

Ribera suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica durante 6 meses y aprueba una exención del céntimo verde

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Europa Press.- El Gobierno, dentro del paquete de medidas recogidas en el decreto-ley aprobado para abordar, de forma urgente, la actual subida de los precios de la electricidad, ha decidido suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP, durante 6 meses, así como introducir una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos para desactivar el denominado céntimo verde.

En este sentido, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que el impacto de estas medidas en el recibo de la luz será de alrededor del 4% y supondrán «un alivio» para trabajar en medidas de más calado como la revisión del mercado eléctrico, la fiscalidad, «que es compleja y no es la óptima», así como el almacenamiento.

El Ministerio para la Transición Ecológica señaló que el «mal llamado» céntimo verde, pensado para desincentivar el uso de fuentes de energía ligadas a hidrocarburos, emite en el mercado una señal opuesta, ya que es trasladado a los precios de la electricidad cuando tecnologías como el gas a través de los ciclos combinados fijan los precios en el mercado mayorista.

Según el gabinete dirigido por Ribera, la evolución del mercado mayorista en un escenario de normalidad apunta a que, al final de 2018, la factura de la electricidad podría experimentar una subida del 3,6% respecto al ejercicio anterior. Para un hogar con un consumo de unos 2.600 kilovatios hora (kWh) anuales, la subida podría ser de 23,4 euros para el conjunto de 2018, según las expectativas de precio de mercado. En el caso de un hogar que consuma 3.600 kWh, la subida sería de unos 32,4 euros en todo el año. Con estas medidas fiscales, el Gobierno prevé ahorrar a los consumidores unos 6,2 euros y unos 8,5 euros según la cuantía de los consumos.

Para garantizar que los menores ingresos tributarios derivados de las medidas anteriores pongan en riesgo la sostenibilidad del sistema eléctrico con la generación de déficit de tarifa, el Gobierno eleva para 2018 el límite máximo de los ingresos por la subasta de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero que se transfiere al sistema eléctrico anualmente y que hasta ahora estaba establecido en el 90% del ingreso total, con un máximo de 450 millones anuales. Además, el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico podrá ser aplicado a los desajustes que se pudieran producir en 2018 y 2019.

Por otra parte, el Gobierno también ha adoptado medidas con el fin de impulsar el cumplimiento de los objetivos de penetración de energías renovables, fijados por la Unión Europea para 2020 en el 20%. Una de ellas será otorgar una prórroga excepcional, por una sola vez, para los permisos de acceso y conexión otorgados con anterioridad a la aprobación Ley 24/2013, en cuya ausencia caducarían el próximo 31 de diciembre. Mediante esta prórroga, hasta marzo de 2020, se posibilitará la entrada en funcionamiento en 2020 de los cerca de 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las últimas subastas de renovables y anteriores procedimientos, ya que, en la actualidad, apenas se han instalado 100 MW.

Con esta medida, se evita que deba remitirse una nueva solicitud, tramitación y otorgamiento, algo que impediría alcanzar los objetivos internacionales acordados por España, según considera el gabinete dirigido por Ribera. En la misma línea, se adoptarán medidas tendentes a evitar la especulación y asegurar la finalización de los proyectos con derechos de acceso a la red otorgados, elevando las garantías exigidas e imponiendo obligaciones de reporte del grado de avance de los proyectos, lo que redundará en unos menores costes y, en último término, menores precios para los consumidores.

Actuar sobre las cargas fiscales

Por su parte, Endesa considera una medida «razonable y positiva» para reducir los costes del sistema y beneficiar de manera directa a los consumidores la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Fuentes de la compañía recuerdan que, para bajar de manera sustancial los precios eléctricos, la vía «más eficaz» es actuar sobre las cargas fiscales que encarecen «notablemente las tarifas y no tienen relación con los costes del suministro».

En lo que respecta al bono social, la energética subraya que siempre ha considerado positivo su existencia para permitir el acceso al servicio eléctrico a los consumidores de rentas más bajas y señala que es también «favorable» a que se definan con rigor las condiciones para su aplicación, «sobre la base de procedimientos simples y eficaces, a fin de que se beneficien de él las familias que realmente lo necesitan».

Además, también recibe de «manera positiva» la intención de crear un marco «estable y duradero» que dé seguridad a su implementación. No obstante, la compañía se suma a quienes consideran que es una medida de política social y que, en consecuencia, «su financiación debe ser asumida por parte de los presupuestos públicos, como señalan diversos informes de expertos y de organismos de la Unión Europea».

En lo que se refiere a la derogación del conocido como impuesto al sol, Endesa afirma que no solo es muy favorable al desarrollo del autoconsumo, sino que ofrece a los consumidores soluciones comerciales de muy diverso tipo para promover su implantación. En todo caso, recuerda que «ese mal llamado impuesto» no afecta en ningún caso a los ingresos de la compañía por cuanto que, tras su eliminación, los costes regulados del sistema serán los mismos». Sin embargo, destaca que en la medida en que los clientes que tengan instalaciones de autoconsumo no asumirán la totalidad del pago de esos costes, «será el resto de los consumidores quien lo haga».

La factura de la luz se encarece un 15,39% en septiembre

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Redacción / Agencias.- Un consumidor doméstico medio pagó 75,37 euros en su factura de la luz de septiembre, por lo que esta factura se incrementó en un 15,39% respecto a los 65,32 euros de septiembre de 2017, lo que supuso una subida en el recibo eléctrico de 10,05 euros, según los datos obtenidos para la tarifa regulada Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) con el simulador de la factura de la luz que ofrece en su web la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Para el cálculo de estos datos se ha utilizado el consumidor medio que suele emplear el Ministerio de Energía: un consumo de electricidad de 3.900 kilovatios hora (kWh) anuales y una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW), que el Ministerio atribuye al consumo de una familia media con dos hijos. De los 75,37 euros abonados en los 30 días de septiembre del 2018, 14,88 euros se corresponden al término fijo de potencia contratada. Del resto de la factura de septiembre, 44,38 euros obedecen al consumo, 3,03 euros al impuesto eléctrico y 13,08 euros al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).

El recibo eléctrico refleja así el incremento que experimentó el mercado mayorista (pool) este mes, con unos precios que han elevado la tarifa regulada de electricidad, con 12 millones de consumidores. Para el resto de consumidores de electricidad, 13 millones que están en el mercado libre, esta evolución del mercado mayorista no tiene un reflejo tan directo en sus recibos, ya que tienen contratos con un precio fijado para un periodo, habitualmente, de un año.

Eso sí, la factura de la luz de septiembre subió en un 3,5% respecto al mes anterior, agosto, dado que el coste diario de la electricidad fue de 2,51 euros en septiembre respecto a los 2,43 euros de agosto. En esta comparación se utilizan los costes diarios para evitar el efecto de la diferente duración diaria de los distintos meses. De esta forma, el recibo suma su quinto incremento consecutivo.

Septiembre no ha hecho más que agudizar la espiral alcista en el precio de la electricidad que ya se había pronunciado en agosto y registró uno tras otro los máximos diarios del año en el mercado, tocando su techo el 19 de septiembre, cuando alcanzó una media para el día de 75,93 euros por MWh. Además, la época de verano conlleva una caída en la producción renovable que, en el caso de la eólica, ha sido inferior a la media de este periodo, lo que ha aboca a recurrir a la generación térmica para la cobertura de la demanda, siendo su coste la principal referencia de precio del mercado, que ha sido casi un 11% superior a la de agosto.

Con esta subida interanual en septiembre, el recibo de la luz cerró los primeros nueves meses del año con una subida del 2,36% con respecto al mismo periodo de 2017. La subida de precios en septiembre ha contribuido a que el recibo de los nueves primeros meses del año se haya situado en 626,42 euros, 14,44 euros más frente a los 611,98 euros en el mismo periodo del 2017. En los primeros nueve meses, la factura media de electricidad se desglosa a razón de 135,44 euros por el término fijo, de 357,08 euros por el consumo, de 25,18 euros por el impuesto de electricidad y 108,72 euros por el IVA.

Para contrarrestar esta espiral alcista de la luz, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, anunció la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el anterior Ejecutivo del PP, enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que estará vigente para este invierno.

La patronal fotovoltaica UNEF ve «factible» instalar 6-7 GW de nueva potencia al año para alcanzar los objetivos renovables

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Europa Press.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) ve «factible» la instalación de entre 6 y 7 gigavatios (GW) de nueva potencia al año como objetivo mínimo necesario para lograr el porcentaje de penetración de renovables del 32% establecido como marco en la nueva Directiva europea de Renovables y adecuarse al Acuerdo de París, donde se establecen medidas para la reducción de las emisiones

La patronal destaca que los 30 GW de nueva potencia actualmente en tramitación «demuestran la capacidad del sector para avanzar, alcanzar los niveles de desarrollo fotovoltaico para cumplir con los objetivos europeos mencionados y acercarse más a los niveles de producción renovable de nuestros vecinos europeos«. UNEF responde así a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que mostró su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse el 70% de los 9.000 megavatios (MW) de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

No obstante, subraya que, para lograr los objetivos de instalación de nueva potencia estimados como factibles y necesarios, se requiere «de una planificación de Red Eléctrica (REE) y la fijación de una estructura sólida y coordinada de tramitación de proyectos fotovoltaicos desde la administración central y las comunidades autónomas». Así, pide al Gobierno «el apoyo” para maximizar el potencial del sector fotovoltaico, donde España ocupa el quinto lugar en Europa en potencia instalada de esta tecnología y tiene empresas líderes.

ENUSA, a la espera de la decisión del Gobierno sobre el futuro nuclear, apuesta por su digitalización

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Europa Press.- El presidente de la Empresa Nacional de Uranio (ENUSA), José Vicente Berlanga, ha manifestado estar a la espera de las decisiones que adopte el Gobierno respecto al futuro de las centrales nucleares en España en el marco de la transición energética para adoptar, en consecuencia, las decisiones que se requieran en su empresa.

Berlanga ha subrayado que el Gobierno «de momento no se ha pronunciado» en el sentido de cerrar las centrales nucleares, sino que ha dicho que «tiene que hacerse un informe«. «Tiene que valorar la situación, tiene que situarse y después de ese nivel de información, tomar decisiones. Hoy por hoy en lo que se está trabajando es, obviamente, en mejorar el medio ambiente», ha apostillado.

Las declaraciones del presidente de ENUSA contrastan con el anuncio en el Congreso de los Diputados de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, quien en julio confirmó la voluntad del Gobierno de cerrar el parque nuclear español a medida que las centrales nucleares cumplan 40 años en consonancia con el programa del Partido Socialista. Si bien, posteriormente, a principios de septiembre Ribera matizó que el Gobierno tenía «claros» sus compromisos pero también sabe qué es «lo mejor» para la economía, por lo que «no va a hacer una barbaridad» en cuanto a las fechas de cierre, de modo que la fecha final de las plantas nucleares en 2028 dependerá de los escenarios climáticos.

Asimismo, Berlanga ha destacado que una de las cosas «más importantes» que ha observado a su llegada a ENUSA es la «alta» cualificación del personal. «Para mí eso es un valor y lo estamos poniendo sobre la mesa con todas las consecuencias», ha apostillado. Además, ha dicho que de momento además de potenciar el medio ambiente no se dejará de producir energía, en la recuperación ambiental a través de EMGRISA (de recuperación de suelos contaminados) y a transportar residuos nucleares con un nivel de «seguridad absoluta«. En este contexto, ha garantizado el mantenimiento «de momento» de todos los contratos que se tenía «previsto firmar» y mantener los actuales porque «no hay nada que diga que hay que hacer lo contrario».

«Probablemente estamos en un momento muy importante para la empresa y en esa línea estamos trabajando», ha valorado sobre el futuro de ENUSA, en el que tras su reciente llegada a la compañía ha dicho que está «apostando» por la parte tecnológica«. Berlanga atisba «nuevos nichos de trabajo y colaboración» en el corto y medio plazo «sin menospreciar» lo que ya está en marcha. En esa línea, ha anunciado que ha llevado al Consejo de Administración de ENUSA, con el «visto bueno» de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de la que depende, la «nueva transformación digital» de la compañía, una «faceta» en la que quiere trabajar «al 300%».

Para potenciar estos cambios, introducirán «unos cambios en la dirección» de modo que ahora habrá una directora de recursos nueva con dos direcciones técnicas. Finalmente, ha precisado que una de estas direcciones técnicas trabajará en los sistemas de calidad y, «sobre todo» en la transformación digital que, a su juicio, será la herramienta que permitirá a ENUSA «afrontar los nuevos retos que se avecinan en 2019 y los años siguientes«.

Teresa Ribera teme que el 70% de los 9.000 megavatios renovables subastados por Nadal no pueda instalarse antes de 2020

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha manifestado su temor de que antes de 2020 no pueda instalarse ni el 70% de los 9.000 megavatios de potencia adjudicada en las subastas de renovables organizadas por el anterior Gobierno.

«Sólo se han instalado 80 megavatios, y hay quién piensa que será difícil llegar a instalar el 70% de esa potencia subastada», afirmó Ribera ante la pregunta de la portavoz energética del PNV, Idoia Sagastizabal, de cuándo aprobará su departamento la regulación sobre los permisos de conexión y acceso a la red. La ausencia de este desarrollo reglamentario, previsto en la Ley del Sector Eléctrico, es para la ministra «uno de los cuellos de botella más importantes» para la instalación de potencia renovable, pese a que la ley que contenía la previsión «tiene ya unos cuantos años a sus espaldas».

En todo caso, la ministra agradeció que, aun en funciones, su predecesor en el cargo, el exministro de Energía Álvaro Nadal, remitió a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) el borrador de este decreto, y que gracias a ello esperan recibir el informe del superregulador «estos días». A partir de ahí, la ministra ha indicado que el Gobierno espera poder aprobar definitivamente esta regulación «antes de fin de año», pues tratará de «acortar todos los procedimientos», a través de la tramitación por la vía de urgencia de las fases administrativas pendientes.

Asimismo, la ministra ha ido más allá, subrayando que el Gobierno deberá «facilitar la inclusión en el sistema de alrededor de 6.000 y 7.000 megavatios de potencia renovable al año» si quiere cumplir con los objetivos comprometidos para 2030 del Acuerdo de París, por lo que la aprobación de esta regulación es, para Ribera, «un primer paso crítico«. Precisamente, el PNV ha urgido a aprobar antes de finales de año esta regulación, para que las empresas adjudicatarias en las últimas subastas puedan contar con la autorización para construir sus plantas y que además no caduquen las concesiones de puntos de conexión de varias instalaciones renovables.

«Nos encontramos con plazos bastante ajustados y cualquier retraso en la concesión de permisos puede hacer peligrar los proyectos», ha incidido Sagastizabal, destacando que en algunos casos la construcción de instalaciones tras la última subasta «se encuentra condicionada» a este desarrollo reglamentario. «De no aprobarse antes del 28 de diciembre, la mayoría de puntos de conexión permitidos se pierden y las empresas corren el riesgo de no poder conectar sus plantas y estarían abocadas a la pérdida de avales emitidos», ha explicado la diputada, reclamando la aprobación de esta normativa.

Guillermo Fernández Vara pedirá al Gobierno «subastas especiales de renovables» para los territorios con centrales nucleares como Extremadura

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Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, pedirá al Gobierno central la puesta en marcha de «subastas especiales de renovables» en los territorios donde hay centrales nucleares, ya que a su juicio «es la mejor manera de ir buscando una transición normal y lógica».

Una petición que el presidente de la Junta realizará a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la reunión con ella prevista para el próximo 15 de octubre, a la que planteará subastas especiales para estos territorios. Y es que, según ha señalado Fernández Vara, «no se va a cerrar la central nuclear de Almaraz mientras no haya una alternativa», y asevera que «esa alternativa la tiene que dar el Gobierno de España con las comunidades, con las diputaciones y con los ayuntamientos».

En cualquier caso, el presidente extremeño ha explicado que para ello es necesaria «una ley de cambio climático, fijar un calendario de cierre de las centrales nucleares en el Parlamento», o que «haya clarísimamente una alternativa«. Fernández Vara se ha pronunciado así en el pleno de la Asamblea de Extremadura, en respuesta a una pregunta del líder del PP, José Antonio Monago, sobre las actuaciones que ha realizado la Junta de Extremadura con respecto a la central nuclear de Almaraz.

En la formulación de su pregunta, Monago ha destacado que el «primer objetivo» del Gobierno de Pedro Sánchez en materia energética «es el cierre de las centrales nucleares», por lo que ha alertado de que «la fecha del funeral de Almaraz será en 2020», tras lo que considera que Fernández Vara será «el corresponsable, junto al señor Sánchez, del cierre» de la planta. Un cierre que «va a suponer ruina, empobrecimiento y el ocaso de Almaraz, del norte de Cáceres y de toda Extremadura, con más paro y más despoblación», ha alertado el presidente del PP extremeño, quien ha considerado que Vara «lleva desde el principio de la legislatura sin hacer nada, buscando una alternativa».

«No ha tenido ninguna reunión para buscar una alternativa, usted está mintiendo en este Parlamento», recriminó el dirigente del PP extremeño dirigiéndose al presidente de la Junta, al que ha asegurado que con los gobiernos socialistas «Almaraz se cerrará» y «pasará por lo que ha pasado con Zorita, que ha provocado paro, jóvenes que se tienen que marchar y despoblación». Monago asegura que «no hay alternativa en la zona» donde se sitúa la central nuclear, tras lo que ha instado a Vara a decirle al presidente del Gobierno «que se vaya a su casa y convoque elecciones si quiere realmente evitar el cierre de Almaraz».

El Congreso crea una comisión para investigar el almacén de gas Castor y su millonaria indemnización

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Europa Press.- El Pleno del Congreso ha aprobado la creación de una comisión para investigar las posibles responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor y su indemnización, tal y como habían propuesto Unidos Podemos y Compromís y han respaldado todos los grupos de la Cámara.

El responsable de energía de En Comú Podem, Josep Vendrell, ha argumentado que, pese al archivo de la querella por la Audiencia Nacional contra exministros y Florentino Pérez, propietario de ACS, el Castor «no es un caso cerrado, ni judicial ni políticamente». «Nadie ha asumido responsabilidades políticas», ha aseverado. «Tenemos que explicar por qué algunos juegan con ventaja, por qué Florentino juega con ventaja cuando muchos han tenido que cerrar su negocio», ha esgrimido Ángela Ballester, de Podemos, que ha recordado que la zona sufrió más de mil terremotos y aún no está cuantificado el impacto medioambiental ni económico de un proyecto que comenzó con un presupuesto de 481 millones en 2007 y acabó con 1.200 millones tres años después.

El PSOE se ha mostrado dispuesto a investigar «sin reservas ni prejuicios, en aras de la transparencia y el interés general», si existieron irregularidades en la concesión y la financiación, si estaban justificados los sobrecostes o si se respetó la legislación medioambiental, cuestiones de las que deberá responder el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Su diputado Artemi Rallo también ha pedido investigar si la indemnización se aprobó ajustada a derecho y por qué se pagó «de forma tan veloz» cuando, a su juicio, debía analizarse qué había pasado, recordando además que, en un primer momento, el exministro popular José Manuel Soria aseguró que Escal UGS no sería indemnizada.

Por parte del PP, Guillermo Mariscal ha celebrado que la comisión permitirá al PSOE enmendar sus responsabilidades por el proyecto que, ha recordado, llevó la firma de la actual ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en su declaración de impacto ambiental. Además, ha defendido la gestión del anterior Gobierno, que suspendió la actividad del almacén tras solicitar un informe, redujo a la mitad la rentabilidad del proyecto y modificó la ley para asegurar estudios previos de sismicidad en proyectos similares. Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha lamentado que el proyecto fuera «otro de los parches» de PP y PSOE en el sistema energético, ya que no estaba dentro de ninguna estrategia ni planificación, y sus errores han repercutido en la tarifa.

Cláusulas millonarias y Real Madrid

Por ERC, Jordi Salvador ha denunciado que ni PP ni PSOE han apostado por investigar hasta ahora el proyecto ni a realizar una auditoría técnica, y recordó que Carlos Ocaña, coautor del libro de Pedro Sánchez, fue jefe de gabinete del ministro de Industria de Zapatero, Miguel Sebastián, para después acabar siendo fichado por Florentino Pérez para el Real Madrid. «Aprobó la famosa cláusula por la que Florentino pudo cobrar 1.350 millones de euros por unas instalaciones que no funcionaban y provocaban terremotos. Solo 6 meses después de que dejara el Ministerio, lo incorporó al Real Madrid. De hecho aún sigue. Todo un ejemplo de generosidad con sus amiguetes», relató.

Ferrán Bel, del PDeCAT, ha reclamado la investigación «por dignidad y por corresponder a todos los vecinos del Maestrat y de Terres de l’Ebre que denunciaron previamente qué iba a pasar». «Lo sufrieron en sus propias carnes y ahora no puede ser que el Parlamento les decepcione», ha subrayado. Por Compromís, Marta Sorlí instó a investigar «por qué se le puso una alfombra roja a Florentino Pérez» y las razones que llevaron a PSOE a permitir el almacén de gas y al PP a aprobar de forma rápida su indemnización.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicatoria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad con suficientes garantías. En su propuesta de investigación, las formaciones de izquierda enumeraban varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la ministra podría tener que rendir explicaciones ante la comisión por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.