EFE / Europa Press.- El Gobierno tomará una decisión sobre el proyecto de construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca) en 2019, cuando acometa la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos (PGRR) de 2006, pendiente desde 2011. Así lo ha confirmado la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en una comparecencia en el Congreso para explicar las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo tras la paralización de las obras del almacén nuclear.

Para Ribera, «tenemos un plan caducado y se ha estado planificando un ATC tomando como referencia una situación que no se corresponde con la actual, en la que las magnitudes que se manejan no se ajustan a las necesidades y con una falta de previsión en el horizonte temporal». El Gobierno solicitó en julio al CSN que dejara en suspenso la emisión del informe sobre la autorización de las obras del ATC «para analizar con detalle» la situación del mismo.

Ribera anticipó entonces que el Ejecutivo tomaría una decisión cuando supiera cuándo, qué y en qué condiciones se deben almacenar esos residuos, una cuestión en la que ha insistido al reconocer que «no sabemos de cuántos residuos hablamos y cuánto cuesta gestionarlos», por lo que «no podemos hacer una estimación razonable de los costes que puede suponer mantener o cerrar las centrales», ha reiterado Ribera, que ve necesario un «análisis profundo» de estos aspectos para tomar decisiones en esta materia y no «mantener la incertidumbre«. Asimismo, ha recordado que el PGRR de 2006 contempla un escenario de residuos producidos por centrales operadas hasta un máximo de 40 años, y, sin embargo, el Gobierno anterior «tomó decisiones para alargar su vida».

Por tanto, «lo responsable es abordar de manera prioritaria su actualización antes de embarcarnos en la continuación de un proyecto multimillonario, respecto del que ahora no tenemos aún datos reales sobre el que fundamentarlo», señaló la ministra. Para Ribera, es prioritario «introducir la coherencia y la transparencia» sobre la viabilidad de esta instalación, por lo que «estudiaremos en profundidad las inversiones realizadas hasta la fecha y su coste antes de tomar una decisión definitiva». «Sólo hemos pedido tiempo», ha matizado, porque «estas prioridades no deben abordarse por la puerta de atrás, sino de forma transparente y con un análisis profundo de los escenarios financiero, económico y de seguridad«, ha insistido.

En este sentido, ha recordado que, al no haberse actualizado el PGRR, no se han incorporado los requisitos en materia de seguridad establecidos por la Directiva 2011/70/Euratom del Consejo, con mayores exigencias para garantizar la gestión responsable y segura de los residuos nucleares. Y ello ha conducido a España a enfrentar un procedimiento de infracción muy avanzado a nivel comunitario por incumplir la obligación de disponer de un plan nacional de seguridad en el tratamiento de los residuos nucleares. La ministra ha reconocido que, debido a los retrasos con el almacén nuclear, ha sido necesario dar más capacidad de almacenamiento de residuos a las centrales. «Aún tenemos margen, pero no para sustituir al ATC«, señaló.

Ribera ha explicado que la decisión de su departamento de paralizar la construcción del ATC se debe a la falta de «escucha y de consenso» existente entre las partes implicadas en este proyecto, cuestionando la idoneidad de la localización decidida para el almacén, es decir, Villar de Cañas. «La capacidad de escucha y consenso es mejorable», ha señalado Ribera, quien ha recordado que la propia Cámara baja, como las Cortes de Castilla-La Mancha y el Ejecutivo de dicha autonomía, mostraron su rechazo a esta iniciativa, a pesar del cual, la construcción del ATC continuó adelante.

La ministra recriminó, además, que este rechazo se «intentó superar» con la «instrumentalización» del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que, según ha indicado, puso en riesgo «su legitimidad» en la toma de decisiones. Para Ribera, estas medidas no son sólo «una cuestión técnica» sino que, «requiere la participación y el consenso» de todos los actores para «anteponer el interés general» a «cualquier otra cuestión». Así, ha adelantado que su departamento pretende «escuchar» a todas las partes, englobando a «técnicos, las Cortes generales, las Cortes de Castilla-La Mancha, Gobierno de Castilla-La Mancha y ciudadanos», antes de continuar. «No podemos despreciarlos. No hay posicionamiento ideológico al respecto. Sólo rigor y el cumplimiento de las demandas legislativas desde los diferentes sectores», ha apuntado.

En este sentido, Ribera ha insistido en su intención de mantener los canales de comunicación abiertos sobre este tema con todos los actores, a pesar de que, grupos parlamentarios como PNV, Ciudadanos o PP, le han reprochado que la decisión de paralizar la construcción del almacén les llegada a través de los medios. «Nos consta que envió la solicitud de paralización en 5 de julio y llegó al CSN el día 6 de julio. Usted vino a comparecer el 11 de julio a esta Cámara y no mencionó el asunto», le ha recriminado la portavoz del PP, María Jesús Bonilla.

El Grupo Mixto ha calificado el proyecto de desfasado, ha asegurado que necesita de un análisis más exhaustivo en puntos claves como el factor sísmico que atañe a Villar de Cañas y ha urgido a la ministra a planificar un calendario de cierre de nucleares. Para el PNV, el PGRR está «obsoleto» y hay que actualizarlo. Asimismo, preguntó a Ribera si el Gobierno descarta por completo la existencia de un ATC. La portavoz vasca Idoia Sagastizabal reconoció que le «hubiera gustado que, antes de tomar esta decisión se la hubiera consultado» a los grupos porque, según indicó, se trata de una medida que pone encima de la mesa el debate en materia energética y nuclear.

La representante de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, por su parte, ha descrito la situación como «un silencio absoluto» en cuanto a la comunicación del Ministerio con el Congreso. Además, ha calificado el proyecto del ATC como «una manipulación del bipartidismo en las instituciones para marear la perdiz con el almacenamiento de residuos«. También le ha preguntado a la ministra sobre el coste que supone enviar anualmente los residuos radiactivos a Francia.

«El relato del ATC debería sonrojar a una sociedad y a su sistema político en particular que ve como estas decisiones en España tardan decenios», ha señalado en este sentido el portavoz de Transición Ecológica de ERC, Joan Capdevila. A su juicio, en el país se piensa localmente en materia energética, pero «no hay asomo de actuar, ni localmente ni globalmente». Tanto la diputada naranja como el independentista, han reclamado a la ministra un calendario sobre este proyecto, sin éxito.

Precisamente, en materia de plazos, ha pedido también explicaciones el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo Juan López de Uralde, quien le ha pedido «un plan de cierre progresivo de las centrales» y un «plan de transición energética» para llegar «a un modelo 100% renovable«. «Es urgente», subraya, para señalar que el objetivo es que las plantas «no tengan que cerrarse por accidente o por cuestiones que nadie desea, sino de una forma organizada». Finalmente, ha pedido que las partidas para el ATC incluidas en los Presupuestos Generales del Estado se destinen a empleo verde