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Ribera asegura que la descarbonización permitirá ahorrar a la economía española más de 400.000 millones en importaciones de combustibles fósiles

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que conseguir la plena descarbonización permitirá ahorrar al conjunto de la economía española «más de 400.000 millones de euros en importaciones de combustibles fósiles, facilitando la electrificación y repercutiendo en la factura de la electricidad».

Ribera indicó que la transición energética representa una oportunidad para movilizar 100.000 millones de euros hasta 2030. Para aprovechar todo este potencial, subrayó que es necesaria «la construcción de un marco estable y atractivo para los inversores que conlleve esa movilización» de inversiones. Además, consideró que hay que «analizar y reflexionar» sobre las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de la transición energética exige, por lo que no se puede «seguir poniendo parches». La titular de Transición Ecológica consideró que la electricidad tiene «un gran futuro», pero añadió que para ello es necesario «avanzar en un marco regulatorio diferente que responda a los desafíos actuales».

Ribera recordó las medidas anunciadas para abordar el incremento en la factura de la luz de los consumidores, destacando la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, que «es la medida más adecuada en el corto plazo», así como la ampliación de la protección de los consumidores vulnerables. Asimismo, destacó otras medidas que requieren «más sosiego, pero no más tiempo», como una reforma estructural del mercado mayorista eléctrico, así como asegurar un sistema fiscal «coherente» y regular «algo fundamental» como es el almacenamiento.

Por su parte, el senador del PP, Arturo Pascual, acusó a Ribera de sembrar «la incertidumbre» respecto al diésel, poniendo «en peligro real miles de puestos de trabajo» y de querer acabar con las nucleares, lo que hará «subir el precio de la luz a todos los españoles«. Además, subrayó que la intención del actual Gobierno de «echar la persiana ya» al carbón «va a influir en el bolsillo de los ciudadanos y a generar problemas en unas zonas deprimidas». «Por lo que le pido que se lo plantee», reclamó.

Cierre de las centrales térmicas

Por otro lado, el PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, Esquerra (ERC) y PNV han rechazado limitar el cierre de las centrales térmicas, como ha propuesto Foro Asturias, durante el debate celebrado en el Congreso sobre el papel que debe jugar el carbón durante la transición energética. De hecho, únicamente el PP ha manifestado su apoyo a esta iniciativa, en línea con la ley que los populares trataron de tramitar sin éxito.

En la defensa de su proposición no de ley, el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, esgrimió que «renunciar al carbón equivale a sacrificar soberanía energética», y relacionó esta actividad con la caída de la actividad industrial, del 18,7% del PIB en el año 2000 al 16,4% en 2017. Una caída que en Asturias, ha apostillado, alcanza los 3,3 puntos.

Por ello, ha calificado como «despropósito» el anunciado cierre de las centrales térmicas, aceptado por la ministra para la Transición Ecológica y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha acusado de «copiar de los manuales ecologistas más rancios». Respecto a su incidencia en el medio ambiente, Oblanca ha defendido que en los actuales Presupuestos ya se incorporaron partidas para investigar en el control de sus emisiones en las propias centrales. Además, ha alertado de que el fin de estas centrales podría encarecer el precio de la luz entre un 5% y un 10%.

Únicamente el diputado José Ramón García Cañal, del PP, ofreció su apoyo a Foro, recordando que la comisión demandada por el Congreso para avanzar en una «transición energética equilibrada y justa» y cumplir con los objetivos de descarbonización ya alertó de este encarecimiento en caso de renunciar a las térmicas. Según sus conclusiones, no prorrogar el uso de las centrales elevaría los precios entre un 15% y un 25%, por lo que ha cargado contra el «ecologismo rojiverde y neoecologismo anaranjado», «buenos ecologistas de moqueta», calificó, a los que no les «importa el precio que se pague» para estar a la «vanguardia del ecologismo europeo».

Frente a ello, el PSOE ha acusado de traer esta iniciativa para «enredar políticamente», justo «cuando se ha iniciado el diálogo social» para negociar el cierre de las centrales térmicas. «Llega a ser insultante. No es propio de alguien que quiere solucionar un problema», criticó Ignacio Urquizu, que ha apostado por que la transición energética sea «justa», pues «es de justicia que las cuencas mineras, que han contribuido al desarrollo del país, tengan un futuro».

«Podemos mentir diciendo que hay futuro para el carbón cuando no lo hay», ha manifestado el portavoz de Unidos Podemos, Txema Guijarro, quien ha pedido «que el Estado se involucre decididamente para evitar lo que puede ser un desastre» y para que no se repita la reconversión «que ya padeció» España en los años 80. Así, recordó que en el País Vasco, Cantabria y Asturias «se enquistaron el paro y la heroína, fruto de la desesperanza y la inacción del Gobierno», y ha apostado por impulsar el norte del país como potencia en energía renovable.

«Una cosa es la industria y otra son las térmicas», ha replicado, por su parte, la portavoz energética de Ciudadanos, Melisa Rodríguez, que ha instado a investigar el destino final de unos fondos mineros «que se han quedado en rotondas y no en las cuencas«, recordando además la reciente sentencia de prisión al líder sindical y exdiputado socialista José Ángel Fernández Villa por apropiación indebida.

Por su parte, Joan Capdevila, de ERC, recordó que la tarifa ya es cara con un mayor peso del carbón y nuclear que las renovables, y que además en las térmicas repercute un coste, el del CO2, que seguirá subiendo. Por último, Idoia Sagastizabal, responsable económica del PNV, ha recordado que el fin del carbón ya lo marca la Comisión Europea con sus plazos: cierre de las minas dependientes en 2019 y de las centrales que no reduzcan de forma importante sus emisiones en 2020.

La Fundación Renovables pide a la ministra Teresa Ribera poner «letra y ritmo» a su melodía para la transición energética

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Europa Press.- La Fundación Renovables ha mostrado su satisfacción con las líneas generales que expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su comparecencia en el Congreso, pero ha subrayado que, «aunque la música suena bien, insta a la ministra a que ponga letra y dé ritmo a sus ideas».

La Fundación valora de «forma muy positiva» el anuncio de impulsar el autoconsumo con la eliminación del conocido como impuesto al sol, el fomento de la modalidad compartida y el acceso a contadores bidireccionales, así como su decisión de suspender el impuesto del 7% para la generación de electricidad. Sin embargo, considera que las medidas que expuso para afrontar el problema del alto precio de la luz «no se pueden quedar ahí, ya que se trata de un problema que hay que abordar con una visión estructural y no coyuntural«.

Además, la Fundación considera que llega «el momento de la acción«, por lo que insta a Ribera a que concrete sobre el calendario las medidas anunciadas en estos más de 100 días de Gobierno, como la derogación del impuesto al sol, el cierre de centrales térmicas de carbón para 2025 o de las nucleares en 2028, cuando la última cumple 40 años, o el fin del diésel, además de la intención de acometer los cambios estructurales que sean necesarios para lograr una evolución racional de los precios de la electricidad.

Facua asegura que suspender el impuesto a la generación bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café»

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Europa Press.- Facua ha advertido que la medida anunciada por el Gobierno de suspender el impuesto del 7% a la generación eléctrica bajará la luz «poco más de lo que cuesta un café«. En este sentido, su portavoz, Rubén Sánchez, calificó de «bochornoso» que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, «haya anunciado con tanta grandilocuencia una medida que venían reclamando las propias compañías eléctricas desde que se creó el impuesto por el Gobierno de Rajoy«.

Asimismo, Facua subraya que en septiembre la factura de un consumidor medio se ha encarecido un 3,4%, unos 2,74 euros, por lo que el incremento interanual es del 15,4%. Por ello, la asociación considera «una tomadura de pelo» que el Gobierno haya afirmado que su medida va a «aliviar la factura eléctrica a los consumidores«. Hay que recordar que Facua entregó sus propuestas sobre el suministro eléctrico al secretario de Estado de Energía, José Domínguez. La asociación pide la bajada del IVA al 4%, desde el 21% actual, lo que, según sus cálculos, ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Asimismo, propone crear una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada.

«Sólo beneficiará a la industria»

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) exige una «revisión completa» del sistema eléctrico para reducir la factura de la luz, ya que considera que la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica «sólo beneficia a la industria y no supondrá una rebaja en el precio de la energía para los consumidores«. En este sentido, la organización afirma que es necesaria esta revisión completa del sistema, «en la que los diferentes agentes que participan en él reciban una remuneración razonable, pero también en el que los consumidores tengan unas tarifas accesibles para todos los hogares».

Asimismo, considera que la medida anunciada no provocará de forma automática una rebaja en el precio de la energía y puede provocar, si no se cuenta con ingresos adicionales, «que haya una subida de las tarifas de acceso en enero de 2019». Al menos, OCU valora «positivamente» el avance que supone que el Ministerio para Transición Ecológica identifique como un problema el sistema de fijación de precio del mercado mayorista y que plantee «la necesidad de revisar el bono social, ampliándolo también a la calefacción».

Sin embargo, la OCU considera que la ausencia de detalles concretos sobre las medidas propuestas genera «serias dudas sobre su utilidad real para el consumidor». Así, pide que se concreten las acciones y propone una combinación de medidas que permitan «una factura más justa», entre las que figuran la retirada o limitación de los conceptos que incrementan artificialmente la factura, así como la asignación de una mejor distribución de los costes entre los diferentes tipos de consumidores y la aplicación de mecanismos para frenar el incremento artificial del precio de la energía en el pool.

Montero avanza que el impuesto al diésel supondrá 3,3 euros más al mes cuando los carburantes alcanzan sus máximos anuales

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Europa Press.- Mientras el precio medio del litro de gasóleo ha escalado a nuevos máximos desde 2014, situándose en los 1,248 euros, y la gasolina llega a 1,338 euros, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanza que el impuesto al diésel que está diseñando el Gobierno supondrá un coste de 3,3 euros al mes para el consumidor medio, aquel que realiza unos 15.000 kilómetros anuales, quedando excluidos profesionales que utilizan el transporte como medio de trabajo, entre ellos transportistas y taxistas.

En concreto, la titular de Hacienda ha explicado que la aportación por este tributo estará en torno a 38 euros cada mil litros, lo que significará unos 3,3 euros mensuales para los consumidores que tengan un perfil medio, una cantidad que Montero espera «que no tenga una repercusión importante en el bolsillo del consumidor«. «Será la aportación y el granito de arena para que nuestros nietos y biznietos puedan disfrutar de un planeta verde«, ha señalado la ministra de Hacienda. De esta forma, tras este incremento en el impuesto al diésel, llenar el depósito de los coches que utilizan este combustible será unos 2,15 euros más caro, teniendo en cuenta que un depósito tiene una capacidad media de 57 litros.

“Disuasorio” con ciertas conductas medioambientales

Según la titular de Hacienda, la propuesta que está barajando el Gobierno en este momento sobre el impuesto al combustible diésel no busca un afán recaudatorio. «Es un afán básicamente para ser disuasorio con las conductas medioambientales«, ha señalado. En este sentido, Montero señala que la fiscalidad del diésel forma parte de un paquete de medidas de cambio climático y ha insistido en que se está abordando una subida que prácticamente «no se va a notar en el conjunto de los bolsillos de los ciudadanos«.

En la actualidad, el impuesto al diésel está fijado en 307 euros cada mil litros, que se verá incrementado en 38 euros cada mil litros, hasta 345 euros cada mil litros, de aprobarse dicho incremento. La intención del Ejecutivo es equiparar la fiscalidad del diésel y la de la gasolina, que se encuentra actualmente en 400 euros cada mil litros.

Quita peso a la polémica

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que la polémica creada en torno al diésel se ha debido más bien «a la necesidad de una serpiente de verano» que a una «discrepancia de fondo» en cuestiones fundamentales. En este sentido, Ribera ha reconocido que la polémica sobre el diésel «da mucho juego» y ha puesto en valor el «peso» de la industria automovilística en España. Asimismo, la titular para la Transición Ecológica destacó el desafío que supone la nueva movilidad, la cual considera que se debe utilizar como «un factor de cambio«. Para ello, ha abogado porque instituciones e industria vayan «de la mano».

Ribera ha defendido también que el Gobierno ha estado «desde el primer día» dispuesto a trabajar en esta nueva movilidad, en una mesa compartida en la que abordar los aspectos «más complejos» para identificar nuevos objetivos ante los horizontes de 2025/2030. Por último ha recalcado que «no hay justificación» que explique «por qué tiene un tratamiento diferente la gasolina que el diesel», algo en lo que cree que está de acuerdo la industria del automóvil.

Los carburantes siguen en máximos

Esta subida de impuestos se plantea mientras el precio medio del litro de gasóleo ha escalado a nuevos máximos desde 2014, situándose en los 1,248 euros, tras encadenar su octava semana de subidas. En concreto, el litro de gasóleo, carburante cuya tributación pretende elevar el Gobierno, ha repuntado estos días un 0,16%, tocando máximos desde finales de noviembre de 2014. Este incremento en el gasóleo contrasta con el descenso registrado en el precio medio del litro de gasolina, que se ha situado en los 1,338 euros, tras caer un 0,22%. No obstante, el precio de este carburante se mantiene en máximos desde noviembre de 2014.

Estos niveles en los precios de los carburantes se producen cuando los precios del crudo se han consolidado en torno a los 80 dólares. En concreto, el Brent superaba los 82 dólares, mientras que el Texas americano se intercambiaba a 73 dólares. Con respecto a principios de año, el litro de gasolina es un 7,6% más caro, mientras que el gasóleo marca un precio un 8,8% superior. De esta manera, a los actuales precios, llenar un depósito de 55 litros de gasolina cuesta más de 73,59 euros, lo que supone unos 5,22 euros más que a principios de año. Para el gasóleo, un depósito de 55 litros supone para el consumidor 68,64 euros, 5,55 euros más con respecto a enero.

En cualquier caso, la gasolina es más barata en España que en la media de la Unión Europea y la zona euro, donde el precio medio de venta al público del litro de gasolina se sitúa en 1,485 euros y 1,531 euros, respectivamente, mientras que el litro de gasóleo cuesta 1,383 euros en la media de la Unión Europea y 1,385 euros en la eurozona. El menor nivel de precios con respecto a los países del entorno se debe a que España, pese a las subidas del IVA, a los mayores impuestos y a los gravámenes al biodiésel, cuenta con una menor presión fiscal, en general, que la media comunitaria.

Transición Ecológica busca «acelerar» las alternativas a la minería mientras Castilla y León pide al Gobierno que defienda al carbón

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Europa Press.- La consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha rogado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que defienda el carbón tanto en España como ante la Unión Europea. Por su parte, Ribera mantiene que el compromiso del Gobierno es «buscar como acelerar» las actividades alternativas a la minería en las comarcas que vivían de este sector, una labor que ha criticado que se encontró «descuidada» cuando asumió el Ministerio.

La ministra socialista reitera la necesidad de buscar alternativas para las personas y las comarcas que viven de la minería. Asimismo ha explicado que, cuando llegó al Ministerio hace poco más de 100 días, se encontró una situación un «tanto complicada», que ha asegurado que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero trabajó para fijar el horizonte en 2018 para anticipar y construir alternativas, pero ha reprochado que después, con el Gobierno del PP, ha habido un «descuido importante«. En todo caso, ha insistido en que el Gobierno trabaja con sindicatos y alcaldes de las zonas mineras para «buscar como acelerar» la generación de oportunidades a la minería del carbón.

«La prioridad del Gobierno, con un compromiso muy grande del presidente, pero también con un entendimiento absoluto por parte del Ministerio que dirijo y del Ministerio de Trabajo, es buscar y construir esas alternativas en las comarcas, que como digo históricamente han vivido muy conectadas a la actividad minera«, ha reflexionado la titular de Transición Ecológica. Pero ha matizado que considera «responsabilidad» de las instituciones anticipar el proceso para que esas alternativas se materialicen, de modo que ha reiterado el «compromiso absoluto» del Gobierno y que así trabaja para buscar esas alternativas «de modo inminente».

El Gobierno y el carbón

Mientras tanto, desde Castilla y León, Del Olmo se ha mostrado en total desacuerdo con la intención de la ministra de finalizar «ya» con el carbón y ha avanzado que el Comité de Seguimiento del Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros acordó que se remita al Ministerio el documento con el posicionamiento «claro» de la comunidad de que se continúe con la actividad del carbón por ser una «reserva estratégica». Así, la consejera ha explicado que en casos como el actual con un incremento del recibo de la luz, el repunte actual deriva, como ha señalado, de la falta de generación eólica. «El carbón baja la factura», subrayó.

Tras esta explicación ha reseñado que no hay duda de que Castilla y León es una comunidad «verde», ya que produce el 25% del total de la energía eólica y el 20% a través de renovables. «No creo que la culpa del cambio climático lo tengan cuatro minas de carbón o las térmicas en zonas mineras», ha aseverado. «Por razones sociales y de competitividad le ruego a la ministra que defienda el carbón aquí y en la Unión Europea», concluyó.

Hacienda compensará los 1.000 millones sin recaudar del impuesto a la generación con lo obtenido por los derechos de emisión

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha explicado que el paquete de medidas relativas al coste de la electricidad, como la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica, queda «integrado» en una parte con los ingresos obtenidos en las subastas de derechos de emisión y también por los Presupuestos. Por su parte, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha cifrado en 1.000 millones de euros la pérdida de ingresos por la suspensión «temporal» del impuesto.

Montero ha recordado que la eliminación temporal de este impuesto supondrá un recorte en la factura de la luz de entre el 2% y el 4%. La ministra destacó que con esta medida el Gobierno se muestra «sensible» a la realidad de los hogares españoles, que han visto incrementado el precio de la luz, y advirtió de que estará «vigilante» para que la supresión de este impuesto «repercuta realmente» en la factura que pagan los usuarios de la energía eléctrica. Por otro lado, la titular de Hacienda ha descartado rebajar el IVA de la factura eléctrica achacándolo a que “el IVA es un impuesto muy regulado a nivel europeo y tenemos que ir en armonía, no podemos salirnos del reglamento».

Recaudación de derechos de emisión

Por su parte, Ribera reiteró la importancia que tenía para el Gobierno tomar medidas para la bajada de la factura de la luz y que la irracionalidad del mercado energético «no repercuta en el consumidor final». En este sentido, ha incidido en que tras analizar las opciones que podían generar un «efecto directo más inmediato», lo esperan lograr con la eliminación del impuesto a la generación, ya que debería repercutirse directamente en la factura final.

Respecto a cómo afrontará el Gobierno la pérdida de los ingresos que genera dicho impuesto, más de 1.000 millones de euros anuales, ha aseverado que «está ya integrado» en una parte por lo obtenido en las subastas de derechos de emisión y también con la contribución de los PGE. En todo caso, precisó que todo ello está a la espera de que el Consejo de Ministros apruebe el paquete de medidas, entre las que también se incluyen otras acciones «prioritarias» para reforzar los mecanismos de lucha contra la pobreza energética, pues ha insistido en que «uno de los focos de atención» son los colectivos vulnerables.

AEE pide reformar el pool

Asimismo, la Asociación Empresarial Eólica (AEE) considera que la suspensión del impuesto a la generación es «una medida oportuna» que tendrá «efectos directos» sobre el precio de la electricidad y que aliviará el incremento de la factura de la luz que se ha producido últimamente, aunque cree que debe «ir acompañada de una reforma del mercado eléctrico«. El director general de AEE, Juan Virgilio Márquez, señala que esta reforma «es necesaria y debe ser fruto de un consenso social y político, que garantice su estabilidad».

En este sentido, la patronal eólica valora «positivamente» la puesta en marcha de las medidas concretas anunciadas por la ministra así como el planteamiento de una reforma estructural del mercado eléctrico. Así, celebra el mensaje de «apoyo sin fisuras al desarrollo y aportación de las energías renovables, y a la eólica en particular, como tecnologías de futuro», con el que la ministra puso «sobre la mesa medidas de aplicación inmediatas y avanzó señales que apuestan por un modelo energético enfocado al proceso de transición energética del país, donde las renovables son el eje principal», subraya.

Además, coincide con Ribera en la urgencia de emprender una reforma energética «que perdure en el tiempo, sea transversal en toda la economía del país y esté consensuada». Para ello, considera que el sector precisa de «visibilidad en el tiempo y una estabilidad regulatoria» que no suponga una merma en los resultados de las plantas existentes y permita la planificación y puesta en marcha de nuevas instalaciones renovables. De esta manera, cree que es necesaria una planificación energética que establezca qué tecnologías necesita el país en el mix energético, así como garantizar la seguridad jurídica, eliminando aspectos como la modificación de la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años.

Mientras, para reducir la volatilidad del precio del mercado eléctrico, la AEE propone la introducción de más generación renovable autóctona, reduciendo así la dependencia de los combustibles fósiles importados y del precio del CO2, así como aumentar la aportación de las renovables e incrementar la electrificación de la economía. Asimismo, la patronal pide eliminar de la factura eléctrica los costes ajenos al suministro llevándolos a los PGE o financiándolos con una fiscalidad medioambiental trasversal sobre los combustibles fósiles, así como establecer mecanismos estables de retribución y simplificar y agilizar los procesos administrativos con ventanilla única para la tramitación de permisos.

Los grandes consumidores empresariales de AEGE recuerdan que con la subida del precio de la electricidad se perderá competitividad industrial

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EFE / Europa Press.- La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha indicado que el encarecimiento de la electricidad «se traduce directamente en una pérdida de competitividad industrial» después de conocerse que el precio haya registrado en septiembre sus máximos anuales. La AEGE, que representa a gran parte de la industria electrointensiva, siderúrgicas, metalúrgicas, químicas y de gases industriales, alerta de que el encarecimiento en los precios eléctricos «amenazaría» su futuro si esta situación se prolongara.

La patronal considera «urgente replantear» el esquema de costes del suministro del consumidor electrointensivo español, para lo que dice que «es necesario un cambio de modelo que iguale las condiciones» del suministro eléctrico en España a las de sus principales competidores europeos. La AEGE asegura que sus industrias asociadas tuvieron el año pasado un sobrecoste estimado de 450 millones de euros respecto a Alemania y asegura que este año «la situación ha empeorado de manera preocupante», con un precio del mercado unos 8 euros/MWh más caro que el año anterior.

La situación, según esta fuente, «se complica más» en relación con los países de fuera de la Unión Europea, y lo justifica porque éstos países no están afectados por el incremento de los precios de los derechos de emisión, «que implica una pérdida de nuestra competitividad«. La electricidad supone hasta el 50% de los costes de producción de estas industrias.

AEGE opina que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética «debería reconocer» el estatus de consumidor electrointensivo, para igualarlo con las condiciones del suministro eléctrico de sus competidores franceses y alemanes. También solicita la aplicación de las medidas compensatorias, que asegura que están contempladas en los Presupuestos del Estado de 2018, por costes adicionales incurridos por las industrias electrointensivas.

«Raquíticas» las medidas del Gobierno

Por otro lado, Facua considera «raquíticas» las medidas anunciadas por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en relación a las tarifas eléctricas, al estimar que no van a representar una bajada considerable en el recibo eléctrico que pagan los consumidores españoles. El portavoz de la asociación, Rubén Sánchez, ha lamentado que «una vez más, da la sensación de que en España mandan más las eléctricas que el Ejecutivo». «La ministra Ribera ha anunciado medidas que no solucionan la carestía del recibo ni ponen fin a la especulación de las eléctricas. Una pena que este Gobierno tampoco quiera molestar al oligopolio de las puertas giratorias», ha añadido el portavoz.

Facua presentó en una reunión al secretario de Estado de Energía, José Domínguez, una serie de medidas para reducir la factura eléctrica de las familias españolas. La bajada del IVA de la electricidad es una de las demandas de Facua, algo que ya ha rechazado la ministra. Según Facua, bajarlo al 4% ahorraría al usuario medio casi 130 euros anuales. Sin embargo, Ribera anunció en el Congreso que eliminará el impuesto del 7% a la generación eléctrica, que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy, y que extenderá el bono social a la calefacción.

La principal medida propuesta por la asociación es la creación de una tarifa regulada para todas las familias que no superen los 10 kW de potencia contratada y determinados límites de consumo. El análisis realizado por el equipo jurídico de Facua señala que con el debido desarrollo normativo, esta fórmula no implicaría contradicciones con la legislación comunitaria. Según Facua, los desproporcionados precios de la luz, la ausencia de competencia en el sector y la situación económica de las familias españolas justifican el establecimiento de una tarifa fijada por el Gobierno para proteger a los consumidores.

Moratoria para el bono social

Otra medida anunciada por Ribera es una «moratoria» para aquellos consumidores vulnerables con derecho al bono social eléctrico que no hayan podido inscribirse antes de la fecha límite del 8 de octubre. En este sentido, Ribera subrayó que el nuevo sistema de bono social «no puede ir en contra de los beneficiarios», por lo que se quiere evitar que se produzca esa criba con respecto al número anterior de beneficiarios.

«No hemos entrado en épocas de gran frío o demanda eléctrica, pero queremos apurar al máximo para que antes del 8 de octubre llegue al mayor número de ciudadanos potenciales del bono social, sin excluir ni limitar. Al contrario, que pueden seguir apuntándose. Pero es importante que puedan hacerlo cuanto antes para que no haya discontinuidad en la prestación de ese bono», apuntó. El plazo para la inscripción al nuevo bono social eléctrico, prestación que permite obtener un descuento del 25% al 40% en la factura eléctrica mensual para determinados consumidores vulnerables expiraba este 8 de octubre, después de que ya hubiera sido ampliado anteriormente.

Alrededor de 700.000 consumidores han solicitado el nuevo bono social frente a los 2,5 millones de clientes que eran beneficiarios del antiguo bono social. A este respecto, Ribera consideró que el criterio de la renta fue uno de los aspectos en que se avanzó con la aprobación del nuevo sistema de bono social, aunque subrayó que se debe «avanzar más» en esa línea. Así, la ministra subrayó que la falta de potenciales beneficiarios que no se han inscrito en el nuevo sistema tiene que «ver con la dificultad burocrática o de entendimiento» para hacerlo, para lo que pidió la ayuda de «quienes ya trabajan sobre el terreno con esos colectivos».

El Gobierno suspende el impuesto del 7% a la generación eléctrica y el recibo bajará un 4% como máximo

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Europa Press / EFE.- El Gobierno suspenderá el impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Ejecutivo del PP con la Ley de Medidas para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico, con el objetivo de reducir de manera inmediata la factura de la luz de los consumidores, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Ribera señaló que actuar sobre los precios a través del impuesto del 7% a la generación «es la medida más adecuada y acertada para enviar una señal por parte del Gobierno y aliviar la factura del consumidor en un momento en que no puede ser él quien cargue con el peso». Ribera anunció esta decisión enmarcada en un paquete de medidas que se impulsará por el Ejecutivo en «las próximas semanas» para afrontar esta espiral alcista del precio de la electricidad, entre las que también figuran la garantía de cobertura a los consumidores más vulnerables, mejorando el bono social eléctrico y creando un nuevo bono para calefacción, que espera que se pueda tramitar con agilidad y este invierno esté vigente.

A este respecto, Ribera indicó que el nuevo bono social eléctrico aprobado en 2017 por el PP, cuyo plazo para su solicitud tuvo que ser ampliado hasta el próximo mes de octubre debido a la confusión para su renovación entre los usuarios, recogía «avances», aunque ha habido «problemas» en su ejecución, por lo que el objetivo es adoptar medidas que sean aplicables «desde ya» para proteger a consumidores vulnerables como las «personas mayores y las familias monoparentales, «que no quedaban cubiertos en el marco actual«. Estas propuestas del Gobierno llegan en un momento en que los precios de la electricidad se encuentran en una espiral alcista, acrecentada en agosto y lo que va de septiembre.

Ha explicado que el impuesto a la generación no se suprimirá, sino que se suspenderá para quedar «prácticamente a cero» temporalmente, lo que supondrá, según fuentes del Ministerio, que se quede en un tipo residual (entre el 0% y el 0,5%), que determinará la Abogacía del Estado.Esta medida podría tener el respaldo del PP, que antes de la comparecencia de la ministra había anunciado la presentación de una proposición de Ley en el Congreso en esta línea. Esta suspensión del impuesto supondrá una rebaja en la factura de la luz para un consumidor doméstico de entre el 2,5% y el 4%, y alrededor del 5% o el 5,5% para el consumidor industrial, según Ribera.

La ministra subrayó la «clara voluntad» del Gobierno de abordar con seriedad la reforma estructural del mercado, asegurar señales fiscales coherentes y regular ordenadamente el almacenamiento para avanzar hacia un modelo energético distribuido, limpio, eficiente y digitalizado. Así, indicó que se opta por esta suspensión del impuesto del 7% a la generación hasta definir «una propuesta de reforma fiscal más global» que, eso sí, subrayó que «debe hacerse con cuidado».

A este respecto, consideró que una rebaja en el caso del IVA que se aplica a la luz, situado en el 21%, es un tema «más complicado, ya que es un ingreso propio de la Unión Europea y no es partidaria de que haya fraccionamientos por tipo de consumidor». «Forma parte de esas cuestiones que son contraintuitivas ¿Cómo es posible que haya un IVA del 21% para un consumidor que por definición es vulnerable? Pero como es un impuesto que no depende de nosotros, no es tan fácil», añadió al respecto Ribera, reconociendo que le hubiera gustado poder ‘tocar’ este impuesto, ya que el impacto sobre el consumidor sería «obvio».

Ribera considera que el sistema actual del mercado eléctrico «no emite las señales adecuadas», con un sistema de fijación de precios en el mercado mayorista pensado hace dos décadas, en el que conviven tecnologías antiguas, como el carbón, la nuclear y el gas, con nuevas, como las renovables, mostrando «el inmenso coste» de los combustibles fósiles y en el que la volatilidad de precios es una tónica, por lo que «se debe de actuar«. Por ello, destacó que el abandono de los combustibles fósiles puede permitir ahorrar 400.000 millones de euros a la economía española hasta el horizonte de 2030, «repercutiendo en la factura eléctrica», y recordó que la transición energética puede movilizar inversiones por hasta 100.000 millones de euros.

Dentro de estas medidas para recuperar el «impacto positivo» que ejercen las energías renovables en el precio, Ribera planteó diferentes líneas de acción urgente para mandar señales adecuadas al mercado, entre las que figuran solventar las barreras existentes al despliegue de renovables o facilitar los contratos bilaterales, los PPA, para desplazar parte de la electricidad contratada en el mercado mayorista a la contratación bilateral a largo plazo de energía de fuentes renovables. «España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales», añadió al respecto. Además, también consideró necesario implementar medidas en materia de ahorro y eficiencia energética.

Respecto al autoconsumo, en especial el autoconsumo compartido, afirmó que se debe hacer hincapié en que sea una realidad que reduzca la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un precio inferior que la tarifa del consumidor final. «No podemos seguir improvisando y poniendo parches incompatibles con los objetivos de descarbonización a medio y largo plazo, generando expectativas que no se cumplen y que nos acaban pasando factura», añadió.

Asimismo, la ministra apuntó la necesidad de acometer estas medidas estructurales que aborden el funcionamiento del mercado, focalizadas en tres grandes áreas de intervención: el mercado mayorista, que cuenta con una brecha entre precios y costes de las distintas tecnologías que merman la competitividad de las empresas y el poder adquisitivo de las familias; el sistema fiscal, que requiere de mayor coherencia; y el almacenamiento. «Si no abordamos reformas estructurales con respecto al funcionamiento del mercado y el sistema fiscal, es muy difícil que estas cosas puedan cambiar de manera sólida y estable en el tiempo por venir», ha argumentado.

Para Ribera, durante el anterior Gobierno se «perdió el tiempo», abandonando la senda renovable e impulsando medidas «poco predecibles, que generaban confusión e iban en dirección opuesta a la descarbonización». Así, afirmó que «los parches» del Ejecutivo anterior han supuesto «una gran litigiosidad» que ha llevado a España a contar con 42 arbitrajes ante los distintos foros internacionales con unas cuantías reclamadas que se estiman en unos 10.000 millones de euros, así como a unas reclamaciones por los inversores nacionales por otros 5.000 millones de euros. «Los cambios están en marcha y tenemos la clara voluntad de impulsarlos», añadió Ribera.

De esta manera, consideró necesario definir objetivos «ambiciosos» de generación a partir de energías renovables, ya que no sólo han demostrado sus múltiples beneficios ambientales, «sino que son más baratas y reducen el precio de la electricidad». A este respecto, Ribera recordó que este Gobierno trabaja en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para el periodo 2021-2030, un documento que se mantenía «en blanco» por el anterior Ejecutivo.

Por otra parte, Ribera, que considera que «la prioridad» de su departamento es, en estos momentos, «abordar la respuesta que se merecen esos 4,6 millones de españoles que están en situación de pobreza energética», anunció que el Ejecutivo elaborará una Estrategia Nacional de Lucha Contra la Pobreza Energética en los próximos 6 meses para disponer de un marco de actuación en este ámbito. Además, señaló que se propondrán medidas concretas para proteger al consumidor doméstico que tendrán como objetivo evitar gastos innecesarios derivados de tener contratada una potencia superior al consumo real, mejorar la información a los ciudadanos y fomentar la cultura energética, entre otros.

Por su parte, la portavoz adjunta de Unidos Podemos, Ione Belarra, reclamó al Ejecutivo medidas para frenar la escalada en el precio de la luz, advirtiendo además de que «si no aplican medidas contundentes y eficaces que rebajen» la tarifa «va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo presupuestario«. Belarra ha destacado que el Gobierno deberá «elegir si está con las eléctricas o con la gente»: «Nos gustaría saber si van a romper los lazos con las grandes eléctricas», ha espetado. Por ello, Belarra ha instado al Ejecutivo a «apostar por las renovables», a «quitar las trabas al autoconsumo», o a impulsar planes de rehabilitación energética de viviendas.

La Junta de Extremadura no considera necesario el ATI en la central nuclear de Almaraz ante su posible cierre en 2020

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EFE. – La consejera de Economía e Infraestructuras de la Junta de Extremadura, Olga García, ha considerado que la puesta en funcionamiento del almacén temporal individualizado (ATI) en la Central Nuclear de Almaraz (CNA) no es «necesaria» ante el «horizonte» de cierre de la planta en 2020.

Según la consejera, «la vigencia de las autorizaciones de los dos reactores de Almaraz cumple en 2020 y, basándonos en ello, no consideramos necesario la construcción del ATI, teniendo en cuenta ese horizonte».

De esta manera, ha recordado que su autorización es competencia estatal, algo que ha seguido los «trámites oportunos», entre ellos la consulta del Ministerio a las administraciones, entre ellas la Junta de Extremadura, quien plasmó en sus observaciones que «no lo considerábamos necesario».

Así, ante la pregunta por la posibilidad de que el ATI no entrara en funcionamiento -previsto para antes del próximo noviembre-, García ha afirmado que no se puede tratar el tema nuclear como «una cuestión puntual», por lo que no se puede tomar una decisión «de forma aislada» del sistema eléctrico nacional.

Asimismo, ha recordado que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha anunciado que está en «avanzado estado de elaboración» una nueva ley de cambio climático que, a su juicio, recogerá «una planificación en materia energética y contemplará la materia nuclear».

El Congreso debate este martes la creación de una comisión de investigación sobre el almacén Castor y su indemnización

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Europa Press / EFE.- El pleno del Congreso tiene previsto debatir y votar la creación de una comisión de investigación para esclarecer las responsabilidades políticas sobre el almacén de gas Castor, situado frente a Vinaroz (Castellón), y encontrar vías a partir de las cuales recuperar dinero de las indemnizaciones previstas.

La propuesta, impulsada por Unidos Podemos y Compromís, reclama «poner luz y taquígrafos sobre un proceso administrativo y político lleno de sombras» pues, argumentan estas formaciones, no hubo concurrencia competitiva ni publicidad, ni tampoco la empresa adjudicataria acreditó suficiente capacidad técnica y económica para desarrollar la actividad. Estas formaciones enumeran varios puntos a investigar en la comisión parlamentaria, como posibles irregularidades vinculadas a la financiación del proyecto, el sobrecoste de ejecución, la aprobación de disposiciones «para blindar» la inversión, la supuesta ocultación de informes que alertaban de posibles movimientos sísmicos o «la no observancia de las declaraciones de impacto ambiental».

Precisamente por esta razón, la actual ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría tener que rendir explicaciones ante la comisión, en caso de que saliera adelante su constitución, por haber avalado la declaración de impacto ambiental del almacén. Ribera firmó esta declaración en 2009, cuando era responsable de la Secretaría de Estado de Cambio Climático bajo el segundo Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y por ello tuvo que enfrentarse, junto a otros técnicos, a una querella de la Fiscalía de Castellón por prevaricación, aunque finalmente no fue encausada.

Además de la afectación que causó este proyecto, en forma de más de 500 seísmos registrados en 2013 en el litoral de Castellón, Unidos Podemos y Compromís buscan investigar la legalidad de la indemnización recibida por el concesionario y el coste que supondrá para los consumidores de gas, así como la gestión de la hibernación del proyecto, y su desmantelamiento.

Precisamente, el pasado diciembre el Tribunal Constitucional anuló el procedimiento por el que se estableció la indemnización para las empresas promotoras del proyecto en 2014 por fijar la compensación, de 1.350,7 millones de euros, a través de un decreto ley. En su sentencia, el Constitucional estimaba parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso y acordaba declarar «inconstitucionales y nulos» los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén tras los seísmos registrados.

Por su parte, la portavoz adjunta del grupo confederal Ione Belarra calificó Castor como «un monumento al país de la corrupción, del ladrillazo y de los contratos a dedo que nos dejó el PP», y saludó la posibilidad de dirimir responsabilidades políticas, «ahora que la Audiencia Nacional ha dicho que no hay responsabilidades penales». Belarra confió, además, en que pueda recuperarse la indemnización prevista en el contrato Castor a la concesionaria Escal UGS, controlada por la constructora ACS, y ha criticado que este contrato «se hizo para que lo ganara ACS, propiedad de Florentino Pérez».

Por otra parte, Compromís ha reclamado a PP, PSOE y Ciudadanos que “permitan depurar responsabilidades políticas derivadas desde el inicio de este proyecto”, momento desde el cual esta formación, sostiene su diputada Marta Sorlí Fresquet, advirtió de que «era una estafa para la ciudadanía y un proyecto peligroso para el medio ambiente«. «Por desgracia, los sucesivos gobiernos priorizan los intereses de las grandes empresas frente a los de nuestros pueblos y comarcas», critica Sorlí, que recuerda que la solicitud de una investigación se produjo al evidenciarse que «el concurso público fue redactado expresamente para adjudicar la concesión a Florentino Pérez».