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El nuevo cupo especifico de energía eólica para las Islas Canarias se convocará en marzo o abril

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EFE.- El segundo cupo específico de energía eólica para las Islas Canarias en la actual legislatura se convocará en marzo o abril, ha anunciado la directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, según desveló el consejero de Economía e Industria del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, que indicó que ese anuncio es resultado del intenso trabajo y las negociaciones que los gobiernos canario y español han mantenido en los últimos 2 años.

En este sentido, Teresa Baquedano ha asegurado que «próximamente se pretende desarrollar un procedimiento de asignación de ayudas a la inversión en instalación de generación eléctrica renovable en Canarias». El consejero ha destacado que será el segundo cupo específico que se convocará en la actual legislatura, después de que el desarrollo de energías renovables en Canarias hubiera estado 10 años paralizado y que finalmente, en el verano de 2015, «conseguimos desatascar». En la primera convocatoria, publicada en diciembre de 2015, se aprobó un nuevo cupo de retribución específica para la instalación de 436,3 megavatios de energía eólica en las islas.

Teresa Baquedano ha asegurado que el «fundamento que ha hecho posible esta convocatoria de ayudas se encuentra en la ley presupuestaria de 2017, relativa a la convocatoria de ayudas a la inversión para instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables». En este sentido, la directora general de Política Energética y Minas ha dicho que esta convocatoria «permite utilizar hasta un total de 60 millones procedentes del remanente del sistema eléctrico para financiar como fuente oficial esta subasta», y se explora la posibilidad de utilizar otros fondos que no tengan impacto en el déficit público.

La articulación de este sistema de subasta de potencia renovable en los sistemas insulares tiene unas características específicas, y la directora general ha afirmado que «está fuera del Régimen Específico de Energías Renovables. Lo que se va a hacer es conceder subvenciones para cubrir una parte de los costes de inversión incurridos por los promotores». Y una vez que reciban esta subvención, los promotores «no contarán con ninguna otra ayuda o esquema de retribución adicional, puesto que eso ya hace que la instalación sea rentable. Por tanto, sus ingresos van a venir únicamente del mercado«.

La directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha asegurado asimismo que «inicialmente la convocatoria va a ser solamente de energía eólica, pero se está trabajando ya en una segunda convocatoria que contemple también ayudas a la energía fotovoltaica«. El gobierno canario asegura que la directora general ha destacado que los fondos que se entreguen serán financiables también con cargo a fondos Feder. En el caso de Canarias esta opción permite recuperar hasta un 85%, y cuando se vaya recuperando estos fondos, se podrán efectuar nuevas convocatorias.

La directora general ha explicado asimismo que «inicialmente con los 60 millones de que se va a disponer, se pueden llegar a instalar, en el caso más desfavorable 120 megavatios, lo que supone aumentar un 36% la potencia renovable en Canarias». Asimismo, ha manifestado que «se podrá alcanzar mayores cuantías a medida que se va recuperando; se puede llegar a un total de 360 megavatios, con un máximo de 180 millones. Esto va a suponer ahorros sustanciales desde 30 a 60 millones del coste de generación». Por último, Teresa Baquedano indicó que, «de acuerdo con los datos que tenemos y que nos ha dado el gobierno canario, estos 360 megavatios cubrirían aproximadamente la totalidad de proyectos que tiene identificados Canarias».

Energía garantiza que el gas jugará un papel «relevante» en la transición energética y Madrid lo impulsará en el transporte

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Europa Press.- El viceconsejero de Economía e Innovación de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz, apuesta por la entrada de gases combustibles menos contaminantes en el transporte. En sentido parecido, la directora general de Política Energética y Minas del Ministerio de Energía, María Teresa Baquedano, destacó que el gas seguirá jugando «un papel relevante» en la transición energética gracias a las ventajas que ofrece «a nivel medioambiental y desde la perspectiva económica».

Baquedano aseguró que en 2030 el gas deberá «seguir jugando su papel de respaldo en la generación eléctrica» y, además, aumentará su demanda en el sector transporte. No obstante, Baquedano subrayó que el sector gasista debe tener claro que las inversiones, «teniendo en cuenta las incertidumbres», estarán marcadas por una «transición inteligente«. «La política en el ámbito del gas natural se debe centrar en reducir costes y la sostenibilidad financiera», apuntó. Además, señaló que se deben aprovechar las oportunidades que se presenten, como en gas natural licuado (GNL), y seguir «luchando» por incrementar la liquidez del Mibgas, ya que «un mercado organizado y eficiente es fundamental para dotar a los consumidores de las herramientas para ser cada vez más protagonistas».

Mientras, el experto en políticas de gas en Internal Energy Market Unit B4-Security of Supply, Joerg Koehli, remarcó ese papel «clave» que jugará el gas en las próximas décadas en esa transición energética. Koehli indicó queel mix energético seguirá teniendo gas natural, ya que es una energía con una baja emisión de carbono y que cuenta con destacado papel en lo que respecta a la seguridad de suministro energético.

Por su parte, el coordinador general de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, José Antonio Díaz Lázaro-Carrasco, reconoció que la ciudad necesita «un nuevo modelo energético» para combatir el problema de la contaminación. Asimismo, el presidente de la IGU, David Carroll, instó a los Gobiernos a «ser serios» a la hora de trabajar en el cambio climático y centrarse también en la calidad del aire. «Hay que establecer una dirección determinada con más inversión en tecnología», señaló.

Madrid apuesta por el gas

Mientras, el viceconsejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Javier Ruiz, destacó la competitividad económica y ambiental del gas natural, que prácticamente cubre «la mitad del consumo energético de las familias madrileñas», así como su papel en el bienestar, y señaló las ventajas económicas y ambientales del gas natural frente a la gasolina. Así lo ha destacado Javier Ruiz, quien también ha repasado algunas de las políticas del Gobierno regional destinadas al aprovechamiento de esta fuente de energía con beneficios para el medio ambiente.

En este sentido, se ha referido al sector de la edificación y a la puesta a disposición de los madrileños del plan renove de Salas de Calderas, con el que se ha actuado en más de 1.000 instalaciones en los últimos cinco años. Asimismo, se ha referido al sector del transporte, en el que la Comunidad apuesta por dar entrada a gases combustibles menos contaminantes que el resto de carburantes. Según ha señalado Ruiz, la Comunidad está trabajando para que las flotas públicas de transporte y servicios sustituyan los modelos propulsados por gasóleo por vehículos a gas natural comprimido (GNC).

La patronal fotovoltaica UNEF pide prorrogar hasta finales de año el plazo para registrar las instalaciones de autoconsumo

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Redacción / Agencias.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) solicitó al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una prórroga del plazo de inscripción de las instalaciones de autoconsumo de energía ya en funcionamiento, que finaliza este 10 de abril, hasta el 31 de diciembre de este año.

En una carta remitida a la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, la patronal fotovoltaica subraya la necesidad de ampliar la fecha hasta final de año dado que se considera «preocupante, significativo y sintomático» que, a menos de un mes para alcanzar el vencimiento límite que establece la normativa, sólo se hayan inscrito 7 proyectos de autoconsumo fotovoltaico con una potencia acumulada de 103,5 kilovatios (kW).

En la misiva, la patronal fotovoltaica afirma que desde el sector se entiende que ello obedece «únicamente a cuestiones técnicas que están dificultando el cumplimiento de la normativa». Entre ellas destaca la falta de homogeneización en los esquemas de conexión que deben utilizar las instalaciones eléctricas, ya que cada distribuidora de zona tiene sus propios requerimientos. La normativa de autoconsumo, que establece una serie de cargos para los usuarios conectados a la red, fijó la necesidad de inscribir en un registro todas las instalaciones, incluidas las que ya estaban en funcionamiento antes de su aprobación.

Por otro lado, UNEF destaca que las dudas que tienen las compañías distribuidoras a la hora de aplicar el real decreto están retrasando el registro de instalaciones ya existentes, «al no dar respuestas ni en forma ni en plazos a los instaladores, de forma que estos no pueden finalizar los proyectos con arreglo a la normativa«. Además, señala que, pese a la «total disconformidad» del sector respecto al texto normativo, su intención siempre es la de acatar lo establecido por ley y muestra su disposición a trabajar para la elaboración de esquemas y procedimientos comunes a todas las empresas que redunden en una «normativa clara».

Industria lanzará la convocatoria de nueva potencia renovable en «julio o septiembre» y ve «razonable» su previsión de demanda

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La directora general de Política Energética y Minas, Teresa Baquedano, anunció que el Ministerio de Industria publicará el decreto que recogerá la convocatoria del primer concurso eólico para 500 megavatios (MW) tras la moratoria a las primas renovables «en julio o septiembre», que incluiría también la convocatoria de 200 MW para plantas de biomasa. La mesa política, marcada por la ausencia de representantes del PP, dejó en evidencia la oposición frontal de todos los partidos a la política energética del Gobierno.

Baquedano realizó este anuncio durante el I Congreso Eólico Anual, en el que aprovechó para defender las previsiones de aumento de la demanda y de potencia necesaria incluidos por Industria en el borrador de la planificación energética hasta 2020. «Se ha hecho una hipótesis razonable sobre lo que creemos que es la demanda de electricidad y potencia que vamos a necesitar», señaló, antes de advertir de que el aumento de la eficiencia y «el comportamiento de los consumidores» han hecho que haya una mayor elasticidad en la evolución del consumo de electricidad frente al PIB.

Lo cierto es que la previsión del Ministerio de Industria contrasta con un informe reciente acerca de la planificación energética de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que ha pronosticado que la demanda de electricidad aumentará un 1,7% entre 2015 y 2020, por debajo de la previsión del 2,3% estimada por el Ministerio para el periodo comprendido entre 2013 y 2020. Además, la nueva potencia renovable prevista en los sistemas extrapeninsulares (Islas Baleares, Islas Canarias, Ceuta y Melilla)se justifica en que la instalación de 450 megavatios (MW) en Canarias supondrá un ahorro de 140 millones anuales.

Por otro lado, Baquedano anunció que Industria ha solicitado a Red Eléctrica de España (REE) que elabore una propuesta para que las energías renovables puedan participar también en los llamados servicios de ajuste del sistema eléctrico, de modo que se retiren las «discriminaciones por tipo de tecnología». «Supondrá un mayor número de agentes y redundará en beneficio de la competencia y de la eficiencia económica», al tiempo que procurará «una serie de ventajas reseñables que contribuirán a generar actividad en el mercado interno», explicó. Baquedano también señaló que la nueva regulación no aspira a «prever el futuro», pero sí a diseñar «una legislación lo más flexible posible para adaptarse al cambio». «Eso es lo que nos dará la ventaja competitiva».

Finalmente, Baquedano defendió las reformas y medidas adoptadas por el Gobierno en materia de energía, para apuntar que aunque haya sectores que critiquen algunos aspectos concretos «no se puede negar la necesidad» de las iniciativas adoptadas. En este sentido, Baquedano puso en valor que el déficit de tarifa ha dejado de ser el «principal problema del sector eléctrico español», y que pese a que ha habido «decisiones complejas y dolorosas», éstas «han sido tomadas con el mayor sentido de la responsabilidad y el interés general».

Oposición a la política energética

La mesa política del Congreso Eólico Español estuvo marcada por la ausencia del portavoz de Energía del PP en el Congreso de los Diputados, Guillermo Mariscal, que no pudo acudir por razones personales. En este sentido, su homólogo en el PSOE, José Segura, mostró su deseo de alcanzar un pacto de Estado en materia energética si bien no lo ve factible después de una legislatura en la que, según aseguró, no se aceptó ni una sola enmienda de las 5.000 presentadas por el PSOE en materia energética. «La Ley del Sector Eléctrico hay que cambiarla», aseguró el portavoz socialista, que se mostró partidario de revisar el papel que juega Red Eléctrica de España (REE), «pues actualmente responde ante sus accionistas«.

El diputado electo por Madrid de Ciudadanos, Enrique Veloso, ofreció diálogo para alcanzar el pacto de Estado. Para ello, señaló como «vital» realizar una auditoría de costes «para saber cómo se han calculado los costes que derivan en el déficit de tarifa«. El representante de Ciudadanos formuló tres medidas: «garantizar un marco regulatorio estable para todo el sector energético, incentivos fiscales para potenciar las renovables dentro del mix energético y una fiscalidad verde que penalice a las energías más contaminantes«.

A favor de la auditoría de costes también se pronunció otro diputado de la Asamblea de Madrid, Eduardo Gutiérrez (Podemos) que además abogó por una «corrección» del sistema marginalista de formación de precios en el mercado eléctrico, que se fija mediante el precio de la tecnología con mayor coste que entra a producir por orden de REE, operador del sistema, un precio que se otorga al resto de tecnologías. «Hay sobrerretribución a la hidroeléctrica y a la nuclear», denunció el representante de Podemos, que se mostró partidario de incrementar el papel de las renovables y dejar de favorecer al gas.

Quién dio por imposible el pacto de Estado en energía fue el portavoz de EQUO, Juan López de Uralde, que señaló que el PP basa su modelo en el modelo energético de FAES, lo que es «diferente y enfrentado» al de su formación. Además, Uralde denunció como un «escándalo» que, según estimó, España no vaya a cumplir los objetivos de Energía y Clima de cara a 2020. «Bastaba con la inercia», lamentó Uralde, que abogó por «derogar» la reforma y trazar un nuevo plan energético basado en las renovables, el autoconsumo y la eficiencia energética.

El Ministerio de Industria analizará que la interrumpibilidad se adjudique «a más largo plazo»

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En este sentido, Teresa Baquedano reconoció que el cambio impulsado por el Ministerio de Industria, que adjudica la interrumpibilidad mediante un sistema de subastas, creó «incertidumbre» en el establecimiento de los precios pero apuntó que «está abierto a hacer modificaciones» para pasar a un sistema de precios predecibles. En el foro La importancia del coste energético en la competitividad de la industria española, organizado por AEGE, Baquedano indicó que se analizará que sean subastas «por productos y a largo plazo«.

Asimismo, la representante de Industria defendió el marco regulatorio elaborado para el servicio de interrumpibilidad, que «debe ser eficiente» y, por lo tanto, servirá para que el coste sea así un precio real de mercado. Además, destacó que las medidas puestas en marcha en el sector energético han servido para lograr un equilibrio entre costes y precios, eliminando el déficit eléctrico y gasista, dando estabilidad en los precios energéticos, «con una tendencia a la baja«.

Por su parte, la secretaria de estado de Industria y Pymes, Begoña Cristeto, señaló que el Gobierno trabaja en «completar» las reformas eléctricas y gasista al tiempo que destacó la necesidad de disponer de precios de energía que permitan a las empresas españolas competir en el exterior. En este contexto, señaló que el Gobierno tiene como reto implementar medidas que permitan «disponer de un más amplio y eficiente sistema eléctrico«.

Suministro CEP: competitivo, estable, predecible

La industria necesita precios energéticos competitivos para acudir al mercado exterior. Esta idea fue compartida por las empresas y la Administración Pública durante el Foro anual de AEGE. La presidenta de la organización, Esther Alonso, hizo hincapié en la necesidad de la industria de disponer de un suministro eléctrico «competitivo, estable y predecible» lo que sería un estímulo para el sector en España. Alonso recalcó que la electricidad es una materia prima «estratégica» de las empresas de Aege, cuyos costes energéticos llegan a suponer hasta un 40% del total de sus costes, por lo que necesitan una serie de estímulos para poder alcanzar el objetivo de reindustrialización europeo, representar el 20% del PIB en 2020.

Para ello, Alonso destacó que las empresas electrointensivas han hecho «los deberes» para reforzar su competitividad, por lo que ahora es el momento de «impulsar actuaciones políticas» que favorezcan la presencia de estas compañías en España «a largo plazo» y un proceso inversor. Consecuentemente, reclamó «una política energética al servicio de la industria», así como desarrollar instrumentos puestos en marcha en otros países europeos para competir «en igualdad de condiciones», como la contratación bilateral, mejorar la compensación de los costes indirectos derivados del CO2, una exención para la industria de pagar los costes regulados del sistema eléctrico y una revisión al régimen fiscal vigente sobre el sector energético, eliminando el 7% a la generación eléctrica.

Los representantes de la industria electrointensiva como el presidente de Ferro Atlántica, Pedro Larrea, o el consejero delegado de Atlantic Copper, Javier Targhetta, coincidieron en señalar en sus intervenciones que el precio del suministro eléctrico es más elevado en España que en otros países europeos como Francia y Alemania, lo que supone «un lastre» para la competitividad de la industria española. Añadieron que en esta pérdida de competitividad influyeron algunas de las decisiones implementadas en el sector, como el aumento de la fiscalidad sobre el mercado eléctrico, la «insuficiencia» de las medidas de apoyo para la compensación de costes del CO2 y los ajustes realizados en el servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad.

Targhetta lamentó que «los vaivenes regulatorios que hay en España son para volverse locos, totalmente desincentivadores para la inversión«. En su opinión, existen demasiados obstáculos para conseguir un suministro energético competitivo, como el hecho de tener un mercado a futuros «muy malo», o tener unas interconexiones eléctricas «que aún son insuficientes», del 3% de la potencia instalada ante una recomendación del 10%. Pero Targhetta señaló que también existen virtudes como tener «el mejor mix de generación eléctrica del mundo a pesar de los sucesivos Gobiernos. Con malas políticas energéticas, se han conseguido buenos resultados», argumentó el ejecutivo de Atlantic Copper.

Respecto a la interrumpibilidad, el presidente de Acerinox, Rafael Miranda, consideró que el sistema desarrollado «es una chapuza«, sobre todo «si se compara con lo que se hace en otros países». Además, recordó que la tarifa eléctrica en España soporta unos costes «que no tienen nada que ver con el sistema eléctrico» y que encarecen el recibo. Por su parte, Rosa García, presidenta de Alcoa España, lamentó que Europa «haya renunciado» a la industria electrointensiva e indicó que apoyan la lucha contra el cambio climático «pero de una manera pragmática para evitar la deslocalización y las fugas de carbono». Ambos, Acerinox y Alcoa, insistieron en que se necesitan «políticas de apoyo» a la industria electrointensiva.

El director de Operación de Red Eléctrica de España (REE), Andrés Seco, defendió el sistema de subastas que como operador del sistema eléctrica diseñó REE para la interrumpibilidad y destacó que, de esta forma, «los industriales de España pudieron elegir por primera su precio para al menos una parte no despreciable de su electricidad«. Además, Seco recordó que Industria asignó como máximo 550 millones de euros de incentivo a la industria interrumpible y que el sistema en sí únicamente ahorró 18 millones. En lo que más coincidió con los industriales presentes fue en resaltar como solución para su competitividad que en Alemania funcionan más los contratos bilaterales y la contratación a futuro mientras que en España acuden al mercado spot.

El consejero delegado de Gerdau Europa, José Jainaga, resaltó la necesidad de que los precios sean visibles a medio y largo plazo para que sea posible realizar proyecciones fiables de los resultados de los negocios españoles. «Nos vemos obligados a comprar electricidad en el mercado spot por la falta de contratos bilaterales y especialmente de un mercado de futuros competitivo, en el que en Alemania la industria compra el 80% de su electricidad, en Francia el 65%, mientras en España apenas llega al 30%. Desde la industria necesitamos precios estables«, apuntó Jainaga coincidiendo con lo apuntado por Targhetta y Larrea.

Pedro Antonio Merino, director de Estudios y Análisis del Entorno de Repsol, destacó la importancia que tiene para la industria española el gas y se remitió a la gran ventaja competitiva que ha supuesto en Estados Unidos la explotación de los hidrocarburos no convencionales mediante la técnica del fracking. También reflejó que entre 2007 y 2013, en lo que respecta a los costes energéticos subió a un ritmo de un 2% anual lo referido a la energía y a los costes de red pero en un 8% los impuestos y aranceles asociados a la energía.