Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé abrir el diálogo político para mejorar el sistema del bono social y la asistencia social ante casos de cortes del suministro eléctrico, para posteriormente convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para consensuar un procedimiento «estándar» común a aplicar ante este tipo de casos, según informaron fuentes ministeriales.
La intención del departamento dirigido por Álvaro Nadal es mantener el «status quo» del bono social tras la sentencia del Tribunal Supremo, recurrida ya por el Ejecutivo, que declaró inaplicable el régimen de financiación de la tarifa subvencionada por las compañías eléctricas para los consumidores con bajos ingresos.
No obstante, las mismas fuentes aseguran que se abrirá el diálogo político para estudiar si realmente interesa cambiar o realizar mejoras del sistema actual y evitar que dicha tarifa subvencionada se quede sin financiación.
El Ministerio de Energía entiende que el sistema español referido a los cortes de luz y la garantía de los servicios sociales tiene que estar concentrado en el ámbito social y ve «importante» que esto quede reflejado en una directiva europea.
En cualquier caso, las mismas fuentes detallaron que la intención del Ministerio es alcanzar un acuerdo con los grupos políticos en el parlamento y más tarde convocar un grupo de trabajo con las comunidades autónomas para que de «común acuerdo» entre ellas se establezca el mismo procedimiento «estándar» y se aplique.
No obstante, desde Energía insisten en que el Gobierno central no puede hacer una política estatal que se inmiscuya en las competencias de las comunidades autónomas.
Los contactos parlamentarios sobre este asunto se han incrementado después de que hace dos semanas una mujer de 81 años que vivía sola falleciese en un incendio doméstico en su piso en Reus, ocasionado por una vela que utilizaba para iluminar el hogar tras llevar dos meses con la luz cortada.
En dicho grupo de trabajo se trabajaría para intentar consensuar mejores prácticas de actuación ante este tipo de casos y se intentaría buscar el compromiso de las comunidades para acometer un mismo procedimiento estándar, si bien desde el Ministerio, en el que valoran que la ley catalana haya respetado «escrupulosamente» los límites marcados por el Tribunal Constitucional sobre este tema, insisten en que es una competencia «exclusiva» de las autonomías.
En todo caso, parece haber unanimidad en el posicionamiento del Tribunal Constitucional, el Gobierno y la Comisión Europea respecto a que el sostenimiento de este tipo de situaciones se tiene que hacer con recursos de los servicios sociales, en el ámbito social de cada región.
