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El precio mayorista de la luz marca este miércoles un nuevo récord desde 2013

Europa Press / EFE.- El precio de la electricidad en el mercado mayorista alcanzará este miércoles una media de 91,88 euros el megavatio hora (MWh), un 4,5% más que los 87,9 euros del martes y el nivel más alto desde diciembre de 2013, según datos de OMIE, el operador del mercado. El precio marcado en el pool para el suministro eléctrico de este miércoles supera en un 4,4% los 88 euros que se alcanzaron el pasado viernes, que era hasta ahora el tope desde 2013.

Los 91,88 euros de este miércoles son el precio más alto desde el 8 de diciembre de 2013, cuando se situó en 93,11 euros el MWh. No obstante, aún está lejos del máximo histórico diario, registrado en enero de 2002, que fue de 103,76 euros. A algunas horas de este miércoles, el precio supera los 100 euros por MWh, en concreto a las 20:00 horas (101,70 euros), a las 21:00 horas (101,99 euros) y a las 22:00 horas (100,67 euros). Esta será así la primera vez desde diciembre de 2013 que en una punta horaria se sitúa por encima de los 100 euros por MWh.

Las subidas en el mercado mayorista en diciembre de 2013 llevaron al Gobierno a suspender el anterior sistema de subasta eléctrica (Cesur) y sustituirlo por el actual, en el que el precio regulado deja de consistir en una referencia trimestral y queda vinculado al precio de cada hora en el mercado. La demanda prevista para este miércoles asciende a 630 gigavatios hora (GWh), ligeramente inferior a los 632 GWh previstos para el martes, según Omie.

El precio de la luz en el mercado mayorista supone en torno al 35% del recibo de los consumidores acogidos a la tarifa regulada, unos 12 millones, pero no afecta a quienes han contratado el suministro en el mercado libre, en torno a 13 millones. El 65% restante del recibo depende de los denominados peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año, y de los impuestos. El Gobierno ha congelado para 2017 los peajes y cargos eléctricos con los que los consumidores sufragan los costes regulados.

La subida del precio eléctrico mayorista responde a la ola de frío, que ha disparado la demanda, a la escasez de agua y viento, que limita el uso de las plantas hidroeléctricas y los parques eólicos, las dos tecnologías más baratas para generar electricidad, y al encarecimiento del gas natural en los mercados internacionales, combustible que usan las centrales de ciclo combinado. No obstante, el Ministerio de Energía, la CNMC y el Tribunal Supremo investigan la evolución de los precios para comprobar si han existido comportamientos anticompetitivos por parte de algún agente del mercado eléctrico.

El pool eléctrico funciona de forma marginalista, de modo que las tecnologías entran por orden de coste y la última de ellas en participar, la más cara, marca el precio para el conjunto. La hidráulica, en el actual escenario de escasez, está marcando el precio en buena parte de las horas. Los precios horarios se aplican a los consumidores domésticos que dispongan de contadores inteligentes y tarificación por horas, entre los que figuran los usuarios que tienen contratado el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) y disponen de estos aparatos.

Días de ocurrencias y propuestas respecto a la electricidad

La fuerte agitación mediática en torno a la evolución del precio de la electricidad en el mercado mayorista durante las primeras tres semanas de enero ha devenido en lo que era previsible: un ataque frontal al mercado eléctrico, verdadero objetivo de esta búsqueda de tormenta perfecta por parte de sus contrarios.

El mercado español, se ha demostrado, funciona correctamente y lanza señales de precio coherentes con las circunstancias de demanda y oferta en cada momento. Ahora también. Y resulta coherente con lo que está pasando en toda Europa en los mercados mayoristas, fruto de la ola de frío y de las circunstancias climatológicas. Ahora también. Lo único que nos hace diferentes es la tradición falangista/franquista de intervenir en los mercados de la electricidad para no asumir las consecuencias de sus resultados.

Por eso asistimos a la propuesta continua de medidas para laminar su funcionamiento. El Confidencial, volviendo al proteccionismo tan de moda con Trump, planteaba, para bajar el precio de la electricidad, prohibir la exportación de energía tal y como plantea Alemania en estos momentos hacia Francia. Cerrar las interconexiones que desde España tanto se reclamaron, siendo todavía manifiestamente mejorables en sus posibilidades. Lo que se supone que, sin infantilismos, podría acabar en la prohibición del comercio exterior energético en ambos sentidos (importación y exportación de energía), para evitar el simplismo y comprender que las balanzas tienen dos brazos. La medida se sugiere  y ofrece al Gobierno ante circunstancias especiales de mercado y de forma temporal.

Los retroprogresivos (partidarios de la intervención, contrarios al mercado, tendentes a la empresa única monopolista pública) siempre han sido partidarios de un modelo autárquico energético. En este sentido, estas pintorescas propuestas han encontrado su momento, aunque sea excepcional, y están poniendo a prueba el sistema (que emite señales correctas).  En este tipo de medidas, además, aún se puede llegar más lejos, como no aplicar las directivas comunitarias, abandonar el mercado ibérico, o incluso, dejar la Unión Europea o cuestiones semejantes, coherentes con ese modelo intelectual.

Por otra parte, el diario El País, no se sabe si por conocer los planes del Gobierno por ejercer esa ascendencia que tiene con Soraya Sáenz de Santamaría, proponía cambiar el método de fijación de los precios. Eso sí, artillería gruesa en la adjetivación de las frases (“explosiva”), despilfarro en la prosodia en los titulares (“luz de alarma”). Todo ello sin esperar a las conclusiones de la CNMC sobre la situación actual del mercado español y centrando su argumentación en las condiciones de volatilidad que supuso la eliminación, sin justificación, de las subastas CESUR, abolidas por el ministro Soria en otra crisis de este tipo.

Eso sí, la propuesta que efectúa el medio, un sistema de fijación de precios trimestrales públicos intervenidos al consumidor (tarifa) con un fondo de compensación de las diferencias a los agentes (una especie de déficit de tarifa), desencantará a los más conspicuos editorialistas del medio, más proclives a la intervención. También desde las redes sugieren que el Gobierno ejercitase la interrumpibilidad: es decir que se apagasen y cesasen en su funcionamiento las grandes fábricas e instalaciones que perciben este incentivo (siderurgia, acerías, cementeras, etc…) para bajar el precio de la electricidad. Opciones varias. Mientras tanto, el modelo de la posverdad arraiga en el suministro eléctrico.

La Fiscalía abre una investigación para averiguar el aumento del precio de la luz mientras desde Endesa lo ven conveniente

Europa Press.– Endesa ve bien que la Fiscalía de lo Civil del Tribunal Supremo haya abierto diligencias de investigación para conocer por qué el precio de la electricidad es tan elevado si esta iniciativa contribuye a rebajar la alarma social y explicar a la sociedad cómo se articula el recibo, según fuentes de la empresa consultadas. La Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar las razones que están originando los sucesivos aumentos de precio que se está registrando en el mercado eléctrico.

Estas diligencias se realizan, amparándose en el artículo 11.5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en defensa de la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, con el fin de determinar la realidad y naturaleza de estos hechos, según indicó el Ministerio Público. Desde la reforma del 2014, la Ley habilita a los fiscales para iniciar las llamadas acciones de cesación con el fin de defender los llamados intereses difusos de consumidores y usuarios, que sin la actuación de la Fiscalía quedarían indefensos.

Esta misma semana el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, anunció que el recibo de la luz se encarecerá de media unos 100 euros este año si se mantienen las condiciones actuales del mercado, lo que supone un nuevo máximo desde diciembre de 2013, en plena ola de frío. Este nuevo repunte de precios consolida las fuertes subidas en el mercado en este arranque del año, afectado por el efecto acumulativo de varias circunstancias, entre ellas la actual ola de frío, que han llevado a registrar las temperaturas más bajas del año.

Así, para encontrar un precio tan alto como el de este jueves habría que remontarse al 18 de diciembre de 2013, cuando se alcanzaron los 91,89 euros por MWh. Tras la escalada de precios durante aquel mes, el Gobierno decidió suspender el anterior sistema de subasta Cesur y sustituirlo por el actual, en el que la tarifa dejaba de consistir en un precio trimestral y quedaba referenciada al precio de cada hora en el mercado.

Para hacer frente a esta subida del precio de la electricidad, el Gobierno ha tomado medidas para fomentar la competencia en el mercado del gas con el fin de aumentar su oferta y que esta se traslade y abarate la electricidad. Nadal indicó que el objetivo de estas medidas, aprobadas en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, son aumentar la oferta para actuar en el mercado gasista, donde «está habiendo mayor subida de precios«. En concreto, el Ministerio ha dado el visto bueno a una resolución para su aprobación de «forma inmediata» para que exista «por primera vez» la figura de un «creador del mercado» en el sector gas, con el fin de que pueda comenzar a operar.

Nadal comparecerá el próximo jueves en el Congreso para informar sobre el incremento de los precios de la energía en los últimos meses y de los niveles máximos registrados en los últimos días en plena ola de frío. Nadal acudirá a petición propia y del PNV y PDECat a las 16.30 horas del jueves a la Comisión de Energía de la Cámara Baja para detallar el comportamiento de los precios de la luz y las medidas anunciadas en el mercado del gas. Por su parte, desde la oposición, todos los grupos parlamentarios han pedido una auditoría de los cotes energéticos como paso previo a una revisión o reforma del sistema tarifario de la luz actual.

Para reducir la alarma social

Las fuentes de Endesa consultadas señalan que la empresa está dispuesta a colaborar con la Fiscalía y desea que la sociedad conozca que el precio de la electricidad en el mercado mayorista tiene un peso del 35% sobre el recibo de luz, mientras que el 65% restante corresponde a costes regulados e impuestos ajenos a la gestión de las compañías, incluido el IVA del 21%. Desde Endesa indican que el eléctrico es el sector más auditado y lamentan la «alarma social» que están generando las subidas en el mercado mayorista, en las que inciden aspectos como las subidas de las cotizaciones internacionales de la energía.

Ciudadanos pide en el Congreso una auditoría de los costes energéticos y de la factura de la luz

Europa Press.- Ciudadanos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso por la que insta al Gobierno a impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético y otra del coste de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

En su proposición no de ley, firmada por la portavoz adjunta de Ciudadanos en el Congreso y portavoz de Energía, Melisa Rodríguez, la formación naranja pide impulsar una auditoría a todo los costes del sistema energético, tanto generación, transporte, distribución y comercialización, que «permita determinar con precisión los costes reales del sistema”. El objetivo es «fomentar la transparencia en el mercado eléctrico y poder emprender las reformas que fuesen necesarias para que la variación de los precios de la energía se corresponda con la de los costes reales de generación». Asimismo, pide impulsar una auditoria de la factura eléctrica para determinar adecuadamente qué costes deben ser asumidos por los consumidores y qué conceptos determinan el volumen actual de la misma.

De igual forma, insta al Ejecutivo a encomendar la elaboración de un informe por parte de la Agencia de Evaluación y Calidad (Aeval) sobre los resultados de las diferentes reformas del sector eléctrico llevadas a cabo por el Gobierno del PP, con «especial incidencia» en las implicaciones que las mismas han tenido para los consumidores particulares y para las industrias.

Intervención del Gobierno en 2013

La formación naranja recuerda en su iniciativa que hasta finales de 2013 el precio variable de la electricidad se fijaba a partir de las subastas Cesur. La celebrada el 19 de diciembre de ese año arrojó un incremento de los precios de la electricidad del 25,6% que, de haberse aplicado, hubiera provocado una subida de tarifa del 11%. Ante esta situación el Gobierno decidió entonces intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014, y el 1 de octubre de 2015 estableció un nuevo modelo de facturación horaria, para los consumidores acogidos a la tarifa regulada (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), que tuviesen ya instalado un contador inteligente y telegestionado.

De este modo, el precio del kWh varía cada hora, se calcula en función de la cotización del kilovatio cada hora, en el mercado mayorista y se traduce en 8.760 precios diferentes al año. Para Ciudadanos, estos incrementos en el precio variable de la energía, pero sobre todo, su «elevada volatilidad» como consecuencia de las sucesivas modificaciones acometidas en sus sistemas de fijación, ha terminado por provocar la «imposibilidad de conocer el grado de correlación entre su evolución y la de los costes reales de generación de la energía convencional».

Asimismo, Ciudadanos señala que durante este mes de enero los incrementos en la factura de la luz para los usuarios  registraron “una proporción desmesurada, fomentando de ese modo las situaciones de impago y dificultad económica para familias y empresas a la hora de asumir el coste de una de las facturas eléctricas más cuantiosas de Europa, según datos de Eurostat».

Por ello, dadas las «recurrentes dificultades» por las que atraviesa el sistema energético, como problemas de seguridad de suministro, recargos en la factura o dependencia internacional, que consolidan un «alza masiva» de los precios durante la última década, ve necesario conocer el conjunto del sistema y «determinar, de manera adecuada y transparente, cuáles son los costes que el funcionamiento del mismo conlleva y cómo deben ser asumidos por los consumidores».

Soria asegura que la multa de Iberdrola «prueba que el Gobierno lo hizo bien» pero Facua pide más al Ejecutivo

Redacción / Agencias.- Desde Facua-Consumidores en Acción consideran «ridícula» la sanción de 25 millones de euros impuesta por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a Iberdrola y a su juicio «no tiene efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura». Sí que resulta suficiente para el Ejecutivo puesto que el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que la multa «prueba que el Gobierno hizo bien en anular» la subasta eléctrica de 2013.

Soria argumenta que el informe de la CNMC «viene a acreditar que el Gobierno cuando tomó aquellas decisiones fueron decisiones adecuadas y acertadas», en referencia a la suspensión de la puja y la creación de un nuevo sistema. La CNMC multó con 25 millones de euros a Iberdrola por manipular el mercado mayorista eléctrico a finales de 2013, en las semanas previas a la subasta CESUR, una puja que cerró con un alza tal que hubiera encarecido el recibo eléctrico más del 13%. Ante esto, el Gobierno anuló el resultado de la subasta y, unos meses después, sustituyo el sistema de subastas por el actual precio vinculado al mercado mayorista.

«Es verdad que el Gobierno no tenía pruebas en aquel momento», reconoce ahora Soria, «pero todo apuntaba a que había habido una alteración para que aquello diera aquel resultado», insistió. «Ahora lo que dice el informe después de una investigación de dos años es que hubo una manipulación«, un hecho que ha lamentado, pero que ha considerado que demuestra que «el Gobierno hizo bien». Poco después de conocerse el informe de la CNMC, Iberdrola anunció que recurrirá la multa al negar que manipulara el mercado y defender que actuó como un gestor «prudente y razonable» de las centrales hidroeléctricas investigadas.

«Cumplir las reglas de juego»

Por su parte, la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, defendió que la CNMC es un «organismo independiente que tiene que velar para que haya unas reglas de juego que se cumplan«, además de dejar «funcionar el mercado en libre competencia».  «Es algo que todos debemos respetar», dijo Tejerina en referencia a la independencia de la Comisión, para agregar que hay que «atenerse a sus pronunciamientos».

Una multa «sin efecto disuasorio»

Mientras tanto, desdela asociación Facua-Consumidores en Acción consideran «absolutamente ridícula» la sanción de 25 millones de euros impuesta por la CNMC a Iberdrola y ven «indignante que una infracción tan grave se salde de esta manera» puesto que, a su juicio, la multa a Iberdrola «no tiene efecto disuasorio para evitar que se repitan fraudes de esta envergadura». Además, Facua reclama al Gobierno que intervenga el sector para acabar «con la especulación y los precios abusivos, de manera que fije íntegramente las tarifas sobre la base de los costes reales de la producción energética».

En concreto, la sanción a Iberdrola se refiere a las actuaciones realizadas mediante el incremento del precio de las ofertas de las centrales hidráulicas de Duero, Sil y Tajo, entre el 30 de noviembre de 2013 y el 23 de diciembre de 2013. «Las sospechas de que había manipulado el mercado llevaron al Gobierno a cambiar todo el sistema de fijación de precios y este decidió suspender las subastas Cesur, celebrada el 19 de diciembre de 2013, para evitar que la luz subiera de golpe casi el 11%, en lo que se llamó «el tarifazo» de la subasta», indicó Facua.

Competencia estima que el beneficio propio ocasionado por esa actuación del incremento del precio fue de unos 21,5 millones de euros, mientras que el impacto para el conjunto de la demanda se cifra en unos 105 millones de euros. «Ante este hecho, el Gobierno decidió intervenir y fijar una subida media en la tarifa eléctrica del 2,3% durante el primer trimestre de 2014″, denunció Facua.

Miguel Sebastián repasa el panorama energético y propone luz gratis para los primeros kilovatios hora consumidos

El exministro socialista de Industria, Miguel Sebastián, realiza en una entrevista a Europa Press un amplio repaso al panorama energético actual: Castor, renovables, déficit de tarifa… y propone que los hogares tengan electricidad gratis hasta un número concreto de kilovatios hora y que, a partir de ese umbral, el precio vaya aumentando en función del consumo, de modo que los colectivos vulnerables con menos demanda verán rebajada su factura y el conjunto de los consumidores tendrá incentivos al ahorro.

El también exdirector de la Oficina Económica de La Moncloa plantea esta propuesta con motivo de la publicación de su libro La falsa bonanza, en la que también en materia energética compara el nuevo decreto de autoconsumo con «obligar a sacarse una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio» y se muestra convencido de que el Estado ganará los litigios con los inversores internacionales de renovables al menos en lo referido a los recortes que él aplicó en su etapa como ministro.

La idea de Sebastián sobre el recibo eléctrico consiste en «un mínimo exento» en consumo. «Fuera término de potencia. Que haya un mínimo, habrá que ver cuánto, de electricidad gratis. Para todos. Una vez superado el mínimo exento, el porcentaje de lo que vas pagando va subiendo con tu consumo», propone. Para Sebastián, esta idea es parecida al tipo único del IRPF, que también defiende y en la que se exime de pagar por la primera parte de la renta. Si se aplica la medida al recibo eléctrico, «ya no sería necesario el bono social mientras se incentivaría el ahorro energético porque, a medida que se consuma, se pagaría más«.

Por otro lado, Sebastián asegura que, en el caso del almacén subterráneo Castor, las decisiones «sustanciales» como la ubicación no las tomó él y que la cláusula que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado «era habitual en España y en otros países». Esta cláusula «hablaba de indemnización siempre que la planta estuviera operativa, cosa que nunca llegó a producirse, por lo que no entiendo por qué se ha aplicado«, sostiene, antes de considerar que los almacenes subterráneo son necesarios para enfriar el precio en caso de subidas. «Eso es muy bueno para el consumidor, pero malo para alguien. ¿Qué enemigos tiene Castor? Me temo que no solo los medioambientalistas», señala.

Al pronunciarse sobre los recortes a las renovables aplicados por el Gobierno a partir de 2008 para pinchar la burbuja en torno a estas tecnologías, Sebastián considera que «se tendría que haber sido más rápido y contundente», si bien duda de que legalmente fuese posible. «La forma de frenarlo habría sido con otro decreto o un real decreto ley. La pregunta es si hubiéramos podido aprobar un real decreto ley urgente. Estoy seguro de que no. Es más, seguro que no nos hubieran dejado ni los nuestros», señala. «Al principio dijeron que habíamos sido muy duros con la fotovoltaica, pero a la larga acabarán diciendo que fuimos demasiado blandos», sostiene.

Critica el decreto de autoconsumo

En lo referido al decreto de autoconsumo aprobado recientemente, el exministro de Industria se muestra «completamente» partidario de derogarlo. «Comparto el argumento de que no puede ser que todos los consumidores paguen los beneficios que van a recibir los que hagan el autoconsumo. Sin embargo, no puede ser que para tener unos paneles en casa te obliguen a tener permiso como si fueras una empresa productora. Es como si te obligan a tener una licencia de taxi para llevar a los niños al colegio», afirma.

Sebastián también califica de «buena idea» la nueva factura por horas de la luz, aunque considera que es «un poco pronto» para aplicarla porque «primero hay que hacer la sustitución de contadores». «Cuando era ministro estaba desesperado con lo lenta que iba la sustitución y propuse a mis colaboradores pasar una norma para que a partir de ahora los contadores analógicos no se cobrasen. Pero los servicios jurídicos me dijeron que no podría hacerlo», explica.

Pese a ver con buenos ojos la factura por horas, Sebastián prefiere el sistema de subastas trimestrales que él puso en marcha para fijar el precio de la luz. «Yo no me hubiera cargado las subastas porque me parecía un mecanismo mucho más transparente y predecible que el de ahora», afirma. En todo caso, Sebastián reconoce su «mosqueo» ante las subidas de precios antes de la celebración de las subastas.

«Cuando pedíamos informes sobre las subastas, nos decían que no había ningún problema, pero siempre me mosqueaba que, cuando llegaba el momento, siempre subía el precio. A nosotros nos pasó un par de veces, pero todos los informes que pedíamos nos daban negativo y decían que no pasaba nada raro», señala. Este encarecimiento, indica, se debía a la toma de posiciones por parte de agentes financiero. «Cuando se mete el sistema financiero, realmente no sale nada bueno. En la fotovoltaica se metió el sistema financiero y la convirtió en un producto financiero: llevó a la gente a endeudarse para entrar en los huertos solares«, señala.

Sobre los arbitrajes internacionales por los recortes a las renovables, Sebastián se muestra confiado en que el Estado «ganará» los correspondientes a las medidas adoptadas en su etapa como ministro. «La gran crítica es la retroactividad y lo que hicimos nosotros no es retroactivco porque la prima a las renovables no la tocamos«, sino que recortamos el número de horas, indica. «Lo hemos ganado en el Supremo y lo ganaremos en la corte internacional. Las medidas que vinieron después, ya veremos», afirma Sebastián, quien atribuye las subidas de la luz y la generación de déficit de tarifa en su etapa a la fotovoltaica y a la caída de la demanda.

«Metimos 3.000 MW de potencia instalada cuando estaban previstos 400. Eso eran 3.000 millones al año de primas, y eso fue lo que desequilibró todo. Sin eso, lo demás habría sido manejable. Es verdad que si la demanda de electricidad hubiera crecido más, ese coste se habría repartido entre más y hubiera sido menor, pero en vez de subir en tres años un 5% anual como estaba previsto, lo que es un 15%, cayó un 10%. Eso hizo que el coste para los que seguían consumiendo fuera muy alto», añade.

Soria afirma que la bajada de la luz en 2014 se debió en parte al final del sistema de subastas

Europa Press.- El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, aseguró que durante el tiempo que estuvo vigente el sistema de subastas para fijar el precio de la electricidad, entre los años 2009-2013, los españoles pagaron en la factura «1.500 millones de euros adicionales por ese sistema», que cambió este Gobierno, «y en el año 2013 y 2014 por primera vez han caído los precios».

Soria señaló que con el sistema de subastas «el precio estaba garantizado», pero que a cambio los intermediarios cobraban una comisión anual de 300 millones de euros, aproximadamente. Soria indicó que hasta 2011 «los precios subían cada vez más», pero los ingresos que generaba el sistema eléctrico eran «crecientemente insuficientes para hacer frente a los costes de las actividades reguladas del sistema«. Es decir, para el transporte o las renovables, entre otros, para lo que «determinaba un creciente déficit en el sistema eléctrico», según Soria.

Para atajar el déficit tarifario, el Gobierno aplicó «una política consistente en aumentar los ingresos y disminuir los costes de las actividades reguladas del sistema», según el ministro. En consecuencia, «para 2013 había previsto un déficit estructural de 10.500 millones de euros», que se quedó en 3.400 millones por la política de disminución de costes, apuntó Soria, según el cual «en 2014, por primera vez en los últimos doce años, el sistema eléctrico en España se ha saldado en equilibrio«.

Por su parte, la senadora popular Juana Francisca Pons aseguró que la reforma eléctrica «evitó que la factura de la luz continúe disparándose e, incluso, los precios descendieran en los últimos años». Según explicó, entre 2004 y 2011 la factura de la luz crecía todos los años «de manera sistemática en un promedio anual de casi un 7%», mientras que las medidas tomadas por el Gobierno lograron que la factura disminuyera un 3,1% en 2013 y un 5% en 2014.

La reforma eléctrica «ha favorecido a los consumidores, que ven que lo que pagan por la electricidad está controlado y cada vez más pasará a representar una parte más pequeña de su presupuesto familiar gracias al nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad para el consumidor», apuntó Pons al preguntar a Soria sobre las ventajas que tendrá para el consumidor la nueva facturación por horas de la luz.