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La patronal APPA denuncia que «la falta de coherencia» del Gobierno con el carbón amenaza cumplir los objetivos de renovables

Europa Press.- La Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) denuncia «la falta de coherencia» del Gobierno que, por una parte, impulsa el desarrollo de las energías renovables, y, por otra, pone condiciones a las decisiones empresariales de cierre de centrales que las compañías no consideran viables.

La asociación critica que, aunque la actual Ley del Sector Eléctrico ya reserva al Ejecutivo la competencia para autorizar o no el cierre de las instalaciones de generación, mediante el nuevo real decreto pretende alargar «artificialmente» la vida de determinadas centrales de generación. Así, APPA considera que mantener artificialmente en operación centrales que hayan solicitado el cierre «va contra los objetivos» de penetración de renovables y posiciona a España a «contracorriente con Europa y el mundo», donde las centrales convencionales son «las que están desapareciendo del sistema energético a mayor velocidad». Por ello, pide al Ministerio de Energía demostrar que mantener abiertas de forma obligatoria determinadas centrales de generación es «positivo para el interés general».

Para APPA, ante la previsión de incorporar en un futuro cercano más de 8.000 megavatios (MW) renovables de las subastas realizadas en 2016 y 2017, «no se deberían establecer trabas a la decisión voluntaria de empresas para desmantelar centrales». Además, recuerda al Gobierno que debería existir una planificación de cuánta potencia renovable va a instalarse y también de cuáles van a ser las centrales de generación que van a cerrar.

Bruselas aprueba el régimen español de ayudas a las renovables

Europa Press.- La Comisión Europea ha dado luz verde al plan de España de ayudas a la producción de electricidad a partir de fuentes renovables al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado y que contribuirá a cumplir los objetivos de la Unión Europea en materia de energía y cambio climático.

El régimen está vigente desde 2014 y se aplica tanto a nuevos beneficiarios como a aquellas centrales que se acogían al régimen anterior. En total, cuenta con unos 40.000 beneficiarios y los pagos en 2016 en virtud de este plan ascendieron a 6.400 millones de euros, según explicó el Ejecutivo comunitario. Los beneficiarios de este sistema reciben una prima por encima del precio de mercado de electricidad. La ayuda tiene el objetivo de compensar los costes que no pueden ser recuperados mediante la venta de electricidad al mercado, así como de obtener un margen de beneficio razonable de la inversión.

Avala las subastas de renovables

Las ayudas a nuevas centrales se conceden desde 2016 a través de subastas competitivas, en la que los beneficiarios reciben compensaciones únicamente si el precio de mercado cae a niveles «muy inferiores» con respecto a los precios actuales. Esto, señala Bruselas, ayuda a garantizar la financiación de los proyectos y completarlos a tiempo. La Comisión Europea ha explicado que en las subastas de mayo y julio de este año compitieron diferentes tecnologías y se adjudicaron ayudas a más de 8 gigavatios de capacidad, sobre todo a parques eólicos y solares.

El Ejecutivo comunitario ha evaluado el régimen español de ayudas a las renovables para determinar si se ajusta a la norma europea que exige subastas competitivas y garantiza que la utilización de fondos públicos sea limitada y no exista sobrecompensación. Finalmente, arribó a la conclusión de que las medidas aumentarán el porcentaje de electricidad generada a partir de fuentes renovables y se reducirá al mínimo el falseamiento de la competencia causado por las ayudas estatales.

«Las últimas subastas de energía procedente de renovables en España han puesto de manifiesto los efectos positivos de la competencia. Las empresas están dispuestas a invertir en nuevas instalaciones con niveles muy bajos de ayudas estatales. La transición de España a un suministro de energía sostenible y bajo en emisiones es importante y este régimen contribuirá a ello», aseveró la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager.

El Gobierno prevé lanzar antes de fin de año una nueva subasta de renovables para Canarias

Europa Press.- El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prevé lanzar antes de final de año el proceso para una nueva subasta de potencia renovable en las islas Canarias, según indicó el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, que señaló que el Gobierno quiere «acelerar» en este último trimestre el procedimiento para adjudicar nueva potencia renovable en territorio insular.

Para ello, el secretario de Estado de Energía indicó que se cuenta con los Fondos de Desarrollo Regional (Feder), un mecanismo que es «interesante» para potenciar la instalación de renovables en Canarias. «La idea es hacer cuanta más potencia renovable en las islas, mejor, ya que tiene mucho sentido», subrayó, añadiendo que en un par de meses se «debería tener el esquema publicado y tramitando«.

El Gobierno ya adjudicó un cupo retributivo específico por una potencia de más de 400 megavatios (MW) renovables en Canarias y el objetivo es seguir profundizando en la introducción de energía verde en las islas. «Un área de desarrollo relevante en materia de renovables es la incorporación de más renovables en las islas», apuntó Navia en su discurso en el acto. A este respecto, valoró las dos «muy exitosas» subastas de potencia renovable para la Península, con la adjudicación de 8.000 MW verdes a «un coste muy beneficioso para el consumidor español». Por ello, consideró necesario «reevaluar» la capacidad de incorporar renovables y aseguró que «lo lógico es hacer más».

El Congreso pide más planificación al Gobierno y fijar en un calendario de subastas la instalación creciente de potencia renovable

Europa Press.- La Comisión de Energía del Congreso aprobó una proposición no de ley en la que insta al Gobierno a establecer un calendario de subastas energéticas en el que planifique la entrada en el sistema eléctrico de potencia renovable. Esta planificación, señala la iniciativa, deberá permitir el cumplimiento de los objetivos internacionales comprometidos de reducir emisiones, «avanzar hacia un sistema eléctrico 100% renovable» e incluir subastas de tecnologías específicas en caso de determinarse como prioritaria la instalación de determinadas tecnologías renovables.

La iniciativa, llevada a la comisión por Unidos Podemos, ha salido adelante con el respaldo además del PSOE y Ciudadanos, mientras que el PP votó en contra. Asimismo, el texto aprobado por el Congreso reclama que el procedimiento establecido en las subastas sea «sencillo, comprensible y transparente para los participantes», y que la competición entre participantes se establezca sobre la retribución a la energía generada, con el fin de incentivar «el buen funcionamiento futuro de las plantas que resulten ganadoras».

Por otro lado, el Congreso pide limitar los comportamientos especulativos de los participantes, estableciendo que cada planta que resulte ganadora cobre de acuerdo a la oferta que hubiera realizado en la subasta. Además, insta a incluir criterios ambientales y sociales «para matizar la oferta económica, específicamente aquellos que promuevan la disminución de emisiones de gases efecto invernadero en nuestro modelo productivo». Por último, el Congreso insta a ofertar un porcentaje específico para que la instalación de plantas en zonas con centrales térmicas y nucleares, «con el fin de asegurar una transición justa para estas zonas«.

Ciudadanos, grupo que ha apoyado la mayoría de estas iniciativas, ha solicitado la votación por puntos del texto propuesto por Unidos Podemos, ya que rechazaban algunos aspectos de la proposición no de ley que, finalmente, no han salido adelante. Estos puntos llamaban al Gobierno a establecer liquidaciones específicas para proyectos de menor potencia con condiciones favorables para su desarrollo por parte de cooperativas, ayuntamientos o particulares; así como para tecnologías renovables «en proceso de maduración».

El Gobierno autonómico de Canarias pide al Ministerio de Energía delimitar zonas en el archipiélago para instalar parques eólicos marinos

EFE.- El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Energía que se delimiten zonas en el archipiélago para la instalación de parques eólicos marinos, sin menoscabar otras actividades complementarias. El consejero canario de Economía e Industria, Pedro Ortega, se ha reunido con esta finalidad con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al que expresó el interés de la comunidad autónoma de liderar el desarrollo de esas nuevas energías.

«Las islas cuentan con unas condiciones idóneas para convertirse en laboratorio natural desde el que impulsar proyectos de I+D+i de eólica marina, pero es necesario trabajar en un marco de desarrollo adecuado que permita, entre otras cosas, reducir los plazos de ejecución a los que se enfrentan actualmente los promotores de energía», señala Ortega, que considera como una prioridad el constituir un grupo de trabajo en el que participen distintos departamentos de las dos administraciones con el fin de mejorar la coordinación entre todas las partes y reducir los plazos.

Ortega precisa que su departamento también trabaja con el Ministerio en otras medidas, como es la financiación de proyectos en I+D+i con fondos europeos, que ayuden a convertir a Canarias en una plataforma mundial de ensayo con energías renovables. En este sentido, recuerda que las islas ya acogen el desarrollo de proyectos pioneros, como el impulsado por una empresa privada en el litoral de Gran Canaria, que reduce los costes de montaje de aerogeneradores en los parques marinos. La Estrategia Energética de Canarias, vigente hasta 2025, incluye la instalación de 310 megavatios de potencia eólica marina, especialmente en aerogeneradores flotantes, que tienen un gran potencial de crecimiento en las islas.

Ortega aprovechó también la reunión para concretar los datos técnicos de la nueva convocatoria de energía eólica y fotovoltaica que saldrá este año para Canarias. Las bases de la convocatoria se publicarán en octubre. El volumen de potencia renovable que se incluya en esta subasta debe ajustarse a las previsiones de demanda para cumplir los objetivos energéticos que se propone el Gobierno de Canarias y que plantean lograr una penetración del 45% de las energías renovables en 2025. Asimismo, Canarias quiere aprovechar la convocatoria para repotenciar determinados parques eólicos en los que es necesario reemplazar la infraestructura existente para mejorar su eficiencia y conseguir más energía ocupando el mismo espacio.

Moody’s asegura que las subastas de renovables encarecerán los costes aunque ve positivo su resultado para Endesa y Gas Natural

Europa Press / EFE.- La agencia de medición de riesgos Moody’s considera positivas para Endesa y Gas Natural Fenosa las adjudicaciones de nueva capacidad renovable que obtuvieron en las últimas subastas celebradas en España, aunque advierte del riesgo que supondrá su mayor exposición a los precios del mercado. En este sentido Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables bajarán los precios del sistema pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias.

Entre las subastas de mayo y julio se han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s calcula que esto aumentará la capacidad de energía solar y eólica de España en un 29% para el final de 2019, hasta los 35.000 MW, lo que supondrá un paso más hacia el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea para 2020, que exigen que estas energías alcancen un peso del 20% del total. Además, augura que esta nueva potencia ayudará a reemplazar la producción a partir de carbón doméstico, que probablemente cerrará al final de la presente década.

Además, considera positivo que Endesa se adjudicase 879 MW y Gas Natural Fenosa, un total de 919 MW, ya que crecen sus «relativamente bajos» porcentajes de potencia renovable instalada, en un 50% y un 94%, respectivamente, en detrimento de la energía de origen térmico, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2, lo que servirá para apoyar las estrategias de estas compañías de avanzar en una generación de energía libre de emisiones. Sin embargo, Moody’s estima que estas subastas de renovables reducirán los costes de la electricidad y transferirán el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

Riesgos para productoras y comercializadoras

En este sentido, Moody’s cree que estas empresas estarán más expuestas a los riesgos de los precios del mercado, aunque apunta que empresas como Endesa y Gas Natural cuentan con capacidad suficiente para gestionar este riesgo a través de la optimización del uso de sus parques de generación de energía y de sus bases de suministro a clientes. Además, considera que cuentan con una ventaja sobre empresas más pequeñas a la hora de afrontar esos riesgos, entre otras la integración de su producción renovable en una cartera de generación más diversificada. Asimismo, al alinear su mix de generación con el promedio del mercado ibérico, reducirá el riesgo que tienen por su sobreexposición a tecnologías que serán desplazadas en el futuro.

La agencia cree que la capacidad adicional de las renovables añadirá «una presión negativa a largo plazo» sobre los precios medios de la energía en España desde 2020, debido a que las energías renovables se producen con unos costes variables «muy bajos«. Así, la energía térmica, más cara, será también menos frecuente, lo que reducirá los precios medios del pool.

Si estos precios bajan, el efecto negativo lo asumirán las comercializadoras con alto volumen de costes fijos, como Endesa e Iberdrola, alerta Moody’s. Asimismo, para el sistema eléctrico, la agencia estima que se ahorrarán aproximadamente 330 millones de euros en ayudas para los 8.000 MW adjudicados en las subastas, al haberse saldado sin primas para los promotores, lo que mejorará la viabilidad y sostenibilidad del sistema, al eliminar el riesgo de cambios retroactivos en el marco regulatorio de las renovables, como el realizado en 2013.

La oferta en renovables se concentrará empresarialmente más tras las subastas celebradas este año, según DBK

EFE / Europa Press.- Las recientes adjudicaciones de nueva potencia renovable, una buena parte de ella repartida en grandes lotes, “incrementará el grado de concentración de la oferta” en los próximos años, según un estudio de DBK Informa. El informe señala que las adjudicaciones de potencia que se han hecho en las recientes subastas para nuevas instalaciones de energía renovable contribuirán a “modificar a medio plazo la estructura competitiva” del sector, en el que ya hay una concentración elevada en los segmentos de energía solar termoeléctrica y eólica.

En 2016 las diez primeras empresas con más potencia instalada de energías renovables (eólica, solar fotovoltaica y solar termoeléctrica) concentraron el 57% de la potencia renovable total. La concentración es más elevada en el segmento de la energía solar termoeléctrica, con un 73% de la potencia total instalada en manos de las 10 primeras empresas, y en la eólica, con un 70%, mientras que el de energía solar fotovoltaica, que es el más atomizado, suponen el 13% del total. En las subastas celebradas en 2016 y 2017 se han adjudicado 8.037 megavatios (MW) de nueva potencia de energías renovables, lo que reactivará la promoción de nuevas plantas de energías renovables.

La firma señala que 2016 se cerró con 32.486 MW de potencia instalada de energías renovables en España, un 0,2% más que en 2015, dentro de la tendencia de bajo crecimiento que ha habido últimamente. Las instalaciones de energía eólica suponían al finalizar 2016 el 70,1% de la potencia instalada; las de solar fotovoltaica, el 14,2%, y las de termoeléctrica, el 7%; mientras que el resto, un 8,7%, se repartía entre instalaciones hidráulicas de régimen especial y plantas de biomasa.

En España había en funcionamiento 1.359 parques eólicos, con una potencia total de 23.026 MW, y 61.386 plantas de energía solar fotovoltaica conectadas a la red, que sumaban 4.674 MW, un 0,3% más que en 2015. El número de instalaciones de energía solar termoeléctrica se viene manteniendo estable desde 2013 y al finalizar 2016 existían 51 centrales con una potencia total instalada de 2.300 MW.

A pesar del crecimiento del 0,2% que hubo en la potencia renovable instalada, los ingresos por la venta de energía eólica y fotovoltaica cayeron un 9,3% con respecto a 2015, hasta los 7.069 millones de euros. La facturación del negocio solar fue de 4.212 millones de euros (2.739 millones en fotovoltaica y 1.473 en termoeléctrica) y el del eólico de 2.857 millones. La mayor caída en los ingresos por venta de energía fue para la eólica, con un descenso del 15,9%, mientras que la facturación de la fotovoltaica y de la termoeléctrica disminuyó un 4,3%.

Reflexiones y apuntes entre líneas

Del comienzo del curso energético se sugieren distintos apuntes y elementos derivados. Resulta evidente que las empresas del sector valoran positivamente que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética sea precisamente eso, una ley, alcanzando el máximo rango legal y proporcionando mayor seguridad jurídica, con el añadido de que para su elaboración se consiga el necesario consenso de una norma tan importante para el futuro del modelo energético español.

Cabe esperar que los goznes que articulan su proceso de elaboración, la definición de los escenarios, así como las medidas correlacionadas y adyacentes sean coherentes, alineados y coordinados, incluyendo en este mecanismo a la Comisión de Expertos. Precisamente la apertura del proceso de participación para la regulación del cierre de centrales es un síntoma de fuga del engranaje puesto en marcha por el propio Gobierno, una regulación por tanto que debería ser reconducida e incardinada a los trabajos de estos expertos, algo que además debería percibirse con claridad para que la labor de esta Comisión no quede en papel mojado a las primeras de cambio.

Por otra parte, el Gobierno asegura que considera importante mantener la energía nuclear en el mix de generación en la medida que contribuye al cumplimiento de los objetivos de emisiones. Esta afirmación debería conducir a una revisión del modelo de fiscalidad que recae sobre esta tecnología, convertida en un objeto tributario en sí mismo en nuestro país. Fiscalidad que debe ser revisada en el conjunto de un modelo de fiscalidad verde, coherente con los objetivos de la política energética y medioambiental, más allá de los criterios recaudadores, y con la necesaria contribución de otros sectores como el transporte. Las recientes recomendaciones de la Comisión Europea sobre el modelo de fiscalidad verde español definen el espacio de carencias y mejoras necesarias.

Por otro lado, empieza a existir un cierto disenso en el proceso compulsivo de lanzamiento de subastas de potencia renovable que ha determinado dos subastas en tres meses y 8.000 MW incorporados para cumplir los objetivos de la Unión Europea ante el parón de estos últimos años. Las críticas al mismo han hecho mella incluso en la propia Administración energética, que reconoce que el procedimiento no habría sido el mejor.

Finalmente, en lo que se refiere a la política del Ministerio de Energía, empieza a evidenciar fatiga de materiales el afán de dotarse de espacios de discrecionalidad (para promover subastas inesperadas de potencia renovable sin un modelo de planificación, para tratar de impedir el cierre de centrales, para aplicar los superávit contables a la política tarifaria) o para autopermitirse fórmulas indulgentes con la inseguridad jurídica o a la retroactividad retributiva, con justificaciones tan espurias como la escasa interconexión energética con Europa, el nuevo mantra ministerial.

Este debate necesariamente se va a hacer cada vez más sofisticado y menos maniqueo. La necesidad de confianza (seguridad jurídica) y de previsión van a requerir otra forma y de otras formas en la regulación del sector. Los procesos abiertos en el ámbito europeo (Parlamento, Comisión Europea y Dirección General de Competencia) van a ser escenarios a tener muy en cuenta en todo este proceso.

El Gobierno señala la importancia de las interconexiones energéticas para alcanzar los objetivos de renovables

Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha afirmado que el Gobierno no condiciona los objetivos de energías renovables a la existencia de más interconexiones energéticas en la Unión Europea aunque sin ellas «España no llega» a su cumplimiento. Se trata de una cuestión planteada por España y Portugal, países que han pedido aumentar las interconexiones para avanzar en el mercado único energético y acabar con la «isla energética» que es la Península Ibérica.

Para elaborar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno ha creado un grupo de expertos a propuesta del propio Ejecutivo, los grupos políticos, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Navia explicó que no se trata de proporcionar al Gobierno una estrategia energética, sino que aporte iniciativas y que cada una de ellas vaya asociada con un análisis de sus costes y beneficios. Respecto a esta ley, Navia destacó la interlocución que el Gobierno mantiene con los grupos de la oposición en el Congreso, con quienes hay un diálogo «muy positivo».

El secretario de Estado destacó la importancia del consenso social y su sostenibilidad financiera para la predictibilidad de la ley y su duración en el tiempo ya que consideró que tendrá que hacerse una ley que genere empleo y no suponga una reducción de la industria o que haya mayores costes que ingresos”. «Si no es sostenible financieramente, la realidad se impondrá y se cambiará», al tiempo que recordó la inserción de la ley en la legislación europea. «España tiene que acompasarse e influir en la política europea, para lo que es fundamental que como país demos una imagen coherente», señaló Navia, por lo que destacó la existencia de un proceso abierto de participación y consulta pública de la ley.

Según Navia, el objetivo de la ley es vertebrar los esfuerzos por cumplir los objetivos de cambio climático a la vez que se tiene en cuenta la eficiencia y «se crea prosperidad económica». Así, Navia subrayó la importancia de que la transición energética sea un proceso gradual y señaló la conveniencia de diversificar políticas para evitar errores que «nos lleven a situaciones de no retorno».

Destacó la duplicidad de sistemas energéticos para cubrir la demanda todos los días, independientemente de la climatología, «salvo que se desarrolle la tecnología de almacenamiento». Para ello, la solución es pagar por la capacidad, por un sistema de respaldo a las renovables que dé seguridad en el suministro y garantía de precio. «Quién sea capaz de garantizar la capacidad a un precio competitivo es el que debe participar«, aseguró Navia.

En cuanto a la energía nuclear, el secretario de Estado afirmó que la postura del Gobierno «es clara» al señalar que «la energía nuclear tiene que jugar un papel en el mix energético ya que renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones». Navia ha vuelto a mostrar la postura favorable del Gobierno a prorrogar en 10 años la vida útil de las centrales, como están haciendo otros países de Europa, y ha manifestado que renunciar a ella implica costes económicos y medioambientales. «También tiene una idea de gradualidad y reversión de las políticas. Llevamos 40 años invirtiendo en energía nuclear y no tendría sentido amortizarla inmediatamente» apuntó.

A pesar de reconocer que no ha sido la forma «más óptima», también ha defendido las dos recientes subastas de renovables, que en conjunto han sumado 8.000 megavatios (MW), pues considera que estas nuevas adjudicaciones de retribución a las renovables sólo se han podido hacer «cuando ha habido margen financiero». «Han sido un gran éxito y son razonablemente defendibles», sostuvo Navia, que destacó que al haber esperado más que otros países «ahora estamos aprovechando las ventajas tecnológicas desarrolladas los últimos años».  Respecto al vehículo eléctrico, avanzó que antes de fin de año habrá iniciativas para desarrollar infraestructuras de recarga, pues incentiva más la compra de estos coches que las subvenciones y tiene un coste menor.

Asimismo, cree que la ley debe profundizar y buscar un «tono más social» de la eficiencia en aquellos hogares con menores recursos. «Tiene mucho sentido que estas casas tengan más acceso a recursos para mejorar la eficiencia». Por último, en cuanto a la cuestión del autoconsumo, aseguró que el Gobierno «está totalmente abierto a nuevas propuestas» y quiere eliminar trabas administrativas, aunque no es partidario de subvencionar el autoconsumo a pequeña escala porque es más eficiente hacerlo a otras renovables.

La mayor planta solar fotovoltaica de Guadalajara estará en El Casar con 13 MW adjudicados en la última subasta

EFE.- El municipio de El Casar acogerá la instalación de una planta solar fotovoltaica de 13 megavatios (MW), capaz de abastecer de energía a unos 7.200 hogares, con lo que se convertirá en la mayor generadora de energía a través del sol de la provincia de Guadalajara.

El Ayuntamiento de El Casar ha informado de la creación de esta planta, que será construida por la empresa Alten El Casar, participada al 50% por el Grupo Ortiz y Alten, que resultó adjudicataria de este proyecto en la última subasta de energías renovables celebrada en julio. El alcalde de El Casar, José Luis González Lamola, ha informado al pleno municipal sobre este proyecto y ha subrayado la «importancia» que tendrá para la localidad al generar empleo «y también un importante beneficio social y medioambiental».

De hecho, González Lamola ha señalado que durante la construcción de la planta «no solo participará la adjudicataria, sino también otras 3 empresas locales que se ocuparán de partes concretas de la obra, que tiene un plazo de ejecución de año y medio». La instalación fotovoltaica adjudicada a Alten El Casar, que se construirá en terrenos próximos a la N-320, tendrá módulos distribuidos en 4 plantas solares de 3,3 megavatios, según el Ayuntamiento, que destaca que “se podrá generar energía renovable al sistema eléctrico nacional y evitar la emisión a la atmósfera de unas 743 toneladas de dióxido de carbono«.