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Los sectores financiero y energético urgen al Gobierno políticas climáticas predecibles para poder financiar inversiones necesarias para descarbonizar la economía

EFE.- Altos representantes de sectores financiero y energético, como los presidentes del BBVA, Francisco González, e Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, coincidieron en urgir políticas de cambio climático y transición energética claras y predecibles para saber a qué atenerse en sus decisiones.

Así lo han destacado en el primer Foro de Finanzas Sostenibles organizado por el BBVA, que inauguró la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría con un discurso en el que ha reafirmado el compromiso del Gobierno con el pronto desarrollo de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética para «reforzar el cumplimiento del Acuerdo de París». La vicepresidenta ha valorado que los bancos y energéticas españolas estén a la vanguardia frente a retos como el cambio climático y se comprometió a que el Ejecutivo proporcionará el marco regulatorio que demandan mediante la citada ley y el plan nacional de energía y clima (2021-2030).

El presidente de Iberdrola ha incidido en la necesidad de una acción coordinada entre el Gobierno y las empresas, mediante el desarrollo de una regulación climática y energética «predecible», para que sepan a qué atenerse y las compañías puedan recibir de los bancos las «masivas inversiones» que van a hacer falta para la descarbonización y la electrificación de la economía. Galán ha resaltado que las empresas pueden ver la transición hacia una economía baja en carbono como amenaza u oportunidad, y en el caso de Iberdrola el verla de esta última manera le ha permitido multiplicar por 6 su tamaño y ha pasado de tener un negocio radicado en su totalidad en España a tener el 70% fuera del país.

Sánchez Galán ha manifestado que el cambio climático es un problema de todos, en el que cada uno tiene que poner su «granito de arena». En este sentido, ha explicado que el sector eléctrico tiene tecnología para transformar su modo de producir de forma más eficiente y que serán necesarios cerca de 20 billones de dólares en los próximos 25 años para conseguir la electrificación de la economía. Sánchez Galán ha añadido que es precisa una acción coordinada entre empresas y Gobiernos para frenar el cambio climático y, en concreto, políticas energéticas «claras» y «transparentes» construidas en base a un diálogo entre todos los agentes.

El presidente de Iberdrola ha sostenido que el mundo avanza hacia un sistema financiero que cada vez exige más transparencia en cuanto a los riesgos asociados al cambio climático, donde proliferan los fondos que no quieren invertir en fósiles y las entidades financieras y aseguradoras que se niegan a financiar proyectos no sostenibles, como las centrales de carbón. Asimismo, ha indicado que hay cada vez un entorno más favorable desde el punto de vista financiero para incentivar la sostenibilidad y ha vaticinado que llegará un momento en que los bancos centrales introducirán ratios en función del compromiso con estas cuestiones.

Por su parte, Francisco González ha subrayado el compromiso del BBVA con la financiación de la transición hacia una economía baja en carbono, así como con proporcionar información transparente a sus clientes para que tomen las mejores decisiones y eviten riesgos asociados a la transición hacia un modelo bajo en carbono. El BBVA, ha dicho, cuenta con una estrategia de cambio climático y desarrollo sostenible a 2025 basada en tres pilares: financiar, gestionar e involucrar.

De este modo, ha subrayado que el banco movilizará 100.000 millones de euros en financiación verde y social hasta 2025; que para esa fecha habrá reducido sus emisiones de CO2 en un 68% respecto a 2015 y el 70% de la energía que use será renovable. Además, el BBVA acaba de emitir el que será el primer bono verde de una entidad española y el de mayor importe realizado en la eurozona, y seguirá en esta línea con el fin de canalizar fondos para financiar proyectos de energías renovables, eficiencia energética o gestión de residuos.

Por su parte, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, reconoció que empresas como la petrolera española «son parte del problema» del cambio climático, pero también quieren ser «parte de la solución», y para ello toman sus decisiones en consonancia con el objetivo acordado por los países en el Acuerdo de París. En este sentido, subrayó la apuesta que Repsol ha hecho por el gas, que será la tecnología que dé soporte y seguridad en la transición energética y el desarrollo de las renovables.

Ha recordado que Repsol ha sido pionera dentro del sector de petróleo y gas en emitir un bono verde el año pasado por valor de 500 millones de euros, que compromete a la compañía a la reducción de las emisiones de CO2 en proyectos de refino. Por otra parte, indicó que en el diseño de la senda más eficiente para la reducción de emisiones van a ser necesarios todos los agentes del sector energético, así como que las estrategias de lucha contra el cambio climático deben ser una oportunidad para las empresas que las adoptan y éstas puedan tener un mejor acceso a la financiación.

Lambán (Aragón) se muestra convencido de que el PSOE apoyará la ley para evitar el cierre de las centrales térmicas

EFE.- Mientras la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterado en León el compromiso del Gobierno y del grupo parlamentario popular con la minería del carbón, como demuestran sus iniciativas, el presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, se ha mostrado «prácticamente convencido» de que el PSOE apoyará en el Congreso de los Diputados la proposición de ley para regular el cierre de las centrales térmicas anunciada por el ministro de Energía, Álvaro Nadal.

Lambán ha explicado que los responsables socialistas de Asturias, Castilla y León y Aragón se han reunido con la dirección del partido para abordar este asunto. Sobre este encuentro, Lambán constató una «predisposición bastante favorable» por parte de su partido a apoyar la proposición de ley anunciada por el Gobierno para regular el cierre de las centrales térmicas, en el caso de que finalmente se lleve el texto al Congreso de los Diputados. En este sentido, el Gobierno de Aragón apoya «sin fisuras» que el Gobierno pueda intervenir para evitar el cierre de la central térmica de Andorra (Teruel). «Y estoy prácticamente convencido de que si el ministro Nadal lleva esa ley al Congreso, el PSOE la apoyará», ha resaltado.

El PP y el carbón

Por su parte, Sáenz de Santamaría ha criticado la postura de la oposición en el Congreso en lo que respecta al carbón y al mantenimiento de las centrales térmicas, y ha lamentado que no se les haya visto preocupados por este asunto. «Nuestro compromiso como grupo parlamentario está ahí y contamos con el apoyo, entre otros, del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera», ha precisado la vicepresidenta. «Ahora lo que nos gustaría es tener el apoyo del resto de grupos políticos a los que no hemos visto muy interesados por esta cuestión, pero trabajaremos para tener su apoyo en el Congreso«, ha apuntado.

Ha recordado que el grupo parlamentario popular, en contacto con el Ministerio de Energía, tiene previsto presentar una iniciativa para la pervivencia del sector a través del mantenimiento de las centrales térmicas. «Creo que hemos hecho un esfuerzo muy importante y con una gran sensibilidad hacia un sector clave y en el ámbito de lo que es el futuro de nuestra energía podemos encontrar mecanismos para poderle dar la solución que siempre hemos buscado», concluyó.

El Gobierno augura un «gran impulso» al medio ambiente en 2018 con leyes para frenar el cambio climático

Europa Press.- La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, anuncio que el Ejecutivo dará en 2018 un «gran impulso» al medio ambiente, a través de un conjunto de normativas que contribuirán a frenar el cambio climático en el marco de la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para el año 2018. La vicepresidenta comprometió que en 2018 se tramitarán 9 leyes, de las que 3 estarán dedicadas a la protección del Medio Ambiente.

Concretamente, ha anunciado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, de la que el Gobierno ya ha señalado con anterioridad que su borrador estará listo en el primer trimestre del año. Según el Ejecutivo, esta norma busca establecer un marco normativo que recoja los objetivos a medio y largo plazo de reducción de emisiones de gases invernadero y los objetivos en materia de energía.

Además, ha anunciado la Ley por la que se establecen objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y de la energía suministrada en el transporte. Según el Gobierno, este anteproyecto de Ley pretende establecer la obligación de reducir la intensidad de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida de los combustibles y la energía suministrada en el transporte. Así, se incorporaría al ordenamiento jurídico español la Directiva 2009/30/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo.

Objetivos hasta 2020 con biocarburantes

Esta directiva introduce un nuevo artículo 7 bis en la Directiva 98/70/CE, que establece que como máximo el 31 de diciembre de 2020 deberán haberse reducido los gases de efecto invernadero durante el ciclo de vida por unidad de energía del combustible o energía suministrada en el transporte hasta el 10%, un 6% con carácter obligatorio y el 4% restante con carácter indicativo, en comparación con el nivel medio de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010 (94,1 de C02eq/MJ). Ese objetivo deberá cumplirse con biocarburantes que cumplan los criterios de sostenibilidad, combustibles alternativos y reducciones en la quema en antorcha y venteo en los emplazamientos.

Asimismo, la Ley incorpora el anexo ll de la Directiva (UE) 2015/652, del Consejo, de 2015, por la que se establecen métodos de cálculo y requisitos de notificación de conformidad con dicha Directiva 98/70/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la calidad de la gasolina y el gasóleo. El referido Anexo ll establece el nivel medio de las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de energía derivada de los combustibles fósiles utilizados en la Unión Europea en 2010, cuyo valor es de 94,1 g de C02eq/MJ.

En tercer lugar, indicó que se tramitará una ley por la que se modifica la Ley 1/2005 de 9 de marzo por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, en lo que afecta al régimen sancionador. Con ello se modificarán los umbrales de las multas a imponer en función de la gravedad de la conducta para adaptar la actual redacción a la experiencia acumulada y se amplía el plazo para tramitar y resolver dichos expedientes.

El Gobierno aprueba 36,1 millones para conceder ayudas de 10 euros por tonelada de carbón nacional

Redacción / Agencias.- El Consejo de Ministros aprobó el acuerdo para autorizar la convocatoria de ayudas adicionales al carbón por 36,1 millones de euros, que suponen una ayuda adicional de 10 euros por tonelada, según avanzó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que explicó que se trata de ayudas aprobadas por la Unión Europea para compensar las pérdidas de producción sufridas por el sector del carbón por las caídas de precios del mineral de importación, que agravaron la situación del sector en España.

2016: 61,4 millones en ayudas

En este contexto, el Gobierno alcanzó un acuerdo con la Comisión Europea en mayo para poder otorgar una ayuda adicional para el periodo 2016-2018, tanto para las minas subterráneas como de cielo abierto. La nueva ayuda adicional supone 10 euros por tonelada de carbón para 2016 y es compatible con la normativa europea, que limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta el 2018, con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas. El acuerdo alcanzado con la Comisión Europea, según indicó el Ministerio de Industria, también incluye la autorización del Plan de Cierre de España, lo que supone que todas las ayudas otorgadas desde 2010 a las compañías mineras son válidas.

Dentro del plan de cierre de las instalaciones mineras no rentables, se contemplan diferentes mecanismos entre los que se incluyen otra partida de ayudas ordinarias a la producción, adicionales a las ayudas por el mismo importe ya previstas en el Plan de la Minería, por valor de 25,3 millones de euros y cuyo acuerdo para tramitación también se aprobó, con lo que se elevan a más de 60 millones las ayudas para el ejercicio 2016.

De la cuantía total de la ayuda, cerca de 1,6 millones van destinados a la empresa pública Hunosa (1,3 millones en 2016 y 260.000 euros en 2017) y 34,4 millones a empresas privadas (28,7 en 2016 y 5,7 en 2017). Esta ayuda excepcional se suma a la ayuda ordinaria de 2016, que estaba dotada con 25,3 millones de euros. Con estas decisiones «se facilita el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea sin menoscabar el desarrollo de las comarcas mineras», indicó Sáenz de Santamaría.

Castilla y León: “Da oxígeno”

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, aplaudió la rapidez con que el Gobierno central aprobó las ayudas adicionales a la extracción de carbón autóctono porque suponen «un balón de oxígeno» para el sector minero. En este sentido, Del Olmo recordó la reciente reunión entre el presidente autonómico, Juan Vicente Herrera, y el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, quien asumió las funciones de Energía tras la dimisión de José Manuel Soria. Precisamente este relevo es lo que, según Del Olmo, ha podido motivar el cambio de posición del Gobierno central.

Del Olmo destacó que estas ayudas se aprueban en un momento en el que el Gobierno central tiene sobre sí un cierre presupuestario que dificulta las autorizaciones de gasto, por lo que recalcó que «añade un valor» a la decisión adoptada y revela que el Ejecutivo es consciente de que se trata de un problema «importante y urgente». La consejera destacó que, además de esta medida, existen otras de ámbito autonómico como el Plan de Dinamización de los Municipios Mineros y el acuerdo para que el Gobierno desbloquee otros 152 millones de euros de ayudas, que van en la misma dirección de apoyo al sector.

Industria carga sobre Endesa, Iberdrola y Gas Natural el 93% del bono social de la luz en 2016

Europa Press.- El Ministerio de Industria, Energía y Turismo publicó en el BOE la orden ministerial en la que se aprueban los porcentajes de reparto de la financiación del bono social para 2016. Tras tener en cuenta aspectos como el número de suministros conectados a la red de distribución y de clientes de las filiales de comercialización, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa deberán financiar el 93% de la ayuda, destinada a colectivos vulnerables.

Concretamente, Endesa financiará un 41% del bono social en 2016, frente al 37,9% de Iberdrola y el 14,7% de Gas Natural Fenosa. Otras 21 sociedades participarán en la asunción de este coste, entre ellas EDP España, con 3,2%, y Viesgo, con un 2,2%. El bono social consiste en un descuento de hasta el 25% en el recibo de la luz de familias con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensiones mínimas y potencias inferiores a 3 kilovatios (kW). El coste total ronda los 200 millones de euros al año.

La orden ministerial aparece firmada por la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, que ejerce también la titularidad de la cartera de Industria tras la renuncia de José Manuel Soria por el caso de los Papeles de Panamá, decidiese inhibirse. El ministro de Economía en funciones ya actuó de esta forma en la aprobación de la orden ministerial acerca de los valores retributivos para la operación de las plantas de cogeneración para el segundo semestre del año, así como en la correspondiente a la retribución a la actividad de distribución.

Para inhibirse en la firma de las órdenes y decretos, De Guindos se acoge al artículo 11.2.e de la Ley que regula el ejercicio de los altos cargos de la Administración. Este artículo establece que existe conflicto de intereses cuando el alto cargo tuvo una relación laboral o profesional de cualquier tipo con personas jurídicas o entidades privadas en los dos años anteriores a su nombramiento. Guindos fue consejero de Endesa y miembro de su comité de nombramientos y retribuciones hasta que fue designado ministro de Economía en diciembre de 2011. De firmar una orden ministerial sobre el sector eléctrico, vería además ampliado el plazo de incompatibilidad para trabajar en alguna empresa con actividades relacionadas.

El Gobierno fija en 6.872 millones de euros la retribución en 2016 por el transporte y distribución de electricidad

Europa Press.- La retribución que recibirán las compañías eléctricas este año por sus actividades de transporte y distribución de energía ha quedado fijada en un importe global de 6.872,6 millones de euros, según figura en dos órdenes del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. En concreto, el Gobierno ha establecido que la retribución por las actividades de distribución de energía sea durante este año de 5.162,6 millones de euros, mientras que las actividades de transporte serán retribuidas con casi 1.710 millones de euros.

Dentro de las actividades de distribución, Endesa será la que recibirá una retribución mayor este año, con 2.023 millones de euros, seguida de Iberdrola (1.655,4 millones de euros). Entre ambas concentran el 71% del importe total fijado para 2016. Por su parte, Gas Natural Fenosa percibirá 718 millones de euros; Hidrocantábrico contará con 182,5 millones de euros y Viesgo, con 154,8 millones. En las actividades de transporte, la que más dinero recibirá es el gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica de España (REE), con 1.681,3 millones de euros, el 98,3% del montante global establecido por el Gobierno. Gas Natural Fenosa será retribuida con 27,8 millones de euros; Vall de Sóller con 662.105 euros y Estebanell y Pahisa, con 209.356 euros.

La Ley del Sector Eléctrico establece que las metodologías de retribución de las actividades de transporte y distribución de energía se fijarán reglamentariamente atendiendo a los costes necesarios para construir, operar y mantener las instalaciones eléctricas. Posteriormente se estableció una metodología para calcular la retribución de estas actividades mediante una formulación «clara, estable y predecible» con el objetivo de aportar estabilidad regulatoria y reducir los costes de estas actividades eléctricas.

La orden sobre retribución por las actividades de distribución fue firmada por la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, que asumió Industria, Energía y Turismo tras la marcha de José Manuel Soria, decidiera inhibirse alegando un posible conflicto de intereses por su pasado como consejero de Endesa.

Iberdrola tendrá el 8,1% de la nueva Gamesa-Siemens y dos consejeros

Servimedia / EFE.– Mientras se suceden las reacciones del Gobierno central, el Ejecutivo autonómico vasco o el sindicato UGT a la fusión de Gamesa y el negocio eólico de Siemens, Iberdrola indicó que tendrá un 8,1% del capital social de la nueva Gamesa resultante. En el marco de este proceso, la compañía eléctrica, como accionista de referencia de Gamesa con una participación hasta el momento del 19,686%, ha cerrado un acuerdo con la compañía alemana, que ha sido remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), para apoyar la fusión.

Este acuerdo, según Iberdrola, tiene por objeto fundamental la defensa de todos los accionistas de Gamesa y, en especial, de los minoritarios, garantizándose mediante este pacto que el control ejercido por Siemens tenga los correctos contrapesos y controles internos, una adecuada presencia de independientes en el Consejo y una apropiada gestión de la Sociedad, mediante la aplicación de las mejores prácticas de gobierno corporativo. El acuerdo de accionistas entre Iberdrola y Siemens garantiza, además, la representación de la primera en el máximo órgano de gestión de la Sociedad resultante: 2 de los 13 miembros del consejo de administración serán consejeros dominicales de Iberdrola, que no podrán participar en las decisiones comerciales de Gamesa que afecten a clientes competidores de Iberdrola.

La eléctrica asegura que siempre respaldó, desde el comienzo de las negociaciones, el acuerdo entre ambas empresas con el objetivo de crear un líder mundial en la fabricación de aerogeneradores eólicos con sede en España. En esta línea, el presidente de la eléctrica, Ignacio Sánchez Galán, afirma que «estamos muy satisfechos de haber podido contribuir a la creación del mayor fabricante de aerogeneradores del mundo, que tendrá su sede en España, cotizará en las bolsas españolas y en el que Iberdrola seguirá siendo un accionista destacado«. Tras meses de conversaciones, Iberdrola considera que la combinación de Gamesa y Siemens dará lugar a una empresa con un potencial y una fortaleza que no tendrían por separado.

Iberdrola valora también los beneficios que con la operación obtendrán todos los accionistas minoritarios de Gamesa, que ha tenido presentes en todo el proceso de negociación de su acuerdo con Siemens. Así, los accionistas de Gamesa recibirán un importe de 3,75 euros por acción vía dividendo extraordinario, que se abonará en los 12 días hábiles tras la culminación de la fusión y que supondrán más de 200 millones para la eléctrica, y se beneficiarán de las sinergias estimadas de 230 millones de euros anuales en términos de resultado de explotación.

UGT pide conocer más detalles

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA) indicó que la dirección de Gamesa ha mostrado su disposición para informar «de primera mano» al sindicato de los contenidos del acuerdo de integración con Siemens en el marco de la reunión que se ha solicitado para conocer el alcance y los detalles de la citada fusión.

El Gobierno no se posiciona

Quien no se ha pronunciado es la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que rechazó hacer valoración alguna tras el Consejo de Ministros sobre la fusión de Gamesa con la compañía alemana Siemens. «El Gobierno no valora decisiones empresariales», sentenció Sáenz de Santamaría, que señaló que el Ejecutivo «se centra en fortalecer la inversión y los puestos de trabajo».

Oportunidad para la industria vasca

Asimismo, la consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno Vasco, Arantxa Tapia, indicó que la fusión entre Gamesa y Siemens es una «oportunidad para el posicionamiento de la industria vasca en el mundo» al tiempo que mostró su satisfacción porque la sede de la nueva compañía que surge de este acuerdo se mantendrá en Zamudio (Vizcaya). Además, ha subrayado la importancia de que esta fusión se haya llevado a cabo en un ámbito «prioritario» para Euskadi, como es el de la energía, y ha hecho hincapié en que con esta operación la industria vasca «fortalece su posicionamiento a nivel mundial» porque «se abren nuevas oportunidades» tanto para Gamesa, como para otras firmas del País Vasco en los mercados exteriores.

«La dimensión que se adquiere y el nuevo socio empresarial deben ser elementos que fortalezcan las capacidades de Gamesa, sin perder arraigo y compromiso con Euskadi», defendió Tapia, que recordó que está por definir el cierre detallado de esta operación y aseguró que el Gobierno vasco «lo seguirá de cerca» con el deseo de que «se mantenga el compromiso con la industria vasca» y de que «las consecuencias de la operación reviertan en la industria auxiliar de Euskadi». La unión de ambas empresas creará un fabricante de aerogeneradores líder en Alemania, India, Reino Unido, México y Canadá. La cartera de pedidos se divide entre servicios de operación y mantenimiento (un 41% del total), eólica marina (33%) y eólica terrestre (26%).

El Gobierno alcanza un preacuerdo con Bruselas para incentivar el carbón nacional sin devolver las ayudas concedidas desde 2011

Redacción / Agencias.- El Gobierno alcanzó un acuerdo con la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea que permite incentivar la quema de carbón nacional en centrales térmicas, sigue la senda del acuerdo preliminar del plan del carbón 2013-2018 y evita la devolución de las ayudas concedidas desde 2011. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, explicó que el acuerdo sobre el nuevo sistema de ayudas debe ser ratificado en las próximas semanas por el resto de servicios de la Comisión Europea.

Aparte de eximir a las empresas mineras española de devolver las ayudas, Bruselas se muestra dispuesta a permitir que el Gobierno español incentive en hasta 10 euros por tonelada la producción de carbón nacional. «Se duplicarían las ayudas previstas», afirmó Sáenz de Santamaría, que indicó que en el último mes el precio del carbón internacional ha seguido una tendencia decreciente, lo que aumenta «la pérdida de competitividad» del mineral nacional y «ha agravado» la situación del sector nacional de la minería. El nuevo incentivo se establecerá anualmente y tomará como referencia la diferencia entre el precio internacional y el precio establecido en 2013. «De esta forma, las empresas mineras se verán compensadas por la caída imprevista del comercio internacional», señaló.

El Ministerio de Industria indicó que el acuerdo preliminar se refiere a la autorización del plan de cierre de las minas de carbón no competitivas. El principio de acuerdo se alcanza «tras un largo proceso de intensas negociaciones y en un contexto europeo donde el apoyo al carbón es difícil, dados los compromisos medioambientales de la Unión Europea», señala Industria. En 2010, todos los Estados Miembros aprobaron unas ayudas para facilitar el cierre de las minas de carbón no competitivas. Esta decisión limita las posibilidades de apoyo de los Estados Miembros a las minas no competitivas hasta finales de 2018 con el objetivo de un cierre ordenado de dichas minas.

Tras este acuerdo preliminar, la Comisión Europea autorizaría el Plan de Cierre y, en consecuencia, las ayudas otorgadas a las compañías mineras desde 2010 serían válidas aunque el acuerdo estableció que las minas competitivas que hubieran recibido ayudas tendrían que devolverlas en caso de que quisieran continuar con su actividad. En España el Marco de Actuación para el período 2013-2018 fue firmado en 2013 por los sindicatos, la patronal Carbunión y el Ministerio de Industria. Sin embargo, este Plan de Cierre estaba pendiente de la autorización de la Comisión Europea.

Industria explica que el acuerdo preliminar incluye también la autorización de un incentivo adicional para las compañías mineras hasta el 31 de diciembre de 2018. En 2016 esta ayuda adicional a la producción supondría un incremento de 10 euros por tonelada, lo que permite duplicar las ayudas previstas con la normativa actual, ya que en el caso de la minería subterránea pasaría de 15 a 25 euros por tonelada, y en el de cielo abierto, que actualmente no recibe ayudas, se pasaría a cobrar 10 euros. En todo caso, las ayudas respetarán el techo establecido por la decisión comunitaria y el resto de su contenido.

Celebración en Castilla y León

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, confía en que los empresarios mineros puedan recibir las ayudas del plan del carbón pendientes desde 2011 y que se otorgue a España la posibilidad de dar ayudas complementarias hasta 2018. Igualmente, espera que las explotaciones no competitivas no tengan que devolver las ayudas recibidas. El presidente de la Junta aseguró que, a falta de cerrarse el acuerdo, España está «en el buen camino» y el sector está «bien orientado».

«El que se haya negociado ya con la Dirección General de la Competencia la aprobación de ese plan de cierre que tenía que presentar el Gobierno de España para que se pudiera desplegar en todo su potencial el acuerdo marco suscrito en 2013 con el conjunto del sector es trabajar en la buena dirección.», ha asegurado Herrera. El presidente regional ha agregado que ahora «lo que hace falta es que eso se confirme y que más pronto que tarde un gobierno que se encuentra en funciones pueda desplegar todos los elementos para que se garanticen esas ayudas y las empresas las reciban para que se pueda mantener actividad y empleo«.

Asimismo, la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, lo valoró como un «paso adelante importante para mantener la minería productiva», aunque ha pedido celeridad en su aplicación. Por ello lo consideró como una «buena noticia para la minería de Castilla y León» y que puede convertirse en «la tabla de salvación». En su opinión, esta medida «pretende igualar el precio del carbón nacional respecto al de importación», por lo que ha confiado en que las centrales térmicas «puedan comprar carbón autóctono» y «por lo tanto salvar a la minería».

«Estamos trabajando con el Gobierno para que esas ayudas se materialicen lo antes posible y para que se eliminen ciertos requisitos a la hora de obtener estas subvenciones, porque las empresas están en una situación muy delicada», planteó la consejera. Finalmente se refirió también a la aprobación del plan de cierre para el sector, ya que este anuncio era un «requisito imprescindible para que las empresas que han cobrado ayudas desde 2011 no las tengan que devolver de manera inmediata».

El Gobierno insiste en promover una nueva ley para luchar contra el cambio climático mientras Cañete ratifica el compromiso europeo

EFE / Europa Press.- La Comisión Europea aseguro que los países comunitarios ratificaran el acuerdo climático de París “lo antes posible” al tiempo que el Gobierno español confía en que la protección del medio ambiente sea un compromiso que una a todos los partidos políticos para que el Parlamento apruebe una ley que siente los principios para luchar contra el cambio climático. Así lo destacó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, que representó a España en la firma del acuerdo.

Más de 170 países, de los cuales unos sesenta estuvieron representados por jefes de Estado y de Gobierno, acudieron a la sede de la ONU para estampar su firma en el tratado. «Es un día importante. Es un momento histórico», dijo Sáenz de Santamaría. La vicepresidenta dijo que, aunque el Gobierno actual esté en funciones, la protección del medio ambiente «debería ser un compromiso de todos, y al menos lo es del partido que sustenta el Gobierno». En ese sentido, anunció que una de las próximas leyes que puedan llevarse al Parlamento sea una ley de cambio climático que recoja «todos los instrumentos y todos los mecanismos necesarios para poder cumplir los objetivos» que se han suscrito en la ONU.

Destacó que España, por ejemplo, es líder en sectores como tecnología renovable y se encuentra en «las mejores condiciones para cumplir los objetivos» que ha definido la ONU en el acuerdo climático. «Venimos con los deberes muy hechos, con una senda muy marcada», insistió la vicepresidenta en funciones acerca de la situación que tiene España en ese sentido y en relación con los compromisos que regirán cuando entre en vigor el acuerdo de París. Además, Sáenz de Santamaría subrayó que España defiende «más eficiencia energética» y recordó que el país y Portugal están muy involucrados en programas como interconexiones eléctricas.

Sáenz de Santamaría insistió en que el acuerdo que acababa de firmar a nombre de España fija un sistema de «solidaridad global» basado «en el justo equilibrio entre las renuncias y las compensaciones». «El acuerdo establece mecanismos de compensación para que la reducción de emisiones no afecte a las posibilidades de desarrollo y prosperidad de ningún país«, agregó. «Los efectos del cambio climático nos afectan a todos; nadie queda a salvo de sus consecuencias», afirmó en su mensaje. «Al firmar este acuerdo, nos obligamos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Cada generación, ahora la nuestra, asume su responsabilidad medioambiental con las venideras», agregó la vicepresidenta del Gobierno español en funciones.

También recordó que España, junto con el resto de los países de Europa, se ha comprometido a reducir un 40% de las emisiones para 2030 respecto a los niveles de 1990. Asimismo, señaló que España ampliará también las interconexiones energéticas para hacerlas más eficientes y aumentará sustancialmente sus aportaciones anuales para la financiación climática para llegar a duplicarlas a partir del 2020. «Será entonces cuando alcancemos niveles en el entorno de los 900 millones», añadió. «Este acuerdo ejemplifica lo mejor de la política internacional, que debe volverse en cultivar los intereses compartidos por los países y pueblos del mundo», concluyó.

«El acuerdo de París ha sido un éxito que representa un salto de declaraciones de voluntad y buenos deseos a los hechos y los compromisos. El paso de una visión reducida a una más amplia e integradora. Son cambios esperanzadores que crean nuevas oportunidades y generarán prosperidad. Este objetivo tiene que ser la principal tarea de todos los gobiernos, convertirnos también en gobiernos de acción. Pongámonos en marcha», ha concluido.

Cañete: “A ratificarlo cuanto antes”

Por su parte, el comisario de Energía y de Acción Climática, Miguel Arias Cañete, advirtió de que los países todavía tiene que «tomar decisiones difíciles» alrededor del acuerdo internacional sobre el clima alcanzado en París en diciembre de 2015 y subrayó que todas las partes deben «cumplir» sus compromisos. «No va a ser fácil. El cambio de este nivel nunca lo es. Tendremos que tomar decisiones difíciles, fijar objetivos más elevados, hacer nuevas leyes, redirigir inversiones», explicó Cañete, que defendió que Europa sigue dispuesta a «continuar liderando con el ejemplo» tras recordar que la Unión Europea se ha marcado el objetivo «duro» de reducir las emisiones de CO2 «al menos un 40% antes de 2030«.

El comisario ha reconocido eso sí que la ratificación del acuerdo del clima, que requiere el visto bueno de los Parlamentos nacionales de los Veintiocho y de la Eurocámara «requerirá algo de tiempo» pero el compromiso europeo con el acuerdo es «irreversible y no negociable«. «Se hará lo antes posible. Antes del comienzo este verano, la Comisión Europea presentará una propuesta a nuestros Estados miembro para que ratifiquen el Acuerdo de París en nombre de la Unión Europea», ha subrayado.

Cañete ha recordado que Europa sólo representa el 9% de las emisiones globales aunque «todos» comparten la responsabilidad, pero también ha dejado claro que «los grandes emisores deben liderar el camino», que las economías emergentes «también tendrán la obligación de contribuir más y el sector privado también tendrán que aumentar» su contribución «porque tiene lógica económica». «Todos sabemos que las contribuciones actuales de los países para reducir las emisiones no nos llevarán muy por debajo de los dos grados, muchos menos el grado y medio. Todos tendremos que recurrir a nuestro espíritu de París en 2018 para hacer frente a la realidad juntos y alentar una mayor ambición», ha concluido.

Pintadas contra la Comisión Europea

La Coalición Clima 21, formada por ONG, movimientos sociales y diversas organizaciones civiles, realizó una pintada en la entrada de la sede de la Comisión Europea para pedir a los líderes europeos mayor implicación en la lucha contra el cambio climático. «COP21 m’a tue» (la COP21 me ha matado) rezaba la pintada con la que se protesta por la tardía aplicación del acuerdo sobre el clima, prevista para 2020, e insta a la Unión Europea a no esperar hasta entonces para implementar políticas climáticas ambiciosas.

Estados Unidos se sumará a la lucha contra el cambio climático ratificando este viernes el acuerdo de París

EFE / Europa Press.- El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, será el encargado de firmar este viernes en Nueva York el acuerdo sobre cambio climático adoptado en diciembre en París e iniciar un proceso de adhesión que el Gobierno estadounidense espera completar «lo antes posible este año», según explicó un alto cargo norteamericano.

El primer pacto universal de lucha contra el cambio climático, alcanzado en la cumbre sobre el clima (COP21) de París, no entrará en vigor hasta que lo hayan ratificado al menos 55 países que sumen un 55% de las emisiones mundiales. Según la ONU, más de 60 gobernantes estarán en Nueva York para dar el primer paso hacia esa meta, al firmar el pacto y comprometerse a iniciar un proceso nacional para aplicarlo. A ellos se sumará Kerry para firmar en nombre de Estados Unidos, país que recientemente se puso de acuerdo con China para suscribir el acuerdo el primer día que fuera posible hacerlo.

Estados Unidos calcula que, «con el número de países que firmarán el acuerdo el viernes, se superará con creces» el umbral de las 55 naciones que representen el 55% de las emisiones globales establecido para que el pacto entre en vigor, agregó. El objetivo es que Estados Unidos quede comprometida formalmente con el acuerdo antes de que el actual presidente, Barack Obama, abandone el poder en enero de 2017. El alto cargo reconoció que si el sucesor de Obama quisiera retirar a Estados Unidos del acuerdo de París, podría hacerlo, pero ese proceso «lleva tiempo» y podría perjudicar la imagen del país ante el avance conjunto de la comunidad internacional.

La vicepresidenta representará a España

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, representará a España en la ceremonia que se celebrará en la sede de Naciones Unidas. A la firma asistirá también la ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, quien subrayó que se trata de «un acuerdo histórico» pues los países se comprometieron a «cambiar el modelo productivo y cumplir con ello” para que la temperatura no suba más de dos grados centígrados a finales de siglo. «El acuerdo es muy ambicioso y nos comprometemos a revisarlo cada cinco años para ver si la suma de los esfuerzos es suficiente y evitar las consecuencias tan dramáticas que tiene el calentamiento del planeta», destacó.