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El déficit eléctrico provisional asciende a 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones de euros menos de lo previsto

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Redacción / Agencias.- El déficit de tarifa provisional del sistema eléctrico, que se produce porque los costes reconocidos de la actividad regulada son superiores a los ingresos obtenidos a través de los peajes, se situó en 1.128 millones de euros hasta marzo, 276 millones menos de lo previsto, según la tercera liquidación provisional de 2017 de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), correspondientes al sector eléctrico, de energías renovables, cogeneración y residuos y también al sector del gas natural.

El regulador señala que este resultado de la liquidación se debe a la evolución favorable de los ingresos por peajes de acceso y cargos, que supusieron 136 millones de euros más de lo previsto, y a unos menores costes de la retribución adicional y específicos de los sistemas no peninsulares, de 91 millones de euros, y de la retribución a la producción renovable, cogeneración y residuos peninsular, de 45 millones. No obstante, subraya que el desfase entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de costes hace que esta tercera liquidación tenga «una escasa relevancia».

La demanda eléctrica en marzo alcanzó los 43.747 gigavatios hora (GWh), un 4% superior al valor promedio observado en años anteriores; mientras que los ingresos por peajes de acceso y cargos de consumidores fueron 2.707 millones de euros, resultando un 5% superiores, 134,1 millones de euros, al valor promedio histórico. Mientras, los costes regulados en la liquidación fueron 133 millones de euros inferiores a los previstos por la menor retribución a la producción renovable y a la cogeneración de alta eficiencia. Por su parte, el coeficiente de cobertura de la liquidación provisional de marzo se situó en un 68,12% y se aplica a cada uno de los costes reconocidos para determinar los costes a pagar con cargo a la liquidación.

En esta tercera liquidación, la CNMC gestionó la liquidación de 63.663 instalaciones del colectivo total con derecho a retribución específica. La liquidación provisional de la energía generada desde enero hasta el pasado marzo en las instalaciones de producción de energía renovable, cogeneración y residuos alcanzó un valor de 1.710 millones de euros, antes de IVA o equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 534 millones.

En lo que se refiere al sector gasista, el déficit provisional de esta liquidación se situó en 68 millones de euros, frente al déficit de 149 millones de euros en el mismo periodo del 2016. Teniendo en cuenta los ingresos netos de la presente liquidación, se tiene un índice de cobertura del 91% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 761 millones de euros, un 15% superior al mismo periodo del 2016.

En cuanto a la retribución total fija acreditada a las empresas ascendió a 757 millones de euros, más 7 millones de euros de las actividades de regasificación, carga de cisternas, trasvase de GNL y puesta en frío de buques que se acredita en esta liquidación. Como resultado la retribución total acreditada es de 764 millones de euros, un 0,7% inferior a la del año anterior.

Respecto a la energía suministrada, la demanda nacional de gas en 2017 y facturada hasta el 31 de marzo asciende a 79,3 teravatios hora (TWh). Esta cifra supone un aumento del 11%, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto a 2016 y a la menor participación de la generación eólica y la hidráulica en el mix de generación. El número de consumidores ha ascendido a los 7,73 millones, según lo declarado por las empresas distribuidoras hasta el 31 de marzo. Representa un aumento interanual de 83.432 consumidores, un 1%, de los que 1,65 millones pertenecen a la tarifa de último recurso.

El Congreso pide al Gobierno que recupere la indemnización de 1.350 millones concedida a Escal UGS por el proyecto Castor

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Europa Press.- La comisión de Energía del Congreso ha apoyado una proposición no de ley de Unidos Podemos en la que se pide al Gobierno que emprenda las acciones legales necesarias para recuperar la indemnización concedida a Escal UGS S.L. tras la extinción de la concesión para el proyecto Castor. La formación morada entiende que la empresa incurrió en dolo o negligencia imputable y que por tanto «la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones».

Así lo recoge en el texto votado, que contó con los votos a favor de PSOE y Ciudadanos y la abstención del PP, en la que, además, también pide iniciar acciones legales para establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de Escal UGS por «los más de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia» de la puesta en funcionamiento del almacén de gas.

Además, llama al Gobierno a llevar a cabo las modificaciones legislativas necesarias para impedir que, en el futuro, sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio. «Para ello, se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación para mejorar la eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control anterior a la licitación y analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y servicios públicos», apunta la propuesta.

El ministro de Energía, Industria y Agenda Digital, Álvaro Nadal, reconocía recientemente que el proyecto Castor “nunca debió existir» y que «lo ideal» es desmantelarlo con cuidado. En este sentido, el texto llama a establecer una calendarización para el sellado de pozos y el desmantelamiento de las instalaciones de Castor, tanto las terrestres como las marinas. Unidos Podemos plantea que, con la participación de la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Cataluña y los ayuntamientos de las localidades afectadas, se busquen soluciones «responsables, transparentes y no onerosas para las arcas públicas».

Así, piden al Gobierno elaborar estudios técnicos sobre la afectación que la hibernación del proyecto puede tener sobre el medio ambiente y otras instalaciones de riesgo presentes en la zona; realizar un peritaje para cuantificar los daños materiales, y si cabe morales, que sufrieron las poblaciones cercanas a las costas de Castellón y Tarragona, como consecuencia de los terremotos y, de este modo, realizar las reclamaciones que correspondan. Además, piden que se hagan llegar al Juzgado de Primera Instancia de Vinaròs los informes elaborados por la Universidad de Standford y el MIT relativos a las responsabilidades en las fases de tramitación y adjudicación del proyecto.

En este sentido, el portavoz de la formación morada, Josep Vendrell, ha denunciado «el menosprecio» del Ejecutivo hacia los diferentes informes sobre el riesgo enviados por diferentes centros de investigación y organizaciones, que ya alertaron de las posibles consecuencias del almacén de gas. Además de denunciar que el concurso para la adjudicación de este proyecto «estaba hecho a medida de la única empresa que se presentó» y, por lo tanto, «no hubo concurrencia real», Vendrell también ha criticado que el Gobierno decidiera, finalmente, resolver este problema buscando la solución «más beneficiosa para la empresa y más onerosa para la ciudadanía”.

Inútil y, en su momento, potencialmente peligrosa

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Ayer se presentó el informe realizado para evaluar los riesgos sismológicos derivados del almacén de gas Castor. Las conclusiones del informe, elaborado por dos instituciones universitarias y tecnológicas norteamericanas de prestigio, el MIT (Massachusetts Institute Tecnology) y la Universidad de Harvard, son claras en lo que se refieren a la seguridad y los riesgos: la instalación es la causante del gran número de seísmos que se produjeron en la costa de Vinarós (Castellón) durante su llenado, produciendo un estrés importante en la falla de Amposta frente a Tarragona.

Conclusiones claras pero contradictorias con los estudios españoles del Instituto Geográfico Nacional (IGN), del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que apuntaban a una falla menor no cartografiada. Actualmente, la instalación se encuentra estable y lo mejor es no menealla, optando por una hibernación con un coste de entre 80 y 100 millones de euros anuales, adicionales a la indemnización de 1.400 millones de euros a la concesionaria Escal. Castor está actualmente bajo la gestión de Enagás y el vaciado y llenado de este silo podría volver a causar seísmos de hasta 6,8 grados en la escala de Ritcher, según el Informe.

Por otro lado, el desmantelamiento costaría aproximadamente 280 millones de euros, con cargo también a la tarifa de suministro gasista, siendo la alternativa que baraja el Ministerio de Energía. La instalación siempre ha estado rodeada de polémica por una actuación que debería ser un caso de estudio, al margen del riesgo sísmico que genera, en lo que se refiere a la cultura de la sobreinversión en infraestructuras en nuestro país y sobre nuestra calidad institucional.

Por ello deben analizarse los mecanismos de evaluación y decisión de las infraestructuras que van con cargo a los costes de acceso, en términos de su necesidad y su utilidad, o incluso la forma en que se introducen rectificados en sus presupuestos (en el caso del Castor esta cuestión no estuvo exenta de fuerte polémica por los peritajes). Todo ello queda de forma más contundentemente expresado a través de varias preguntas: ¿Era necesaria esta infraestructura si disponemos de una base instalada de regasificadoras que permitían una gestión activa del aprovisionamiento? ¿Por qué nadie plantea la sustitución de Castor tras su hibernación/desmantelamiento por otro almacén gasista?

Por su parte, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha declarado que era difícil de prever todo el devenir sísmico cuando se aprobó el proyecto en el flujograma administrativo español. Lo que nadie le ha pedido al MIT y a Harvard es, de forma complementaria, analizar, si era útil, su necesidad económica, el retorno de la inversión por mejora de la eficiencia en la gestión de aprovisionamiento para el consumidor, los niveles de almacenamiento necesarios con los cambios operados internacionalmente en estos años en los mercados del gas.

Hoy el sistema gasista anticipa un déficit tarifario de volúmenes mucho menores que el que alcanzó el eléctrico pero, eso sí, creciente. Déficit tarifario que se ve desde el punto de vista asépticamente contable para darle apariencia burocrática de normalidad. De esa forma, mediante un proceso pautado de autorización de infraestructuras y su absorción por el consumidor, además de su propia construcción y encarecimiento, tenemos una infraestructura excedente, inane y en su momento, potencialmente peligrosa.

El sistema eléctrico registra un déficit de 99 millones de euros en 2016 a falta de la liquidación definitiva

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Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 99,42 millones de euros en la decimocuarta liquidación de 2016 elaborada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), frente al desajuste positivo previsto de 25 millones de euros y 111 millones de euros recogidos en las órdenes de peajes de 2015 y 2016. El organismo presidido por José María Marín Quemada destaca que este desajuste provisional es debido a que los ingresos son inferiores a los previstos.

Dado que las liquidaciones se realizan en función de los consumos y que el consumo total de un año no se conoce hasta dos meses después de haber finalizado el ejercicio, se producen 14 liquidaciones provisionales acumulativas a cuenta. Además, antes del 1 de diciembre del año siguiente al que corresponda la liquidación hay que efectuar la liquidación definitiva con los datos que se tengan en ese momento. Concretamente, los ingresos por la Ley 15/2012 de medidas fiscales y de subastas de CO2 asciende a 2.089,2 millones de euros en la liquidación, frente a las previsiones de 3.155 y 2.740 millones de euros, respectivamente, recogidas en las distintas órdenes de peajes de 2015 y 2016.

La demanda en consumo registrada en la liquidación fue de 238.493 gigavatios hora (GWh), un 0,2% superior al valor promedio observado en años anteriores, mientras que los ingresos por peajes de acceso de consumidores resultaron 46,6 millones de euros inferiores a los previstos. El coeficiente de cobertura de la liquidación se situó en un 99,29%, debido a que los ingresos son inferiores a los costes. Por su parte, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada por las renovables y cogeneración en 2016 ascendió a 6.397 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en esta liquidación ascendió a 151,4 millones de euros, antes de IVA o impuestos.

En lo que se refiere al sector gasista, registró un déficit de 108 millones de euros, frente al desajuste de 23 millones de euros del mismo periodo del ejercicio anterior. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.853 millones de euros, que es un 0,9% superior al mismo periodo del 2016. La demanda nacional de gas en 2016, facturada hasta febrero de 2017, asciende a 320,2 teravatios hora (TWh), lo que supone un aumento del 2,4%.

207 millones mejor hasta febrero

En lo que respecto a la liquidación provisional del sector eléctrico de 2017 hasta febrero, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 1.019 millones de euros, lo que supone una evolución 207 millones de euros mejor a la prevista. Los costes regulados en esta liquidación fueron 91,6 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de retribución específica peninsular de la producción renovable y cogeneración en 42,5 millones de euros y de la retribución adicional y específica de los sistemas no peninsulares en 51 millones de euros. El coeficiente de cobertura se situó en el 55,93%, situación que se corregirá en las siguientes liquidaciones, indicó el regulador, que advirtió la escasa relevancia de esta liquidación.

La CNMC ha gestionado la liquidación de 63.692 instalaciones con derecho a retribución específica. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación con cargo al sector eléctrico es de 477,414 millones de euros, antes de IVA o impuestos. Dado que no se ha recibido ningún ingreso del Tesoro Público no ha sido posible el abono de la partida con cargo a los Presupuestos Generales del Estado de la retribución a los productores de energías renovables, cogeneración y residuos ubicadas en los territorios extrapeninsulares, indicó el organismo.

En lo que respecta al sistema gasista, registró un déficit de 127 millones de euros a febrero, un 30,2% inferior a los 182 millones de euros del mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 74,8% de la retribución acreditada. La demanda nacional de gas en esta liquidación asciende a 50 TWh y es un 15,3% superior a la del periodo mismo periodo de 2016, debido principalmente al descenso de la temperatura media en enero respecto al año anterior y a la menor participación de la eólica y la hidráulica en el mix de generación de este mes.

Enagás ganó un 54,4% más hasta marzo al incorporar GNL Quintero y espera recuperar la inversión del GSP peruano

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Redacción / Agencias.- Enagás «está estudiando» la opción de participar en la relicitación del Gasoducto del Sur Peruano (GSP), aunque subrayó que su prioridad es «recuperar el capital que tenía invertido». Una intención que Enagás desveló tras obtener en el primer trimestre un beneficio de 156,3 millones de euros, un 54,4% más que en el mismo periodo de 2016, al integrar en los resultados a la regasificadora chilena GNL Quintero, con 53,5 millones de euros, sin los cuales el incremento hubiera sido del 1,6%.

Según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía gasista ha señalado que la contribución de sociedades participadas al beneficio ha sido de un 22%. Los ingresos alcanzaron en los primeros tres meses los 342,6 millones de euros, un 14,7% más, aunque si no se tiene en cuenta la integración de GNL Quintero, que incorpora 47,1 millones, disminuyen un 1,1% respecto al mismo periodo del 2016.

Las cuentas del primer trimestre recogen el impacto de la participación que Enagás tenía en la regasificadora chilena, que era de un 60,4% y que ha aportado 53,5 millones de euros al beneficio, aunque posteriormente la participación indirecta de Enagás se ha rebajado hasta el 45,4% después de vender un 15% el pasado abril. El resultado bruto de explotación (ebitda) fue de 241,8 millones de euros en el primer trimestre, un 16,9% más, y los gastos operativos se incrementaron un 9,7%, hasta los 100,8 millones de euros. Las dotaciones para amortizaciones del inmovilizado ascendieron a 81,1 millones de euros, un 18% más, e incluyen 14,7 millones de euros correspondientes a la consolidación de GNL Quintero.

Según Enagás, la demanda de gas natural en el mercado nacional alcanzó en el primer trimestre los 96.499 gigavatios hora (GWh), un 8,4% más que en 2016 motivado por el incremento del 7,2% de la demanda convencional de gas natural, destinada a los consumos doméstico, comercial, pymes e industrial, con incrementos para la cogeneración. Por su parte, el consumo de gas natural en los hogares, comercios y pymes ha crecido un 2,3% más, por unas temperaturas ligeramente más frías respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Además, la demanda de gas natural para generación de electricidad registró un crecimiento del 16,5% con respecto al año anterior por la menor generación con tecnología hidráulica y eólica.

Las inversiones ascendieron a 264,1 millones de euros (más del triple que en el primer trimestre de 2016 y en línea con el objetivo previsto para final de año), de los que 7,4 millones corresponden a la inversión en España y 256,7 millones a la inversión internacional, dentro de la cual destaca la destinada al gasoducto Transadriático, por importe de 42,4 millones de euros, y las garantías para el del Sur Peruano, por valor de 213 millones. El endeudamiento financiero neto de Enagás, incluida la deuda de GNL Quintero, era de 5.678 millones de euros y el coste financiero medio se situó en el 2,8%.

Además, en el primer trimestre del año los fondos procedentes de operaciones aumentaron un 22,4%, hasta los 238,2 millones de euros, con respecto al mismo periodo del 2016 por el mayor cobro de dividendos de las filiales y por el efecto que ha tenido la consolidación de la regasificadora chilena en las cuentas de Enagás. Los dividendos cobrados de las filiales sumaron 29,1 millones de euros, más del triple que en los correspondientes a los tres primeros meses de 2016, cuando fueron de 8,4 millones.

Recuperar la inversión de GSP

Respecto al Gasoducto del Sur Peruano (GSP), el presidente de Enagás, Antonio Llardén, afirmó que «el objetivo no es tanto estar o no estar en su relicitación como recuperar la inversión». A este respecto, Llardén indicó que el Gobierno peruano está dando los pasos para llevar a cabo la nueva licitación del proyecto, así como la transferencia de los bienes de la concesión original a la futura adjudicataria. A finales de enero, el Gobierno peruano retiró la concesión del proyecto GSP tras los problemas para cerrar su financiación debido al escándalo de corrupción sobre su socio mayoritario, la brasileña Odebrecht.

La inversión de Enagás en el proyecto asciende a 259 millones de euros, así como unas garantías depositadas por 214 millones de euros. Así, Llardén señaló que Enagás continúa realizando las actuaciones necesarias para defender sus intereses y obtener la recuperación de la inversión realizada. Por otra parte, Llardén indicó que prevé que el sistema gasista entrará en equilibrio «por primera vez» en 2017 y que el déficit acumulado habrá sido eliminado entre 2020 y 2021. Llardén estimó un crecimiento de la demanda de gas natural para este año de en torno al 2%, mejorando así la previsión «más conservadora» que tenía de un 1%.

La CNMC coincide con Energía en la necesidad de que Endesa y Gas Natural animen el mercado del gas natural

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) coincide con el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en la necesidad de obligar a los operadores dominantes del sector del gas natural, Endesa y Gas Natural Fenosa, a ejercer de creadores de mercado dentro del mercado organizado Mibgas.

Esta iniciativa, contemplada como opción dentro de la ley, fue presentada precisamente por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, como principal medida para contener las subidas del precio del gas y, con ello, aplacar el encarecimiento de la electricidad registrado en enero en el mercado mayorista. En un informe, la CNMC propone una metodología para desarrollar la medida de Energía. El regulador coincide en que los actuales niveles de liquidez de Mibgas son «insuficientes» y en la necesidad de «continuar introduciendo medidas de fomento de liquidez, como el establecimiento de las obligaciones de creador de mercado a los operadores dominantes».

Para el regulador, las medidas de fomento de liquidez asociadas al nuevo papel de Gas Natural Fenosa y Endesa deben concentrarse en los productos diario y mensual con el objetivo de lograr un incremento en los volúmenes diarios de hasta el 2,5% de la demanda diaria. De esta forma, se podría duplicar la liquidez en el primer año del producto diario y multiplicar por más de 10 la del producto mensual. Si se duplicase la liquidez en ambos productos en 2018 y 2019 y en años siguientes con incrementos similares a los de los mercados europeos se alcanzaría el objetivo.

Con este propósito, el organismo presidido por Marín Quemada propone que las obligaciones de cantidades a ofertar para cada operador dominante se establezcan de forma proporcional a su cuota de aprovisionamientos de gas al sistema gasista español. En este sentido, propone que la separación máxima de precios de las ofertas del creador de mercado sea de 0,5 euros por megavatios hora (MWh) tanto para el producto Diario D+1 como para el producto del mes siguiente. En cuanto a la cantidad máxima a ofertar, se propone que el límite máximo de cantidad a casar en el conjunto del año sea igual al 5% del volumen anual de aprovisionamientos de gas a España de cada operador dominante.

Debido a la importancia que tiene la logística del gas natural licuado (GNL) en el aprovisionamiento nacional y que estos aprovisionamientos se programan normalmente con bastante antelación, la CNMC considera que los nuevos creadores del mercado deberán priorizar en sus ofertas el producto mensual seguido del producto diario, para favorecer el desarrollo de los productos con mayores plazos de entrega.

En la actualidad, en el hub del gas solo existe una empresa, Gunvor Internacional, que ejerce de creador de mercado. Para ilustrar el modesto peso de Mibgas, la CNMC indica que en 2016 este mercado negoció un volumen equivalente al 2% de la demanda nacional, una cantidad «muy inferior a la negociada en otros países europeos con sistemas similares». Para dotar de mayor liquidez al mercado del gas, la legislación establece que si no hubiera operadores dispuestos a generarla voluntariamente o se considerase que su aportación es insuficiente, el Gobierno podrá establecer obligaciones de creador de mercado a los comercializadores gasistas que sean operadores dominantes.

La deuda del sistema eléctrico cayó un 7,9% en 2016, hasta los 23.070 millones; la gasista es de 2.471 millones

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Europa Press.- La deuda del sistema eléctrico se situó en 23.070 millones de euros a cierre de 2016, lo que representa una reducción de casi 2.000 millones de euros, un 7,9% menos, respecto a los 25.057 millones de euros a los que ascendía en 2015, según indicó la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

En la actualidad, existen cuatro categorías de derechos de cobro asociados a la deuda del sistema eléctrico: el déficit de 2005, los derechos de cobro de los adjudicatarios de la segunda subasta del déficit ex ante, los derechos de cobro del déficit de 2013 y los derechos de cobro del Fondo de Titulización del Déficit del Sistema Eléctrico (FADE). El derecho de cobro asociado a FADE representa el 79,9% del importe total pendiente de cobro a cierre del 2016, seguido del derecho de cobro del déficit 2013, con un 12,6%.

El coste medio ponderado de la deuda del sistema eléctrico en 2017 con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016 es del 3,319%, 20,3 puntos básicos menos con respecto al coste medio ponderado de la deuda en 2016, con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2015. En lo que respecta a la anualidad correspondiente a 2017 de la deuda del sistema eléctrico, se sitúa en 2.838,3 millones de euros, de los cuales 2.072,6 millones son de principal (73%) y 765,7 millones de euros son intereses (27%).

Después de catorce años consecutivos de generación de déficit, 2014 fue el primer ejercicio en el que se generó un superávit en el sistema eléctrico, por importe de 550,3 millones de euros. Asimismo, en 2015 también se produjo un superávit de 469,3 millones de euros. Por otra parte, la CNMC subraya que considera necesario que se proceda «lo antes posible» al desarrollo reglamentario de la Ley 24/2013 para aplicar el superávit de 2014 y 2015 del sector eléctrico, que asciende a 1.019 millones de euros, a la amortización parcial de la deuda del sistema eléctrico.

En lo que respecta a la deuda del sector gasista, a cierre de 2016 ascendía a 2.471 millones. Este importe es un 66,75% superior al importe registrado a 31 de diciembre de 2015 (1.481,8 millones), debido principalmente a que se ha incorporado la deuda acumulada durante el periodo comprendido entre 2004 y 2014. En el caso del sistema gasista, al igual que en el eléctrico, también existen cuatro categorías de derechos de cobro: el desvío en la retribución del gas natural destinado al mercado a tarifa procedente del contrato de Argelia y suministrado a través del gasoducto del Magreb; la compensación por la extinción de la concesión de Castor; el déficit hasta 2014 y el desajuste temporal del año 2015.

El derecho de cobro asociado a la compensación por la extinción de la concesión de explotación de Castor representa el 53,7% del importe total pendiente de cobro a 31 de diciembre de 2016, seguido del derecho de cobro del déficit acumulado hasta 2014, con un 41,2%, señala el regulador. Por su parte, el coste medio ponderado de la deuda del sistema gasista en 2017, con los datos disponibles a 31 de diciembre de 2016, es del 2,805%. El derecho de cobro de Castor constituye actualmente la deuda de mayor coste, con un tipo de interés que asciende al 4,267%, mientras que el desajuste 2015 es, provisionalmente, la deuda de menor coste, al ser su tipo de interés aplicable del 0,836%.

Esta diferencia en los tipos está relacionada, no obstante, con la diferente vida de los derechos de cobro (30 y 5 años, respectivamente), precisa la CNMC. Mientras, la anualidad correspondiente a 2017 de la deuda del sistema gasista se sitúa en 199,9 millones de euros, de los cuales 130,6 millones son de principal (65%) y 69,3 millones son intereses (35%).

El sistema eléctrico evoluciona 845 millones mejor de lo previsto en 2016 a falta de la última liquidación

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Redacción / Agencias.- El sistema eléctrico registró un déficit de tarifa provisional de 430 millones de euros en la decimotercera liquidación de 2016 elaborada por el organismo regulador Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), lo que, a falta de una liquidación para cerrar el ejercicio, arroja una evolución de 845 millones de euros mejor a la prevista.

La previsión para 2016 pasa por cerrar con superávit, como ha ocurrido en los ejercicios 2014 y 2015. El déficit de tarifa provisional de 2016, que se produce porque los ingresos vía peajes son aún insuficientes para cubrir los costes regulados reconocidos, fue inferior a lo previsto gracias a un incremento en la demanda del 0,8%, superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso de consumidores ascendieron en esta liquidación a 13.741,6 millones de euros, un 0,2% superiores al valor promedio histórico, mientras que los ingresos de peajes de generadores fueron 1,19 millones de euros inferiores a los previstos.

Por su parte, los costes regulados fueron 751,4 millones de euros inferiores a los previstos debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica de la producción renovable, cogeneración de alta eficiencia y residuos, por importe de 323,8 millones de euros, de la retribución adicional de los sistemas extrapeninsulares (342,8 millones de euros) y de los pagos por capacidad (90,8 millones de euros). Además, en esta liquidación se produjo la amortización de los bonos de la Serie 19 de FADE (emisión 45ª), lo que ha dado lugar a un ajuste en la anualidad, con un impacto en la liquidación de -24,9 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en todo 2016 ascendió a 6.396 millones de euros, antes de IVA o impuesto equivalente. La cantidad a pagar a cuenta a los productores asciende a 481,8 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura se situó en el 96,9%, es decir, que los agentes del sistema cobrarán ese porcentaje de los ingresos reconocidos ahora, mientras que el resto se abonará a medida que haya nuevos recursos disponibles.

En lo que respecta a la primera liquidación provisional de 2017, el déficit del sistema eléctrico ascendió a 781,6 millones de euros, lo que supone una evolución 126,6 millones de euros mejor a la prevista. El regulador precisó que los ingresos por peajes correspondientes a lecturas del mes de enero no se reciben completamente hasta marzo, por lo que la primera liquidación tiene una “escasa relevancia”, debido al desfase existente entre la declaración de los ingresos y la liquidación de las distintas partidas de coste.

Según los datos de la liquidación, la demanda en consumo registrada en la liquidación ascendió a 4.665 gigavatios hora (GWh), lo que es un 3,4% superior al valor promedio observado en años anteriores. Los ingresos por peajes de acceso ascendieron a 387,3 millones de euros, siendo un 8,6% superiores al valor promedio histórico. Por su parte, los costes regulados fueron de 90,3 millones de euros inferiores a los previstos para esta liquidación, debido, principalmente, a unos menores costes de la retribución específica peninsular de la producción renovable, cogeneración y residuos del sistema peninsular y de la retribución adicional y específica de los sistemas extrapeninsulares, inferior en 29,8 millones de euros.

En cuanto a las renovables, la CNMC ha gestionado la liquidación de 63.722 instalaciones con derecho a retribución específica. La liquidación provisional a cuenta correspondiente a la energía generada en enero del 2017 ascendió a 514,271 millones de euros, antes de impuestos. La cantidad a pagar a cuenta a los productores en la liquidación ascendió a 156,322 millones de euros, antes de impuestos. El coeficiente de cobertura fue del 30,39%.

En cuanto al sistema gasista, registró un déficit de tarifa de 175 millones de euros, un 83,3% superior a los 95 millones de euros en el mismo periodo del año anterior. Teniendo en cuenta los ingresos netos de liquidación, se tiene un índice de cobertura del 93,7% de la retribución acreditada. El total de ingresos declarados por las empresas al sistema de liquidaciones por facturación de tarifas, peajes y cánones ascendió a 2.612 millones de euros, que es un 0,3% inferior al mismo periodo del año anterior. La retribución total acreditada de 2.787 millones de euros, que es un 0,2% superior a la del 2016.

Respecto a los datos de enero, registró un déficit de 169,6 millones de euros en esta primera liquidación de 2017, lo que supone un 0,3% menos que los 170,1 millones de euros registrados en enero de 2016. El total de ingresos declarados por las empresas ascendió a 109,7 millones de euros, que es un 7,8% superior al 2016, debido al incremento de los ingresos por término de conducción en puntos de suministro. La retribución total acreditada fue 261,6 millones de euros, un 0,4% superior a la del año anterior. La demanda nacional de gas en 2017, facturada en enero, ascendió a 18,9 teravatios hora (TWh), con un aumento del 17%.

La portuguesa EDP vende Naturgas a un consorcio inversor por 2.591 millones de euros para integrar EDP Renovables

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EFE.- La eléctrica Energías de Portugal (EDP) anunció la venta de su filial española Naturgas por 2.591 millones de euros a un consorcio de inversores integrado por JP Morgan Infraestructure, Swiss Life y Abu Dhabi Investment Council. EDP explicó que el encaje obtenido con esta deuda se dedicará a financiar la opa que ha lanzado sobre su filial EDP Renovables, de la que ya posee el 77,5% del capital, y a reducir sus niveles de deuda.

En concreto, la compañía calcula que la operación tenga un «impacto esperado de cerca de 2.300 millones de euros en la reducción de la deuda líquida de EDP». EDP y el consorcio de inversores firmarán los acuerdos definitivos en abril y la operación todavía está pendiente de autorización de las autoridades reguladoras. La red de distribución de Naturgas es la segunda más grande de España, con casi un millón de puntos de venta, que se concentran en Asturias, Cantabria y País Vasco. Naturgas era una empresa pública del País Vasco hasta que en 2003 fue privatizada y adjudicada a Hidrocantábrico.

EDP es el principal grupo energético de Portugal y anunció también una opa sobre su filial EDP Renovables, que tiene sede en España, en la que ofrece 6,8 euros por título para hacerse con el 22,5% de las acciones que aún no posee. Este anuncio provocó que su filial renovable se disparara un 10,1% en Bolsa, hasta los 6,9 euros, superando el precio que su matriz ofrece en la opa que lanzó sobre la compañía.

El anuncio de la operación también revalorizó EDP un 4,16%. El presidente ejecutivo de EDP, António Mexia, espera que la opa esté concluida «en el segundo trimestre o al inicio del tercer trimestre» de este año. Se prevé que la opa suponga un desembolso máximo de unos 1.300 millones de euros. En el caso de que EDP consiga controlar más del 90% de su filial especializada en renovables con la opa, la compañía prevé su salida de la Bolsa lisboeta.

Nadal descarta una especial relevancia

Por su parte, el ministro de Energía, Álvaro Nadal, no cree que la venta de Naturgas vaya a tener especial relevancia, pues si bien es la segunda en España, está a gran distancia de la primera, la de Gas Natural Fenosa. Nadal señaló que, no obstante, las implicaciones que pueda tener la operación las dilucidará la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). En este caso, no cree que la venta sea una cuestión «tan relevante», ya que la diferencia de tamaño que tiene Naturgas con la primera red del país es «sustancial».

La CNMC sanciona a la comercializadora gasista Incrygas por incumplir las obligaciones económicas establecidas en la Ley de Hidrocarburos

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Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con una multa de 35.200 euros a la empresa comercializadora de gas Investigación, Criogenia y Gas (Incrygas) por incumplir las obligaciones económicas establecidas en la Ley del Sector de Hidrocarburos.

En concreto, los incumplimientos se refieren a un desbalance con respecto a lo establecido en las normas de gestión técnica del sistema. La empresa incurrió en el impago de cargos por desbalance negativo, es decir, por defecto de existencias en plantas de regasificación al tiempo de emitir facturas. Incrygas había incurrido en diciembre de 2015 y enero de 2016 en situación de desbalance negativo en una planta de regasificación, que se produce cuando hay más salidas que entradas de gas.

La CNMC explica que esta situación no es adecuada para el equilibrio del sistema gasista y da lugar a la imposición de recargos por desbalance cuyo objeto es desincentivar que se repitan en el futuro. Incrygas no abonó estos recargos, por lo que ha sido sancionado. La reiteración en este tipo de comportamientos, explica el regulador, ha conducido a la inhabilitación de Incrygas mediante una resolución del 15 de febrero de la Dirección General de Política Energética y Minas. Como parte de este proceso administrativo, se ha ha procedido al traspaso de clientes mediante la orden ministerial ETU/175/2017, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) a comienzos de marzo.