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El PSOE afea a Podemos sus críticas mientras los sindicatos exigen aplicar «inmediatamente» la prohibición de cortes de luz

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Redacción / Agencias.- CCOO y UGT pidieron un procedimiento urgente que permita la aplicación inmediata del acuerdo para evitar los cortes del suministro eléctrico a las personas vulnerables. Por su parte, el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, ha afeado a Podemos sus críticas sobre el «oscurantismo» del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los socialistas para prohibir los cortes de suministro de luz, y le reprochó en todo irónico que si lo hubiese suscrito la formación morada sería «extraordinario”.

«Si Podemos hubiera conseguido el acuerdo sería excelente, magnífico, pero como lo ha conseguido el PSOE, no cumple con los objetivos», ha lamentado Saura. En cualquier caso, ha afirmado que para el PSOE no son «importantes» las críticas de Podemos por el acuerdo alcanzado con el Gobierno para evitar los cortes de suministros de electricidad, sino ser la oposición «que resuelve problemas de la gente». «Lo importante no es lo que digan el resto de fuerzas, no es ni la estrategia ni la táctica, lo importante es ser la oposición que resuelve los problemas de la gente, que va cambiando progresivamente la política fiscal, presupuestaria y social del Gobierno», sentenció.

Vara apoya el pacto PP-PSOE

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su apoyo al pacto entre el PP y el PSOE para reformar de forma urgente la ley del sector eléctrico. Vara ha explicado que esta medida se aplicará en función de un criterio de vulnerabilidad que decidirán las comunidades autónomas. El presidente ha declarado que este será uno de los temas que se tratará en la próxima Conferencia de Presidentes, por lo que necesitará tiempo para su aplicación. A su juicio, se trata de una gran apuesta, y el asegurar que la gente que no pueda pagarse la calefacción no pase frío en invierno tiene que ser el objetivo de una sociedad justa.

Los sindicatos lo quieren ya

Los sindicatos CCOO y UGT consideran que «el acuerdo para prohibir los cortes de luz a las familias más vulnerables es un primer paso en la buena dirección, aunque insuficiente, para reducir los altos niveles de pobreza en España» por lo que piden que se extienda al gas. En cuanto a su puesta en marcha, los sindicatos no consideran admisible que se retrase su aplicación al mes de marzo o abril, «condenando de esta forma a miles de personas a pasar frío este invierno debido a los plazos de tramitación de las normas. No nos cabe duda de que, con voluntad política, se pueden arbitrar mecanismos para adelantar esa protección«.

Nomascortesdeluz.org llama a hacer un «apagón protesta» este miércoles y manifestarse contra la pobreza energética

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EFE / Servimedia.- Cerca de 30 organizaciones, impulsoras del manifiesto nomascortesdeluz.org, convocaron para este miércoles un «apagón» y manifestaciones en ciudades contra las «tarifas abusivas» de las compañías eléctricas y los cortes de luz a las familias sin recursos. Se trata de unas 60 concentraciones que estarán secundadas además por sindicatos y varios partidos políticos, con el fin de que a través de una nueva legislación se prohíban todos los cortes de luz, se cree una «auténtica» tarifa social y se aplique el IVA superreducido a la electricidad.

Estas son algunas de las reclamaciones que los convocantes han recopilado en un manifiesto, en el que además de pedir el fin de los «abusos tarifarios», instan al reconocimiento y devolución por parte de las eléctricas de los 3.500 millones de euros que, a su juicio, cobraron «indebidamente» en conceptos de Costes de Transición a la Competencia. Asimismo, instan a ayuntamientos, diputaciones y parlamentos autonómicos a que aprueben declaraciones institucionales de apoyo a las movilizaciones. Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Albacete, Alicante, Almería, Badajoz, Cádiz, Cáceres, La Rioja, Jaén, Huelva, León, Guadalajara, Granada, Murcia, Navarra, Orense, Teruel, Sevilla, Salamanca, Toledo, Bilbao o Zaragoza son algunas de las ciudades que están convocadas mañana por estas organizaciones.

Apagón protesta de una hora

Aparte de las movilizaciones, los promotores de la iniciativa han convocado también un «apagón» de luz durante una hora, que comenzará a las 19.00 horas y hasta las 20.00 horas, que hacen extensible a las instituciones y consistorios para que muestren su compromiso contra la pobreza energética apagando la luz de edificios o monumentos y la iluminación navideña exterior. Los convocantes subrayan que la pobreza energética es uno de los principales problemas sociales y económicos desde que comenzó la crisis y destacan la «escandalosa subida» de tarifas de electricidad, lo que ha provocado un escenario de «evidente vulnerabilidad». Recuerdan que 7 millones de personas tienen dificultades para pagar la luz y más de 5 millones no tendrán calefacción este invierno.

Las organizaciones impulsoras de la iniciativa son Alianza contra la Pobreza Energética, la ONG ecologista Amigos de la Tierra, Anticapitalistas, Asgeco, Attac, CCOO, CGT, Confederación Intersindical, Convocatoria Cívica, Democracia Real YA! y Ecologistas en Acción. También participan Facua, Frente Cívico Somos Mayoría, Fundación Internacional de Derechos Humanos, Greenpeace, InspirAction, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Plataforma Garanticemos las Pensiones, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, Red de Solidaridad Popular, Somos Izquierda, Somos Sindicalistas, UGT, Unccue, USO y WWF.

Madrid contra la pobreza energética

La Plataforma Nomascortesdeluz.org protestará este miércoles en Madrid contra la pobreza energética, en una marcha que transcurrirá entre la Plaza de Cibeles y la Puerta del Sol. La protesta, convocada a las 18.30, exigirá una tarifa social asumida por las compañíasy la auditoría del sistema eléctrico. La plataforma denuncia la vulnerabilidad producida a causa de la «cronificación del desempleo», la «drástica reducción de salarios» y la «escandalosa» subida de tarifas y consideran el acceso a la electricidad como un derecho fundamental de las personas. Los convocantes critican además el actual bono social de la tarifa eléctrica, que consideran una «medida paliativa y estética» que, dicen, excluye a dos terceras partes de las personas necesitadas.

Apagarán las luces en Sevilla

Los edificios públicos de Sevilla apagarán su iluminación entre las 19:00 y 20:00 horas de este miércoles para respaldar la campaña nacional Nomascortesdeluz contra la pobreza energética. Según indicó el Ayuntamiento sevillano, «la finalidad principal es que el Gobierno central adopte las medidas necesarias para evitar la paralización del suministro por parte de las compañías eléctricas a las familias con problemas económicos”. Los grupos políticos municipales (IU, Participa, Ciudadanos, PP y PSOE) han rubricado una declaración institucional en la que proponen tal apagón eléctrico durante una hora, al considerar importante que el Ayuntamiento hispalense se sume a esta iniciativa social.

«La propuesta pretende que se ponga fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigen al Gobierno central que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta«, según indicó el Ayuntamiento, que reseña que, «desde el estallido de la crisis económica», la pobreza energética se convirtió «en uno de los principales problemas sociales y económicos de España». «Las tres mayores eléctricas se han embolsado más de 56.000 millones de euros en beneficios desde el inicio de la crisis económica», agrega la declaración institucional.

El sindicato CCOO pide que la luz y el gas sean gratis para los consumidores vulnerables

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Servimedia / Europa Press.- CCOO pidió al Gobierno que la nueva regulación del bono social contemple que el suministro eléctrico y de gas sea gratuito para las familias vulnerables y que sea financiado por las compañías comercializadoras. Así se expresa el sindicato, que demanda al Ejecutivo que garantice el acceso a la energía a la población así como que ejecute medidas «paliativas»  que «no se limiten a unos retoques del actual bono social».

A este respecto, advierte de que la actual medida deja fuera a una gran parte de los consumidores vulnerables, mientras que resultan beneficiados colectivos como las familias numerosas con independencia de su renta o instalaciones con menos de 3 kilovatios (kW), que pueden corresponder a segundas residencias o despachos profesionales. También denuncia que no ampara a los consumidores de gas natural, cuando una gran parte de las familias utilizan este combustible para conseguir agua caliente, calentar su casa o cocinar.

El sindicato sostiene que la pobreza energética es un drama que afecta en sus diferentes grados a cinco millones de personas y que se caracteriza por su «invisibilidad». Además de ello, CCOO estima que el debate social y político generado por algunos sucesos como el fallecimiento de una anciana en un incendio provocado por unas velas debería concluir con una regulación que proteja eficazmente a los consumidores «vulnerables». Frente a esta situación, la plataforma de organizaciones sociales y sindicales en las que participa puso en marcha una campaña denominada #NoMasCortesDeLuz.

Por ello, el sindicato CCOO cree que el bono social debería incluir a todos los consumidores de electricidad y gas, con ingresos familiares por debajo de los límites que se establezcan. De esta manera, se podrían fijar varios niveles de ayuda en función de dichos ingresos y con unos grados de subvención de las correspondientes facturas que irían desde la gratuidad total para las familias más vulnerables, hasta descuentos muy significativos en los siguientes tramos.

Respecto al procedimiento de concesión, CCOO estima que debería ser automático y tramitado por los Servicios Sociales correspondientes en el referido tramo gratuito, mientras que en el resto el sistema debería ser sencillo. Finalmente, CCOO considera de la máxima urgencia una norma estatal que establezca la prohibición de los cortes de suministros energéticos a los consumidores domésticos por falta de pago, sin una previa consulta a los correspondientes Servicios Sociales. 

El PSOE cree que extender la financiación del bono social a más empresas, como Red Eléctrica, dará seguridad jurídica

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Redacción / Agencias.- Mientras el sindicato UGT propone sustituir el bono social eléctrico por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta, el PSOE considera que su propuesta de que todas las empresas que desarrollan actividades en el sector eléctrico se encarguen de la financiación del bono social dará seguridad jurídica al nuevo mecanismo y reducirá las opciones de que sea recurrido con éxito ante los tribunales, según la portavoz de Energía en el Congreso, Pilar Lucio.

La propuesta del PSOE, que cuenta con el apoyo de Podemos, implica que no solo las comercializadoras de electricidad, ya sea de mercado o reguladas, asuman los cerca de 190 millones anuales de coste del bono social, sino que lo hagan también las empresas con actividades reguladas, entre ellas las que realizan actividades de transporte o distribución. Para Lucio, esta medida sería «más razonable» y «aportaría más seguridad jurídica». «Lo que nos importa es que se resuelva la financiación del bono social y que se tramite como proyecto de ley», lo que permitirá a su grupo parlamentario ofrecer aportaciones, añadió.

Cinco Días y El Confidencial adelantaron que el PSOE y Podemos quieren ampliar la financiación del bono social a todas las empresas con actividades en el sector, lo que haría también partícipes a compañías como Red Eléctrica de España, Acciona o Abengoa, aparte de Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP España y Viesgo. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, presentó recientemente en el Congreso la propuesta del Gobierno para financiar el bono social mediante las aportaciones de todas las comercializadoras, tanto de mercado como reguladas, pero no otras empresas. Así, el Gobierno prevé aplicar un nuevo mecanismo que sustituya al anterior, anulado por el Tribunal Supremo y por el que las empresas con actividades verticalmente integradas deben financiar la ayuda.

A finales de noviembre, el pleno del Congreso aprobó sin votos en contra una moción en la que insta al Gobierno a prohibir los cortes de suministro energético a personas en situación de vulnerabilidad sin dirigirse a los servicios sociales, tras recabar Podemos el apoyo del PSOE, ERC, PNV y PDECat en una enmienda transaccional, apoyada por Ciudadanos. El PP no quiso votar en contra y optó por la abstención. Según el texto, el Congreso reconoce la energía «como un bien público y común» y por este motivo se insta a establecer «garantías para que todos los hogares puedan mantener unas condiciones adecuadas de temperatura y demás servicios energéticos esenciales».

La enmienda transaccional aprobada también llama a impulsar una «tarifa asequible y progresiva según los niveles de renta», que sería sufragada por las compañías eléctricas, la liquidación de los Costes de Transición a la Competencia (CTC), estimados en más de 3.500 millones de euros, una auditoría de costes de todo el sistema eléctrico y una específica del déficit de tarifa. Asimismo, entre otras cuestiones, insta a modificar el IVA para aplicar tipos reducidos a electricidad y gas, y exige a las compañías publicar trimestralmente el número de hogares que no pueden abonar las facturas energéticas y que se ven afectados por la interrupción del suministro.

UGT propone tarifa social reducida

Por su parte, el sindicato UGT instó al Gobierno a sustituir el bono social eléctrico, el descuento del 25% al que pueden acogerse los consumidores más vulnerables, por una tarifa social de reducida cuantía para las familias con bajos niveles de renta. UGT considera que el bono social, al que se acogen unos 2,4 millones de hogares en nuestro país, no protege realmente a los que más lo necesitan y ha reclamado al Ejecutivo que asegure el acceso universal a suministros como la luz y el gas “para proteger a los grupos más vulnerables y con renta más bajas”. El sindicato también solicita el establecimiento de un IVA “súper reducido” para todos los bienes y servicios vinculados a la energía.

Según UGT, desde 2011, los recibos de los suministros se incrementaron muy por encima de la inflación, la luz más del 50% y el gas cerca de un 33%, lo que supone que el 10,6% de los hogares, casi 5 millones de personas, no puedan mantener una temperatura adecuada en su vivienda y que otros muchos, se hayan visto afectados por cortes por no poder afrontar los recibos. UGT recordó que actualmente España cuenta con 666.600 hogares que no tienen ningún tipo de ingresos y existen 1.438.300 familias con todos sus miembros activos en paro.

El sindicato ha denunciado que la cobertura de prestaciones para paliar la pobreza, como las rentas mínimas de inserción, que rondan los 420 euros y cubren a un 5,61% de la población, «no son suficientes» para cubrir las necesidades más básicas. Asimismo, el sindicato ha pedido que se desarrolle un plan estatal de lucha contra la pobreza, se incrementen las ayudas de emergencia social, tanto en la cobertura de las rentas mínimas como en su cuantía, y que se establezca un sistema de garantía de rentas, ya que es «básico» para acabar con la pobreza.

UGT resaltó que las situaciones de necesidad son propias tanto de personas sin ningún tipo de ingresos como también de aquellas con ingresos insuficientes para cubrir las necesidades más «básicas». En este contexto, ha apuntado que es necesario dar una respuesta a las familias que tienen más dificultades para pagar la energía, tanto por la falta de energía como por las tarifas «abusivas» del sector eléctrico. «Las situaciones de pobreza actuales nos indican que las políticas formuladas en nuestro país no suponen ni la prevención ni la solución para la lucha contra la pobreza y la exclusión social», denunció UGT.

Las empresas valoran experiencia de Nadal y piden diálogo para grandes retos mientras CCOO ve erróneo separar Industria y Energía

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Redacción / Agencias.- El sindicato CCOO advirtió de que crear un ministerio para el sector energético y para la digitalización, al margen de acometer una política industrial común, es «un error político y estratégico». Por otro lado, algunas de las principales asociaciones empresariales del sector energético reconocieron la experiencia del nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, al que reclaman dialogo para un calendario de trabajo plagado de grandes retos.

Desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE) han reclamado a Nadal que se recupere el diálogo que no ha habido en la última legislatura con un sector que exporta tecnología por casi 3.000 millones de euros anuales y da trabajo a 22.500 personas. «La llegada del nuevo Gobierno coincide con el final del primer semiperiodo regulatorio: hay un doble motivo para introducir ahora cambios en la regulación que pongan fin a la incertidumbre y reactiven las inversiones necesarias para cumplir con los compromisos internacionales», señaló AEE.

Desde la patronal fotovoltaica UNEF también esperan que el diálogo esté en el centro de esta nueva legislatura y que Nadal esté abierto al sector, que «puede tener un papel importante, si no se crean obstáculos a su desarrollo, tanto en la creación de empleo como contra el cambio climático». Asimismo, el presidente de la Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica (Protermosolar), Luis Crespo, mostró su deseo de que Nadal recupere el diálogo y «corrija, en la medida de lo posible, el desequilibrio generado en la pasada legislatura en perjuicio de las renovables». En este sentido, Crespo solicita que solucione «urgentemente el problema de la inseguridad retributiva que contiene el sistema actual y que tanto perjudica a las empresas.

Futuro de renovables y cogeneración

Asimismo, confía en que Nadal, al que da la «enhorabuena» por su nombramiento, sea consciente de que las renovables «son el futuro, mientras que las tecnologías convencionales son el pasado» y que actúe en consecuencia «apoyándose en un sector que tan eficazmente puede contribuir al desarrollo económico del país y a la proyección exterior de sus empresas». Por ello, pide al ministro que, ante «el progresivo e inexorable incremento de contribución de las renovables», entienda que la generación con almacenamiento es un producto distinto de la generación variable, «que aporta mayor valor al sistema y, por tanto, que se planifique con mentalidad de largo plazo dando una cabida relevante a la gestionabilidad de las renovables».

El director general de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Javier Rodríguez, ha valorado la capacidad de Nadal y su probada experiencia para acometer retos en el nuevo ciclo que se inicia. «Se inicia un nuevo ciclo con un calendario muy exigente: hay que buscar un Pacto de Estado en Energía y tendrán toda nuestra colaboración», ha apuntado Rodríguez, quien ha insistido en la urgencia de que se active el plan renove que llevan años reclamando y que permita actualizar 2.500 megavatios (MW) de cogeneración.

Desde Gas Industrial, la asociación integrada por grandes compañías consumidoras de gas, su directora general Verónica Rivière reiteró esa necesidad de diálogo tomando muy en cuenta a los consumidores e impulsando la competitividad industrial. Asimismo, la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (Ceees) también felicitó a Nadal, ha valorado su experiencia y le pidió que se comprometa con el mantenimiento de la red española de estaciones de servicio en España, de la que dependen de manera directa más de 60.000 puestos de trabajo.

Error separar Industria y Energía

CCOO expresó sus sospechas de que la configuración del Gobierno «atiende más a la voluntad de recompensar apoyos y actitudes que a ofrecer resultados a los problemas que embargan al país». En cuanto al nuevo ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, CCOO denuncia que «es uno de los artífices de los desmanes económicos del Gobierno anterior», ya que fue el responsable de la Oficina Económica de Moncloa.

El sindicato considera que el presidente del Gobierno «olvida» que para crear empleo de calidad e impulsar actividades de valor añadido «conviene gestionar las políticas de forma coordinada«. Rajoy, señala el sindicato, ha decidido disgregar las políticas que requieren de una especial «coordinación, cohesión y planificación» para conseguir que el país acorte la «importante brecha» que le separa de las economías desarrolladas en materia industrial.

Nadal “desautorizado” porque es «pronuclear»

Álvaro Nadal está «desautorizado» como titular de Energía porque es un firme «pronuclear», según el portavoz de la campaña nuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, prevé que Nadal continuará la política pronuclear del Gobierno de Rajoy durante la pasada legislatura. Además ha señalado que el nuevo ministro será encargado de «muchos asuntos energéticos» que se tendrán que decidir en esta legislatura tales como el almacén temporal de residuos nucleares, la renovación de licencia de la central nuclear de Garoña (Burgos), así como decidir si extiende la vida de las dos unidades de la central de Almaraz (Cáceres), cuya licencia expira en 2020 y si lo hace, «por cuánto tiempo».

Para Castejón es «una mala noticia» que el Gobierno sea dirigido por el Partido Popular porque opina que seguirá con una política de continuidad en lo energético. «En el fondo hay un alineamiento claro del anterior Gobierno, que continúa pegada a las grandes empresas eléctricas del país y ha seguido apostando por el carbón, petróleo y la nuclear», ha reprochado. Además, lamentó que el anterior Ejecutivo no ha encaminado al país hacia una transición energética sino todo lo contrario, ha apostado por mantener las «energías sucias» y por dificultar el cambio hacia un modelo energético sostenible, al tiempo que vaticina que el nuevo equipo de Gobierno seguirá la misma senda.

IU pide impuestos a las compañías eléctricas para financiar el bono social mientras CCOO las culpa de la pobreza energética

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Redacción / Agencias.- CCOO lamentó que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz “exime a las grandes eléctricas”, con «beneficios multimillonarios», de asumir la pobreza energética que el «alto coste de sus tarifas provoca en uno de cada tres hogares españoles”. En este sentido, Izquierda Unida aboga por sufragar el coste del bono social a través de los Presupuestos con impuestos que provengan de los beneficios que tienen las empresas del sector.

El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida (IU), Carlos Sánchez, considera que la sentencia del Tribunal Supremo supone un «golpe definitivo» a la reforma eléctrica aprobada por el Gobierno del PP en 2013. De este modo recuerda que, según la sentencia, las empresas eléctricas podrían recibir una compensación de más de 500 millones de euros y afirma que «se echa de nuevo una mano al oligopolio eléctrico«. El responsable económico de IU reitera que «una vez más, las grandes empresas ganan» y plantea que el descuento del 25% del bono social se sufrague vía impuestos a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El Tribunal Supremo declaró inaplicable el régimen de financiación del bono social, que se aplica a los consumidores de energía eléctrica considerados más vulnerables, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima los recursos interpuestos por E.ON España y Endesa, y reconoce el derecho a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social por la aplicación del decreto “inaplicable” de 2014.

CCOO culpa a las eléctricas

Por su parte, el sindicato CCOO culpó a las compañías eléctricas de causar la pobreza energética con “el alto coste de sus tarifas”, una pobreza energética “que crece a pasos agigantados en amplias capas sociales». Además, el sindicato sostiene que «un mercado viciado y una estructura tarifaria eléctrica ineficiente, unida al elevado coste de la energía, son las causantes esta situación». Por ello, cree que es necesario modificar la actual regulación del mercado eléctrico y eliminar el modelo de mercado a coste marginal por un mercado donde el precio de la energía sea más acorde con sus costes de generación y sus tipos de consumo.

CECU pide actuar al Gobierno

Por su parte, la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) reclama al Gobierno que actúe para responder a la sentencia del Tribunal Supremo que anula la forma de financiar el bono social y que garantice las familias vulnerables “no queden desprotegidas hasta que se elabore un nuevo texto normativo». En este sentido, la asociación considera que la decisión del Supremo genera dudas sobre cómo se van a devolver los importes y subraya que «no sería tolerable que fueran los beneficiarios del bono social los que se hicieran cargo, ni que se financiara con una nueva subida de la electricidad que afectaría a todos los usuarios».

El Gobierno eleva las ayudas mineras mientras Castilla y León pide una transición de hasta 50 años para las cuencas

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Redacción / Agencias.- La Junta de Castilla y León defiende un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria». Mientras tanto, el Gobierno autoriza la modificación de los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, entre 2017 y 2020, al Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.

El objetivo del acuerdo es posibilitar la concesión de ayudas destinadas a cubrir costes excepcionales derivados del cierre de unidades de producción de carbón no competitivas incluidas en el Plan de Cierre del Reino de España para la minería del carbón no competitiva. Con la autorización, el compromiso máximos de adquisición ascenderá a 2,4 millones para 2017, lo que supone un 400% de sobrecrédito inicial, frente a los 1,23 millones de 2018 (un 200% más), 1,23 millones de 2019 (un 100% más) y 616.666 euros de 2020 (un 100% más).

La aprobación de este acuerdo permitirá continuar con la convocatoria de ayudas, actualmente en fase de evaluación de solicitudes, con las que se pretende paliar los efectos perjudiciales que el cese de la actividad minera ocasiona en el entorno social y regional. La medida complementa además la autorización extendida por el Gobierno recientemente para que esta convocatoria de ayudas se considere una excepción a la convocatoria de la orden de cierre de ejercicio presupuestario 2016.

Los sindicatos critican las ayudas

Precisamente, los sindicatos CCOO y UGT denunciaron que estas ayudas complementarias a las minas de carbón de 36,1 millones de euros aprobadas por el Gobierno recientemente se limitarán al año 2016, como consecuencia del mecanismo que rige su aplicación. Por ello, ambos sindicatos tachan de «burla» del Ejecutivo ante el sector dichas ayudas. A este respecto, explican que la aplicación efectiva de la norma introduce un «truco» que limita su alcance únicamente a este año y no permitirá su aplicación en 2017 y 2018. En consecuencia, piden la convocatoria de la Comisión de Seguimiento para corregir esta situación, además de poner al día toda la serie de incumplimientos con el sector para evitar su desaparición.

Transición para próximos 50 años

Por su parte, el Comité Económico y Social (CES) de la Unión Europea y la Junta de Castilla y León defienden un «período de transición de entre 25 y 50 años» que permita elaborar un plan de apoyo a las comunidades autónomas que dependan de la producción del carbón «para reestructurar su industria«. Se trata de una conclusión del dictamen del CES sobre la minería del carbón, presentado por el sindicalista rumano Dumitru Fornea, quien ha advertido sobre la necesidad de «establecer diálogos políticos, cívicos y sociales», puesto que la transición energética impuesta por la Unión Europea requiere del «acuerdo de todas las partes» para poder lograr los cambios exigidos.

En este sentido, Fornea señaló que «el Plan de apoyo a la transición debe animar a las regiones a que emprendan transformaciones, promuevan el desarrollo innovador y creen empleo». Al respecto recordó que en Castilla y León «hay unas 4.000 personas que dependen directa o indirectamente de la explotación del carbón», una cifra que alcanza el millón de personas si se hace extensiva al resto de Europa, de ahí que sea necesario «que todos los agentes implicados alcancen un acuerdo».

Dimitru Fornea recordó que «las ayudas del Estado para la industria se terminan en 2018» y se pregunta «qué va a hacer el Gobierno de España» y los diferentes gobiernos de los países afectados, «que hasta ahora se han callado bastante, pero es momento de defender los intereses de sus comunidades». Este dictamen pretende ser «un primer paso para abrir el debate» y presentar un acuerdo coherente en Europa, puesto que existe, según indicó, «un fuerte interés de las corporaciones internacionales involucradas en las renovables». Por ello Fornea incidió en que «las cuencas mineras deben prepararse para la supresión progresiva de la producción del carbón».

La consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha destacado que el dictamen plantea «un período de transición de 25 o 50 años» que permitiría poder realizar los cambios necesarios y, al respecto, recordó que la Junta de Castilla y León ya impulsa «un Plan de Dinamización de los municipios mineros». Eso sí, Del Olmo ha mostrado su confianza respecto a que este informe «permita revertir la decisión de la Comisión Europea de eliminar las ayudas a la industria en 2018» y poder abordar un «régimen transitorio con diferentes medidas para adaptar la minería, lo que, a su juicio, sería perfectamente compatible con el Acuerdo de París sobre cambio climático».

CCOO reclama un relevo generacional y garantías de empleo para las centrales nucleares

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Europa Press / Servimedia.- CCOO de Industria considera que la política de las centrales nucleares debe dar un giro de 180 grados y reclama un relevo generacional, garantía de empleo y un cambio «radical» en la gestión. En este sentido, el sindicato reclama que “cuanto antes” se proceda a la inversión de las centrales y se apliquen sistemas de relevo generacional que garanticen el necesario traspaso de conocimiento y experiencia, según acordaron los delegados del sector nuclear en Almaraz. En la reunión participaron representantes de Almaraz, Trillo, Cofrentes, Ascó y Vandellós.

Todos los participantes coincidieron en que “si no se produce un cambio radical, habrá pocas posibilidades de ampliar la vida útil de los grupos nucleares y muchas de que alguno de ellos no renueve la próxima licencia de explotación”. La finalización de los actuales permisos de explotación, indica el sindicato, «produce una gran incertidumbre entre los trabajadores y trabajadoras más jóvenes que no saben si mantendrán su empleo en el futuro». «Lamentablemente, a estas circunstancias hay que añadir la política de recortes que aplican las empresas propietarias de las plantas nucleares en inversión y mantenimiento de equipos», lamenta el sindicato.

Situación de las empresas contratistas

Los delegados también analizaron la situación y expectativas de la central nuclear de Almaraz y la situación que se vive en la central extremeña ante la denuncia del Gobierno de Portugal y de los grupos ecologistas. En la reunión se abordó la cuestión de las empresas contratistas que trabajan en las centrales nucleares. CCOO de Industria ha detectado que la «nefasta política empresarial que se aplica en la renovación de los contratos de servicio, con una drástica reducción económica, está provocando una gran incertidumbre laboral a buena parte del personal y la pérdida del conocimiento».

Guindos señala que Industria cumplirá la sentencia sobre el bono social mientras los sindicatos cargan contra el Supremo

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Redacción / Agencias.- Mientras el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, asegura que la sentencia del Tribunal Supremo que declara inaplicable el régimen de financiación del bono social de la luz favorece «a las élites y a las eléctricas», el ministro de Economía en funciones y responsable del departamento de Industria, Luis de Guindos, señaló que el Gobierno cumplirá la sentencia, de la que resaltó que no cuestiona esta ayuda, sino su financiación.

«No tenemos todavía la sentencia. Hemos visto lo que ha salido por la prensa», si bien su contenido «no cuestiona el bono social, sino la financiación del mismo», indicó el ministro, titular de Industria desde la dimisión de José Manuel Soria, respecto al descuento del 25% en el recibo de la luz que supone el bono. «Cuando tengamos la sentencia, los servicios jurídicos de Industria y Energía la analizarán para conocer el detalle. Cumpliremos la sentencia», añadió. Sobre si cabe la posibilidad de presentar un recurso, Guindos aseguró desconocerlo pero recordó que el Supremo es la instancia más alta que existe en la judicatura española.

El Supremo declaró inaplicable el sistema de financiación del bono social, que desde 2014 recayó sobre las principales compañías eléctricas conforme a lo previsto en la reforma energética anunciada en 2013, al entender que es incompatible con la normativa comunitaria. En dos sentencias, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estimó los recursos interpuestos por E.ON España (ahora Viesgo) y Endesa, y reconoce el derecho de ambas a cobrar una indemnización por las cantidades aportadas en concepto de bono social. Para el Supremo, el régimen de financiación del bono social incumple la exigencia establecida en las directivas europeas para el mercado interior de la electricidad, que establece que “las obligaciones de servicio público deberán definirse claramente, ser transparentes, no discriminatorias y controlables”.

CCOO: “favorecer a las élites”

Por su parte, el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górriz, criticó que la sentencia del Supremo favorece «a las élites y a las eléctricas«. «Una vez más, la Justicia es ignorada por algunos tribunales de justicia, al favorecer a las élites y a las eléctricas a costa de agravar la situación de las personas que peor lo pasan y desentenderse de la más elemental responsabilidad social de las empresas«, según denunció el sindicalista.

De acuerdo con el sindicato, es «inaceptable» que España, que cuenta con «una de las tarifas eléctricas más elevadas de la Unión Europea», asista a «una nueva vuelta de tuerca» para «hacer más difícil la vida de las personas en situación de pobreza energética». Górriz ha criticado que el Alto Tribunal ha sido «sensible» a los recursos de las compañías eléctricas y ha «dejado en la estacada» a los colectivos «más desfavorecidos». En su opinión, esta sentencia es una «mala noticia» para la democracia, que ensanchará «aún más» la brecha de la desigualdad y la pobreza en España. Górriz reclamó a los poderes públicos que «activen todas las iniciativas para paliar, al menos, la situación de los colectivos más vulnerables».

UGT: cuidado con los ciudadanos

Por otro lado, UGT pidió que, tras las sentencias del Supremo, el coste del bono social «no recaiga sobre los ciudadanos y ha reclamado que se establezca una regulación que «asegure el acceso a la energía a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas». El sindicato subrayó que el Estado «debe proteger» a aquellos colectivos más vulnerables de la sociedad, “que sufren la pobreza en todos sus ámbitos, incluida la energética», por lo que considera que el bono social era «una medida de justicia». A este respecto, UGT afirma no compartir el fallo, ya que «da la razón a las eléctricas y obliga a devolverles lo que pagaron«.

Para el sindicato, el coste de esta decisión judicial no puede recaer «en ningún caso» sobre los ciudadanos, que «han sufrido en primera persona los efectos de la crisis y de las políticas económicas que se han aplicado para combatirla», e insiste en que es necesario establecer una regulación «para asegurar el acceso al suministro energético con carácter universal a los grupos más vulnerables y con rentas más bajas, evitando el corte de suministro por falta de pago». También pide un IVA súperreducido para todos los bienes y servicios vinculados a la energía. Asimismo, pide poner en marcha un plan integral de choque contra la pobreza, «que ha aumentado en los últimos años como consecuencia de las políticas de austeridad».

Discapacitados, sindicatos y empresarios de la Comunidad Valenciana se oponen a las gasolineras desatendidas

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EFE.- Las entidades Cocemfe Comunidad Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, la Federación Mediterránea de Estaciones de Servicio (Fedmes) y la Agrupación de Vendedores al por menor de Carburantes (Alevencar) se oponen al proyecto de la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad Valencia, relativo al horario de atención personalizada en las estaciones de servicio.

Según estas entidades, el nuevo proyecto de Comercio supone «un paso atrás inaceptable, que sitúa a la Comunidad Valenciana a la cola de toda España en defensa de los derechos de los consumidores», por lo que han anunciado la interposición de recursos. El proyecto de resolución recoge que, con «carácter general», el horario diurno será el comprendido entre las 6.00 y las 22.00 horas, aunque las gasolineras «podrán fijar otro horario» en el que dispongan de una persona responsable durante al menos 16 horas «entre las 4.00 y las 24.00 horas de los días laborables».

Además, el anteproyecto establece condiciones en las que la atención quedaría limitada a tan solo 8 horas (en la franja entre las 6.00 y las 22.00 horas, en día laborables) y enumera una serie de excepciones que, en la práctica, lo convertirá en norma generalizada, según estas entidades. Con las excepciones «resulta evidente que, de facto, la atención personalizada quedaría reducida a 8 horas en un sinfín de establecimientos», precisaron. Estas entidades consideran «una falta de respeto hacia los consumidores en general, y particularmente a las personas con discapacidad, apostar de una forma tan clara por el «régimen de autoservicio».

En caso de aprobarse tal cual fue remitido, los firmantes consideran que este proyecto convertiría a la Comunidad Valenciana en la autonomía más lesiva respecto a los derechos de los consumidores. Cocemfe Comunidad Valenciana, los sindicatos CCOO y UGT, Fedmes y Alevencar alertan de «la pérdida de miles de empleos (más de 6.000 en la Comunidad), la discriminación hacia las personas con discapacidad y la vulneración de derechos de los consumidores en general, así como la competencia desleal que suponen las estaciones de servicio desatendidas».