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El Ayuntamiento de Valverde de El Hierro y Endesa abordan el bono social destinado a consumidores vulnerables

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valverde, Oihana Reyes, se ha reunido con el director comercial de Endesa, José Lucendo, y la responsable territorial de Atención al Cliente de la empresa eléctrica, Lidia Quintana Déniz, para abordar cuestiones relacionadas con la concesión del bono social destinado a hogares vulnerables.

Durante la reunión, se trataron diversas cuestiones en los que se incluyó el bono social (descuento de la luz regulado por el Gobierno y que persigue proteger a los hogares considerados vulnerables) y al respecto Reyes expresó que el Ayuntamiento de Valverde orienta a los vecinos y se encarga de la tramitación de las ayudas.

En este sentido, tras la reunión se concretó que, próximamente, habrá una jornada de formación dirigidas a los responsables de las áreas de Servicios Sociales de las administraciones, con el fin de estar al tanto de las novedades en esta materia.

Los municipios más poblados de Canarias piden una «ventanilla única” para facilitar el acceso al bono social de la electricidad

EFE.- Los municipios de Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, los cuatro con mayor población de Canarias, han solicitado la creación de una “ventanilla única” que, desde las compañías eléctricas, facilite su tramitación a las personas susceptibles de ser beneficiarias del nuevo bono social eléctrico. Asimismo, los ayuntamientos han expresado las dificultades para asumir la carga de trabajo y financiación derivada de esta cuestión.

Asimismo, los 4 ayuntamientos han explicado que solicitarán a las compañías eléctricas que sean estas últimas las que faciliten la tramitación de este bono que supone un descuento de hasta un 40% en su factura de luz. El objetivo es evitar que los consumidores domésticos tengan que realizar «una peregrinación» por las distintas administraciones públicas para obtener las certificaciones necesarias. Asimismo, han pedido que sea el Gobierno de Canarias quien expida los certificados de discapacidad, víctimas de violencia de género y de familia numerosa, ya que es quien tiene estas competencias. El Estado, por su parte, debe asumir la certificación de las víctimas de terrorismo.

Telde, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y La Laguna son, además, las localidades con mayor número de usuarios de los servicios sociales, con cifras que superan las 20.000 intervenciones anuales, según indicó el Consistorio de Telde. Por ello, los cambios derivados del real decreto del bono social suponen para estos consistorios un aumento considerable de la carga de trabajo de la plantilla de estos departamentos, así como un probable aumento del gasto social. Se calcula que en Canarias hay 100.000 personas susceptibles de beneficiarse de este bono y la mayor parte de ellas reside en estos municipios, ha subrayado el Ayuntamiento.

Las tres principales compañías eléctricas, Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, costearán el 88% del bono social de este año

EFE.- Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa asumirán el 88% del coste del nuevo bono social, según la propuesta de orden ministerial que aprueba los porcentajes de reparto de las cantidades destinadas a financiarlo en 2018, abierta a trámite de audiencia. El nuevo bono social, después de la sentencia del Tribunal Supremo que invalidó el mecanismo de financiación del anterior, es costeado por todas las comercializadoras y no sólo por las que desarrollan actividades de generación y distribución como ocurría antes.

Según la regulación, el bono social, así como la cofinanciación del suministro de energía de los consumidores en riesgo de exclusión social, debe ser asumido por las matrices de los grupos de sociedades que desarrollen la actividad de comercialización de energía eléctrica y por las sociedades que no formen parte de ningún grupo. El porcentaje de reparto de las cantidades a financiar se calcula para cada sociedad o grupo de sociedades de forma proporcional a la cuota de clientes a los que suministre energía eléctrica.

El 72%, Endesa e Iberdrola

Endesa es la compañía a la que corresponde un mayor porcentaje en la financiación del bono social, con un 37,15%; seguida de Iberdrola, con un 35,05%, y Gas Natural, con un 15,82%. Ya a más distancia se sitúa EDP España, a la que la propuesta de orden de reparto le asigna un porcentaje del 3,69%, y Viesgo, a la que corresponde un 2,2%. La orden podrá ser recurrida ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses y también puede interponerse recurso de reposición contra la misma ante el Ministerio de Energía en el periodo de un mes.

El Consejo de Ministros aprobó en octubre un decreto que desarrolla la nueva regulación del bono social, después de que el mecanismo anterior de financiación fuera invalidado por el Supremo. El coste del nuevo modelo, según los datos que facilitó el Ministerio de Energía, estará entre 230 y 235 millones de euros al año, superior al anterior, que era de entre 180 y 200 millones.

El acceso a los descuentos en la factura de la luz establecidos en el nuevo bono social oscilan en función de la renta de un 25% al 40%; aunque en el caso de personas atendidas por los servicios sociales un 50% de su factura lo abona su comunidad autónoma y la otra mitad su compañía comercializadora. En diciembre, las cinco grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, EDP y Viesgo, recurrieron tanto el real decreto como la orden ministerial que lo desarrolla y que establece el nuevo mecanismo de financiación.

El programa social de Iberdrola ayuda a consolidar el comedor social de Cáritas en Plasencia

EFE.- La colaboración de Iberdrola, a través de su programa social, con la organización Cáritas Diocesana de Plasencia (Cáceres) ha permitido consolidar el comedor social que esta institución gestiona en la capital del Jerte y que atiende a más de 70 personas diariamente. Se trata de un proyecto que se enmarca en el compromiso de la empresa por impulsar iniciativas que contribuyan a superar situaciones de pobreza o exclusión social y mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables.

En este sentido, el delegado de Iberdrola en Extremadura, David Martín, se ha reunido con el director de Cáritas Diocesana de Plasencia, Pedro Javier Díez, para conocer la marcha del proyecto social. Ambos han valorado esta colaboración que permite consolidar este comedor social de Plasencia. El objetivo es, por un lado, mejorar este comedor social y el punto de distribución de alimentos, dotándole de los medios y herramientas necesarias para ello y avanzar en la coordinación entre los voluntarios y el personal técnico. Por otro, se pretende disponer de recursos para incrementar la autonomía e integración social de estas personas.

De las personas atendidas con esta iniciativa, se presta una atención especial a una veintena que son menores de edad y sobre los que se realiza una labor de acompañamiento y seguimiento. Iberdrola, a través de su fundación en España, apoya cada año una treintena de proyectos sociales del país. Gracias a este Programa Social, desde 2010 se han impulsado más de 300 iniciativas con un impacto medio anual de 12.000 beneficiarios directos y 32.000 indirectos. En el caso concreto de Extremadura, Iberdrola ha impulsado 13 proyectos de entidades sociales de ambas provincias, lo que ha supuesto una inversión total de cerca de 450.000 euros.

La Generalitat de Cataluña recurre la sentencia que anula el protocolo de la comunidad autónoma contra la pobreza energética

Europa Press.- La Generalitat de Cataluña ha presentado un recurso ante el Juzgado Contencioso Administrativo 2 de Barcelona contra la sentencia que declara nulo el protocolo de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.

La titular de este Juzgado, Elsa Puig, anuló a principios de diciembre el protocolo por un defecto de forma y de competencias, aceptando el recurso interpuesto por Endesa contra la Agencia Catalana de Consumo (ACC), la Federación Catalana de Municipios (FCM) y la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La Generalitat ha recordado que la anulación de este protocolo no afecta a la lucha contra la pobreza energética, ya que en este ámbito la ley de pobreza energética de 2015 es de aplicación directa y no requiere de desarrollo reglamentario posterior.

En la sentencia, la juez consideró que el contenido del protocolo es propio de una disposición general que no se aproxima a las leyes vigentes en el momento de su aprobación: «De ahí que, no habiéndose aprobado por la Generalitat, es un acto nulo de pleno derecho». En este sentido, el recurso se fundamenta en que el protocolo es una guía que facilita a los servicios sociales la interpretación de la normativa aplicable para desplegar los mecanismos de protección necesarios para los consumidores vulnerables, y no una disposición de carácter general. Aclara que todos los elementos que la sentencia identifica como indicadores del carácter normativo del protocolo son solo prescripciones de la ley que el protocolo se limita a reproducir.

Endesa también alegó como motivo de nulidad el hecho de que el protocolo fuera aprobado por un órgano que considera «incompetente (la ACC), cuando, en su caso, debió de haberlo aprobado el Gobierno de la Generalitat». El recurso de la Generalitat considera que, como el protocolo no es una disposición de carácter general, no se puede considerar que no ha sido aprobado por el órgano competente ni que no ha seguido el procedimiento legalmente establecido.

La juez consideró que la prohibición de interrumpir el suministro es competencia del Estado. La Generalitat recuerda que ni la ley ni el protocolo vulneran la distribución competencial en materia de energía, ya que la normativa no impone ninguna prohibición a las compañías suministradoras, sino que establece que cuando la empresa tenga que hacer un corte de servicio debe solicitar previamente un informe a los servicios sociales municipales para determinar si la persona o familia está en situación de riesgo de exclusión. La Generalitat puntualiza que del protocolo no se derivan sanciones ni ninguna empresa ha sido objeto de expedientes sancionadores basados en este protocolo.

Energía impedirá a las comercializadoras eléctricas sacar a un usuario del bono social hacia el mercado libre sin advertírselo expresamente

Europa Press.– El Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital prohibirá a las comercializadoras de electricidad suscribir un contrato en el mercado libre con un beneficiario del bono social sin advertirle expresamente de que la firma implicará la pérdida de la ayuda. Esta novedad forma parte de las medidas recogidas en el borrador de reglamento de desarrollo del bono social de electricidad, que fue remitido por Energía a las distintas comunidades autónomas.

El borrador recoge tres novedades normativas encaminadas al refuerzo de la protección de los consumidores de electricidad, especialmente de los vulnerables. Entre ellas figura la de que el nuevo comercializador «deberá informar expresamente» al consumidor con bono social de que «la suscripción del nuevo contrato en mercado libre implicará que no resulte aplicable la percepción del bono social». Otra de las novedades es que las comercializadoras deberán incluir en sus reclamaciones a los consumidores con impagos en su factura que estén en el mercado libre la posibilidad de acogerse al precio regulado, el PVPC, y de solicitar el bono social.

Junto a esto, Energía anulará expresamente las cláusulas que contemplen penalizaciones o costes adicionales para los consumidores que tengan un contrato en el mercado libre y que soliciten acogerse al PVPC acreditando los requisitos para ser consumidor vulnerable. El borrador también obliga a las comercializadoras eléctricas a actualizar al menos una vez a la semana el listado con los consumidores a los que ha remitido la primera o, en su caso, segunda notificación de impago.

Esta lista se remitirá a las comunidades autónomas, que designarán por su parte un centro directivo para recibir esta información e informar a las distintas administraciones del territorio. De esta forma, «las autoridades competentes en materia de servicios sociales dispondrán permanentemente de un listado actualizado de los impagos en su territorio». Las comunidades autónomas podrán usar la información del listado para incluir a los consumidores en sus distintos programas de asistencia social. También estarán obligadas a notificar a las comercializadoras de referencia los nombres de los usuarios que están siendo atendidos por sus servicios sociales.

Al abordar el nuevo principio de asignación del bono social, Energía reconoce que la actual definición de beneficiarios «tiene una relación muy indirecta con las categoría de renta«, lo que justifica, según sus consideraciones, vincular la ayuda a un indicador como el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). En este sentido, reconoce que con la actual definición «puede haber consumidores que realmente necesiten la ayuda del bono social y no la estén recibiendo», así como «beneficiarios que no requieran realmente del descuento del 25% en su factura eléctrica».