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Compromís pide al Gobierno que aborde el desmantelamiento de Castor mientras la banca reclama el dinero prestado para la indemnización

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Europa Press.- El senador de Compromís por Castellón, Jordi Navarrete, ha pedido al Gobierno que «defienda el dinero público» y aborde «con responsabilidad» los pagos vinculados a la construcción y mantenimiento del «fiasco» del almacén de gas Castor, así como el futuro de este proyecto energético «fallido».

Por su parte, Santander, CaixaBank y Bankia presentaron un recurso contra el Ejecutivo ante el Tribunal Supremo en el que solicitan la devolución de la cantidad financiada que todavía no se ha recuperado, más los daños causados, por la inversión de 1.350 millones de euros que realizaron cuando se hicieron cargo de la deuda para abonar la indemnización por el cierre del almacén Castor, frente a las costas de Vinaròs (Castellón), a la sociedad promotora Escal UGS, participada por ACS.

El senador ha asegurado que Compromís mantendrá en 2019 su postura de «rechazo total a este proyecto por peligroso, innecesario; por su opaca tramitación e irresponsable desenlace del Gobierno, que pagó por un proyecto inservible, mal ejecutado y en el que falló todo». Ante esta situación, ha reclamado «un cambio autocrítico de postura del Gobierno y que se ponga del lado del contribuyente, que no tiene por qué pagar miles de millones por un fracaso de tal magnitud, y defienda el dinero de todos y la decencia del servicio público».

Navarrete ha recordado que Compromís intentó crear en el Senado una comisión de investigación sobre el proyecto, una iniciativa que «el PP frenó en solitario para evitar identificar a responsables, acceder con transparencia a los informes y auditorías realizadas sobre la planta o conocer su operatividad antes de indemnizar a los promotores». «Pedimos al PSOE, ahora en el Gobierno, que aborde los pagos para que tanto las retribuciones, mantenimiento de Enagás o el pago a Escal UGS se ajuste a lo que les corresponda legalmente, pues no es de recibo que los consumidores sean quien pague por unas instalaciones inservibles ni que se castigue a quien financió los proyectos o se pague a quienes no lo merecen», ha aseverado Navarrete.

También ha defendido la necesidad de poner en marcha «nuevas acciones a varias bandas, desde dilucidar responsabilidades, ejercer acciones para recuperar el dinero malgastado, auditar los trabajos, devolver el ingresado ilegítimamente a los consumidores y abordar de una vez el desmantelamiento de la planta«. Compromís ha reclamado nuevos documentos al Gobierno sobre el desmantelamiento de Castor en base a «los informes que maneja la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera».

La banca reclama su dinero

Ahora es la banca la que reclama su dinero ante la Justicia después de que en abril Santander, CaixaBank y Bankia formularon ante el Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban dicha devolución, al considerar que, de lo contrario, el Estado se beneficiaría de la inconstitucionalidad a costa de las entidades financiadoras. En su reclamación, las tres entidades ofrecían al Gobierno alcanzar un acuerdo para permitir hacer la devolución de una manera flexible. Debido a que el Consejo de Ministros agotó el plazo preceptivo de la reclamación sin haberla resuelto, se entiende que la misma ha sido desestimada y que cabe recurrir ante el Supremo.

En diciembre de 2017, el Tribunal Constitucional declaró «nulos e inconstitucionales» algunos artículos del real decreto ley aprobado en 2014 que contemplaba la hibernación del Castor y en el que se reconocía la compensación de 1.350 millones de euros para la empresa promotora Escal UGS. En su sentencia, el Tribunal no entraba en el fondo de la indemnización que recibió Escal UGS por la decisión adoptada sobre Castor, centrándose más en el fondo de cómo se hizo esa indemnización a través de la aprobación de un Real Decreto de urgencia. Por ello la CNMC decidió paralizar los pagos a la banca por esta deuda, que ascendían a 6,7 millones de euros mensuales y se abonaban como cargo al sistema gasista.

Asimismo, Enagás decidió presentar una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Estado como legislador en la que solicitaba la devolución de los costes por sus labores de mantenimiento y seguridad del almacenamiento subterráneo de gas. Esta decisión de la empresa se producía después de que el Gobierno decidiera finalmente dejar fuera de la orden de peajes y cánones del sistema gasista para 2019 estos derechos de cobro de Enagás, que fueron también paralizados por la CNMC a principios de 2018 tras la sentencia del Tribunal Constitucional de finales de 2017.

Energía considera que ha acatado y cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional sobre Castor tras pedirlo el Parlamento de Cataluña

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EFE / Europa Press.- Energía considera que ha acatado y cumplido con la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló parcialmente el decreto en el que se fijó la indemnización por la paralización del almacén de gas Castor al dar traslado de ella a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Fuentes de este departamento han manifestado, tras la presentación por el Parlamento de Cataluña de un incidente de ejecución ante el Tribunal Constitucional para exigir que se adopten medidas para que se ejecute la sentencia sobre el almacén de gas Castor, que, por lo que respecta al Ministerio, se ha cumplido con lo establecido en la sentencia. El Ministerio de Energía, tras anular el Constitucional la indemnización de 1.350,7 millones de euros que fijó el real decreto-ley para los promotores del proyecto, comunicó a la CNMC la decisión judicial para que adoptara las medidas oportunas.

La CNMC paralizó los pagos para abonar el derecho de cobro (6,7 millones mensuales) por el almacén de gas y, en enero pasado, cuando se hizo pública la liquidación del sector eléctrico correspondiente a noviembre de 2017, además de paralizar esos pagos, estableció que los titulares de los derechos de cobro dejaban de ser sujetos del sistema de liquidaciones. Asimismo, eliminó del procedimiento de liquidación del ejercicio los costes de operación y mantenimiento del almacén reconocidos con cargo al sistema gasista y que realiza Enagás.

Indemnización: 1.350 millones de euros

El Gobierno suspendió en 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, situado frente a la costa de Vinaròs (Castellón), tras registrarse cientos de seísmos en la zona, y en 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS, que estaba participada por la compañía ACS en un 66,67%, a la concesión de la instalación. Como consecuencia de ello, el Ejecutivo mediante un real decreto-ley estableció una indemnización de 1.350,7 millones para Escal UGS, promotora del proyecto, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.

Escal UGS cobró de una sola vez la indemnización a través de Enagás, que transfirió esa deuda a Santander, Caixabank y Bankia, entidades que adquirieron el derecho de cobro de la indemnización, que percibieron hasta que se produjo la sentencia a través de las liquidaciones de la CNMC. Santander, CaixaBank y Bankia formularon el pasado 6 de abril al Gobierno una «reclamación de responsabilidad del Estado legislador» en la que solicitaban la devolución del dinero aportado. El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, indicó recientemente que el Ministerio tenía 6 meses para responder a esa reclamación de los bancos y que se pediría un informe al Consejo de Estado.

Solicitud del Parlamento de Cataluña

Por su parte, el texto de los letrados de la Cámara alega que la nulidad ha supuesto «un grave perjuicio para el conjunto de usuarios al haber tenido que soportar una carga económica indebida» mientras estuvo vigente el decreto ley que fijó la compensación. Se expone que «no consta que el Gobierno, en tanto que autor y responsable de la norma, haya adoptado medida alguna para reparar los graves efectos» producidos al patrimonio de todos los usuarios del sistema gasista que soportaron el pago de la compensación. Este incidente de ejecución se presenta tras solicitar al Constitucional «la adopción de las medidas necesarias para reparar los daños y perjuicios causados a los usuarios y consumidores» por la norma declarada inconstitucional.

Firmado por el letrado mayor de la Cámara, Antoni Bayona, el texto recoge que los poderes de ejecución de que dispone el Tribunal Constitucional en relación con el efectivo cumplimiento de sus sentencias ha sido «una cuestión especialmente controvertida a raíz» de la reforma legal que incrementó los poderes del tribunal. Recuerda que «la gestación y los orígenes de esta reforma legal tienen relación directa con el proceso político seguido en Cataluña en los últimos años», por lo que no se pueden omitir a la hora de reclamar la ejecución de la sentencia del Castor.

Así, concluye que el propio Tribunal Constitucional ha considerado que sus poderes de ejecución de sus resoluciones con «plenamente coherentes con la Constitución» pese a que estas facultades no están expresamente recogidas en la Carta Magna. Por todo, afirma que el Tribunal Constitucional debe tomar las medidas pertinentes para ejecutar la sentencia para «la protección del conjunto de ciudadanos que se han visto afectados por el deber de soportar una carga patrimonial impuesta por el legislador, el decreto de compensación, en contra de la Constitución«. La Cámara solicita al Constitucional que requiera al Gobierno, como órgano superior de la Administración del Estado, abstenerse a utilizar la figura del decreto ley para regular los aspectos económicos de la extinción del Castor.

Cantabria fue la comunidad autónoma con mejor calidad de aire atmosférico en 2017

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Europa Press.- Cantabria fue la comunidad autónoma con mejores condiciones de aire atmosférico en 2017, según reveló la vicepresidenta autonómica y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos. «Siendo conscientes de que siempre se puede mejorar, sin embargo el año pasado hemos estado a la cabeza como el aire en mejores condiciones globales de todas las comunidades del Estado», presumió la vicepresidenta durante la presentación de la Memoria 2017 del Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA), acompañada de su director, Jesús García.

Díaz Tezanos ha destacado que desde principios de legislatura pero sobre todo desde 2017 el CIMA «ha ganado peso» y se ha convertido en un órgano «imprescindible» en la actividad ambiental, con los objetivos de ofrecer un seguimiento y control de las condiciones ambientales de la comunidad autónoma y de ser una herramienta de participación, educación y difusión ambiental. Así, dentro de su labor de seguimiento y control de la calidad ambiental, el CIMA ha constatado que en 2017 Cantabria fue la comunidad con mejor calidad global del aire atmosférico.

En este sentido, García explicó que, «en general, la mejoría es notoria» en todos los aspectos de la calidad del aire, aunque en ocasiones «puntuales» los parámetros hayan sido altos en Santander por la combustión del transporte. «Cantabria ha mejorado notablemente en emisiones de gas de origen industrial», destacó el director del CIMA, quien ha insistido en que los parámetros «puntualmente» altos en Santander y en Torrelavega han sido originados por el tráfico y han sido «advertidos al momento y notificados para tomar las medidas oportunas». En todo caso ha asegurado que han estado «por encima de lo normal de calidad del aire pero no han superado los límites legales».

Santander, Málaga, Logroño y Hospitalet debaten sobre eficiencia energética

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EFE.- Las ciudades de Santander, Málaga, Logroño y L’Hospitalet de Llobregat han debatido hoy sobre eficiencia energética en el marco de un foro sobre Ciudades Inteligentes, organizado por la Fundación Gas Natural Fenosa en la capital cántabra.

El foro la han inaugurado el consejero de Industria, Francisco Martín; el director de la Fundación, Martí Sola, y la alcaldesa de Logroño, Concepción Gamarra.

Después se ha celebrado una mesa redonda en la que también han participado la alcaldesa de Santander, Gema Igual; el teniente de alcalde de Málaga, Mario Cortés, y el representante de la Concejalía de Medio Ambiente de L’Hospitalet Rafael Jiménez.

En la apertura del foro, Martín ha reivindicado el papel de las «ciudades intermedias» en la expansión de la red de inteligencia urbana porque han sido ellos «los que han tirado de este carro«.

Después, en un encuentro con periodistas, el consejero destacado que en unos «veinte días» se empezará a colocar el tendido de fibra óptica y la puesta en marcha de los primeros sistemas de conectividad que prevé el Plan Conecta para Cantabria. «Vamos a acortar los plazos respecto a las estimaciones iniciales», cuyo fin está previsto dentro de tres años, ha señalado Martín, quien cree que al final será «un poquito menos».

Martín ha explicado que las cabeceras de los municipios estarán conectadas «en dos años y medio» y «dentro de poco» se va a escenificar la conexión al primer núcleo rural. «Ahora mismo están trabajando en paralelo en Reinosa, Valderredible y Noja», ha señalado

Gamarra, que también es vicepresidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes, ha valorado en su intervención en el acto inaugural, la posibilidad de que la industria española sea capaz de exportar la digitalización a ciudades de otros países.

«Ser referencia a nivel mundial es importante y eso nos está posicionando como el país, yo creo que en estos momentos, más avanzado en lo que es la implantación de todo lo digital en la prestación de servicios públicos», ha destacado la alcaldesa de Logroño.

La alcaldesa de Santander, antes de tomar parte en el foro, ha subrayado la importancia de la colaboración público-privada en el compromiso con el medio ambiente y con las ciudades «cada vez más sostenibles» y el trabajo de la Red de Ciudades Inteligentes en la aplicación de proyectos de eficiencia energética.

Gema Igual ha destacado, además, que a partir de noviembre la escuela de la Fundación Gas Natural Fenosa se pondrá en marcha en Santander para asesorar a los ciudadanos en distintos aspectos, como el ahorro energético o el acceso al bono social energético.

El teniente de alcalde de Málaga, Mario Cortés, ha apostado, por su parte, por una gestión «inteligente» de las ciudades y ha abogado para ello por la colaboración y el intercambio de experiencias en materias como la eficiencia energética.

Rafael Jiménez, representante de L’Hospitalet también ha apostado por el intercambio de conocimientos entre las ciudades para aplicar políticas de «progreso ecológico» y de inversión en tecnología para un crecimiento sostenible y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.

En esta línea, Martí Sola ha reflexionado sobre cómo afecta a la felicidad de los ciudadanos vivir en una ciudad inteligente, ya que tiene claro que la inteligencia humana es un valor importante para mejorar la calidad de vida de los habitantes.

El director general de la Fundación Gas Natural Fenosa ha dicho que la contribución de la energía a la inteligencia urbana se puede plasmar en varios aspectos. Entre ellos, ha destacado el tratamiento de los residuos urbanos, de los que se puede obtener energía para generar electricidad y, a su vez, por ejemplo, «mover autobuses».

Competencia defiende una transición energética hacia las renovables «ordenada» y no mediante su «introducción de golpe» que hundiría la competitividad

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Europa Press / EFE.- La vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández Pérez, confía en que el futuro energético «va a ser muchísimo mejor siempre y cuando» no se vuelva a repetir problemas del pasado, como el déficit tarifario, y ha abogado por aprovechar la transición en el sector hacia las energías renovables, pero advirtiendo de que ésta debe ser «ordenada» y no una «terapia de choque».

En un momento «crucial» en el ámbito energético, la vicepresidenta de la CNMC ha considerado «necesario» contar con un «programa de transición» para que este proceso se lleve a cabo de forma «ordenada» y en el que se garantice la «sostenibilidad» medioambiental del sistema, su «competitividad económica» y la «seguridad» del suministro. Y es que ha advertido que una integración de las renovables no transitoria, no ordenada y «de golpe» puede provocar un hundimiento de la competitividad debido a que su precio es aún «excesivo» y a que no tiene la flexibilidad o capacidad para asegurar la seguridad del suministro.

Además, aludiendo al «sobreprecio» que se paga a las renovables, apuntó que integrar todas las renovables ahora supondría pagar un precio de inversión «mucho más alto» que el que se podría pagar dentro de «cinco o seis años» e incluso no «incentivar la inversión». Por ello, abogó por «dejar que la propia tecnología vaya innovando«, como ha pasado con la fotovoltaica. Y es que, para Fernández, «lo que no puede hacer el regulador» es «paralizar la innovación» en desarrollar las tecnologías. La vicepresidenta de la CNMC resaltó la necesidad de realizar «análisis económicos», «normativos» y «presupuestarios» sobre el modo y las distintas medidas para llegar a cabo la transición energética.

A su juicio, va a haber «tres elementos cruciales» que van a condicionar lo que se vaya a hacer en el sector de cara al futuro: los acuerdos y compromisos alcanzados, como el COP21 aprobado a finales de 2015 en la Cumbre de París; las políticas en el sector que introduzca el nuevo Gobierno que se conforme, y el hecho de haber «conseguido», en su opinión, la «estabilidad económica» y «financiera» en el sistema español desde hace un par de años. Según reivindicó, este logro es «esencial para mirar el futuro», con expectativa incluso de superávits. «No se puede hacer absolutamente nada cuando uno tiene inestabilidad económica e inestabilidad financiera en el sistema», aseveró Fernández.

La vicepresidenta de la CNMC cree que, de cara al futuro, se debe «intentar bajar el precio de la tarifa regulada». «Hay que ir bajando la factura del consumidor final», apuntó Fernández, ya que de ello depende la competitividad de la economía. Precisamente, la directiva de la CNMC opina que en este futuro del sector energético el consumidor debe jugar un «papel activo» y sus necesidades deben ser atendidas. Fernández resaltó el papel del consumidor en el ahorro energético, que, según indicó, es la «principal vía» para ser «medioambientalmente sostenibles». También aludió a la importancia de ir introduciendo el vehículo eléctrico, algo que, a su juicio requerirá igualmente una transición.

En la clausura, la vicepresidenta de la CNMC también ha llamado la atención sobre la marcha de la evolución del sector energético respecto a otros, como el de las telecomunicaciones, y ha opinado que el primero va «un tanto atrás». De hecho, a su juicio, no ha sido hasta el pasado año o el actual cuando el sector energético, cuya importancia ha resaltado para el desarrollo económico del país, ha entrado en el siglo XXI. De cara al futuro, Fernández también calificó como «crucial» garantizar el acceso a la energía y hacer frente al problema de la pobreza energética, en el que, en su opinión, deben «involucrarse todas» las administraciones.

A ese asunto también se ha referido, en el mismo acto, el presidente y CEO de Viesgo, Miguel Antoñanzas, quien ha defendido que la energía es un «bien esencial» y ha opinado que la electricidad es, en estos momentos, la «puerta de entrada a la sociedad del bienestar». Respecto al futuro, el presidente de Viesgo ha opinado que puede estar, entre otros aspectos, en la descarbonización y en las energías renovables. Además, ha considerado que para este futuro, la regulación es «clave» y ha reconocido que el tema de la financiación de la energía va a ser una cuestión «difícil».

Por su parte, el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, llamó la atención sobre la «nula» capacidad que tienen los ayuntamientos, a nivel nacional, en materia energética. Recordó que, además de no tener competencia en este ámbito, los ayuntamientos no tienen «voz» ni «ninguna interlocución» en «ningún órgano» o foro en este campo, limitándose solo al papel de consumidor.

El alcalde ha opinado que en el campo de la energía hay «mucho por hacer» y, al respecto, ha aludido al acuerdo del COP21 y también al proceso que hay abierto para que el acuerdo alcanzado por 7.000 alcaldes europeos de cumplir con unos compromisos «muy exigentes» de reducción de gases de efecto invernadero para 2030 se «expanda a nivel global«. El resto de su intervención estuvo centrada, en gran parte, en explicar los pasos de la capital cántabra para convertirse en una ciudad inteligente en la gestión de sus servicios y también en qué medidas se están tomando en favor de la eficiencia energética.