EFE / Europa Press.- La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, anunció que el Ayuntamiento inició los procedimientos para sancionar a Endesa y Gas Natural por incumplir la normativa catalana en lo que respecta a cortes de suministro en casos de vulnerabilidad, una competencia que le otorga la Carta Municipal. Por ello ha encargado informes jurídicos sobre cómo tramitar sanciones a compañías suministradoras si no colaboran para afrontar la pobreza energética, situación en la que se estima que están un 10% de los hogares barceloneses.

Colau ha asegurado que Endesa y Gas Natural “no han querido” firmar convenios y protocolos para evitar los cortes de suministro con el Ayuntamiento de Barcelona y reconocer la corresponsabilidad a la que las obliga la ley 24/2015 de Vivienda y Pobreza Energética, aprobada a través de una Iniciativa Legislativa Popular. «Endesa y Gas Natural la única ley que están cumpliendo es la del mínimo esfuerzo», ha señalado Colau, que las ha acusado de estar haciendo un gran negocio «con la gestión de un derecho fundamental sin asumir sus obligaciones«. Colau señaló que tras meses de intentar sin resultado que esas compañías asuman voluntariamente medidas de corresponsabilidad económica, ha decidido «aplicar la ley» y multarlas a partir del próximo mes.

La ley catalana obliga a las compañías, en caso de vulnerabilidad, a solicitar los preceptivos informes sobre la situación de exclusión residencial y aplicar las ayudas y descuentos necesarios antes de proceder a cualquier corte de suministro. En el caso de incumplimiento de esta obligación, prevé sanciones que pueden estar entre los 10.000 y los 100.000 euros. «Es competencia de las compañías asegurarse de que no hay una situación de vulnerabilidad antes de efectuar un corte, no después», subrayó Colau, que aseguró que cualquier conocimiento que tenga el ayuntamiento de un corte hecho efectivo a una familia vulnerable que no disponga del correspondiente informe supondrá el inicio del procedimiento sancionador.

Dejar de trabajar con Administración

Colau ha advertido a las compañías de suministros de que si «caen» en sanciones graves, el Ayuntamiento de Barcelona podría «dejar de trabajar» con ellas, ya que la ley establece que los casos de sanciones graves o muy graves determinarán la imposibilidad de las compañías de contratar con la Administración. «El cumplimiento de la ley no es voluntario», aseveró la alcaldesa, que subrayó que la voluntad del consistorio es llegar a acuerdos, pero que al mismo tiempo ha advertido que «adoptaremos todos los mecanismos necesarios para hacer cumplir esta ley».

Aun así, la alcaldesa ha insistido en que preferiría concretar protocolos con las suministradoras «por las buenas», y por ello las ha instado a que firmen los protocolos para evitar los cortes a las familias vulnerables y a que concedan ayudas a fondo perdido a los clientes en situación de riesgo o les apliquen descuentos muy notables en el coste de los consumos mínimos, en aplicación de la ley catalana. Además, la alcaldesa vinculó la pobreza energética a la privatización del sector, alegando que generó un oligopolio que logra grandes beneficios mientras subió sus precios un 60% en la electricidad en los últimos cinco años.

Colau también hizo un llamamiento a la Generalitat para que «ayude» a los municipios a aplicar la ley 24/2015 con los reglamentos que la desplieguen y «yendo juntos a interpelar» a las compañías suministradoras para que «voluntariamente» firmen los acuerdos sobre la actuación a seguir ante situaciones de pobreza energética. Colau ha insistido en que la Generalitat mejore la implementación de esta ley y que ambas administraciones se coordinen al máximo: «Lo mejor que se puede hacer es ir de la mano». De momento no tiene una reunión con el Govern sobre esto, pero Colau recordó que, en su reunión con el presidente de la Generalitat, ya acordaron tratarlo en la comisión mixta, que confía en que se convoque pronto.

El Ayuntamiento tiene un convenio con las compañías desde 2014, antes de aprobarse la ley, y puso en marcha puntos de información energética, campañas informativas y un plan que ha dado empleo a 100 parados que han realizado 5.000 auditorías energéticas. La teniente de alcalde de Barcelona, Laia Ortiz, también destacó que en 2015 hubo un 25% más de familias que recibieron ayudas ante la pobreza energética, alcanzando las 5.062, y con un total de 778.000 euros (un 22% más que en 2014), medida a la que se suma la apuesta por rehabilitar el interior de viviendas, indicó el Ayuntamiento.