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Shellenberger (Environmental Progress) asegura que «el Gobierno debe prolongar la vida de las nucleares» para luchar contra el cambio climático

Europa Press.- Michael Shellenberger, fundador y presidente de Environmental Progress, ha pedido al Gobierno español que prolongue la vida de las centrales nucleares instaladas en el país en lugar de cerrarlas como medida para combatir el cambio climático. El ecologista Shellenberger dio la conferencia ¿Por qué necesitamos energía nuclear para salvar el planeta?, organizada por Foro Nuclear.

«Si el Gobierno español quiere hacer algo sobre el cambio climático, debe prolongar la operación de las centrales nucleares; entiendo que es difícil hablar de construir nuevas centrales, pero deben prolongar la vida de las que ya existen, y apostar más por las renovables, pero no cerrar las nucleares», asegura este activista estadounidense. En concreto, asegura que por cada central nuclear que se cierra, la energía que deja de producir es remplazada por combustibles fósiles. De hecho, en el caso de España, el cierre de sus plantas nucleares supondría un aumento de las emisiones que equivaldría a agregar 14 millones de vehículos a la carretera.

Shellenberger ha comparado las consecuencias de ambos tipo de producción energética. Según ha apuntado, la energía nuclear es actualmente «la forma más segura de hacer electricidad fiable» ya que los muertos por accidentes relacionados con este tipo de energía «son muy pocos» en comparación con el número de fallecidos por culpa de la contaminación que generan los combustibles fósiles. Unas 7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por la contaminación atmosférica, según la OMS. Sobre esta cuestión, destacó que el accidente de Chernóbil, «fueron el pánico y el miedo, no la radiactividad, lo que causó más daño».

Pero no solo es partidario de la energía nuclear frente a la quema de combustibles fósiles. También la defiende frente a las energías renovables. Según ha expuesto, la energía solar emite 40 veces más radioactividad por unidad de energía que la nuclear, debido a la minería de tierras raras que necesitan las renovables. Por ejemplo, los materiales requeridos para construir paneles solares son «enormes», desde cemento a vidrio y acero, mientras que los aerogeneradores utilizados para la eólica «matan más personas por unidad de energía» que la nuclear, así como especies amenazadas. Además, los paneles solares producen, según señala, de 200 a 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares.

«Para crear mucha energía solar y eólica, necesito cubrir mucho de la naturaleza con colectores de combustible (viento, luz solar), que están muy diluidos», añade Shellenberger, que apunta que, por ejemplo, se necesita 413 veces más tierra para la energía eólica que para la nuclear. Uno de los puntos más controvertidos de la energía nuclear es los desechos que generan las centrales. Pero para Shellenberger, el tema de los residuos «está ya controlado»: «Todos los residuos jamás producidos en la Unión Europea caben en un campo de fútbol de 15 metros». «Me preocupo como ambientalista de las enormes islas de plástico en los océanos y de la contaminación del aire, son otras formas de residuos, pero en el ambiente», expresa.

Pese a todo ello, Shellenberger, firme en defender la energía nuclear por su bajo impacto en el medio ambiente y por su bajo coste, considera que existe un «problema» que hace que ni la sociedad ni los gobiernos vean los beneficios que tiene este energía. «El problema con la nuclear es muy simple, es el pensamiento de la gente», señaló.

En concreto, menciona tres razones por las que hay un temor generalizado hacia la energía nuclear. En primer lugar, señala que hay un «desplazamiento del odio y miedo», esto es, se asocia las armas (especialmente la bomba atómica) y los gobiernos autoritarios a este tipo de energía, cuando en realidad, también defiende que las muertes violentas han disminuido desde que se desarrollaron estas armas. En segundo lugar, considera que hay un «miedo» a que la energía sea «barata», tanto que entonces habría un exceso de producción energética, lo que provocaría una «explosión» de la población. «Demasiado energía, demasiadas personas», resume.

Por último, critica el «amor a las renovables», resultado de defender la «armonización con la naturaleza», cuando él prefiere sumar un elemento más para «salvaguardar la naturaleza»: «depender menos de ella». En este sentido, ha criticado a las grandes organizaciones ecologistas que se declaran antinucleares, pues piensa que sus objetivos no están marcados «para evitar el cambio climático, sino para establecer un tipo de sociedad», cuando él defiende que no hace falta una «revolución social«.

Greenpeace asegura que «ningún» país ha logrado gestionar de forma segura sus residuos nucleares y pide el cierre de centrales

Europa Press.- La organización ecologista Greenpeace ha publicado un informe a nivel mundial en el que asegura que «ningún» Estado ha logrado gestionar «de forma segura» sus residuos nucleares y señala que 2019 será decisivo en esta cuestión ya que se prevé la aprobación de un nuevo plan nacional de residuos que sustituya al anterior, de 2010.

Por ello, la ONG reclama la paralización de los residuos radiactivos y exige que cada industria se encargue de gestionar sus propios residuos. El documento analiza la situación de los residuos nucleares en distintos países como Estados Unidos, Francia, Japón, entre otros. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, denuncia que el «preacuerdo» entre el Gobierno español y las compañías eléctricas, que contemplaría un cierre de las centrales nucleares a partir de 2025, supone «un riesgo innecesario» que prioriza las cuentas de resultados de las empresas «frente al coste para la sociedad».

La ONG insiste en que el Gobierno debe contemplar «con rigor», en el Plan de Energía y Clima, que el coste de desmantelar las centrales y de gestionar los residuos sea «íntegramente cubierto» por las empresas titulares de las plantas. «Toda industria debe ser capaz de sufragar la gestión de los residuos que produce, además de evitar que la población y el medio ambiente se vean expuestos a graves riesgos. No puede haber excepciones, sobre todo en lo referente a los residuos nucleares, algunos de los cuales son extremadamente perjudiciales y peligrosos», ha añadido Montón.

Asimismo, expone que para Greenpeace la opción «menos perjudicial» para el combustible gastado, seguirá siendo el almacenamiento temporal cerca de la superficie, en superficie o en seco, ya que deja abiertas todas las puertas para las generaciones futuras y hace posible vigilar los residuos fácilmente. Sin embargo, no aporta ninguna solución para los dilatados plazos necesarios. Finalmente añade que ve un «peligroso sinsentido» seguir promoviendo la minería de uranio en España, donde se está estudiando el proyecto de la empresa australiana Berkeley en Retortillo (Salamanca).

La Fundación Renovables defiende en el Congreso el cierre programado de las nucleares antes de 2024

Europa Press.– El presidente de la Fundación Renovables, Fernando Ferrando, defendió, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados, el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024. Ferrando trasladó su preocupación por la posibilidad de que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que el Gobierno prevé enviar próximamente a Bruselas, posponga el cierre total de las centrales nucleares hasta el año 2035, lo que supondría alargar la vida útil de algunas de estas instalaciones más allá de los 40 años.

Ferrando también tuvo la oportunidad de exponer las propuestas de la Fundación Renovables en torno a la cuestión nuclear y responder a los distintos planteamientos expuestos por los representantes de los Grupos Parlamentarios tras su intervención. Según indicó la organización, Ferrando explicó que la Fundación Renovables propone el cierre programado de todas las centrales nucleares antes de 2024 porque «son insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad».

La Fundación Renovables señaló que su propuesta lleva implícita una auditoría técnica sobre el estado de cada central y la definición de la fecha de cierre en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. A estos efectos, considera que los propietarios «tienen que asumir todos los elementos de coste en cuanto a cobertura de riesgos y a las dificultades de gestionabilidad, así como las inversiones para mantener el máximo grado de seguridad».

El Gobierno incorpora a la normativa española el reglamento de la directiva de Euratom sobre seguridad nuclear en instalaciones nucleares

Europa Press.- El Consejo de Ministros ha aprobado un reglamento sobre seguridad nuclear en las instalaciones nucleares con el que se traspone al ordenamiento jurídico español la Directiva 2014/87/Euratom que establece que el objetivo debe ser la prevención de accidentes en todas las etapas del ciclo de vida de una instalación nuclear.

En la actualidad la normativa española ya tenía incorporada en gran medida los requisitos que exige esta Directiva pero no contaba con una norma de carácter reglamentario sobre la seguridad nuclear en instalaciones nucleares. El cambio es que la responsabilidad primordial en materia de seguridad nuclear recae sobre el titular de la autorización e incluye el control de las actividades de los contratistas y subcontratistas que puedan afectar a la seguridad de las instalaciones nucleares.

Las nuevas exigencias pretenden garantizar un alto nivel de seguridad nuclear para proteger a los trabajadores y al público contra los riesgos que resultan de las radiaciones ionizantes procedentes de centrales y reactores nucleares o instalaciones de almacenamiento temporal de combustible nuclear gastado o residuos radioactivos de alta actividad. En concreto, a partir de ahora los requisitos generales en el emplazamiento, diseño, construcción, puesta en marcha, explotación y desmantelamiento de las mismas deben ir dirigidos a la prevención de los accidentes y atenuar sus consecuencias.

Asimismo, se deberá evitar que las emisiones radioactivas que requieran medidas de emergencia fuera del emplazamiento y las grandes emisiones radiactivas que requieran medidas de protección a la población. Se trata de objetivos trasversales que inciden en todas las etapas de vida de una instalación nuclear: desde la concepción y diseño del proyecto, la construcción, la puesta en marcha, la implantación de sistemas de gestión, la explotación y el desmantelamiento.

José Luis Navarro, consejero del Gobierno de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa)

EFE.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atendido las peticiones del presidente socialista de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara: el extremeño José Luis Navarro, hasta ahora consejero de Economía e Infraestructuras del gobierno autonómico de Extremadura, es el nuevo presidente de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), entidad pública encargada de recoger, tratar, acondicionar y almacenar los residuos radiactivos que se generan en cualquier punto de España.

Navarro ha estado al frente de la Consejería de Economía e Infraestructuras de Extremadura desde julio de 2015 y formó parte del anterior Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara como consejero de Industria y Medio Ambiente, entre julio de 2007 y julio de 2011. Enresa, como empresa pública, está sometida al control regulador de diversos organismos de la Administración General del Estado, que validan la planificación de sus actividades y controlan sus actuaciones. Es también su cometido garantizar la seguridad a las personas y al medio ambiente de los residuos radiactivos, el desmantelamiento de las instalaciones nucleares y radiactivas en desuso, así como la restauración ambiental de las minas de uranio.

Vara ve cumplidos sus deseos

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ha confesado que cuando Pedro Sánchez conformó su nuevo gobierno él, como presidente de la Junta y líder regional del PSOE, tenía «muy claro donde quería que hubiera dos extremeños: en Cetarsa y Enresa», tal y como ha ocurrido. Por ello, Vara ha indicado que ahora que ya han sido nombrados José Andrés Tovar y José Luis Navarro como presidentes de Cetarsa y Enresa, respectivamente, puede decir «con toda claridad» cuáles eran sus preferencias con respecto a la cuota extremeña en el nuevo Gobierno.

Fernández Vara ha destacado la importancia de la toma de decisiones en Enresa para Extremadura por todo lo relacionado con la energía nuclear y la central de Almaraz. En este sentido, ha puesto de relieve la importancia de que el Gobierno haya decidido poner al frente de Enresa a quien ha sido hasta ahora su consejero, José Luis Navarro, una persona «enormemente capaz y conocedora desde el minuto uno de lo que tiene entre manos»

Vara hizo hincapié en lo que significa «colocar a un extremeño con pleno conocimiento de causa en el núcleo de decisiones que tendrán que tomarse en los próximos años en nuestro país» en relación con la política energética. En ese sentido, reiteró la necesidad «de abrir un diálogo sincero y franco de todas las partes afectadas para que este país no legisle a golpe de intuición ni de invención, sino que defina cuál va a ser su mapa energético de futuro y en base a eso se establezca un calendario adecuado de finalización de la vida de las centrales nucleares».

«Son energías del pasado, pero a las que habrá que buscarles alternativa de futuro», ha dicho Vara, quien se ha mostrado «plenamente convencido y decidido a que en ningún caso permitiremos que eso ocurra hasta que no haya alternativas claras» para suplir la actividad económica y el empleo que genera Almaraz en el norte de la provincia de Cáceres. Por ello, recalcó que le da «bastante tranquilidad» que Navarro vaya a estar en la toma de decisiones en ese ámbito.

Denuncian el “premio” a Navarro

Desde la oposición, el PP ha dado un «suspenso» a la gestión de José Luis Navarro por sus decisiones económicas y por dejar esta consejería como la que menos ejecuta sus presupuestos de la Junta de Extremadura. De hecho, el portavoz de Economía e Infraestructuras del PP de Extremadura, Víctor del Moral, ha criticado que «el consejero de la no economía y las no infraestructuras» haya sido premiado con un «sueldazo» en Enresa. Finalmente, Del Moral ha recordado que Navarro se opuso en su momento al almacén temporal de Almaraz que permitiría alargar su funcionamiento.

La Junta de Castilla y León defiende su plan de reindustrialización de Garoña y el impuesto a los residuos radiactivos

EFE.- La consejera de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha defendido la actuación de la Junta para reindustrializar Garoña y precisó que está en proceso de información pública hasta el 13 de abril un anteproyecto de ley para regular un impuesto a residuos temporales radiactivos en la zona. Así respondió Del Olmo a Virginia Jiménez Campano, procuradora socialista, quien ha preguntado cuáles son las actuaciones que ha realizado la Junta tras el cierre definitivo de la central nuclear.

Del Olmo insiste en que hay un plan de reindustrialización para la zona y que se estudia el referido impuesto a residuos radiactivos para destinar sus fondos a la comarca. La consejera recordó que en 2009 «ya había un acuerdo del consejo de ministros que hablaba de un plan de reindustrialización y que entonces se vendió humo con este asunto, ya que el PSOE tuvo tiempo de hacer cosas y no las hizo». Del Olmo ha señalado que los trabajos de desmantelamiento pueden durar 10 años y ha concluido precisando que la Junta va a «ayudar decididamente a la reindustrialización».

Endesa asumiría el desmantelamiento de las centrales nucleares pero si se devuelven las cantidades aportadas a Enresa para este cometido

Europa Press / EFE.- Endesa se ha mostrado dispuesta a asumir el desmantelamiento de las centrales nucleares, tal y como pretende el ministro de Energía, Álvaro Nadal, pero siempre que se le devuelvan las cantidades aportadas a Enresa, la sociedad pública encargada de esta tarea. En este sentido, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, abrió la puerta a que la compañía se haga cargo de esta tarea, que aseguró que no tendría impacto en sus cuentas, si se produce esa devolución de fondos.

En concreto, la aportación total de Endesa al fondo de Enresa asciende a unos 2.400 millones de euros con lo que, de producirse un cambio respecto a la normativa actual, la cantidad aportada por la compañía para las labores de desmantelamiento supondría en torno al 22-24% de esta cifra, algo menos de 600 millones de euros. En concreto y teniendo en cuenta esos porcentajes, la cantidad que recuperaría Endesa oscilaría entre los 528 y 576 millones. A este respecto, consideró que Enresa podría dedicarse solamente a la gestión de los residuos, mientras que las dueñas de las nucleares asumirían su desmantelamiento, lo que supondría una rebaja fiscal de más del 20% de las cantidades que aportan a la sociedad pública.

Entre 1984 y 2005 se recaudaron fondos para el desmantelamiento futuro de las centrales nucleares por medio del recibo de la luz de los consumidores. Sin embargo, desde ese año 2005 se aplica una tasa a las empresas por contaminar, de donde se surte al fondo de Enresa, que acumula en la actualidad unos 5.000 millones de euros, cantidad que sería insuficiente para abordar el cierre y desmantelamiento de todo el parque nuclear. La aportación total de Endesa supone prácticamente la mitad de la cifra que las compañías eléctricas han entregado a Enresa para el cierre de centrales y la gestión de los residuos nucleares.

En lo que respecta a la central nuclear de Santa María de Garoña, cuyo decisión de cierre definitivo se adoptó el pasado mes de agosto pero que llevaba parada desde 2012, Endesa recogió un impacto negativo en 2017 de 48 millones de euros y de 38 millones de euros en 2016, correspondientes a su participación del 50% en Nuclenor, sociedad propietaria de la planta y donde es socia de Iberdrola.

Respecto a la posible revisión de la retribución de las actividades del sector anunciada por el Gobierno antes de la conclusión del periodo previsto, Bogas consideró que la Ley debe «ser respetada», por lo que señaló que no se debe producir ningún cambio al respecto antes de tiempo y añadió que con estas propuestas se puede generar inestabilidad, «lo que preocupa a los inversores». Además, añadió que no tendría justificación adelantar una revisión en la retribución, tal y como pretendía el ministro de Energía, ya que el sistema no genera actualmente déficit, y mostró la predisposición de la compañía a hablar sobre cualquier cambio regulatorio.

El Senado insta al Gobierno a impulsar la economía circular y apostar por la valorización energética de los residuos

Europa Press.- La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado acordó instar al Gobierno a «impulsar y a colaborar «con todas las administraciones públicas, agentes económicos y sociales el paquete europeo de economía circular y todas las medidas necesarias para que España pueda «llevar a cabo las premisas y objetivos» de este y cumplir los objetivos en gestión de residuos para 2020 y los siguientes años.

La moción del PP sólo ha conseguido el respaldo de los populares, el voto en contra del PNV tras una discusión entre los senadores Cazalis y Pons, y la abstención del resto de grupos. A la iniciativa se habían propuesto dos enmiendas, una del PSOE, para hacer más «explícita» la moción, según ha explicado el senador socialista Félix Montes, y otra del PNV, que pedía la creación de una Comisión Especial de Economía Circular que sirviera, según el senador José María Cazalis, para dar una clara señal del impulso parlamentario a esta aspiración ciudadana. Ambas fueron rechazadas por el grupo parlamentario popular, cuya senadora Juana Francisca Pons ha defendido el «carácter general de la moción».

Así, Pons expuso que la iniciativa destaca que el modelo económico lineal actual es agresivo con el medio y advierte de que agotará las fuentes de suministro, tanto materiales como energéticas, si no hay un cambio en dicho modelo. Precisamente, Pons ha apuntado como alternativa a la economía circular, que define como aquella en la que se maximizan los recursos disponibles, tanto materiales como energéticos, para que estos permanezcan el mayor tiempo en el ciclo productivo, y en la que se reduce la generación de residuos y se aprovecha al máximo los que no se haya podido evitar su generación.

El texto recuerda que, para potenciar la economía circular, en diciembre de 2015 la Comisión europea presentó su plan de acción, que incluye 54 medidas en las que los Estados miembro deben avanzar. La senadora popular considera que este objetivo es «beneficioso» y afecta a todas las etapas del ciclo de vida del producto. Las medidas afectan al diseño y producción, el consumo, la gestión de los residuos, el aprovechamiento de los recursos contenidos en los residuos y a 5 áreas prioritarias como son los plásticos, el desperdicio alimentario, las materias primas, la biomasa y los productos con base biológica.

Así, insiste en que el nuevo modelo debe concebir los productos para que sean reutilizables, reparables, actualizables, con mayor tiempo de vida útil y reciclables y que reduzcan las sustancias nocivas en los materiales. En cuanto a la etapa de residuo, la senadora cree que el Gobierno debe avanzar en la «correcta separación en origen de los residuos, tanto en los hogares como en el sector servicios y en el sector industrial» para poder aprovechar «adecuadamente» el preciado recurso material.

Para los residuos sin aprovechamiento, la moción ve «preferible» la valorización energética antes que el vertido a través de la combustión convencional en incineradoras con recuperación energética, coincineración en otras instalaciones o mediante tratamiento para obtener combustibles similares a los obtenidos del petróleo. En este contexto recuerda que la propuesta de la Comisión para 2030 es reciclar el 65% de los residuos municipales; el 75% de los envases en 2030 y reducir la eliminación en vertedero hasta un máximo del 10% de todos los residuos generados. «Son optimistas y estamos lejos en este momento pero vale la pena trabajar», indicó.

En España se recogió en 2014 de forma separada el 19% de los residuos municipales; se recicló el 31%; se incineró el 11% y el 58% se destinaron al vertedero. La iniciativa del PP admite el «prácticamente nulo avance» en preparación para la reutilización, reciclaje y valorización energética, lo que supone mantener el vertedero como «opción mayoritaria para los residuos». Ante las conclusiones de la Ponencia parlamentaria de residuos y la nueva propuesta de la Comisión Europea en economía circular, la Comisión de Medio Ambiente ve «indispensable impulsar medidas» para que se avance en materia de economía circular y dar cumplimiento de los objetivos en materia de gestión de residuos para 2020 y los que puedan establecerse en el futuro.

El Gobierno garantiza las ayudas a los municipios próximos a la central nuclear de Garoña mientras la planta almacene combustible

Europa Press.- El Gobierno ha asegurado que los municipios del entorno de la central nuclear de Garoña (Burgos) seguirán recibiendo las ayudas con las que contaban hasta ahora, con cargo al fondo del Plan General de Residuos Radiactivos, al menos hasta que la planta siga almacenando combustible.

En respuesta a una pregunta parlamentaria realizada por el socialista Javier Lasarte, el Ejecutivo señala que, desde 1990, las localidades cercanas a esta central nuclear han recibido un total de 61,5 millones de euros (2,4 en 2017). Estas cantidades, a las que los municipios del entorno pueden dar el uso que estimen conveniente, las regula una orden ministerial por la que se autoriza a la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos (ENRESA) a asignar fondos a localidades en entornos de centrales nucleares. Además, la citada orden determina que estas asignaciones se seguirán percibiendo mientras la central nuclear siga almacenando su combustible gastado en el propio emplazamiento.

«Estas asignaciones serán independientes de que la central esté en parada definitiva o en desmantelamiento, cuando éste se inicie», apunta el Gobierno. En este sentido, precisa que, tras el inicio de un desmantelamiento, como será el caso de Garoña, estas asignaciones «persistirán por un importe equivalente al actual». Pero, adicionalmente a las cuantías indicadas, desde el año 2016 la orden establece la posibilidad de que ENRESA pueda cofinanciar proyectos de iniciativa municipal, que cuenten también con financiación del propio municipio y que contribuyan al desarrollo económico de los municipios, o a la conservación y mejora del medio ambiente y, en todo caso, a la generación de empleo, indica el Ejecutivo.

Desde que en agosto el Gobierno decidiera no renovar la licencia de explotación de Garoña, la Asociación de Municipios de Áreas de Centrales Nucleares (AMAC) ha mostrado su preocupación por que el Gobierno «abandone totalmente» los pueblos y zonas del entorno de la planta. En concreto, temen que les ocurra lo mismo que, según han denunciado, está pasando con Zorita (Guadalajara), la primera central nuclear española en desmantelamiento. Estas preocupaciones fueron recogidas en una pregunta por el diputado socialista, que ha planteado al Ejecutivo la necesidad de poner en marcha planes de desarrollo para la zona. Lasarte cuestionaba también al Ejecutivo en el texto registrado en el Congreso acerca del proceso de planificación para el desmantelamiento de la central nuclear.

Catalá asegura que «en el siglo XXI nadie puede dudar de que el ATC se hará con todas las garantías»

Europa Press.- El ministro de Justicia y diputado por Cuenca, Rafael Catalá, ha insistido tras el terremoto de 3,7 grados registrado en Yebra (Guadalajara) en que, «en el siglo XXI, nadie puede tener dudas de que el proyecto del ATC se hará con todas las garantías«, al tiempo que añadió que «nadie va a dejar ni el más mínimo resquicio a ninguna incertidumbre en términos de seguridad».

Catalá se ha mostrado convencido del proyecto y seguirán “empujando para que se lleve adelante». A este respecto, incidió en que el Gobierno central está comprometido en llevar adelante el proyecto «con toda la seguridad, con todas las garantías» para, a continuación, subrayar que España cuenta con un sistema de centrales nucleares «que generan residuos y hay que almacenarlos en algún sitio» ya que, hasta ahora, se han trasladado fuera «con un coste altísimo, que repercute en la factura de la luz que pagamos todos«.

Asimismo, ha recordado que el proyecto de construcción del silo para depositarlos, «fue un tema que se trabajó durante muchísimos años, en el que se tomó una decisión», por lo que se ha mostrado «seguro de que lo que hay que hacer es llevarlo adelante en Villar de Cañas«, que fue «la localización acordada y con todas las garantías». «Nadie puede dudar del compromiso del Gobierno y de toda la sociedad española en torno a la seguridad en el tratamiento de los residuos de las centrales nucleares que forman parte de nuestro mix energético», esgrimió.

Catalá ha vuelto a defender el proyecto de Villar de Cañas por su «muy importante» capacidad de creación de riqueza y empleo para la provincia. «No hay otro de esa capacidad y naturaleza y, sin duda, la pieza de la seguridad nos preocupa a todos, no a unos sí y otros no», ha indicado, para, a continuación, señalar cómo «algunos» han descartado este proyecto «y son capaces de inventarse zonas de protección de aves inexistentes para bloquear un proyecto con la trascendencia que tiene este».