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La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar las centrales nucleares en 2024 y acabar ya con el carbón

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Europa Press.- La Fundación Renovables asegura que es «viable» y que supone una «oportunidad» cerrar las centrales nucleares en 2024 y reitera su reclamación de exigir un plan de cierre del carbón, que “debería haber cesado su actividad” antes de 2015, así como prohibir las prospecciones de hidrocarburos.

La Fundación Renovables asegura que es viable cerrar los reactores al término de su licencia de operación, lo que supondría prescindir de esta tecnología en el año 2024. La energía como vector de cambio para una nueva sociedad y una nueva economía fue la propuesta de la Fundación, con más de trescientas actuaciones concretas para llevar a cabo el cambio de modelo energético en España.

La Fundación insiste en que la energía es un bien básico y escaso que debe estar por encima de los intereses económicos que se generan a su alrededor para «recuperar el atributo de utilidad pública» lo que cobra todo su sentido a la hora de abordar el tema de prolongar o no la vida de las centrales nucleares. En este sentido, el patrono de la Fundación Renovables, Sergio de Otto, resaltó que se deben anteponer los intereses generales a los de las empresas titulares de dichas instalaciones, que serían las «únicas beneficiadas de esa prórroga».

ATC, “sólo para el desmantelamiento”

Asimismo, considera que las plantas nucleares son “insostenibles, medioambientalmente no asumibles y no competitivas para la sociedad». Por ello, a su juicio la nuclear «no forma parte del escenario energético deseable para España». En su propuesta de cierre, expone que se debe acometer una auditoría técnica y la definición de la fecha de cierre anticipado en función de la generación de residuos, criterios de seguridad y la viabilidad de su almacenamiento. En cuanto al almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares valora que «solamente tiene sentido» si es un elemento más del plan de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y no debe plantearse y decidirse su construcción si no hay, previamente, un plan de cierre programado de centrales.

En todo caso, pide para la nuclear un plan de transición justa como el del carbón, que conlleve la dinamización y diversificación económica de las zonas afectadas y la movilización de inversiones público-privadas para crear empleo de calidad en sectores emergentes más sostenibles. Como alternativa, el patrono Sergio De Otto aboga por la energía renovable como la más «sostenible, socialmente más justa, competitiva y al alcance de todos los países como son las energías renovables, potenciar el autoconsumo, aumentar la capacidad de bombeo, el biogás y en la medida de lo necesario el parque de ciclos combinados como apoyo transitorio.

El director de la nuclear de Trillo pide abordar el ATC desde un punto de vista “técnico y no político”

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Europa Press.- El director de la central nuclear de Trillo, Aquilino Rodríguez, considera que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares proyectado para su instalación en Villar de Cañas debería afrontarse desde el punto de vista «técnico y no político», tras lo que ha pedido tanto a las distintas administraciones involucradas en su desarrollo como a los partidos políticos «visión de Estado» para resolver su futuro.

Rodríguez ve «fundamental» poner en marcha un almacén de residuos en el medio plazo, por lo que ha enfatizado que es un tema que no ha de tratarse «como una moneda de cambio» entre formaciones políticas. «El ATC es una instalación necesaria para un país que tiene centrales nucleares. Guste o no, las centrales están ahí, no las podemos borrar del mapa ni borrar los residuos que generan, así que hay que resolver esto«, asevera.

En cuanto a la solución alternativa de seguir almacenando los residuos en almacenes temporales individuales (ATI) en cada central nuclear, ha dicho que estas instalaciones sirvieron en su día para que las centrales «pudieran esperar con más calma y menos nervios la puesta en marcha de un ATC», algo que tendrá que ocurrir «tarde o temprano». «Es necesario que tengamos un lugar donde llevar los contenedores de residuos desde las centrales antes del siguiente paso, que es ir hacia un almacén geológico definitivo. No podemos obviar la necesidad del ATC. Es imprescindible», ha subrayado. Por ello, se cuestiona si la idea alternativa del ATI es actuar así «hasta la eternidad».

Aquilino Rodríguez recuerda que la central que dirige tiene autorización de funcionamiento hasta 2024, si bien precisó que tiene «ciertos límites y autorizaciones que cumplir y no un cheque en blanco». En 2021, explicó, «serán las empresas propietarias de la central las que tendrán que tomar la decisión de si solicitan una renovación». Será el Consejo de Seguridad Nuclear el que fije los límites y condiciones, «los cuales podrán ser elevados por el Ministerio de Energía«. «Si las empresas propietarias deciden continuar, seguiremos haciéndolo”, auguró.

Cuarto mejor año de Trillo

Por otra parte, la central nuclear de Trillo cerró el ejercicio de 2016 con una producción bruta total de 8.552,9 gigawatios, el cuarto mejor registro desde que se puso en marcha en 1989, después de que el balance del segundo semestre del año elevara la producción hasta los 4.685,7 gigawatios, 300 más que el saldo de la primera mitad de 2016. Así lo ha puesto de manifiesto Rodríguez, quien celebró que la instalación haya funcionado «como en sus mejores tiempos».

Tras detallar que a lo largo del año hubo tres momentos concretos de reducción de potencia al 65% a petición del despacho de cargas, ha recordado que en el mes de mayo se llevó a cabo la última recarga de combustible, poniendo el acento en que se realizó en 27 horas menos de lo previsto. Además, la central sigue sin registrar ninguna parada automática del reactor por décimo año consecutivo, «ni siquiera paradas de turbina», tal y como ha subrayado.

Aquilino Rodríguez ha avanzado que la próxima parada para recarga de combustible, que será la decimonovena de su historia, tendrá lugar el 5 de mayo, y durante un mes dejará sin actividad la instalación. Se trata de una parada «bastante normal», si bien ha adelantado que en 2018 la parada será «más especial», de las que se realizan una vez cada 10 años. La próxima parada contará con 40 empresas especializadas en trabajos de recarga y unas mil personas trabajando adicionales a la plantilla. «Vamos a hacer actividades significativas de las que se hacen todos los años como cambiar elementos combustibles, 40 en total, lo que representa una cuarta parte de los elementos combustibles», detalló.

Como actividades más significativas durante la próxima parada, Rodríguez señaló que se realizarán pruebas de presión del recinto de contención, algo que se hace cada 8 años, fase en la que se someterá a dicho recinto durante 48 horas para comprobar su estanqueidad. Además, se revisará la turbina de alta presión, algo que se realiza cada 9 o 10 años; y se llevará a cabo una última modificación de diseño significativa, relativa al sistema de Venteo Filtrado de la Contención, que ya ha comenzado para que esté lista antes de que acabe el año. Todas estas acciones son “muestras de que la central, a medida de que va cumpliendo años, se va renovando tecnológicamente», concluyó.

El PP cree que los tribunales ven en el Gobierno de Castilla-La Mancha «intereses partidistas para entorpecer» el ATC

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Europa Press.- El portavoz del grupo parlamentario popular, Francisco Cañizares, ha asegurado que los tribunales de justicia ven que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene ningún interés por proteger la Laguna del Hito, en Villar de Cañas (Cuenca), pues detrás de sus acciones hay «intereses partidistas para entorpecer» el Almacén Temporal Centralizado (ATC). Así se pronunció después de que el Tribunal de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) haya suspendido el decreto de protección medioambiental del Ejecutivo autonómico.

A juicio de Cañizares, los tribunales «han enmendado la plana a García-Page y a su consejero», pues se han dado cuenta de que detrás de esas declaraciones no está el medio ambiente «sino intereses políticos enmascarados con el medio ambiente para entorpecer un proyecto que legítimamente una comarca de Castilla-La Mancha ha pedido para favorecer su desarrollo económico». Dicho esto, el portavoz de los parlamentarios populares afeó al Gobierno regional que no haya incluido en los presupuestos para 2017 ninguna partida para el plan de desarrollo alternativo al ATC que el presidente regional dijo que tenía para frenar la despoblación de esta comarca de Cuenca.

El TSJCM suspende el decreto castellano-manchego por el que se amplía la ZEPA para evitar el ATC de residuos nucleares

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Europa Press.- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) acordó suspender la ejecutividad del decreto de la Consejería de Agricultura del Gobierno autonómico por el que amplía la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de la Laguna de El Hito y se realizaba la propuesta a la Comisión Europea para su declaración como Lugar de Importancia Comunitaria. Así figura en un auto del TSJCM del 8 de marzo.

En julio de 2015, el Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha aprobó el inicio del procedimiento de ampliación del espacio Red Natura en la Laguna del Hito de 1.000 a 25.000 hectáreas, en una zona que incluiría la ubicación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas. Está ampliación, según el Gobierno castellano-manchego, prohibiría «realizar actos en ese territorio que supongan una transformación sensible de la realidad física o biológica del entorno», algo que haría que «no fuera posible continuar con el proceso de construcción del ATC en Cuenca».

ZEPA recurrida por Gobierno central

Posteriormente, en octubre de 2015 el Gobierno central presentó un recurso contencioso-administrativo ante el TSJCM contra este acuerdo del Consejo de Gobierno, ahora suspendido. Ya el pasado enero la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo acordó la suspensión cautelar de este acuerdo del Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha al considerar que, en la ponderación de los intereses públicos y generales en conflicto, «es más atendible» el de proseguir las actuaciones para la instalación del ATC, que pretende una «pronta y correcta» gestión de los residuos radioactivos amparando a todas las especies animales y al medio en general, que la aprobación inmediata de la ampliación de un espacio protegido para aves para proteger a una o varias especies animales.

Castilla-La Mancha contra el ATC

Por su parte, el consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, se ha pronunciado ante el auto del TSJCM asegurando que no entra en el fondo del asunto y que, en todo caso, no impedirá que el Ejecutivo regional siga trabajando para evitar la instalación del silo en la provincia de Cuenca. Martínez Arroyo ha recordado que la decisión judicial del TSJCM es una suspensión cautelar, ante la cual ha mostrado «respeto», si bien no hace que desde su Consejería abandonen el «compromiso con el medioambiente».

«Estamos obligados a trabajar por la preservación de espacios naturales», ha dicho Martínez Arroyo, incidiendo en que esta decisión judicial se apoya en una sentencia del Tribunal Supremo «que prioriza intereses nucleares sobre intereses medioambientales«. Pese al «respeto» a las sentencias judiciales, el consejero de Agricultura castellano-manchego ha afirmado que el Gobierno autonómico «siempre antepondrá los intereses de los ciudadanos y medioambientales a los intereses nucleares«, tras lo que ha subrayado que esos intereses nucleares «pasan por transportar desde toda la península residuos radioactivos a un basurero nuclear que quieren instalar en Villar de Cañas».

Portugal retirará su denuncia ante Bruselas sobre el ATI nuclear de Almaraz para que España permita intervenir a expertos lusos

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Europa Press.- Los Gobiernos de España y Portugal cerraron un acuerdo «amistoso» para resolver la disputa por la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en la central nuclear de Almaraz (Cáceres), según el cual Lisboa se compromete a retirar la denuncia que interpuso ante Bruselas mientras Madrid accede a trasladar toda la información «relevante» del proyecto en materia de medio ambiente y seguridad nuclear. El Ministerio de Energía expresó su «satisfacción» con el acuerdo «de buenos vecinos» con Portugal.

La solución fue anunciada por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro de Portugal, Antònio Costa, en una declaración conjunta firmada también por el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, quien ha ejercido de mediador entre las partes. El compromiso pactado establece «un proceso de consulta y diálogo constructivos» entre Madrid y Lisboa, con el objetivo de resolver la controversia creada.

El acuerdo incluye la visita de expertos portugueses y de la Comisión a la central cacereña «en los próximos días», según detalla la Comisión, «tan pronto como sea posible«. Irán representantes de las direcciones de Medio Ambiente y de Energía del Ejecutivo comunitario, así como miembros del Gabinete de Juncker. El objetivo es conocer la tecnología y las características de seguridad previstas en la central.

Se abre un periodo de dos meses de consulta y estudio durante el que, según la declaración firmada por Rajoy y Costa, España «no emitirá ni ejecutará la autorización» para comenzar las operaciones del almacén. Ese tiempo se empleará, por contra, para «examinar y tomar en consideración» las reservas lusas al proyecto y para contemplar medidas para abordar estas dudas.

Aunque los términos del acuerdo no obligan a España a detener los trabajos ni a emprender una evaluación de impacto medioambiental, las autoridades españolas sí deberán «abstenerse» de toda medida que pueda ser «irreversible», según indicó el portavoz comunitario en materia medioambiental, Enrico Brivio. Ello supone que las obras «pueden continuar, pero antes debe producirse una consulta» con las autoridades lusas, ha insistido Brivio, para quien es «prematuro» decir si será necesaria una evaluación de impacto, tal y como reclamaba Portugal, o quien debería asumir los costes de ese estudio.

Bruselas explicó que el diálogo reforzado pretende servir de plataforma para la «consulta y evaluación conjunta» de la situación y para entender si la evaluación de impacto medioambiental «es necesaria» o bien la información ofrecida por el Gobierno español será «suficiente». «Es el inicio de un proceso basado en la confianza mutua entre las dos partes», apuntó el portavoz jefe del Ejecutivo comunitario, Margaritis Schinas.

En su declaración conjunta, Rajoy y Costa han explicado que en un contexto de «inmensos desafíos» para la Unión Europea, las controversias entre Estados miembros que son «aliados tradicionales» deben resolverse «rápidamente», en un espíritu de cooperación y consenso. Se trata de un pacto que «prueba la cooperación pragmática» de los dos países y la voluntad de la Unión Europea de «resolver problemas». En este contexto, y tras las garantías de las autoridades españolas, el Gobierno portugués retirará la denuncia presentada el pasado mes de enero ante la Comisión Europea en contra de España por incumplimiento de la legislación comunitaria.

La mediación de Juncker se inició el pasado 3 de febrero en Malta, según Bruselas, en el marco de la cumbre europea que se celebró en Valeta y que propició un encuentro con las partes en los márgenes de la reunión a Veintiocho. El diálogo entre las partes permitió, además, expresar el compromiso de «acelerar» los trabajos del grupo de alto nivel del Suroeste de Europa en materia de interconexiones de gas y electricidad, para conectar la Península Ibérica con el resto de mercados europeos.

Energía: acuerdo «de buenos vecinos»

Por su parte, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital expresó su «satisfacción» por el acuerdo entre los Gobiernos de España y Portugal sobre la disputa acerca del ATI nuclear de Almaraz, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Álvaro Nadal. El acuerdo responde al comportamiento «lógico entre buenos vecinos», que desean resolver cualquier diferencia «pronto y bien», y «así se ha hecho entre dos países que siempre han mantenido el diálogo sobre el asunto», explican las fuentes. La consecución del acuerdo se produce poco después de los encuentros celebrados entre las máximas autoridades portuguesas en competencia medioambiental y Nadal y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

Greenpeace pide al Congreso que asegure la independencia del CSN mientras AMAC defiende alargar el funcionamiento de las centrales nucleares

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Europa Press.- La Asociación de Municipios en Áreas con Centrales nucleares (AMAC) ha defendido en el Congreso de los Diputados el alargamiento de la vida de las centrales nucleares y ha criticado que «todo el mundo tome decisiones y opine» sobre el futuro de estas plantas «sin tener en cuenta a la población que hay detrás». Por su parte, Greenpeace pidió en el Congreso que se asegure la independencia y transparencia del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La portavoz de la organización sobre temas nucleares, Raquel Montón, reivindicó en su comparecencia, ante la ponencia encargada de las relaciones con el CSN en la Cámara Baja, la misión del regulador, así como la necesidad de que sea independiente y transparente para garantizar la seguridad nuclear del país. Además, ha reclamado el poder legislativo como garante del buen funcionamiento del organismo. La organización ecologista considera que la independencia del regulador nuclear está en riesgo debido a las dudas sobre la imparcialidad de su presidente, Fernando Martí, que era secretario de Estado de Energía cuando fue elegido, un cargo directamente relacionado con las instalaciones nucleares, y en concreto con Garoña.

Asimismo, la organización ecologista reivindicó que los partidos políticos exijan responsabilidades ante lo que consideran «una nefasta gestión» de este organismo y del Gobierno en relación a la central nuclear de Garoña. Para Greenpeace ha quedado demostrado el tratamiento «escandaloso» que se está llevando con esta central nuclear ya que el CSN «pone en riesgo la seguridad nuclear con el informe emitido» para la reapertura. Greenpeace considera que para 2017, el CSN tendrá que afrontar el desmantelamiento de Garoña, así como la actualización del Plan de Gestión de Residuos Radiactivos, y el proceso de Almaraz (Cáceres), “cuyo cierre progresivo deberá ser planificado próximamente para evitar un nuevo fiasco como el que está sucediendo con Garoña”.

Los municipios sí quieren nuclear

Sin embargo, desde AMAC lo tienen claro. «Para nosotros es nuestra fábrica, de kilovatios, pero una fábrica, nos da trabajo», reivindicó el gerente de AMAC, Mariano Vila D’Adabal, que denunció que el cierre de estas plantas dejan «pueblos abandonados sin ningún plan de desarrollo alternativo de actividad económica», un reto para las corporaciones municipales porque «el Estado no asume» esta nueva situación. «Si nadie hace nada puede convertirse en una depresión económica importante» señaló el también alcalde de Vic (Tarragona).

Durante la comparecencia, el gerente también abordó la construcción de los Almacenes Temporales Individuales (ATI) de residuos nucleares y que, según ha indicado, suponen «una política de hechos consumados que no es pactada con los municipios y que éstos están asumiendo» sin que así constara en el Plan General de Residuos. «Esto ha ocurrido por el retraso en la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC)», prevista en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), apuntó el gerente de AMAC, quien representa a las más de 70.000 personas que pueblan áreas próximas a las centrales nucleares.

El PSOE pregunta al Gobierno si prolongará el funcionamiento de Cofrentes mientras vigilantes de la central nuclear denuncian presiones laborales

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EFE.- El sindicato Alternativa Sindical ha denunciado ante la Inspección de Trabajo que los cerca de 60 vigilantes de seguridad privada de la central nuclear de Cofrentes, de la empresa Casesa, sufren presiones y hostigamiento por parte del jefe de vigilancia, empleado de la misma empresa. Por otro lado, el diputado del PSOE en el Congreso, José Luis Ábalos, ha registrado unas preguntas para que el Gobierno explique si tiene previsto prolongar la vida útil de la central nuclear de Cofrentes.

El dirigente socialista ha reclamado información al Ejecutivo sobre los planes de gestión de los residuos nucleares y, en concreto, de la central valenciana, tras conocerse que la planta planea la construcción de un almacén temporal individualizado (ATI) para almacenar el combustible radioactivo agotado. «Es necesario que el Ejecutivo explique qué proyecto se va a ejecutar, por qué hay que construirlo en Cofrentes y si la futura instalación no supondrá un riesgo añadido para la central y su entorno», indicó. Ábalos señaló que esta medida se adopta «ante la previsible saturación en 2021 de la piscina donde se guardan hasta el momento» los residuos nucleares.

Según el diputado, «Iberdrola, la compañía que opera Cofrentes, ha iniciado los trámites administrativos para ejecutar esta nueva infraestructura, que entraría en funcionamiento en 2019», una actuación que, a su juicio, choca con los planes previstos por el Gobierno para crear el Almacén Temporal Centralizado de Residuos Nucleares (ATC) en Villar de Cañas. «Resulta sorprendente que este proyecto, previsto para 2011, esté paralizado mientras las centrales nucleares proyectan sus propios almacenes individuales». Por ello, el parlamentario ve «necesario que el Gobierno explique con qué argumentos permite que cada central actúe por su cuenta, mientras este proyecto sigue en los cajones».

Ábalos recordó, además, las críticas mostradas por organizaciones ecologistas y recalcó que la escasa información pública de este proyecto «nos lleva a pensar que detrás de esta actuación puede existir una intención clara de prolongar la vida útil de la central nuclear». El diputado socialista también exigió que el Gobierno explique si la puesta en funcionamiento del futuro almacén implicará una prórroga en la autorización para que la central siga operando más allá de 2021.

Vigilantes denuncian presiones y hostigamiento

Según el sindicato Alternativa Sindical, tal y como consta en la denuncia presentada a la Inspección de Trabajo, la plantilla de vigilantes, de la empresa Casesa, es «hostigada y exprimida en turnos de trabajo de 12 horas diarias sin descanso y 7 días seguidos, lo que ha provocado cuadros de estrés y ansiedad«. «Desde que en el año 2011 una veintena de activistas de Greenpeace burlasen los controles de seguridad y accediesen a la central nuclear, sumado al estado de nivel de alerta 4 por atentado terrorista, hay una obsesión continua por las medidas de seguridad del recinto nuclear», señalaron.

Desde Alternativa Sindical se denuncia además que a los vigilantes se les impone de forma unilateral el disfrute de los periodos vacacionales y que el jefe de vigilancia, un ex guardia civil también empleado de Casesa, no respeta los descansos establecidos ni entrega la planificación de horarios a los vigilantes. «Además, el cerca de centenar de horas en formación específica que han de completar todos los vigilantes de la plantilla a lo largo del año no son remuneradas por parte de la empresa y siempre coinciden con la finalización de los largos turnos de trabajo», indicaron las mismas fuentes sindicales.

Estas actuaciones, según Alternativa Sindical, cuentan con el «beneplácito del departamento de seguridad corporativa de Iberdrola». Al respecto, la empresa energética propietaria de la central ha explicado que las empresas que desarrollan trabajo en la central como contratistas cumplen con la legalidad. Alternativa Sindical anunció que los hechos denunciados ante la Inspección de Trabajo serán comunicados también a la Brigada de Seguridad Privada de Valencia.

La Junta de Castilla-La Mancha considera que “será difícil demostrar que no hay otro lugar más idóneo para el ATC”

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EFE.- El consejero de Agricultura y Medio Ambiente de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha calificado de “sorprendente” que el Gobierno central quiera declarar de Interés General el ATC en Villar de Cañas (Cuenca), después de que el Ministerio de Industria situara a Villar de Cañas como el cuarto emplazamiento en el informe técnico de idoneidad, situando el mejor emplazamiento en Zarra, un municipio de la Comunidad Valenciana.

“Si quieren saltarse la normativa tienen que demostrar que no hay otro lugar más idóneo en España y lo van a tener muy difícil», ha asegurado Martínez Arroyo y advirtió de que «como autoridad ambiental, desde la Consejería, estaremos vigilantes”. Castilla-La Mancha mantiene su posición de garantizar la protección del espacio natural, “hemos dicho reiteradamente que hay que proteger ese espacio, no solo por la fauna, sino también por la vegetación exclusiva de esa zona en terrenos yesosos” que son, precisamente, “los que hacen que no sea el lugar idóneo para la construcción del ATC».

Martínez Arroyo ha manifestado que la entrada de España en la Unión Europea obliga a cumplir con la legislación comunitaria, en este caso en materia de conservación de especies y espacios naturales, siendo la Red Natura 2000, con sus ZEPA (Zona de Especial Protección de Aves) de El Hito y ZEC (Zonas de Especial Conservación) las denominaciones de las estrategias de conservación de la biodiversidad.

La Plataforma contra el ATC envía al CSN un estudio «que demuestra que los terrenos no son seguros»

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Europa Press.- Mientras sorpresivamente Izquierda Unida ha registrado en el Congreso una batería de preguntas al Gobierno sobre por qué no empezó todavía la construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC) para residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), tal como se había decidido en Consejo de Ministros, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha enviado al Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) un estudio que, a su juicio, «demuestra que los terrenos del ATC no son seguros para albergar el almacén nuclear».

«Parece que 4 de los 5 consejeros del pleno del CSN, no quieren asumir que los terrenos no son adecuados y se sigue evaluando el proyecto del ATC. Por eso, la Plataforma les envía un estudio que demuestra que los terrenos no son seguros para albergar el almacén nuclear», han expresado desde la Plataforma, que considera que «cinco años después, el proyecto del cementerio nuclear está triplemente bloqueado», a lo que se añade que «los terrenos no son adecuados» y han dejado «de tener utilidad, pues las centrales nucleares han optado por los almacenes individuales (ATI) junto a sus reactores».

«El proyecto sigue sin arrancar, sin alguna de las numerosas autorizaciones y con la ciudadanía cada vez más opuesta», reiteraron desde esta plataforma. Los bloqueos administrativos al proyecto, según la Plataforma, son la «protección de la zona a través de la figura denominada Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA); la paralización de la declaración de impacto ambiental (DIA) en el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente; y la anulación del plan de ordenación municipal (POM) de Villar de Cañas«.

La plataforma rechaza que el Gobierno sea «incapaz de asumir la realidad y suspender definitivamente el proyecto» «Este Gobierno ha dejado de tener interés por gestionar los residuos nucleares y solo ve en el proyecto del ATC una oportunidad para hacerse con el control de las importantes sumas de dinero público que lleva aparejado«, ha declarado María Andrés, ganadera y portavoz de la plataforma. «Mientras pueda seguir adjudicando contratos, este gobiernos no dará el portazo al ATC», ha concluido Andrés.

Además, la plataforma asegura que «un número reducido de personas a los que les perjudica la paralización del proyecto del ATC, compuesto por el alcalde de Villar de Cañas, dos empresarios y la abogada que han contratado, ha recurrido la declaración de la ampliación de la ZEPA de El Hito». Hasta aquí, la Plataforma «poco tiene que decir, pero sí quiere denunciar que se pretendan defender intereses legítimos mediante la difusión de falsedades, como que los residuos nucleares se están enviando a Francia o que los agricultores se oponen a la declaración de la ZEPA».

Izquierda Unida y el ATC

Por su parte, los diputados de Izquierda Unida en el Congreso, Félix Alonso, Eva García Sempere y Miguel Ángel Bustamante han preguntado al Gobierno por qué no se ha puesto en marcha todavía la construcción de un ATC para residuos nucleares. «Cada día que pasa sin construir el ATC le cuesta al Estado 60.000 euros. Por tanto, estos años de retraso en la puesta en marcha del ATC podría suponer ya un coste añadido próximo a los 110 millones de euros. Además, cuando se informó al comienzo del coste total del proyecto se habló de cerca de 700 millones de euros, mientras que los últimos datos conocidos lo elevan a más de 1.000 millones», aseguran.

Por ello, los tres diputados han pedido al Ejecutivo que dé explicaciones sobre la situación actual del proyecto de construcción del ATC y sobre el calendario en que está prevista la puesta en marcha del mismo, así como si existe previsión de cambiar la localización del almacén. Entre las preguntas registradas, figuran también algunas acerca de los permisos para construir almacenes ATI en varias centrales nucleares. Por ello, los tres diputados pedirán al Gobierno que indique si prevé prolongar la vida útil de estas centrales y que aclare «qué sentido tiene construir un ATC para todas si cada una va a tener su propio ATI».

Castilla-La Mancha pide su fin

Asimismo, el vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, aseveró que «tiene poco sentido seguir adelante con el proyecto» del ATC en Villar de Cañas y ha abogado por que el Gobierno «haga un replanteamiento serio del proyecto, lo paralice definitivamente, deje de destinar fondos públicos a algo que no tiene visos de futuro y haga un nuevo planteamiento para la gestión de los residuos dentro del Plan de Energía Nuclear». Martínez Guijarro subrayó que la posición del Gobierno de Castilla-La Mancha sigue «siendo la misma», es decir, en contra del desarrollo del ATC.

Considera el vicepresidente regional que en los últimos 5 años «han pasado muchas cosas desde el punto de vista técnico» que determinan que seguir adelante con el proyecto «tenga poco sentido». Así, se ha referido «a las dudas sobre la idoneidad de los terrenos, las cuestiones ambientales o el hecho de que las centrales nucleares estén construyendo sus propios ATI». Martínez Guijarro argumenta que el Gobierno de Castilla-La Mancha «tiene un planteamiento claro que no ha variado ni un milímetro desde hace muchos años». De este modo, el Ejecutivo autonómico sigue considerando que «el futuro del desarrollo económico de Castilla-La Mancha no pasa por la energía nuclear ni mucho menos por ser el cementerio nuclear de los residuos de España».

Luz verde del Ministerio de Energía a la construcción del ATI de Almaraz con la oposición de la Junta extremeña

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EFE.- La portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, reiteró, acerca de que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital aprobara el proyecto de construcción del Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la central nuclear de Almaraz, que la Junta es contraria a esta instalación pero que no puede contradecirlo al carecer de competencias. Sin embargo, las obras ya cuentan con la aprobación del Ayuntamiento de Almaraz y empezarán el próximo mes de enero.

Según indicaron fuentes de la planta cacereña, la aprobación del proyecto por parte de este Ministerio era el fleco que le faltaba al mismo, que ya contaba desde el pasado mes de noviembre con el visto bueno del de Medio Ambiente.La central nuclear precisa la puesta en marcha del ATI antes de noviembre de 2018, fecha en la que las piscinas de combustible gastado de la Unidad I no admitirán más elementos y cuando tiene previsto acometer una nueva recarga, por lo que necesita disponer del Almacén Temporal Individualizado para depositar el combustible gastado, según fuentes de esta instalación.

El proyecto de construcción del ATI de Almaraz, que supondrá un desembolso de alrededor de 24 millones de euros, será similar, aunque con algunas particularidades, al construido en la central nuclear José Cabrera, en Zorita de los Canes (Guadalajara).Además de esta última, las centrales de Ascó y Trillo ya disponen de un ATI, mientras que la de Garoña lo tiene autorizado, a la espera de informes, y la de Cofrentes ya lo ha solicitado.

Proyectado sobre la zona norte de los terrenos de la central nuclear de Almaraz a partir de un estudio pormenorizado de numerosos factores, tanto geológicos como medioambientales, así como de seguridad, el ATI puede albergar hasta 20 contenedores de almacenaje y transporte, cada uno de ellos con una capacidad de albergar 32 elementos de combustible gastado.Con 32 compartimentos en su interior, el contenedor es de acero forjado y presenta dos tapas, una exterior y otra interior, y un espacio presurizado con helio entre ambas.

El ATI, según el proyecto, es una plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón a unos 2 metros bajo el suelo, y dispondrá de un muro perimetral de 5 metros de altura, 2 en subsuelo y los 3 restantes sobre superficie.Asimismo, contempla un vallado de delimitación de zona controlada, uno doble de seguridad física y un tercero exterior para acotar el terreno de la zona libre de acceso.

Similar plataforma o losa de almacenamiento, fabricada en hormigón, tiene el ATI de Zorita, si bien ésta fue ejecutada sobre la cota cero del terreno, y tiene doble vallado, además del que acota la zona de libre acceso. Alberga 16 contenedores, solo de almacenaje, cubiertos de acero, herméticamente cerrados y recubiertos también de blindajes de hormigón y plomo de aproximadamente un metro de espesor, y colocados en posición vertical, como también estarán los de Almaraz.