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El Cabril espera la autorización para abrir una nueva celda de residuos en verano

EFE.- El Centro de Almacenamiento de Residuos Nucleares de El Cabril (Córdoba) ya ha construido la llamada «Celda 30», destinada a residuos de muy baja actividad, y espera la aprobación del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) este verano para ponerla en funcionamiento.

La directora del El Cabril, Eva Noguero, ha explicado en conferencia de prensa que el principal reto de esta instalación para un futuro inmediato es comenzar a explotar la «Celda 30» para «seguir manteniendo y normalizando la retirada de residuos radiológicos de muy baja actividad».

La 30 es la segunda de un bloque de cuatro contenedores con los que este Centro de Almacenamiento de Residuos planea ampliar su capacidad, todos ellos destinados a los de muy baja actividad.

El primero de estos bloques, el 29, ya está funcionando, mientras que la construcción del segundo (que se inició en 2014) culminó el pasado mes de abril, tras haber invertido 1,7 millones de euros en la instalación.

Se trata de una instalación en dos zonas, de las cuales se quiere explotar este año la primera, y con capacidad para almacenar 17.272 metros cúbicos.

Para la «apreciación favorable» del CSN, desde El Cabril se han enviado documentos con información relacionada con el emplazamiento de la estructura y el plan de vigilancia propio sobre la misma, y sobre los que esperan un veredicto favorable este verano.

«Espero que no se vaya más allá de este verano, porque sino nos va a costar trabajo recuperar el ritmo de almacenamiento para residuos de muy baja actividad», ha especificado Noguero, quien ha rechazado que tengan previsto «duplicar la capacidad» de El Cabril, cuya estimación de operatividad llega, según ha dicho, hasta los años 2027 y 2028 «con las instalaciones actuales».

Los municipios nucleares apoyan la oposición a un almacén de residuos radiactivos en Garoña

EFE.- Los municipios del entorno de las centrales nucleares de España (AMAC) expresaron su «total apoyo» a la posición tomada por los municipios de AMAC de la zona de Santa María de Garoña reivindicando un desarrollo alternativo de sus municipios después de un posible cierre de la central nuclear. En este sentido, se oponen a la instalación de un almacenamiento de residuos radiactivos en el exterior de la central nuclear «sin que suponga ninguna oportunidad de creación de riqueza para la zona».

Por ello, AMAC comparecerá en todos los expedientes de licenciamiento que se incoen en el Ministerio de Industria para el almacenamiento de residuos y para las inversiones que se realizan en las plantas para oponerse a toda actividad que conlleve un aumento de residuos y su almacenamiento en el emplazamiento. Las zonas nucleares españolas constatan que la posición de la gran mayoría de los partidos políticos españoles conlleva la desaparición temprana de las centrales nucleares, lo cual se ha refrendado por la decisión tomada por la mayoría del Congreso de los Diputados a favor del cierre de las centrales a sus 40 años de funcionamiento.

La preocupación de los alcaldes es mayor el observar que ninguno de los partidos políticos que se posicionan a favor del cierre «manifiesta interés por el futuro de los ciudadanos que viven en el entorno de estas plantas, que son los que se verán realmente afectados por la pérdida de una actividad económica que se instaló para beneficio de las zonas más desarrolladas de España».

Además, la AMAC entiende que estas decisiones se toman sin pensar en solucionar la gestión de los residuos y se pretende, como en Almonacid de Zorita o en Garoña, «abandonar la actividad y dejar los desechos». AMAC recuerda que actualmente existen almacenamientos de residuos en todas las piscinas de combustible de las centrales y almacenamientos en seco al aire libre en Trillo, Almonacid de Zorita y Ascó; además está pendiente de la licencia municipal el de Garoña, y en fase de licenciamiento el de Almaraz.

España prevé gestionar 188.000 m3 de residuos nucleares, más de la mitad de muy baja actividad

Europa Press / EFE.– España calcula que la cantidad estimada de residuos nucleares de baja y media actividad a gestionar en función de su parque nuclear será de 188.000 metros cúbicos (m3), de los que un 54% serán de muy baja actividad. Así consta en el Informe Nacional sobre la aplicación de la directiva europea para la gestión responsable y segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, de agosto de 2015, el primer informe nacional remitido por España a la Unión Europea en materia de residuos.

Además de las plantas atómicas, el ámbito industrial, médico y de investigación contribuyen a generar desechos radiactivos, pero en mucha menor magnitud. El documento recuerda que en España los residuos radiactivos de baja y media actividad son almacenados definitivamente en el Centro de Almacenamiento de El Cabril. El combustible nuclear gastado, salvo el de la planta de Vandellós I, clausurada en 1989 por un grave accidente, se guarda actualmente en las piscinas de los reactores y en los almacenes temporales individualizados (ATI) de Trillo, José Cabrera (en desmantelamiento) y Ascó.

Asimismo, especifica que hasta 2014 se habían generado en España un total de 57.300 m3 de residuos radiactivos, de los cuales el 70% corresponden a residuos de baja o media actividad. En este sentido, señala que la estimación de la generación futura de residuos radiactivos y combustible gastado se ha basado en que no se contempla la opción del reprocesado del combustible nuclear gastado y en un parque nuclear actual de 5 centrales nucleares con 7 reactores en operación hasta los 40 años de funcionamiento, una central nuclear parada (Garoña) y 2 reactores en desmantelamientos.

El informe también señala como hipótesis para esta estimación la previsión de puesta en marcha del Almacén Temporal Centralizado de combustible nuclear gastado y residuos radiactivos de alta actividad (ATC) a principios de 2018 y de un Almacén de Espera de Contenedores (AEC) a mediados de 2017, con un periodo de operación de éste de 60 años. Asimismo, se basa en el desmantelamiento inmediato de las centrales nucleares de agua ligera a iniciar 3 años después de su parada, y con duración de 7 años. En el caso de Vandellós I, se prevé ejecutar la última fase de su desmantelamiento a partir de 2030 con una duración de 6 años.

España asegura disponer de la infraestructura «necesaria» para la gestión segura del combustible gastado y de los residuos radiactivos, desde el punto de vista institucional, administrativo, técnico y económico-financiero. Las mayores previsiones de generación de residuos radiactivos de baja y media actividad corresponden a Cofrentes, con 3.316 metros cúbicos; Almaraz (Cáceres), con 2.062 metros cúbicos; Ascó, 1.948; Vandellós II (1.061); Garoña (939) y Trillo (907). A ello hay que sumar un capítulo aún mayor: los desechos derivados del futuro desmantelamiento de las plantas, que rozarán los 128.000. Por otro lado, el inventario de combustible gastado refleja que el total a gestionar en el futuro ascenderá a 19.740 elementos de combustible.

En la categoría de residuos de alta actividad se incluyen básicamente los residuos procedentes del reprocesado del combustible del reactor desmantelado Vandellós I en Francia, que retornarán en breve a España. De acuerdo con el principio de Quien contamina paga, el 99% de los ingresos que alimentan el Fondo de Enresa para la gestión de los residuos proceden de las tasas que pagan los titulares de las centrales u otras instalaciones nucleares o por los generadores de residuos radiactivos fuera del ciclo del combustible nuclear.

El informe, en cuya redacción participaron el CSN, la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), los titulares de las planas nucleares y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, también explica que la propia Enresa, como responsable de elaborar el inventario nacional, está revisando la metodología empleada hasta el momento para la estimación de las cantidades de residuos a gestionar, “considerando las incertidumbres asociadas” y que está previsto finalizar el ejercicio en junio de 2016, con la edición de un nuevo inventario con los datos cerrados al finalizar 2015. De hecho, el CSN está evaluando actualmente la petición de Nuclenor para la renovación de la licencia de explotación de Garoña.

El Tribunal Constitucional anula el impuesto catalán sobre las centrales nucleares

EFE.- El Tribunal Constitucional anuló la ley catalana que grava la producción de energía eléctrica nuclear, impugnada por el Gobierno central en julio del año pasado, al entender que coincide con otro tributo similar de ámbito estatal. En su sentencia, el Constitucional declara inconstitucional la ley que el Parlamento catalán aprobó en diciembre de 2014 para gravar la producción de energía eléctrica de origen nuclear.

La sentencia da la razón al Gobierno, que presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, por entender que la base imponible de ese impuesto, con el que la Generalitat recaudó 48 millones de euros, coincide con el tributo estatal sobre producción de combustible nuclear. La Generalitat, por su parte, alegó que existen diferencias entre ambos impuestos, ya que mientras el estatal grava el material resultante del proceso de producción de energía eléctrica termonuclear, los residuos radiactivos, el autonómico se aplica al combustible nuclear que se introduce en el reactor, “por el riesgo para el medio ambiente que entraña”.

El Constitucional considera que existe «equivalencia» entre el tributo autonómico y el estatal, ya que este «grava tanto la producción de combustible como los residuos». Para el Constitucional, en ambos tributos «el hecho imponible consiste en la utilización de energía nuclear para generar electricidad» y el hecho de que el impuesto de la Generalitat grave el gasto de combustible y el estatal la producción «no impide la conclusión de coincidencia». «En suma, lo que se sujeta a gravamen, en ambos tributos, es la utilización de combustible«, argumenta el Constitucional, que concluye que los dos impuestos no solo gravan la misma actividad, «sino que se hace también desde la misma perspectiva».

Por su parte, en su voto particular, el magistrado Juan Antonio Xiol defiende que en el impuesto autonómico existe «una finalidad extrafiscal medioambiental y de protección civil» que lo diferencia del estatal y concluye que la aprobación de ese tributo sobre las nucleares entra dentro de las competencias autonómicas. Además de insistir en que la aprobación del impuesto catalán «supone el ejercicio de competencias autonómicas concurrentes con las estatales», el magistrado catalán cree que para valorar el tributo autonómico se debe tener en cuenta la «especial incidencia» que la energía eléctrica nuclear tiene en Cataluña.

Según expone Xiol, en España existen actualmente 8 reactores nucleares de producción eléctrica, 3 de los cuales se encuentran en Cataluña, concretamente en Tarragona, lo que supone un 37,5% del total estatal. «Esa cifra aumenta al 40% si el análisis se hace tomando en consideración la potencia eléctrica. Como gustaba decir a juristas clásicos intentando superar concepciones formalistas, res ipsa loquitur: los hechos hablan por sí mismos», apunta el magistrado.

Municipios del entorno de Garoña se oponen a un ATI sin garantía de que vaya a construirse el ATC

Europa Press / EFE.- Los municipios del entorno de la central de Santa María de Garoña mostraron su oposición a la construcción de un almacén temporal individualizado de residuos (ATI) si no hay garantías del traslado de los mismos a un Almacén Temporal Centralizado (ATC) como el previsto en Villar de Cañas (Cuenca) y además no hay un plan alternativo de desarrollo para esta zona.

Así lo han expresado los alcaldes de una docena de localidades burgalesas y dos alavesas ubicadas en el entorno de la central, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC), tras una reunión mantenida en el Ayuntamiento de Valle de Tobalina en Quintana Martín Galíndez para analizar las posibles consecuencias de su cierre. En concreto, asistieron a la reunión los alcaldes de las localidades burgalesas de Bozoo, Cascajares de Bureba, Encío, Frías, Jurisdicción de San Zadornil, Merindad de Cuesta Urria, Miraveche, Oña, Pancorbo, Partido de la Sierra, Santa Gadea del Cid y Valle de Tobalina y los de las alavesas de Lantarón y Valdegovía.

Todos ellos, ante las informaciones que apuntan a un posible planteamiento de Iberdrola de cerrar la central, han criticado la «falta de interés» de la empresa Nuclenor de mantener informados a los municipios del entorno sobre las decisiones que se toman y afectan a sus vecinos, «a pesar de las constantes declaraciones de voluntad de transparencia«, según comunicaron. Además, consideran que esta decisión puede ser «más grave» por los «vaivenes» a la hora de decidirse sobre la continuidad, dado que ha provocado el «abandono» y la «desaparición» del Plan de Desarrollo Económico Alternativo a la Central Nuclear que el Estado puso en marcha en 2009, cuando se publicó el decreto de cierre de la planta.

No al ATI sin ATC

De la misma forma, han criticado lo que a su juicio entienden como la verdadera voluntad: «la explotación de un territorio aislado de pequeños municipios a su interés y el abandono cuando sus intereses les llevan a otra parte». Este grupo de municipios considera «más rechazable» aún esta filosofía en el caso de Garoña al pretenderse la construcción de un almacén de combustible gastado, el «residuo radiactivo más peligroso», al aire libre «sin ningún plan de desmantelamiento del mismo», ya que en estos momentos consideran que no se puede confiar en un supuesto ATC como garantía de su posterior traslado.

De esta forma, estas localidades acordaron reafirmar su voluntad de trabajar conjuntamente para «hacer frente» a la situación que se causa con un posible cierre de Garoña y la intención de construir un almacén de residuos de alta actividad en el emplazamiento de la central nuclear mientras no existan «garantía» de un plan de desarrollo para la zona nuclear y también de su traslado futuro a un almacenamiento adecuado. Asimismo, reclaman a Nuclenor, al Estado y a Castilla y León un plan de desarrollo alternativo de la zona incluida dentro de los 10 kilómetros de la central nuclear que asegure un futuro «digno» a los vecinos de los pueblos que han convivido con la central durante más de 40 años.

Estos municipios recuerdan que las zonas aledañas a Zorita, «sufren» las consecuencias de un cierre nuclear y que, como el resto de centrales, «van a sufrirlas en un futuro no muy lejano». Este conjunto de localidades ha recordado que el cierre de la central nuclear de Garoña, según el estudio realizado por el Colegio de Economistas de Burgos con la financiación de Nuclenor, causará unos efectos «altamente negativos» en el entorno de la central, que serán «peores» para la zona más cercana a la misma, cuya dependencia a la instalación «es mayor por cuanto este tipo de instalaciones, si bien suponen una cantidad importante de puestos de trabajo, no generan ningún tipo de economía alrededor que permanezca a su cierre».

El emplazamiento del ATC es “apto” según los informes del CSN, que contemplan soluciones de ingeniería para sortear algunas dificultades

Europa Press / EFE.- Los informes entregados por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a Transparencia Internacional reflejan dudas sobre la bondad de la ubicación del almacén de residuos nucleares de Villar de Cañas, y proponen una panoplia de soluciones para sortear las dificultades detectadas por el organismo regulador. La difusión de los documentos, enviados a dicha ONG y publicados en la web del CSN en la pestaña «transparencia», se deriva de una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente).

De hecho, en su respuesta, el CSN considera «fundamental que reciba el conjunto de documentos técnicos que justifican la propuesta de dictamen técnico» que fue aprobada por el pleno del CSN en su reunión de 27 de julio de 2015. Por ello entrega 4 informes más de los exigidos para una correcta comprensión del dictamen técnico. Dicha decisión técnica recoge limitaciones del terreno del ATC de Villar de Cañas y las condiciones y soluciones de ingeniería que se tendrían que imponer a la construcción de dicha instalación para que los requisitos de seguridad nuclear y protección radiológica se cumpliesen según los mejores estándares de seguridad.

En estos informes se concluye con carácter general que los terrenos son aptos para albergar el futuro ATC de residuos atómicos español, pese a que se plantean algunas dudas existentes en materia de la composición profunda de los terrenos o la posible existencia de fallas tectónicas desconocidas porque faltan datos de geología y geomorfología. Esta falta de datos en los estudios que dan lugar a «incertidumbres en aspectos relevantes que sirven de base a otras áreas de conocimiento, como geoquímica, sismicidad, hidrogeología y geotecnia». Así consta en dos informes, uno de la Universidad de Cantabria y otro de la empresa estadounidense URS, que han sido tenidos en cuenta por el CSN en la evaluación del emplazamiento de Villar de Cañas.

Así, un informe de la Universidad de Cantabria subraya que «la capacidad portante del terreno es elevada y su deformabilidad ante la aplicación de cargas es reducida», por lo que la ubicación es «idónea» para construir el ATC. El informe añade que hay que prestar «especial atención» a los detalles constructivos: no hacer sondeos excesivamente profundos si no son indispensables; cementar los sondeos en cuanto sea posible, no recurrir a voladuras para la excavación y cuidar el control del flujo de agua. En todo caso, los ingenieros no han detectado huecos de disolución de yesos y valoran ese hecho como «factor positivo», por lo que ve la solución de diseño envolvente como una precaución adicional.

Asimismo, se concluye que los ensayos realizados sobre el potencial expansivo del terreno son correctos y adecuados y que los ensayos de inundación bajo carga son «especialmente representativos del proceso». Los expertos de la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos valoran como un aspecto «muy positivo» la no presencia de anhidrita. En cambio, reconoce que los terrenos plantean «problemas derivados de la expansividad o de la disolución de yesos», aunque propone como la solución «más eficaz» la elección de soluciones estructurales, geotécnicas y constructivas para reducir el riesgo de modificación de los regímenes existentes de tensiones y de flujo de agua. «Las soluciones de cimentación superficial mediante losas rígidas son muy adecuadas», aconseja.

Las soluciones contrarrestan los inconvenientes

Otro de los documentos, firmado por técnicos del área de ciencias de la tierra del CSN, concluye que no se puede afirmar que el terreno sea idóneo debido a características «desfavorables» como la presencia de materiales yesíferos y arcillas en contacto con el agua. Para autorizar la obra, cree necesario medidas compensatorias que minimicen la posibilidad de acceso de agua al subsuelo, limitando la activación de fenómenos de disolución y expansividad durante la excavación, construcción y operación. También exige, entre otras cuestiones, un plan de vigilancia del terreno con finalidad geotécnica e hidrogeológica, que verifique la eficacia de estas medidas.

Otro informe de evaluación del área de ingeniería mecánica del CSN determina que es aceptable la solución estructural de Enresa para afrontar los posibles riesgos (carácter expansivo de las arcillas y la activación de disolución de yesos). No obstante, pide a Enresa un análisis en detalle de todas sus actividades y un constante control para poder identificar la aparición de procesos de hinchamientos del terreno o de disolución de yesos.

Otro de los informes entregados, elaborado por la ingeniería URS España, con fecha de 29 de julio de 2015, afirma que en los trabajos de Enresa faltan datos o se minusvaloran riesgos. Se dispone de información «insuficiente» sobre la red de fracturación del subsuelo o la posible presencia de rellenos kársticos en profundidad y bajo el río Záncara. En todo caso, URS valora que hay ausencia de tectónica reciente tanto en el emplazamiento como en el entorno, pero subraya que no se puede afirmar que no hay fallas activas en el entorno inmediato y se muestra en desacuerdo con Enresa sobre el riesgo de un seísmo, ya que en su opinión «no es descartable» un terremoto de 5,5 de magnitud.

Tampoco comparte los impactos que Enresa prevé en cuanto a la disolución de minerales en el subsuelo por las aguas subterráneas. Según la estatal, el agua subterránea está en equilibrio con el medio rocoso por lo que los procesos de disolución derivados de la interacción agua roca no pueden generar riesgo de «subsidiencia apreciable», afirmación que la consultora no comparte.

En cuanto a la inundabilidad, este informe de evaluación no plantea problemas relevantes y coincide en que los cálculos de Enresa son adecuados y «suficientes para asegurar la idoneidad del emplazamiento frente al riesgo de inundación». La conclusión es que los terrenos seleccionados están «claramente considerados a salvo de inundaciones«. Respecto al estudio hidrogeológico presentado por Enresa en 2012 estima que «carece del nivel de detalle necesario para dar respuesta a un esquema conceptual de funcionamiento hidrogeológico lo suficientemente sólido que permita elaborar un modelo matemático que simule adecuadamente flujo subterráneo en el medio y pueda emplearse como herramienta predictiva».

De hecho, en materia de hidroquímica, la evaluación de URS advierte de que aunque las aguas saturadas en yeso no tienen en principio capacidad de disolución de este mineral, es probable que en el subsuelo se produzcan, de acuerdo con las simulaciones presentadas, la disolución de otros minerales, con «potenciales efectos sobre las características geotécnicas». Los extensos informes difundidos han formado parte del proceso de decisión en la evaluación del CSN sobre el emplazamiento elegido por el Gobierno el 30 de diciembre de 2011 para albergar el ATC en España.

Transparencia Internacional celebra la publicación de los informes del CSN sobre el ATC aunque denuncia que están «cercenados»

Europa Press / EFE.- El presidente de Transparencia Internacional, Jesús Lizcano, valoró de forma «positiva» que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) haya entregado los informes sobre la ubicación del almacén temporal centralizado (ATC) de residuos nucleares en Villar de Cañas (Cuenca), reclamados por la ONG a través del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pero lamenta que estos documentos estén «cercenados» con “páginas tachadas en negro» en algunos de ellos.

«Teníamos ciertas dudas de que nos fueran a dar los informes, así que la valoración es positiva», indicó Lizcano, que explicó que el presidente del CSN y la secretaria general se reunieron con ellos para informarles de que los iban a entregar y a publicar algunos más de los solicitados. De este modo, señaló que el regulador ha publicado 4 informes más además de los 2 que, a su juicio, «cuestionaban» el emplazamiento de Villar de Cañas (Cuenca) como lugar adecuado para albergar el ATC, donde se conservarán durante un siglo los residuos de alta actividad y el combustible gastado de las centrales nucleares españolas.

En concreto, ha explicado que han recibido los dos informes que mostraban una «opinión desfavorable» y «para contrarrestar», otros cuatro estudios con soluciones técnicas para solventar los problemas que podría tener la instalación, aunque no estiman el coste económico de estas medidas. «Lo principal es que se ha conseguido que se publiquen estos informes porque tienen un interés social», subrayó. Transparencia Internacional publicará en su página web los informes técnicos sobre el emplazamiento del ATC.

Sin embargo, Lizcano lamenta que en los informes están «tachados todos los documentos que han servido de base» a los autores para llegar a sus conclusiones. «Ese es el mayor inconveniente que hemos visto, porque se ha cercenado la información. En el informe de la ingeniería URS España, uno de los más importantes, hay 8 páginas finales en las que debían aparecer las conclusiones, que han sido tachadas en negro, por lo que creemos que esas circunstancias faltan a la transparencia que se esperaba «, señalaron desde la ONG. También lamenta Lizcano que se haya procedido de la misma forma en el documento de los técnicos del área de Ciencias de la Tierra del CSN.

«Nosotros advertimos que ciertos informes encontraban riesgos para la instalación del ATC en Villar de Cañas», relató Lizcano, que señaló que por este motivo acudieron al CSN «para que nos diera las informaciones al respecto sobre cómo se había elegido Villar de Cañas frente a 8 candidaturas, cuando éste lugar, según informes técnicos hidrológicos aparecía en último lugar«. «En los informes que se habían realizado, y que hasta ahora no teníamos, se desaconsejaba que se ubicara en esa zona porque podía haber elementos radiactivos que perjudicaran a la población», ha señalado. Si había otros criterios, Lizcano argumenta que «queríamos saber cuáles eran, por lo que pedimos al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (organismo público independiente) que nos los remitiera».

Municipios del entorno de la central nuclear de Almaraz respaldan la construcción de un ATI de residuos nucleares

EFE.- Más de 20 municipios del entorno de la central nuclear del Almaraz apoyan la construcción de un Almacén Temporal Individualizado (ATI) en esta instalación industrial, pues evitaría un cierre anticipado de la misma. La Junta de Gobierno de la Mancomunidad del Campo Arañuelo insiste en que, sólo en impuestos locales, la contribución de la central nuclear en los municipios limítrofes es de 15 millones de euros anuales.

Asimismo, han remarcado la aportación de la central nuclear al desarrollo económico y social de toda la comarca. De hecho, los empleos directos generados superan los 800 y los indirectos se aproximan a los 3.000. A estas cifras de empleo se suman el millar de trabajadores que cada 18 meses son contratados para acometer las labores de recarga de combustible. Por ello, los municipios han instado a la Junta de Extremadura a reconsiderar su rechazo al ATI, que presentó alegaciones al proyecto al entender que no hay necesidad de almacenamiento.

«La central de Almaraz es fundamental, es uno de los motores de nuestro municipios», señaló el presidente de la citada Mancomunidad y alcalde de Valdehúncar, David González.  La Mancomunidad también se opone a una propuesta no de ley presentada por el PSOE en el Congreso de los Diputados que impide alargar «la vida» de la central nuclear y resaltan que Almaraz lleva acumulada una inversión de 420 millones de euros en procesos de actualización tecnológica.

La Comisión Europea aún no ha recibido información sobre la instalación de un almacén ATI de residuos nucleares en Garoña

Europa Press / EFE.- La Comisión Europea espera recibir información sobre la posible instalación de un almacén temporal individualizado (ATI) de residuos en las instalaciones de la central nuclear de Garoña (Burgos), aunque ha señalado que por el momento no ha recibido ninguna comunicación al respecto. El comisario de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, respondió así a la pregunta planteada por la eurodiputada del PNV, Izaskun Bilbao.

La parlamentaria vasca se dirigió al Ejecutivo comunitario para saber si «vistas las deficiencias encontradas en la central», algunas «vinculadas al medio físico donde se encuentra», Bruselas había recibido algún dato en relación a la instalación de un almacén de residuos nucleares. En este sentido, la Comisión ha expresado que espera recibir esta información en virtud del Tratado Euratom, que dispone que deben ser comunicados a Bruselas los proyectos de inversión en el ámbito nuclear.

Asimismo, la eurodiputada preguntó en la cuestión remitida en diciembre si Bruselas considera que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) puede embargar la información referida a la reapertura de esta central, tras declarar “confidenciales” los informes relacionados. Con respecto a este punto, Arias Cañete expone que, tal y como dispone la directiva de Seguridad Nuclear de 2009, los Estados miembros “deben garantizar que la información sobre la seguridad de las instalaciones nucleares sea accesible al público de acuerdo con la legislación nacional y con las disposiciones internacionales, siempre que ello no ponga en peligro otros intereses que, como la protección, estén reconocidos en esas normativas«.

En la misma línea, Cañete ha recordado que esa obligación de información ha sido reforzada con la modificación de la misma directiva, que debe ser transpuesta por España «no después de agosto de 2017». En su pregunta, Bilbao señala que la declaración de confidencialidad impedía a las autoridades locales saber si la resolución de un informe favorable de impacto ambiental para ubicar el almacén de residuos o si el informe favorable sobre la revisión de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas (ETFM) de la actualización de las curvas límite de presión-temperatura de la vasija del reactor «se corresponden con los epígrafes de acción incorporados a las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias que deben completarse para una eventual reapertura de la instalación».

Respecto al plan de acción para Garoña establecido en las Instrucciones Técnicas Complementarias impartidas por el regulador CSN, que es competencia de Bruselas supervisar, la Comisión Europea también ha señalado que espera recibir más información sobre la ejecución de esas Instrucciones «en el informe de situación referente a la aplicación en España de su plan de acción nacional«. De la misma manera, el comisario se remite a una comunicación anterior para recordar que las nuevas Instrucciones Técnicas Complementarias requieren «la plena realización de los epígrafes del plan de acción» como requisito previo «para volver a poner en marcha la instalación».

El 3 de febrero todos los grupos parlamentarios del Congreso, salvo el Partido Popular, registraron en el CSN una carta para pedir al presidente del organismo regulador, Fernando Martí, una moratoria en el proceso de renovación de la licencia de la central nuclear de Garoña, que está parada desde finales de 2012 por decisión de su propietario (Nuclenor, participada al 50% por Endesa e Iberdrola).

La Plataforma anti ATC denuncia que Enresa adjudica trabajos en Villar de Cañas «a dedo» y con el proyecto paralizado

EFE / Europa Press.- La Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Cuenca ha denunciado que la Empresa Nacional de Residuos Nucleares (Enresa) ha adjudicado por tercera vez de forma directa unos trabajos relacionados con el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas, aunque el proyecto está «paralizado». Según indicaron, es la tercera vez que Enresa realiza una adjudicación sin someterse al trámite de oferta pública, pero esta vez ha sido la de mayor cuantía, de unos 300.000 euros.

Este proyecto se adjudicó al mismo grupo de empresas constituidas en una Unión Temporal de Empresas que actualmente se encuentran realizado sondeos de 200 metros en los terrenos designados para construir el ATC, según la Plataforma. Se trata de trabajos de caracterización de los terrenos para el ATC, complementarios a los que se están realizando en cumplimiento de la Instrucción Técnica Complementaria (ITC), del informe para la autorización previa o de construcción emitida por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

La Plataforma ha indicado que se concentrarán, junto con el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), para protestar frente a la sede de Enresa el 28 de marzo. La portavoz de la Plataforma, María Andrés, subrayó que Enresa «debería ser absolutamente escrupulosa en la adjudicación de dinero público y, en este caso, ni siquiera se han guardado las formas». Además, recordó que el ATC está «paralizado» desde julio por la ampliación de la ZEPA de la Laguna de El Hito puesta en marcha por el Gobierno regional y también porque no tiene ni «planeamiento urbanístico» ni «ninguno de los cuatro permisos pertinentes».

Finalmente, añadió que los abogados de la Plataforma están estudiando las contrataciones por si procediera tomar alguna medida. Asimismo, este colectivo ha aplaudido que el CSN tenga que entregar a Transparencia Internacional España algunos informes relacionados con el ATC, y recordó que la Plataforma también había pedido estos informes. Por ello confía en que el CSN, «ante este toque de atención, cambie su forma de actuar e incremente su transparencia«.

«No hay nada que ocultar»

Por su parte, el delegado de Gobierno en Castilla-La Mancha, José Julián Gregorio, señaló, sobre la presentación de los informes del ATC, que «todo lo que clarifique este situación es bueno», pues a su modo de ver «no hay nada que ocultar». Así respondió Gregorio sobre la solicitud del CSN al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno de una prórroga de 15 días para entregar los informes que este órgano le instó a entregar a Transparencia Internacional. Además, sobre la denuncia de la Plataforma sobre los contratos adjudicados por Enresa, Gregorio señaló que «es una cosa que tendremos que mirar».