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El 38% de los españoles se ha planteado el autoconsumo energético con energías renovables, según un estudio de Greenpeace

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Europa Press / EFE.- El 38% de la población española se ha planteado el autoconsumo eléctrico con energías renovables, de los que el 13% lo pensó «seriamente» y el 25% sólo si una entidad «ética, renovable y ciudadana» se lo facilita, según el estudio Energía colaborativa: el poder de la ciudadanía de crear, compartir y gestionar renovables, presentado por Greenpeace.

Según el estudio, que ha contado con una muestra de 3.000 internautas de entre 25 y 65 años, el 30,9% de las personas entrevistadas querría ejercer «su poder de compra» y escoger un nuevo proveedor de electricidad que «garantice una producción y venta sólo de renovables y de propiedad distribuida en las manos de los ciudadanos«. Entre las razones que, según Greenpeace, motivan a estas personas a dar el cambio en su tipo de consumo están «el efecto positivo» de sus acciones para el medio ambiente, el «precio justo» de la energía y el hecho de «evitar las puertas giratorias en grandes eléctricas», mientras que lo que les une es «el hartazgo» hacía las compañías.

Además, según el informe, la orientación política entre los españoles interesados en invertir en energías renovables (a través del autoconsumo, cooperativas o como inversores) «no es determinante». En este sentido, el 12,7% de los 346 encuestados que han señalado que votan al PP tienen predisposición «alta» a cambiarse; de los 436 de Ciudadanos, el 14,4%; de los 342 del PSOE, el 14,6%; y de los 681 de Unidos Podemos, el 14,4%. El estudio también revela que el 54,4% de los encuestados estaría predispuesto a ser coopropietario de una instalación de energías renovables y un 12,1%, adoptaría el rol de ciudadano inversor que participa con sus ahorros en plantas de generación.

Momento importante a nivel regulatorio

Para el responsable de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, estos datos muestran que la «energía colaborativa y ciudadana tiene que tomar un rol protagonista en el nuevo modelo energético» dentro del marco legislativo que se está desarrollando en la Unión Europea, con el Paquete de Medidas de Energía Limpia que está preparando, y en España, donde se está elaborando la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Asimismo, destacó que en el resto de Europa, como Alemania, la transición energética es «una política de Estado, independientemente del color político del Gobierno», y por eso «están más avanzados». Por ello, subraya que «promover la participación ciudadana es técnicamente viable» y «debe ser un derecho».

Por su parte, la responsable de campaña de energías renovables de Greenpeace, Sara Pizzinato, ha señalado que una de las principales conclusiones de este estudio es «el desconocimiento» de la población. En este sentido, asevera que, en contra de lo que cree mucha gente, «el autoconsumo no está prohibido«. La ciudadanía «se siente robada en la factura de la luz, pero no sabe cómo ponerle remedio», asegura. A juicio de la responsable de la ONG, este desconocimiento forma parte de una «estrategia de las compañías y el Gobierno para mantener desinformada a la población», según indicó. «Es inaceptable que se pongan barreras a la democratización de la energía», ha añadido.

Por otro lado, la presidente de la Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de España e integrante de Rescoop (Federación Europea de Cooperativas de Energía Renovables), Erika Martínez, indicó que, en la última década, España ha conseguido hasta 75.000 socios de compañías cooperativas de sistemas renovables. Para Martínez, el principal obstáculo de la participación ciudadana es «el entorno jurídico«. Por ello, ha dicho que, la ley que se está preparando en España debería «derogar el impuesto al sol«, desarrollar el I+D+i en renovables, incrementar los objetivos de eficiencia energética y poner en marcha el denominado balance neto, para que los productores sólo paguen la diferencia de lo que han necesitado de la red o reciban lo que han volcado.

El BBVA financia con 176 millones de euros la rehabilitación renovable y eficiente del Novo Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo

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Servimedia.- El BBVA ha financiado con un préstamo verde de algo más de 176 millones de euros a la Sociedade Concesionaria Novo Hospital de Vigo, la concesionaria que explota los servicios no hospitalarios del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Según la entidad bancaria, la operación constituye el primer green project finance que se firma en España.

El préstamo financia la instalación en el hospital de sistemas de energías renovables, eficiencia energética, gestión sostenible de residuos y del agua, transporte limpio y edificios verdes que cumplan estándares o certificaciones internacionalmente reconocidas. El hospital se inauguró en 2015 y presta asistencia sanitaria a unos 575.000 vecinos de Vigo y su área de influencia. Con esta infraestructura asistencial, que forma parte del sistema multihospital, se da cobertura al área sanitaria más numerosa de Galicia.

Folgado (REE) aboga por replantear los impuestos especiales que paga la electricidad y propone prorrogar 10 años más las nucleares

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EFE.- El presidente de Red Eléctrica de España (REE), José Folgado, expuso la conveniencia de que el Gobierno central se replantee los impuestos especiales con los que se grava la electricidad. En este sentido, Folgado indicó que se debe pensar «para ver cómo, con mentalidad fiscal global, la energía eléctrica no paga impuestos especiales» como los que también soportan el alcohol, el tabaco o el petróleo.

«Nos jugamos mucho» por el peso de la electricidad en los costes empresariales y su incidencia en la competitividad, ha señalado Folgado, que recordó que ahora no solo se paga un tributo por energía generada sino también otro del 5% que se estableció en su día para «subvencionar el carbón», y «aunque esto ha ido cayendo el impuesto sigue». Asimismo, Folgado se ha referido al escenario que debe afrontar España en una situación económica que le «permite» abordar este reto, que tiene a su juicio como primer pilar la eficiencia.

Después de subrayar que «no hay energía más sostenible que la que no se consume», ha recordado que en 2016 el 80% del déficit comercial español fue por el coste energético, de ahí la importancia de las renovables. Folgado ha indicado además que tanto administraciones como empresas y particulares deben adoptar sistemas que permitan un menor consumo y aplicar tecnologías que optimicen el que se realiza, al tiempo que apuesta por «un cambio masivo en la sostenibilidad de la edificación».

Avance de la movilidad eléctrica

Ha defendido también el desarrollo de una movilidad sostenible con un desarrollo del ferrocarril para el transporte de mercancías, y del automóvil eléctrico e híbrido para personas, algo que ha augurado que contará con el impulso de los ayuntamientos, que para 2025 pondrán «claras limitaciones» al coche tradicional. A estas medidas añadió la necesidad de aplicar «políticas sociales» al consumo eléctrico, como se hace en distintos países europeos mediante «una bajada de tarifas para las menores rentas». Todo ello sin olvidar la «importancia» de contar con redes de interconexión para el transporte de la energía.

En referencia a su origen ha recordado que la renovable debe ser para 2020 el 27% de la primaria, lo que supone el 62% de la producción eléctrica, un ratio que ya alcanzó una comunidad autónoma como Navarra el año pasado. «Pero la generación renovable también puede ser nuclear», ha puntualizado, aseverando que «lo más razonable es alargar la vida de las centrales nucleares 10 años», pese a que los «efectos colaterales» que puede acarrear el uranio. En todo caso subrayó que para 2040 «prácticamente todo será energía renovable sin nucleares» y eso conlleva otros retos, como el del almacenamiento.

Salida de las renovables navarras

Por otro lado, Folgado aseveró que, «con la objetividad propia de quien ve todo el parque nacional», la salida de Navarra a su producción de energía renovable «obviamente es por el País Vasco y Europa». «Antes podía evacuar sus energías excedentarias a Castilla y León y Aragón, pero es que ellas se han desarrollado mucho en eólicas, en mayor cantidad de lo que demandan, y por lo tanto no hay mucha salida por ahí», argumentó.

Y ha añadido que si se quiere «el desarrollo de Tierra Estella y no tener restricciones al crecimiento en sectores como automoción, biomedicina, agroindustria, industrias químicas o papelera, se necesita no tener la espada de Damocles de minicortes o falta de capacidad de evacuación de la energía«. «Eso es lo que permite capitalizar la energía renovable siempre y a un determinado precio», ha subrayado Folgado.

Anpier asegura que Madrid obtendría beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica

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Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) sostiene que los pueblos madrileños podrían obtener beneficios millonarios si la normativa estatal impulsara la generación social fotovoltaica, por lo que anunció la celebración de una jornada informativa en Madrid este miércoles. El acto está enmarcado en la III Edición del Camino de Sol y es uno de los 27 actos que la asociación organiza por toda España bajo el eslogan Las familias queremos participar en la producción de energía.

A través de estos actos, pretenden trasladar a la ciudadanía las urgencias que en materia energética se han de afrontar en España y en las que deben implicarse «todos y cada uno de ellos». En esta edición, Anpier promueve el impulso de la generación renovable y social de la energía, reclamando un papel activo para los ciudadanos; algo que, asegura Anpier, sólo será posible si un nuevo marco normativo lo permite, puesto que las restricciones legales actuales «bloquean» el acceso de los españoles a la generación en cualquier modalidad: bien a través del autoconsumo, bien mediante parques sociales que proporcionen energía a la red general.

Elche usará energías renovables en edificios municipales y el alumbrado público mientras Vitoria instalará 384 bombillas LED en las calles

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EFE.- Vitoria renovará el alumbrado público de 3 calles principales con la instalación de 384 luminarias LED, que permitirán un ahorro energético de 35.000 euros anuales. Por su parte, la ciudad de Elche usará a partir de ahora fuentes de energía renovable en el suministro eléctrico de los edificios municipales y el alumbrado público, con lo que se convierte en uno de los municipios pioneros en el uso de energías limpias.

Así lo anunció el concejal de Medio Ambiente, Antonio García, tras la aprobación en Junta de Gobierno Local del nuevo servicio de suministro eléctrico en baja tensión con potencias superiores a 10 kilovatios de potencia y en alta tensión. Ha recordado que al realizarse el pliego se acordó que la empresa encargada de suministrar energía al municipio ofertara como mínimo un 60% de energía limpia y se puso como mejoras premiar a las empresas que utilizaran el 100% de energías renovables. De esta forma, se presentaron 9 empresas a concurso y finalmente Gas Natural será la encargada de proporcionar el suministro. De esta manera, debe certificar que la totalidad de la energía consumida por el ayuntamiento procede de energías renovables.

García ha asegurado que, con esta actuación, Elche «se pone a la vanguardia» en el uso de energías limpias a nivel estatal. El contrato es de un año prorrogable a otro más y el presupuesto es de 2,3 millones de euros. Desde el gobierno local (PSPV-PSOE, Compromís y Partido de Elche) apuestan por la inversión en eficiencia energética para ahorrar en la factura de la luz y reducir la emisión de CO2 a la atmósfera, así como han adquirido vehículos híbridos para la Policía Local.

Vitoria instalará 384 bombillas LED

Por su parte, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran (PNV), anunció la adjudicación del contrato de alumbrado a la empresa Ekoargi Instalaciones Eléctricas por valor de 164.329,58 euros, después de que la firma adjudicataria ofreciera una rebaja del 10,25% respecto al presupuesto de licitación.»Este es un pequeño paso que permitirá ser mucho más eficientes en la iluminación de las calles, ser respetuosos con el entorno natural porque se reducen las emisiones de CO2, y además supone un ahorro en la factura final», destacó Urtaran.

Las calles en las que se renovará el alumbrado son Portal de Foronda, Portal de Legutiano y Beato Tomás de Zumárraga, y el contrato contempla la instalación de 4 sistemas de telegestión que monitoricen y controlen estas farolas.»Seguimos trabajando en la transformación de todo el alumbrado público con la utilización de la tecnología LED», apuntó Urtaran, que recordó que de los 4,3 millones de euros gastados en 2013 por este concepto se ha pasado a los 3,6 millones de euros el año pasado.«De seguir así la tendencia la factura se irá reduciendo de forma sensible en los próximos años, pero el objetivo fundamental es reducir las emisiones y el consumo de energía», añadió.

Las principales compañías piden consenso en la Ley de Transición Energética y que se actúe más allá del sector eléctrico

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Redacción / Agencias.- Algunas de las empresas del sector energético español coincidieron en destacar la necesidad de alcanzar un consenso en la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética en la que trabaja el Ministerio de Energía, agradecieron la seguridad jurídica que la norma tendrá al tener rango de ley y reclamaron que el foco recaiga también en la edificación y el transporte y no solo en el sector eléctrico.

Altos cargos de varias empresas energéticas españolas analizaron los aspectos más relevantes del sector energético español ante la nueva legislación. Participaron en el acto el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia; los presidentes de Red Eléctrica de España, José Folgado; Enagás, Antonio Llardén; los consejeros delegados de Acciona, Rafael Mateo; Endesa, José Damián Bogas; Repsol, Josu Jon Imaz; X-Elio, Jorge Barredo; y el director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker.

Todos coincidieron en la importancia de que la nueva norma en la que se trabaja tenga rango de ley como señal de su importancia para alcanzar un mayor desarrollo sostenible y lograr los objetivos de reducción de emisiones, así como ofrecer mayor seguridad jurídica a las empresas para afrontar la transición energética y las inversiones necesarias para ello. También destacaron la importancia de la ley para fomentar el desarrollo tecnológico y lograr el objetivo de desarrollo sostenible de forma competitiva.

El consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, aseveró que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética tiene que ser «ordenada, con seguridad para los inversores”, y con «una planificación seria» que evite los «despropósitos» del pasado.  En este sentido añadió que «no es serio» plantearse el cierre de 8.000 MW de nucleares y abrir 8.000 MW de subastas renovables, refiriéndose a la decisión del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña y las reciente subastas de renovables.

Asimismo, Mateo subrayó el papel de las energías renovables como «las más baratas» que existen y ha señalado la importancia de desarrollar el proceso de descarbonizar la generación para posteriormente electrificar la economía. «Hacerlo de otra manera es ineficiente. En Polonia venden coches eléctricos de carbón», concluyó. Mateo también ha criticado «los cambios en la retribución y la falta de planificación» como algunos problemas a los que se enfrenta el mercado energético en España, “con nefastas consecuencias para los inversores”.

Respecto a las interconexiones energéticas, ha dicho que es favorable siempre que haya una simetría fiscal y tributaria que evite que compañías de unos países tengan ventajas sobre las de otros y que contribuyan a reducir los costes domésticos por pagos de capacidad (los que se hacen para mantener abiertas centrales que actúen de respaldo en momentos de baja generación). Por ello subrayó la necesidad de reforzar las interconexiones, «pero las justas y necesarias» para abrirse a los mercados internacionales.

En el ámbito de las interconexiones incidieron otros ponentes como Llardén, quien se ha mostrado totalmente a favor de que se incrementen las interconexiones, pues sin ellas «todo este bello edificio cojea», en alusión a los objetivos europeos de incremento de renovables. También mencionó la necesidad de crear una interconexión entre la Península Ibérica y el norte de África. Además Llardén puso énfasis en valorar los costes de manera permanente para que la ley de transición energética sea adecuada y consideró que el trabajo en esta norma debe realizarse siguiendo el interés general y no una suma de intereses subsectoriales.

Llardén destacó el rol del gas natural en el proceso de transición energética y en la descarbonización de España al ocupar el hueco térmico que irá abandonando el carbón, reduciendo de manera «brutal» las emisiones. También ha reseñado el papel de este combustible en los vehículos alternativos, tanto el coche como el tren. «Enagás está colaborando con Adif y Renfe para utilizar el Gas Natural Licuado (GNL) como combustible del ferrocarril», ha apuntado el directivo de la empresa participada en un 5% por el Estado.

Por su parte, Bogas habló de la necesidad de que la transición energética no solo se centre en el sector eléctrico sino también en otros «sectores difusos», como la construcción y el transporte, para alcanzar el objetivo de descarbonización de la economía al 100% para 2050. «Habrá que dejar de usar el carbón, quedan los ciclos combinados, pero también habrá que dejarlos en 40 años. Tenemos que sustituir una energía con emisiones de CO2 por otra sin emisiones, ese es el objetivo final», ha agregado.

En este sentido Bogas, ha defendido una transición ordenada «para cumplir con las garantías de suministro», pues aunque el incremento de la demanda que haya a partir de ahora se hará con renovables, en la transición esas energías tendrán que ser respaldadas. Por eso, ha dicho que en el periodo de transición a la economía descarbonizada habrá que buscar mecanismos que hagan viables centrales de respaldo que generan electricidad a partir de combustibles fósiles y que funcionarán sólo entre 1.500 y 2.000 horas al año.

En esta línea, Bogas mencionó la necesidad de impulsar los vehículos eléctricos y la infraestructura de recarga eléctrica de los mismos, así como la introducción de medidas de gestión de la demanda. Bogas se refirió además a la necesidad de mantener la energía nuclear durante la transición energética por su contribución para mantener más bajo el precio de la luz.

El director corporativo de Iberdrola, Fernando Bécker, también destacó la importancia de sectores como la industria y la agricultura, además de la construcción y el transporte, para lograr la descabonización. Asimismo, hizo hincapié en que el proceso de transición debe hacerse con garantías y respaldo para hacer los procesos rentables y que haya inversiones. Confió en que el grupo de expertos que va a trabajar en la elaboración de la ley logrará un amplio consenso.

En este sentido Bécker destacó la complejidad de elaborar esta ley, ya que la energía unida al cambio climático «es difícil de compatibilizar», y ha señalado que la climatología española «es complicada, con la sequía actual, la falta de viento o la descompensación norte-sur». A esto se une, entre otros problemas, la fiscalidad en España, que, a su juicio, es «muy elevada» y está provocando un futuro «totalmente inviable» a tecnologías como la energía nuclear. También demanda Bécker que se le dé un tratamiento conjunto a la fiscalidad en todos los niveles de la Administración (central, autonómica y local), además de eliminar todo lo que distorsiona el mecanismo de precios.

Josu Jon Imaz coincidió en señalar que la descarbonización es «absolutamente necesaria» y afirmó que «en España lo estamos haciendo bien», aunque incidió en la importancia de realizar la transición de forma eficiente y optimizando costes. Entre otras medidas, el consejero delegado de Repsol propuso que las inversiones para transformar los edificios públicos para lograr mayor eficiencia energética no computasen en el déficit público. Pidió también mayores incentivos a los vehículos de consumo más eficiente.

Imaz también resaltó la contribución del gas natural para reducir las emisiones y puso como ejemplo a Estados Unidos, pese a no firmar el Protocolo de Kioto, como uno de los países occidentales que más reducen sus emisiones gracias precisamente a sustituir el carbón al gas natural en la generación de electricidad. Imaz también pidió mayor inversión en la investigación, resaltando el papel de la industria en la transición energética y la importancia de esperar al momento adecuado para invertir en ciertas tecnologías. «Hay que esperar el desarrollo de tecnologías para que sus costes se reduzcan, no cometamos los mismos errores con nuevas energías ni tampoco con el almacenamiento«, añadió.

Por su parte, Jorge Barredo, quien también es presidente de la patronal fotovoltaica UNEF, afirmó que la transición energética es algo que «va a ocurrir sí o sí porque la sociedad lo va a demandar» y señaló que querer seguir viviendo como vivimos en España y Europa «es una visión cortoplacista» y que también se tiene que dar un cambio en nuestras formas de vida.

En este sentido Barredo señaló que «el cambio social es el que va a arrastrar el cambio económico» y destacó la necesidad de hacer una ley de autoconsumo. «El autoconsumo es una posibilidad que se está abriendo paso en toda Europa y que en España no lo está haciendo porque se está protegiendo todo lo que no es autoconsumo», criticó, para mencionar también las «trabas» administrativas que frenan el autoconsumo.

El Gobierno señala la importancia de las interconexiones energéticas para alcanzar los objetivos de renovables

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Redacción / Agencias.- El secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, ha afirmado que el Gobierno no condiciona los objetivos de energías renovables a la existencia de más interconexiones energéticas en la Unión Europea aunque sin ellas «España no llega» a su cumplimiento. Se trata de una cuestión planteada por España y Portugal, países que han pedido aumentar las interconexiones para avanzar en el mercado único energético y acabar con la «isla energética» que es la Península Ibérica.

Para elaborar la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Gobierno ha creado un grupo de expertos a propuesta del propio Ejecutivo, los grupos políticos, la patronal y los dos sindicatos mayoritarios. Navia explicó que no se trata de proporcionar al Gobierno una estrategia energética, sino que aporte iniciativas y que cada una de ellas vaya asociada con un análisis de sus costes y beneficios. Respecto a esta ley, Navia destacó la interlocución que el Gobierno mantiene con los grupos de la oposición en el Congreso, con quienes hay un diálogo «muy positivo».

El secretario de Estado destacó la importancia del consenso social y su sostenibilidad financiera para la predictibilidad de la ley y su duración en el tiempo ya que consideró que tendrá que hacerse una ley que genere empleo y no suponga una reducción de la industria o que haya mayores costes que ingresos”. «Si no es sostenible financieramente, la realidad se impondrá y se cambiará», al tiempo que recordó la inserción de la ley en la legislación europea. «España tiene que acompasarse e influir en la política europea, para lo que es fundamental que como país demos una imagen coherente», señaló Navia, por lo que destacó la existencia de un proceso abierto de participación y consulta pública de la ley.

Según Navia, el objetivo de la ley es vertebrar los esfuerzos por cumplir los objetivos de cambio climático a la vez que se tiene en cuenta la eficiencia y «se crea prosperidad económica». Así, Navia subrayó la importancia de que la transición energética sea un proceso gradual y señaló la conveniencia de diversificar políticas para evitar errores que «nos lleven a situaciones de no retorno».

Destacó la duplicidad de sistemas energéticos para cubrir la demanda todos los días, independientemente de la climatología, «salvo que se desarrolle la tecnología de almacenamiento». Para ello, la solución es pagar por la capacidad, por un sistema de respaldo a las renovables que dé seguridad en el suministro y garantía de precio. «Quién sea capaz de garantizar la capacidad a un precio competitivo es el que debe participar«, aseguró Navia.

En cuanto a la energía nuclear, el secretario de Estado afirmó que la postura del Gobierno «es clara» al señalar que «la energía nuclear tiene que jugar un papel en el mix energético ya que renunciar a ella tendría consecuencias en los costes de la electricidad y en las emisiones». Navia ha vuelto a mostrar la postura favorable del Gobierno a prorrogar en 10 años la vida útil de las centrales, como están haciendo otros países de Europa, y ha manifestado que renunciar a ella implica costes económicos y medioambientales. «También tiene una idea de gradualidad y reversión de las políticas. Llevamos 40 años invirtiendo en energía nuclear y no tendría sentido amortizarla inmediatamente» apuntó.

A pesar de reconocer que no ha sido la forma «más óptima», también ha defendido las dos recientes subastas de renovables, que en conjunto han sumado 8.000 megavatios (MW), pues considera que estas nuevas adjudicaciones de retribución a las renovables sólo se han podido hacer «cuando ha habido margen financiero». «Han sido un gran éxito y son razonablemente defendibles», sostuvo Navia, que destacó que al haber esperado más que otros países «ahora estamos aprovechando las ventajas tecnológicas desarrolladas los últimos años».  Respecto al vehículo eléctrico, avanzó que antes de fin de año habrá iniciativas para desarrollar infraestructuras de recarga, pues incentiva más la compra de estos coches que las subvenciones y tiene un coste menor.

Asimismo, cree que la ley debe profundizar y buscar un «tono más social» de la eficiencia en aquellos hogares con menores recursos. «Tiene mucho sentido que estas casas tengan más acceso a recursos para mejorar la eficiencia». Por último, en cuanto a la cuestión del autoconsumo, aseguró que el Gobierno «está totalmente abierto a nuevas propuestas» y quiere eliminar trabas administrativas, aunque no es partidario de subvencionar el autoconsumo a pequeña escala porque es más eficiente hacerlo a otras renovables.

Baleares calculará el coste del cierre progresivo de Es Murterar

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EFE.- La Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad calculará los costes del cierre progresivo de los grupos contaminantes de la central eléctrica de es Murterar y de la sustitución de combustible en la central de Mahón, y se volverá a reunir con representantes del Ministerio para informar del mismo.

El conseller de Territorio, Energía y Movilidad, Marc Pons, ha pedido hoy al secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en una reunión en Madrid, una implicación directa del Gobierno para hacer posible estas medidas planificadas por el Govern, ha informado el departamento autonómico en un comunicado.

Según Pons, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ve «con buenos ojos las propuestas planteadas respecto de las centrales Murterar y Mahón, si los costes económicos son razonables».

«Hemos quedado emplazados a una próxima reunión en octubre con los datos económicos cerrados», ha explicado el conseller.

El Plan de Transición Energética de Baleares se marca como objetivo la reducción de las emisiones de CO2 hasta alcanzar las emisiones cero en 2050, con el cierre de los centros de producción más contaminantes y la incorporación progresiva de las energías renovables. Contempla el cierre progresivo de la central de carbón Murterar y la sustitución del fuel y el gasóleo de la de Mahón por gas natural antes de 2020.

«Lo que buscábamos hoy es el visto bueno y la colaboración del Gobierno de España para hacer posible una transición energética con garantías y la respuesta que hemos tenido la valoramos positivamente», ha explicado Pons.

«Creemos que no puede haber ningún impedimento si el Estado también asume el compromiso de la lucha contra el cambio climático en las Islas Baleares, donde nos marcamos como objetivo las emisiones cero en 2050″, ha resaltado.

En cuanto a la central de Menorca, Pons ha pedido al secretario de Estado que el Ministerio incluya el suministro de gas natural a la central de Mahón en la planificación estatal gasista, para hacer posible el cambio a gas natural.

En este caso, la respuesta del Ministerio ha sido igualmente positiva y en la próxima reunión del octubre se presentarán también al Ministerio los datos de los costes económicos del cambio.

El secretario de Estado ha confirmado al conseller que la tramitación del segundo cable entre Mallorca y Menorca avanza a buen ritmo y que la previsión es que las obras puedan iniciarse en 2018.

Pons ha destacado la importancia de esta infraestructura, «una inversión de 78 millones de euros muy importante para mejorar la seguridad del suministro, la integración de renovables y la reducción de la dependencia energética de la central de Mahón«

El Ministerio de Energía acepta la alternativa al trazado de la línea de Es Fornàs (Baleares)

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EFE.- El Ministerio de Energía ha aceptado la propuesta alternativa al trazado de la línea de Es Fornàs, que ha planteado el Govern balear, y que elimina el tendido aéreo y proyecta un nuevo cable soterrado entre las subestaciones de Ibiza y Platja d’en Bossa, entre otras medidas.

La Conselleria de Territorio, Energía y Movilidad lo ha anunciado en un comunicado, tras la reunión del conseller Marc Pons con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, en Madrid.

Además de eliminar la línea aérea y soterrar el nuevo cable para unir ambas subestaciones, la propuesta también incluye la ampliación de la subestación de Sant Jordi y la repotenciación de las líneas actuales de Sant Jordi-Sant Antoni e Ibiza-Sant Antoni, que consiste en elevar algunas torres unos pocos metros.

El Govern considera esta propuesta como una solución adecuada para Ibiza, siempre que los niveles de consumo actuales se mantengan o se incrementen en un pequeño margen.

En este sentido, el conseller ha destacado la importancia de potenciar, paralelamente, el avance de las energías renovables y el autoconsumo.

El Govern ha destacado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha incluido la nueva propuesta en la revisión de la actual planificación 2015-2020, que está en fase de alegaciones, y ha eliminado la anterior, tal y como había pedido el Ejecutivo balear.

Durante la reunión, Marc Pons también ha reclamado al secretario de Estado que se acelere la puesta en marcha del cable entre Mallorca e Ibiza, «únicamente pendiente en estos momentos de la orden que regula su explotación comercial», según explican desde el Govern.

Además, el conseller ha trasladado al secretario de Estado las alegaciones del Consell de Formentera al nuevo cable, enfocadas a minimizar el impacto terrestre.

Por último, Pons ha insistido en la necesidad de que los nuevos grupos electrógenos de Formentera puedan seguir funcionando durante todo el año y ha pedido que se concreten cuanto antes las propuestas de sistemas de renovables planteadas en anteriores reuniones para la pitiusa menor.

Palas de aerogeneradores: un residuo emergente ante el final de su vida útil que la compañía EDP Renovables pretende reciclar

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EFE.- Cerca de 4.500 palas utilizadas en los aerogeneradores españoles «dejarán de ser aptas» en los próximos 8 años y será preciso reciclarlas al caer en desuso, ya que el 60% del parque eólico español se encuentra «en la segunda mitad de su vida útil, calculada entre 20 y 25 años«. Así lo ha asegurado el director de seguridad, salud y sostenibilidad de Energías De Portugal Renovables (EDPR), Javier Díaz, compañía lusa que opera en el campo de las energías renovables.

La energía eólica ha sido una de las principales apuestas españolas en el sector de las renovables desde el 2000: en 2016, contaba con 23.026 MW de potencia instalada y, tras la nuclear, fue la segunda energía que más contribuyó al sistema eléctrico con una producción de 47.319 GWh, según datos de la Asociación Empresarial Eólica. La intensa actividad de los parques eólicos españoles ha creado un tipo de residuo «emergente», las palas de los aerogeneradores, motivo por el cual EDPR empezará a utilizar una tecnología destinada a «reciclar las que han llegado al final de su vida útil» y disminuir así aún más el impacto medioambiental de la eólica.

Se trata del sistema R3fiber, un proceso desarrollado por Thermal Recycling of Composites, filial del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) destinada a diseñar tecnologías de reciclado de materiales compuestos, que ha sido puesto a punto por el grupo dirigido por Félix López Gómez en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas y se basa en un proceso de transformación termoquímica. «Las resinas de las palas se transforman en combustibles líquidos y gases combustibles y podemos obtener fibras de vidrio o de carbono, que pueden reutilizarse», ha señalado Díaz.  Aunque en principio «no existen limitaciones en el aprovechamiento de materiales reciclados», Díaz ha reconocido que «su destino habrá que buscarlo en almacenes y depósitos» en las inmediaciones de los parques eólicos.

Por comunidades autónomas, Castilla y León es la que tiene mayor potencia instalada (243 parques), seguida de Castilla-La Mancha (139) y Andalucía (153). Actualmente España ocupa la cuarta posición a nivel mundial tras China, Estados Unidos y Alemania, y representa el segundo mercado más grande para EDPR, después del norteamericano. La gestión ambiental de las palas de los aerogeneradores comenzará con una pieza averiada procedente de un parque eólico de la provincia de Tarragona, puesto que R3fiber puede aplicarse también a las que han sufrido algún tipo de daño y han quedado inservibles para su uso. Díaz ha destacado como ventaja adicional de este proceso de reciclaje el hecho de que no produce más residuos.

La actividad habitual de los aerogeneradores crea otros desechos como acero, cobre o aceites pero «todos ellos disponen de una tecnología de reciclaje mucho más madura», motivo por el cual Díaz define el reciclaje de las palas como «el mayor reto» de su industria. Es, además, «un cambio en el modo de hacer las cosas, ya que supone una clara apuesta por la economía circular que saca el mayor provecho de los materiales» y constituye un ejercicio de «desarrollo sostenible y medioambiental». La compañía EDPR cuenta, de acuerdo con sus datos de 2016, con una capacidad instalada total de 2.371 MW en 8 regiones españolas.