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Las renovables y la bioenergía para capturar CO2 serán claves para frenar el calentamiento global

EFE.- Aunque parezca mentira, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y nitrógeno atmosféricos han actuado como fertilizante y han hecho que la Tierra sea hoy más verde que hace 30 años, pero se está acabando: Los ecosistemas terrestres se han saturado y se encaminan ya a una época de mayor calentamiento.

Esta es la principal conclusión de un estudio internacional publicado en Nature Ecology & Evolution y liderado por el investigador del CSIC en el Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) Josep Peñuelas.

El trabajo avisa que salvo que el escenario cambie con la puesta en marcha de nuevas técnicas de absorción del CO2 y una importante apuesta por las energías alternativas, la Tierra va a pasar de una época de fertilización a otra de calentamiento aún mayor, un cambio que, de hecho, ya ha empezado en el hemisferio norte.

El escenario, no obstante, se podría reconducir «si se hiciera un uso más importante de las energías alternativas o si se pusieran en marcha nuevos modos de absorción del CO2, a través de técnicas de bioenergía o productividad vegetal en cultivos (tanto agrícolas como forestales) o secuestro físico o químico de carbono», puntualiza Peñuelas.

Según sea la opción escogida, seremos capaces de cumplir los acuerdos de la Cumbre del Clima de París (COP21), aunque «sólo en los escenarios más optimistas conseguiremos un aumento de temperatura que no sea nocivo o problemático para la humanidad», concluye Peñuelas.

La versión Goldman Sachs (II)

En un país en el que la electricidad ha caído en las fauces de la política politizada, puede sorprender a primera vista la consideración de Goldman Sachs de que la actividad eléctrica debe ser valorada de forma económico-financiera por los accionistas que son, en realidad, los propietarios de las empresas. Ante una posición tan pueril es preciso subrayar que estamos en un mundo globalizado dónde los flujos de capital se mueven de forma muy rápida y no se someten a los intereses partidistas o electorales de un país en concreto.

Eso exige una política definida en materia económica, energética, medioambiental y fiscal; habilidades de negociación, disponer de una regulación predecible, de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. Se comprende que quienes ejercen responsabilidades de Gobierno conocen e incorporan esas reglas del juego, lo asumen dentro de su comportamiento como una coordenada a tener en cuenta y, si la traspasan, se entiende que es de forma deliberada.

Es un informerevelador” del modelo de política que el Ejecutivo plantea para el sector eléctrico y de la visión inversora de sus responsables, orientada a la reducción de precios sin revisar la composición de la tarifa, sin limpiarla de componentes (cuña gubernamental) que aumentan sus costes y que deberían ser tratados de otra forma. En consecuencia, sigue existiendo un modelo en que se habilitan mecanismos discrecionales y de dudoso encaje en la tarifa que presionan al alza los precios y que se combinan con la pretensión electoralista de una tarifa forzada a la baja fruto de una politización de la electricidad que no cesa.

¿Cómo se resuelve este sudoku en esta revisión regulatoria prevista? Rebajando los componentes regulados vía exprimir sus resquicios legales, lo que seguramente nos atrapará en un nuevo proceso de judicialización, e incorporando nueva potencia renovable para aumentar la oferta de generación y bajar el componente de los precios de mercado de generación, tratando de cumplir al límite los compromisos con Europa del 20-20-20 antes que con un proceso planificado de descarbonización o de transición energética.

Una vez descontado el efecto del anuncio y de su instrumentación legal sobre las compañías y los accionistas de las empresas, queda el propio Ministerio de Energía. Seguramente perciban el origen y las causas de esta tormenta con un cierto grado de indiferencia, más allá de las lecturas resultantes sobre la Administración energética española y de que se trate de una fórmula adicional para instigar a las compañías hacia la desinversión y la internacionalización empresarial. O a lo mejor no es así, siquiera. Lo que si nos confirma es que, menos en el sector energético, las empresas e inversores internacionales son una coartada necesaria para la argumentación y comunicación política.

Energía seguirá manteniendo la rentabilidad ligada al bono para retribuir a las renovables y recuerda que nada cambiará hasta 2019

EFE / Europa Press.- El Ministerio de Energía no tiene intención de cambiar la fórmula para calcular la rentabilidad razonable que reciben los dueños de instalaciones renovables, según indicaron fuentes de este departamento tras conocerse un informe de Goldman Sachs sobre las caídas en la rentabilidad obtenida de las compañías en España ante la revisión que se hará para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará a aplicarse en 2020.

Energía explicó que en la reunión con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, se volvió a exponer ante representantes del banco de inversión la postura del Gobierno y se insistió en que la intención del Ejecutivo es no cambiar la fórmula que se utiliza para calcular la rentabilidad que perciben los propietarios de esas instalaciones y aunque es previsible que se revise a la baja, «aún es pronto para saber qué puede pasar». La fórmula, que se fijo en el año 2013 y que toca revisar a mediados de 2019 para su aplicación en el siguiente periodo regulatorio desde 2020, es la suma del rendimiento del bono español a 10 años y un diferencial de 300 puntos básicos.

En la actualidad la rentabilidad razonable, fijada en 2013 con esa fórmula para un periodo de 6 años, es del 7,4%, porcentaje que se vería rebajado por la evolución del bono español, aunque fuentes del Ministerio han dicho que habrá que esperar a mediados de 2019, cuando se haga la revisión. Han asegurado que el compromiso del Gobierno es no mover la fórmula que se aplica para la retribución de las renovables y han recordado que en junio pasado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya manifestó en el Congreso que es partidario de que la retribución siga ligada al bono del Estado para poder rebajar entre un 5% y un 10% el coste de la factura de la luz.

El descenso en este tiempo del interés del bono y el no proceder a un cambio normativo para aumentar el actual diferencial llevaría a rebajar esa rentabilidad para las plantas renovables para el periodo 2020-2025. Por ello, fuentes de Energía indicaron que quedan dos años para revisar la retribución de las renovables, y hay factores de muy distinta índole que pueden afectar al rendimiento del bono del Estado a 10 años, como por ejemplo el Brexit o la evolución de la prima de riesgo. Eso sí, Nadal subrayó en el Congreso que la «prioridad número uno» del Gobierno es que las empresas y los consumidores «paguen lo menos posible» en la tarifa de la luz.

El informe de Goldman Sachs

El informe de Goldman Sachs indica que, tras las conversaciones que mantuvieron con representantes del Gobierno, son más «cautelosos» a la hora de invertir en compañías de energía en España y Portugal, recomendando no comprar ningún valor, al apreciar factores que pueden reducir significativamente sus ganancias en el periodo 2020-2025 y que no están siendo descontados por el mercado. Según expone, las rentabilidades de la distribución eléctrica pueden caer en el mercado ibérico cerca de un 40% en el periodo 2020-2025, que la próxima revisión regulatoria podría reducir en un tercio los ingresos de las renovables y que su incorporación tras las subastas ejercerá una presión a la baja sobre los precios a partir de finales de 2019 y 2020.

Por eso, reduce en promedio la previsión de beneficio de esas compañías en un 8% para el periodo 2020-2025, por lo que no recomienda comprar valores de eléctricas en el mercado ibérico, y dice que aprecia un riesgo a la baja de alrededor de un 15% en las acciones de la portuguesa EDP y Endesa sobre los niveles actuales. Fuentes del sector eléctrico manifestaron su descontento y lamentaron que los mensajes lanzados por el Gobierno en encuentros del tipo de Goldman Sachs pueden «desincentivar la inversión» en el sector eléctrico español y llamaron a la responsabilidad del Gobierno para promover la llegada de inversores a un sector estratégico en lugar de «espantarlos» así como adoptando medidas que mejoren la competitividad.

Por su parte, la agencia de calificación crediticia Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables que han tenido lugar en España bajarán los precios del sistema, pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias. Entre las subastas han adjudicado 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s estima que estas subastas de renovables han reducido los costes de la electricidad y han transferido el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

Siemens Gamesa afianza su presencia en China con un pedido de 300 MW mientras contempla vender participaciones en 6 parques

Servimedia / EFE.- Siemens Gamesa tiene entre sus activos disponibles para la venta participaciones en 6 parques eólicos chinos valorados en 25,83 millones de euros, según se recoge en sus estados financieros. Por otro lado, la compañía ha firmado un contrato para el suministro de 300 MW en China, uno de los mayores de su historia en el país. La compañía refuerza así su presencia en el primer mercado eólico del mundo, donde se ha asentado como uno de los principales fabricantes extranjeros.

Siemens Gamesa se encargará del suministro y arranque de 150 turbinas del modelo G114-2.0 MW para el parque de Xilinhot, así como de su mantenimiento a largo plazo. Se espera que las primeras turbinas comiencen a instalarse durante el segundo trimestre de 2018 y que el parque, ubicado en la región de Mongolia interior, entre en funcionamiento para finales de ese mismo año. «Con este pedido tan relevante, la compañía avanza en su estrategia en el país, donde ya ha instalado más de 4.600 MW», apuntó Álvaro Bilbao, CEO de Siemens Gamesa en la región de Asía-Pacífico. Siemens Gamesa cuenta con más de 11.300 MW instalados en el continente asiático.

Participación en 6 parques chinos

La compañía, resultante de la fusión de Siemens Wind Power y Gamesa, que se hizo efectiva el pasado 3 de abril, mantenía a 30 de junio de 2017 participaciones en varias empresas de parques eólicos chinos, que son de un 25% en 5 de ellos y del 40% en otro. A pesar de superar el 20% de participación, Siemens Gamesa no tiene capacidad en la toma de decisiones sobre políticas financieras u operativas de las empresas, indica Siemens Gamesa en sus estados financieros. Además, ha explicado que su participación en el capital de las sociedades de esos parques tiene como único objetivo favorecer la concesión de permisos para el desarrollo de las plantas y la construcción y venta de aerogeneradores.

La compañía ha añadido que en las revisiones anuales sobre el valor de esas participaciones, encargadas a un auditor externo, no se han identificado deterioros significativos de su valor contable. El objetivo de estas revisiones es determinar que el valor recuperable de esas participaciones no es inferior al valor contable al que están registradas. También subraya que en 2016 no ha habido ingresos por dividendos en esas inversiones en China ni plusvalías por venta. Siemens Gamesa cuenta con participaciones del 25% en las sociedades Jianping Shiyingzi Wind Power, Beipiao CGN Changgao WindPower, CGN Anqiu Wind Power, Beipiao Yangshugou WindPower y Datang New Energy, y la que tiene en Wendeng Zhangjiachan WindPower asciende a un 40%.

El Gobierno autonómico de Canarias pide al Ministerio de Energía delimitar zonas en el archipiélago para instalar parques eólicos marinos

EFE.- El Gobierno de Canarias ha solicitado al Ministerio de Energía que se delimiten zonas en el archipiélago para la instalación de parques eólicos marinos, sin menoscabar otras actividades complementarias. El consejero canario de Economía e Industria, Pedro Ortega, se ha reunido con esta finalidad con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, al que expresó el interés de la comunidad autónoma de liderar el desarrollo de esas nuevas energías.

«Las islas cuentan con unas condiciones idóneas para convertirse en laboratorio natural desde el que impulsar proyectos de I+D+i de eólica marina, pero es necesario trabajar en un marco de desarrollo adecuado que permita, entre otras cosas, reducir los plazos de ejecución a los que se enfrentan actualmente los promotores de energía», señala Ortega, que considera como una prioridad el constituir un grupo de trabajo en el que participen distintos departamentos de las dos administraciones con el fin de mejorar la coordinación entre todas las partes y reducir los plazos.

Ortega precisa que su departamento también trabaja con el Ministerio en otras medidas, como es la financiación de proyectos en I+D+i con fondos europeos, que ayuden a convertir a Canarias en una plataforma mundial de ensayo con energías renovables. En este sentido, recuerda que las islas ya acogen el desarrollo de proyectos pioneros, como el impulsado por una empresa privada en el litoral de Gran Canaria, que reduce los costes de montaje de aerogeneradores en los parques marinos. La Estrategia Energética de Canarias, vigente hasta 2025, incluye la instalación de 310 megavatios de potencia eólica marina, especialmente en aerogeneradores flotantes, que tienen un gran potencial de crecimiento en las islas.

Ortega aprovechó también la reunión para concretar los datos técnicos de la nueva convocatoria de energía eólica y fotovoltaica que saldrá este año para Canarias. Las bases de la convocatoria se publicarán en octubre. El volumen de potencia renovable que se incluya en esta subasta debe ajustarse a las previsiones de demanda para cumplir los objetivos energéticos que se propone el Gobierno de Canarias y que plantean lograr una penetración del 45% de las energías renovables en 2025. Asimismo, Canarias quiere aprovechar la convocatoria para repotenciar determinados parques eólicos en los que es necesario reemplazar la infraestructura existente para mejorar su eficiencia y conseguir más energía ocupando el mismo espacio.

La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético pide eliminar las cargas impositivas sobre el autoconsumo sin vertido a red

Europa Press / EFE.- La Plataforma para el Impulso del Autoconsumo Energético ha propuesto al Ministerio de Energía y a los grupos políticos desvincular el autoconsumo sin vertido a red del decreto de autoconsumo, lo que implicaría no aplicar cargos sobre la energía autoconsumida, reducir los trámites de legalización y facilitar la ejecución de este tipo de instalaciones desde el punto de vista técnico.

La asociación integrada por AIFOC, APPA Renovables, la Federación Nacional de Empresarios de Instalaciones Eléctricas (Fenie), la Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) y la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) propone que esta modificación mantenga los criterios de exigencia en materia de seguridad industrial y se tramitaría bajo las condiciones reguladas por el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, competencia de las comunidades autónomas.

La plataforma también propone que, aunque se desvincule a estas instalaciones de las condiciones técnicas y económicas establecidas en el decreto 900/2015, se las incluya en el Registro Administrativo de Instalaciones de Autoconsumo, siendo éste gestionado por las diferentes comunidades autónomas. Según la plataforma, el registro es «una mera comunicación que dota de transparencia al desarrollo de estas instalaciones» y además «permite al Ministerio y a las comunidades autónomas cuantificar la producción renovable en autoconsumo».

Con esta propuesta, la plataforma pretende avanzar hacia un sistema energético en el que los usuarios finales sean actores principales en las medidas de ahorro y eficiencia energética de España. Asimismo, ha reiterado su objetivo de que se reconozca el derecho a autoconsumir energía eléctrica sin ningún tipo de cargo, que se eliminen los cargos a los sistemas de almacenamiento, se simplifique la tramitación administrativa y se adapte el régimen sancionador al «verdadero impacto» del autoconsumo en el sector eléctrico.

Baleares se adhiere a los objetivos del Acuerdo de París contra el cambio climático

Europa Press.- El Consell de Govern ha aprobado este viernes adherirse a los objetivos y las líneas de actuación de lucha contra el cambio climático previstos en el Acuerdo de París del año 2015 y, por lo tanto, fomentará políticas para alcanzar las cero emisiones de gases de efecto invernadero el año 2050.

Asimismo, impulsará la cooperación con las regiones mediterráneas y europeas en la lucha contra el cambio climático, según ha informado la portavoz del Govern, Pilar Costa, durante la rueda de prensa posterior a la reunión el Ejecutivo autonómico.

Costa ha recordado que Baleares, como islas del mediterráneo, son «especialmente vulnerables» al cambio climático, además de que es la comunidad autónoma con mayor dependencia energética exterior y menor implantación de generación renovable.

El Acuerdo de París fue ratificado por el conjunto de la Unión Europea el 4 de octubre de 2016 y por el España el 12 de enero de 2017, pero una parte del potencial de reducción de emisiones y de adaptación al cambio climático es de competencia autonómica o insular –en cuanto a competencias ambientales, ordenación de territorio, movilidad o gestión de residuos, por ejemplo–.

Además, Costa ha recordado que los acuerdos de gobernabilidad del ‘Pacte’ incluían el compromiso de un nuevo modelo energético que apueste por las energías renovables y la eficiencia energética.

En este sentido, la portavoz ha apuntado que el Govern ha desarrollado un proceso de participación para definir la estrategia contra el cambio climático que se traducirá en una ley para hacer frente a las causas y efectos de este fenómeno.

La versión Goldman Sachs (I)

La difusión del informe de Goldman Sachs y sus efectos sobre la cotización de los valores cotizados del sector eléctrico español ocasionó que el final de la semana pasada fuese negro desde el punto de vista bursátil para el sector. En el informe se ponen números y cifras según la exposición de cada compañía a las actividades reguladas afectadas por la revisión retributiva que el Gobierno pretende aplicar en 2019. Un set-ball en toda regla.

Se dice difusión, más que filtración, por el hecho de que estas entidades financieras, a la hora de emitir sus informes y recomendaciones, tienen mecanismos de información muy profundos y sofisticados respecto de las consultas y la información que obtienen de los países y de los sectores económicos. Se dice que los mercados tienen información perfecta y, por ello, la procuran encontrar, desmenuzar y analizar. Asimismo, por otra parte, la noticia de que el Gobierno está preparando la reducción de la retribución de los activos regulados ya era generalizada y de dominio público en el sector desde antes del verano.

Esta intención ya fue anunciada en foros privados y semipúblicos por el secretario de Estado, incluso por el propio ministro, y se confirma con la reunión a la que alude el propio informe. También cuenta el silencio administrativo para no precisar el cambio normativo que evite la instrumentación efectiva de una reducción retributiva calculada según la situación del bono español. Con la calculadora en la mano: un 40% menos de rentabilidad que afectará más a las compañías más expuestas en el mercado español y a estas actividades reguladas. Era cuestión de tiempo que esta información llegase a los mercados. No puede sorprender en exceso ni su difusión, ni sus efectos.

Por otra parte, su efecto económico-financiero-bursátil ha sorprendido a quienes consideran que la electricidad en nuestro país es una cuestión que se determina (o se debe determinar) en la acción política de los Gobiernos, más que en un modelo de gobernanza empresarial, de mercado y de acción del Estado complementaria, que establece una regulación previsible y estable, acompañada de sus consiguientes mecanismos de inspección, control y supervisión. Una visión tremendamente esquemática, aplicada a un sector que requiere fuertes inversiones a largo plazo, en la que la política puede decidir “lo que sea” y lo que está escrito en la ley se aplica, con independencia de su lógica empresarial y la de los mercados de capitales.

La visión de que la política todo lo puede está instalada en el pensamiento intervencionista español que comparte el origen retroprogresivo en todos los signos políticos. En ese modelo, las compañías y sus propietarios deben aceptar los designios de la política y deben convertirse en brazos articulados de la acción política, sin tener en cuenta las alternativas que se presentan en el mercado de capitales, por otra parte, muy competitivo. Esta cuestión es sustantiva porque su asunción lleva a un error de perspectiva muy relevante, el de la politización de la actividad del suministro eléctrico.

Goldman Sachs pone números al terremoto regulatorio sobre el sistema eléctrico de España que el Gobierno piensa desencadenar en 2019

Javier Angulo.- Una reunión con responsables del Ministerio de Energía y el consecuente informe de Goldman Sachs sobre las conclusiones. Así caduca el mantra enarbolado por la Administración Rajoy de que las medidas puestas en marcha por el binomio Soria-Nadal servían para aportar estabilidad al sistema eléctrico. Se avecinan nuevos recortes retributivos en las actividades reguladas y la recomendación de la entidad financiera estadounidense es clara: invertir en las utilities españolas no es buen negocio: caerán un 8% de media hasta 2025.

A nivel bursátil, Goldman Sachs considera que el mercado no está descontando el impacto sobre las cuentas de las compañías energéticas que puede producirse a raíz de la revisión regulatoria que se producirá a finales de 2019, al finalizar el primer periodo regulatorio de 6 años establecido por el Gobierno en la denominada como reforma energética, con los consiguientes efectos sobre los ingresos percibidos por redes y renovables. Un nuevo ajuste contable que viene a sumarse a la reforma de 2013, con un impacto aproximado de 10.000 millones de euros para enjugar el déficit tarifario.

Tal y como ha manifestado el ministro de Energía, Álvaro Nadal, y pudo corroborar ante los enviados de Goldman Sachs el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, la intención del Gobierno es aplicar en su literalidad la Ley del Sector Eléctrico de 2013 y mantener la rentabilidad razonable, establecida para las actividades reguladas, ligada al rendimiento del bono español a 10 años más 300 puntos básicos, eso sí, calculándose en cada momento de revisión retributiva y desde las perspectivas de las instalaciones tipo bien gestionadas. En consecuencia, el recorte retributivo que el Gobierno ejecutará para las redes de transporte y distribución de electricidad en el período regulatorio 2020-2025 puede alcanzar un recorte de la rentabilidad de un 40%. Igualmente, y por el mismo procedimiento, salen mal paradas las renovables, con un nuevo ajuste de hasta un tercio en su rentabilidad.

En este sentido, Goldman Sachs aconseja ser cautelosos con las compañías energéticas españolas y cambia directamente su consejo sobre Acciona, donde ahora mantiene una posición neutral y en la que hasta ahora venía recomendando entrar a los inversores. Más tajante es su cambio de postura con Red Eléctrica de España. La compañía presidida por José Folgado puede ser una de las grandes damnificadas de los nuevos recortes al depender en gran medida de su retribución como operador del transporte, tras sortear las reformas anteriores. Por ello Goldman Sachs aconseja vender las participaciones en la compañía. En el resto de utilities, mantiene una postura neutral respecto a Enagás e Iberdrola, mientras que aconseja abandonar posiciones en la compañía lusa EDP, en Endesa y Gas Natural Fenosa.

Precisamente la principal perjudicada en Bolsa desde que se conoció el informe de Goldman Sachs es Gas Natural Fenosa, con una caída acumulada en las dos últimas sesiones del 3,08%, similar al 3,07% perdido por Red Eléctrica. Por su parte Acciona ha caído un 2,75% en las dos últimas sesiones, acercándose a perder los 70 euros por acción, mientras que Endesa perdió un 1,78%, poniendo en peligro los 20 euros pero en unos números que no llaman especialmente la atención al situarse en cifras muy similares a las de Iberdrola, que con un negocio más internacional también cayó un 1,76%.

Otro de los aspectos señalados por Goldman Sachs en su informe es que la nueva potencia renovable subastada durante este año, que debería comenzar a operar antes de 2020 para cumplir los objetivos europeos, supondrá introducir una mayor presión a la baja sobre el precio del mercado mayorista de electricidad (pool) por el aluvión de megavatios de energía eólica y fotovoltaica. Por ello, ante estas perspectivas, Goldman Sachs subraya que no hace “ninguna recomendación de comprar en la región” y, al contrario, recomienda vender, principalmente EDP y Endesa, donde calcula un riesgo de caída de rentabilidad de hasta el 15%.  De hecho, la caída media de rentabilidad en las empresas del sector que se anticipa es del 8%, dependiendo el mayor o menor impacto de su exposición al mercado español y su participación en las actividades afectadas por esta revisión retributiva que prepara el Gobierno.

Moody’s asegura que las subastas de renovables encarecerán los costes aunque ve positivo su resultado para Endesa y Gas Natural

Europa Press / EFE.- La agencia de medición de riesgos Moody’s considera positivas para Endesa y Gas Natural Fenosa las adjudicaciones de nueva capacidad renovable que obtuvieron en las últimas subastas celebradas en España, aunque advierte del riesgo que supondrá su mayor exposición a los precios del mercado. En este sentido Moody’s ha alertado de que las dos subastas de renovables bajarán los precios del sistema pero aumentarán los costes y la exposición al riesgo de las empresas adjudicatarias.

Entre las subastas de mayo y julio se han adjudicado un total de 8.037 MW de nueva potencia renovable distribuidos entre 3.910 MW fotovoltaicos, 4.107 MW eólicos y 20 MW correspondientes a otras tecnologías. Moody’s calcula que esto aumentará la capacidad de energía solar y eólica de España en un 29% para el final de 2019, hasta los 35.000 MW, lo que supondrá un paso más hacia el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea para 2020, que exigen que estas energías alcancen un peso del 20% del total. Además, augura que esta nueva potencia ayudará a reemplazar la producción a partir de carbón doméstico, que probablemente cerrará al final de la presente década.

Además, considera positivo que Endesa se adjudicase 879 MW y Gas Natural Fenosa, un total de 919 MW, ya que crecen sus «relativamente bajos» porcentajes de potencia renovable instalada, en un 50% y un 94%, respectivamente, en detrimento de la energía de origen térmico, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2, lo que servirá para apoyar las estrategias de estas compañías de avanzar en una generación de energía libre de emisiones. Sin embargo, Moody’s estima que estas subastas de renovables reducirán los costes de la electricidad y transferirán el riesgo que soportaban el sistema y los consumidores a las comercializadoras, lo cual es «positivo» para la viabilidad del sistema», pero «negativo» para las empresas adjudicatarias de los proyectos.

Riesgos para productoras y comercializadoras

En este sentido, Moody’s cree que estas empresas estarán más expuestas a los riesgos de los precios del mercado, aunque apunta que empresas como Endesa y Gas Natural cuentan con capacidad suficiente para gestionar este riesgo a través de la optimización del uso de sus parques de generación de energía y de sus bases de suministro a clientes. Además, considera que cuentan con una ventaja sobre empresas más pequeñas a la hora de afrontar esos riesgos, entre otras la integración de su producción renovable en una cartera de generación más diversificada. Asimismo, al alinear su mix de generación con el promedio del mercado ibérico, reducirá el riesgo que tienen por su sobreexposición a tecnologías que serán desplazadas en el futuro.

La agencia cree que la capacidad adicional de las renovables añadirá «una presión negativa a largo plazo» sobre los precios medios de la energía en España desde 2020, debido a que las energías renovables se producen con unos costes variables «muy bajos«. Así, la energía térmica, más cara, será también menos frecuente, lo que reducirá los precios medios del pool.

Si estos precios bajan, el efecto negativo lo asumirán las comercializadoras con alto volumen de costes fijos, como Endesa e Iberdrola, alerta Moody’s. Asimismo, para el sistema eléctrico, la agencia estima que se ahorrarán aproximadamente 330 millones de euros en ayudas para los 8.000 MW adjudicados en las subastas, al haberse saldado sin primas para los promotores, lo que mejorará la viabilidad y sostenibilidad del sistema, al eliminar el riesgo de cambios retroactivos en el marco regulatorio de las renovables, como el realizado en 2013.