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El Cabildo de Gran Canaria asegura que el coste del gas en Tenerife lo van a pagar todos los canarios

EFE.- El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, ha afirmado hoy que el coste de una planta de gas en Tenerife «lo vamos a pagar todos los canarios con el recibo de la luz«.

El proyecto afecta también a la penetración de las renovables en todas las islas, según Morales, quien ha insistido que el asunto no es cuestión únicamente de Tenerife.

Morales se refería así a la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de no considerar conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado del puerto de Granadilla hasta que no haya garantías de su uso y estudios que comprueben su sostenibilidad económica.

Según el presidente del Cabildo de Gran Canaria, «no son correcciones menores, son dos temas fundamentales«, pues la propuesta carece de análisis económico, debido a que las energías renovables son más económicas, además de que es necesario asegurar un compromiso de que la compañía compradora adquirirá el gas, algo difícil de conseguir debido a los precios del mercado.

La CNMC cuestiona la viabilidad económica de la regasificadora de Granadilla (Tenerife) en un informe no vinculante para el Ministerio

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no considera conveniente autorizar la construcción de la planta de gas natural licuado (GNL) del puerto de Granadilla, en Tenerife, hasta que no haya garantías de uso de la misma y estudios que comprueben su sostenibilidad económica. Así lo ha expresado en un informe que no es vinculante para la decisión del Ministerio de Energía.

El organismo de supervisión se pronuncia sobre la propuesta de resolución por la que la Dirección General de Política de Energía y Minas otorga a la Compañía Transportista de Gas Canarias (Gascan), propiedad 100% de Enagás, gestor técnico del sistema gasista español, autorización administrativa y reconocimiento de utilidad pública a esa planta de recepción, almacenamiento y regasificación. La CNMC, en las conclusiones de su informe, ha explicado que no es conveniente autorizar la construcción de esta instalación hasta que no se disponga de garantías de usos y de estudios económicos que comprueben la sostenibilidad económica del sector del gas natural tras la gasificación de Canarias.

A juicio de la Sala de Supervisión Regulatoria de la CNMC, la autorización de la planta de regasificación debería venir precedida de una actualización del documento de planificación de los sectores de Electricidad y Gas 2008-2016, recogiendo un análisis de la demanda de gas prevista, las características del mercado y la viabilidad de las inversiones a realizar. En este sentido, señala que, dado el tiempo que ha pasado desde que se planteó el proyecto, los análisis que se hicieron sobre demanda de gas prevista, características del mercado y viabilidad económica de las inversiones están desfasados en relación con las necesidades y planteamientos actuales sobre la energía en las Islas Canarias.

La CNMC también considera que habría que hacer un análisis detallado de los servicios adicionales que podría prestar la planta de GNL de Granadilla para la que se solicita la autorización administrativa. Asimismo, asevera que el proyecto esta «incompleto» pues no está diseñado en su actual configuración para prestar algunos de los servicios previstos en el real decreto 984/2015, como servicios de carga de cisternas, carga de buques, trasvase de GNL de buque a buque, puesta en frío de buques y bunkering (el abastecimiento de GNL de buque a buque).

Un proyecto del año 2000

El proceso para la obtención de autorización administrativa del proyecto de la regasificadora de Granadilla se remonta a julio de 2000, cuando Gascan presentó el primer escrito de petición, aunque el proyecto desde entonces sufrió numerosos retrasos por su posible impacto ambiental. Las dimensiones del puerto y de la disposición de la planta tuvieron que ser redefinidas, al ser cuestionado el proyecto portuario ante la Comisión Europea por posibles afecciones ambientales derivadas de su tamaño. En la tramitación del proyecto, Enagás compró en febrero de 2015 la totalidad del capital social de Gascan, propietaria de los dos proyectos de regasificadoras en el archipiélago: el de Arinaga (Gran Canaria) y el de Granadilla de Abona (Tenerife).

En esos momentos el presidente de Enagás cifró en unos 300 millones de euros la inversión en la regasificadora de Granadilla y aseguró que las obras comenzarían en el segundo semestre de 2015, pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendió la construcción por la falta de un estudio de impacto ambiental. En julio de 2016 el proyecto de la planta de regasificación obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable por parte de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y en enero de 2017 Gascan reiteró su solicitud de autorización administrativa.

Nueva Canarias y la energía

Por su parte, el presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha defendido la necesidad de revisar en profundidad el modelo energético de Canarias tras el informe contrario de la CNMC a la instalación de una regasificadora en el puerto de Granadilla. Por ello, Rodríguez propugna un proceso de transición energética hacia un nuevo modelo basado en las renovables y la puesta en marcha de un plan canario de transición energética. Según Román Rodríguez, “Canarias puede articular un sistema que avance en la autosuficiencia, reduzca la contaminación y abarate la energía para los hogares, las empresas y el sector primario”.

La CNMC «ha propinado un duro golpe a la regasificadora de Granadilla» al cuestionar la viabilidad económica de un proyecto «que se ha quedado obsoleto dado el desarrollo tecnológico, la eficiencia y el abaratamiento de la producción de las renovables«, según el líder de NC. «Canarias ya dispone de las bases para pasar del actual modelo dependiente, contaminante, caro y controlado por los grandes oligopolios de los combustibles fósiles, a otro más democrático, menos costoso, eficiente y seguro, centrado en las energías limpias», asevera Rodríguez.

Izquierda Unida Canaria pide renovables

Por otro lado, Izquierda Unida Canaria ha pedido al Gobierno autonómico que aproveche el revés que ha sufrido el proyecto para instalar una planta regasificadora en el puerto de Granadilla para invertir en energías renovables y trabajar por el medio ambiente. Izquierda Unida Canaria considera que el pronunciamiento de la CNMC es «una oportunidad estupenda» para apostar por las energías renovables. «No habrá de momento regasificadora en Granadilla; el trabajo conjunto entre la Plataforma contra el Puerto de Granadilla, colectivos y demás agentes políticos de la izquierda alternativa de Canarias ha logrado que se paralice», se felicitó Izquierda Unida Canaria.

Plasencia aprueba la construcción de una parte de la línea de evacuación del futuro parque eólico de Gas Natural Fenosa

EFE.- El Ayuntamiento de Plasencia (Cáceres) ha dado luz verde a la solicitud de Gas Natural Fenosa Renovables respecto a la construcción de una parte de la línea de evacuación que será utilizada para volcar la producción del primer parque eólico que se instalará en Extremadura.

El promotor ha solicitado un cruzamiento y paralelismo de una línea subterránea de alta tensión por el tablero del puente sobre el arroyo Niebla, en la rambla de Santa Teresa de la capital del Jerte. Su fin será volcar la producción del parque eólico Merengue en la subestación eléctrica de Iberdrola colindante con la actuación. En este sentido, la Junta de Gobierno municipal ha accedido a la petición, si bien ha instado a la promotora al cumplimientos de las condiciones requeridas por el Servicio de la Red Viaria de la Diputación de Cáceres y por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Obras para el próximo año

Con un presupuesto cercano a los 38 millones de euros, Gas Natural Fenosa Renovables pretende instalar en la Sierra del Merengue 15 aerogeneradores con una potencia total de 39,9 megavatios, con una línea de evacuación de 4,8 kilómetros de tramo aéreo y otros 2,1 km de tramo subterráneo. Sus promotores confían en poder iniciar las obras de construcción del parque eólico el próximo año, toda vez que se espera que a finales de 2017 esté finiquitado todo el procedimiento administrativo.

Acciona emplea a 400 personas en la construcción de su nuevo parque eólico en México

EFE.- La construcción del parque eólico El Cortijo, propiedad de Acciona Energía en Tamaulipas, se encuentra en una fase de plena actividad con más de cuatrocientas personas trabajando actualmente en un proyecto de una inversión de 221 millones de dólares, informó la empresa.

El parque de 168 megavatios (MW) de potencia, ubicado a 40 kilómetros al sur de Reynosa (Tamaulipas), proporcionará energía limpia a unos 350,000 hogares mexicanos.

El Cortijo es el séptimo parque eólico que construye la empresa española -cinco en propiedad y dos para clientes terceros- lo que ha permitido al equipo de ingeniería y construcción poner en valor la amplia experiencia adquirida en los anteriores desarrollos materializados en el país.

El proyecto El Cortijo contempla la instalación de 56 aerogeneradores AW125/3000, -de tecnología Nordex-Acciona Windpower- de 3 MW de potencia nominal y rotor de 125 metros de diámetro, sobre torre de concreto de 120 metros de altura de buje.

Los trabajos realizados hasta ahora se han centrado en la preparación del terreno, construcción de caminos interiores y accesos, cimentaciones, infraestructuras eléctricas acopio de materiales y montaje de los primeros aerogeneradores.

El director de Acciona Energía en México, Miguel Ángel Alonso, explicó que están trabajando en El Cortijo más de 400 personas, de las que aproximadamente el 80% son mexicanos.

«Estamos muy satisfechos de poder contribuir a la creación de empleo en Tamaulipas a través de la construcción de una instalación de energía limpia», dijo Alonso.

Una parte muy importante de los suministros se realiza de forma local, como materiales para obra civil, concretos para zapatas y estructuras, materiales para construcción de edificaciones y equipamiento eléctrico.

La puesta en servicio de El Cortijo está prevista para finales del tercer trimestre de 2018, cuando comience a suministrar energía equivalente al consumo de unos 350,000 hogares mexicanos, evitando la emisión anual a la atmósfera de más de 366.000 toneladas de CO2.

El Cortijo fue el primer proyecto renovable en iniciarse -en marzo pasado- dentro de los vinculados a las subastas de electricidad celebradas de acuerdo con la Reforma Energética. Acciona obtuvo en la primera de esas licitaciones un total de 585.5 GWh de energía eléctrica -y los certificados de energías limpias correspondientes-, que serán aportados desde este parque eólico.

México es un mercado estratégico para ACCIONA Energía, dados sus importantes recursos renovables y elevadas expectativas de crecimiento. Actualmente cuenta con 556.5 MW eólicos operativos en propiedad y ha construido 301.5 MW para clientes, en los estados de Oaxaca y Nuevo León. Próximamente iniciará la construcción de una gran planta solar fotovoltaica en Sonora.

El grupo Acciona está asimismo presente en el país en el sector de depuración de agua, la construcción de infraestructuras, los servicios y la actividad inmobiliaria, según informó la empresa.

Anpier asegura que impulsar la energía solar dejaría 162 millones de euros en Zamora

EFE.- El impulso de la energía solar supondría en Zamora, en el caso de que la mitad de las familias optasen por este tipo de fuente energética, una cuantía de 162 millones de euros entre el ahorro de los sistemas de autoconsumo y los beneficios de instalaciones para el abastecimiento de la red eléctrica general.

El cálculo, referido a la ciudad de Zamora, lo ha realizado la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier), que celebra en la Cámara de Comercio e Industria de Zamora una jornada sobre generación social fotovoltaica para promover esta energía limpia.

La jornada se enmarca dentro de la tercera edición del programa Camino del Sol, que bajo el eslogan «Las familias queremos participar en la producción de energía», recorre 27 localidades españolas para trasladar a la ciudadanía los beneficios de esta fuente energética.

Con este tipo de jornadas, los productores de energía solar fotovoltaica también pretenden concienciar a los políticos y los responsables de las distintas Administraciones autonómicas de la urgencia de promover la energía solar.

Anpier ha reclamado un nuevo marco normativo que elimine las restricciones legales actuales que bloquean el acceso de los españoles a la generación de energía solar, tanto para autoconsumo como los parques fotovoltaicos que proporcionen energía a la red general.

La asociación también ha creado una aplicación web que permite conocer el ahorro y los beneficios de este tipo de energía.

En el caso de la capital zamorana, si el 20% de las familias invirtieran en parques fotovoltaicos lograrían unos ingresos de 107 millones de euros en 25 años. Además, si otro 30% de las familias zamoranas optara por instalar sistemas de autoconsumo lograrían un ahorro en su consumo energético cifrado en 48 millones de euros en 25 años.

Además, si el Ayuntamiento de Zamora apostara por el autoconsumo para los edificios públicos y el alumbrado de al ciudad ahorraría cerca de 76 millones de euros.

Sumados todos los ahorros y beneficios, una vez amortizada la inversión inicial realizada, el beneficio total para Zamora sería de 162 millones de euros y anualmente se evitarían 65.000 toneladas de CO2, según los cálculos de la asociación de productores fotovoltaicos.

Anpier ha denunciando el «atropello» sufrido en los últimos años por los 62.000 pequeños productores fotovoltaicos españoles, que han soportado recortes de hasta del 50 por ciento de la tarifa regulada que ofreció el Estado por el suministro de este tipo de energía.

La patronal renovable APPA pide en la Ley de Transición Energética una fiscalidad que penalice a las tecnologías más contaminantes

Europa Press / EFE.– Mientras el Grupo Español para el Crecimiento Verde propone un decálogo para la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) considera necesario que la futura legislación introduzca una fiscalidad que penalice las tecnologías más contaminantes y beneficie a la generación renovable. La patronal considera que, hasta el momento, la fiscalidad energética recae en mayor parte sobre las tecnologías renovables «con una finalidad recaudatoria y no dirigida a favorecer la transición energética».

Esta petición está recogida en la contribución que presentó APPA a la consulta pública de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética. «Las externalidades de las energías han de ser tenidas en cuenta, hasta ahora no se han dado señales de precio ni fiscales que reflejen cuál es el impacto real de las tecnologías contaminantes más perjudiciales para el medioambiente», indicó el director general de APPA Renovables, José María González Moya, quien subrayó que «si se hubiera establecido una fiscalidad que recogiese el principio de que quien contamina, paga, el desarrollo de las renovables habría sido una consecuencia directa de los propios mercados».

Por otra parte, APPA considera que la normativa debe establecer un marco regulatorio «estable y predecible» que permita acometer la transición energética y pide que se contemple un escenario de protección para las inversiones en renovables «para que no se repitan errores del pasado y los cambios legislativos retroactivos». En este sentido, la entidad considera que «se deben abordar los sectores difusos», estableciendo metas vinculantes, ambiciosas y alcanzables en climatización y transporte, «para que no se vuelquen todos los objetivos en el sector eléctrico», pues consideran que los esfuerzos deben ser distribuidos «de forma proporcional» entre los diferentes sectores económicos «para no perjudicar a ninguno«.

Por ello, APPA ha solicitado una planificación energética vinculante que contemple la entrada de nueva generación renovable y un calendario de cierre de centrales que sea compatible con los objetivos de reducción de emisiones. La asociación también ha resaltado la necesidad de que la futura ley produzca una armonización territorial y de las administraciones públicas «que evite la doble imposición y que existan diferentes situaciones según las distintas comunidades autónomas». La consulta previa de la Ley tiene el objetivo de que la preparación de esta norma recoja el mayor número de propuestas de los diferentes sectores de la sociedad para la elaboración de la legislación.

Un decálogo para la Ley

La descarbonización de la economía española en el horizonte de 2050 o la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte son algunas de las propuestas que el Grupo Español para el Crecimiento Verde (GECV) ha presentado en su decálogo para la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Así, las empresas que componen la entidad han reclamado la creación de un órgano de la Administración que se encargue de coordinar todo el proceso de elaboración de esta Ley.

Además, el GECV ha solicitado un reequilibrio del marco fiscal basado en el principio de quien contamina, paga, que promueva la acción climática de forma eficiente al mínimo coste y que contribuya, a través de la recaudación, a financiar el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, el grupo ha solicitado que se aplique «un gravamen relacionado directamente con el nivel de emisiones de dióxido de carbono», para así asegurar «un reparto equilibrado del esfuerzo en materia de mitigación de manera viable y proporcionada».

De igual forma, considera indispensable la mejora de la eficiencia de los sistemas de transporte, el fomento del uso de vehículos menos contaminantes con un aumento de la electrificación del los vehículos, con energía de origen renovable y un mayor uso de combustibles alternativos de bajas emisiones. Asimismo, «la Ley deberá incorporar la creciente concienciación de los mercados financieros internacionales sobre riesgos asociados al cambio climático por su impacto sobre los estados financieros» y por la necesidad de «mayor transparencia y dinamismo» en este ámbito.

En sus propuestas el GECV también ha subrayado que la transición energética requiere de «un marco estable y predecible» para la inversión privada, «necesario para incentivar el esfuerzo inversor para el proceso de descarbonización«. Por ello la entidad se presenta como interlocutor de referencia del sector empresarial con las administraciones públicas, así como con las asociaciones empresariales y profesionales, ya que «las oportunidades económicas y de inversión deben pasar por la participación de los agentes implicados, para generar alianzas público-privadas».

Factorenergia incorporará a un socio financiero para comprar instalaciones de generación renovable y distribución

EFE.- La comercializadora eléctrica Factorenergia prevé cerrar próximamente la incorporación de un nuevo socio estratégico y financiero para promover la compra de instalaciones para la generación y distribución de electricidad, así como para dar el salto a la generación eólica y solar. Factorenergia anunció que sus propietarios, el fondo americano JZ International y Emilio Rousaud, están estudiando la entrada de ese inversor.

El fondo, que tiene una participación del 65% en Factorenergia, recientemente comprometió 100 millones de euros de capital para adquirir plantas solares fotovoltaicas. El 35% restante de Factorenergia es propiedad de Emilio Rousaud, fundador y director general de la compañía. Factorenergia, con una facturación de 375,5 millones de euros, prevé conseguir un millón de clientes particulares en el próximo lustro y para 2019 aumentar sus 70.000 clientes actuales en el segmento empresarial hasta los 150.000.

Las energías convencionales aportaron un 62% de la demanda eléctrica en el primer semestre, un 22% más que en 2016

EFE.- Las energías convencionales aportaron el 62% de la electricidad demandada en España durante el primer semestre de 2017, lo que supone un incremento del 22,2% de la producción de estas energías, frente a la caída del 46,8% de las energías renovables. Así lo reflejan los datos de Red Eléctrica (REE).

Según estas cifras, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio de 2017, la demanda eléctrica en la España peninsular alcanzó la cifra de 122.530 GWh, lo que supone, con respecto al mismo periodo de 2016, un incremento del 1,2%. La producción bruta de las energías convencionales se situó en 75.946 GWh, un 22,2% más que en el mismo periodo del pasado año. El conjunto de las energías convencionales registraron este incremento, principalmente, por el aumento de producción de las centrales de carbón y de los ciclos combinados.

La que más aportó fue la energía nuclear, con 28.460 GWh, un 23,2% de total, y que registró un incremento del 3,3% respecto al año anterior. Las plantas de carbón generaron 19.985 GWh, lo que supuso prácticamente el doble que en los primeros seis meses de 2016 (10.039 GWh). La energía procedente de ciclos combinados se incrementó un 33,3%, obteniendo una producción de 12.125 GWh.

Por lo que respecta a la producción bruta de las energías renovables, esta supuso 43.584 GWh, lo que indica una caída del 46,8% en relación al primer semestre de 2016, en el que se produjeron 63.989 GWh. La energía eólica volvió a liderar el conjunto de estas energías, con 25.185 GWh, pero sufrió una caída del 12,1% de la producción respecto al mismo periodo del año anterior. Sin embargo, la caída más grande la acusó la energía hidráulica, con un descenso en la producción eléctrica del 51,7%, pues pasó de los 27.221 GWh del primer semestre de 2016 a los 13.159 GWh de este año.

Atendiendo a la potencia instalada durante el primer semestre de 2017, el ciclo combinado supuso el 24,9%, seguido de la eólica (22,9%), hidráulica (17%), carbón (9,5%), nuclear (7,6%), solar fotovoltaica (4,4%) y solar térmica (2,3%). Por tanto, la energía nuclear con el 7,6% de la potencia instalada ha aportado el 23,2% de la electricidad, mientras que la energía eólica con el 22,9% de la potencia instalada ha generado el 20,6%.

En este primer semestre de 2017 la energía hidráulica ha aportado con su 10,7% de potencia instalada casi el 17% del total, la cogeneración y el resto de energías no renovables con el 6,7% han aportado el 11,3%, y el carbón, con una capacidad del 9,5% del total del sistema, ha ofrecido el 16,3%. Ambas energías solares en conjunto tienen de potencia instalada el 6,7% lo cual se traduce en el 5% de la energía total obtenida. Finalmente, el resto de energías renovables (biogás, biomasa, hidráulica marina y geotérmica) suponen el 0,7% de la potencia instalada, aportando así el 1,4%.

Cañete avala que la Unión Europea apoye a las ciudades y regiones para alcanzar los objetivos de energía y clima

EFE.- El comisario europeo de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, se mostró a favor de que las ciudades y regiones europeas reciban apoyo para alcanzar los objetivos en materia de clima y energía para el año 2030.

«Respetar los objetivos y compromisos para 2030 dependerá de una acción completa, que también depende de entes locales y regionales. No podemos llegar a buen puerto sin apoyarles», declaró Arias Cañete durante un debate en la sesión plenaria del Comité Europeo de las Regiones (CdR). «En las ciudades se consume mucha energía, pero también son nodos de innovación y crecimiento sostenible», apuntó, al tiempo que recordó que las regiones son particularmente vulnerables al cambio climático.

El comisario europeo destacó que el debate y la próxima cumbre del clima de Naciones Unidas que se celebrará en noviembre en Bonn llegan tras meses de condiciones climáticas «extremas» en varios países del mundo. «A finales de este siglo, las catástrofes naturales podrían afectar a dos tercios de la población europea cada año», advirtió. Además, destacó que, «en un entorno político cambiante», el papel de ciudades y regiones es «más importante que nunca» y que, si bien los retos que genera el cambio climático son «notables», también hay oportunidades de transición hacia una energía limpia para ciudadanos y economías.

Cañete reiteró el apoyo del Ejecutivo comunitario a iniciativas como el Pacto de Alcaldes para el Clima y la Energía, que reúne a 7.000 ciudades a nivel mundial en un compromiso para reducir emisiones y reforzar la labor local contra el cambio climático. Esta iniciativa «contribuye de manera decidida a los objetivos marcados para 2030 en parte gracias al Comité de las Regiones», destacó Cañete. El pleno del CdR, compuesto por 350 representantes regionales y locales de la Unión Europea, aprobó dos dictámenes en materia de medioambiente: sobre la financiación de la lucha contra el cambio climático para aplicar el Acuerdo de París y sobre la revisión de la implementación de las políticas ambientales comunitarias.

Modificado el proyecto de repotenciación de Los Valles, un parque eólico de 8,5 MW ubicado en Teguise (Lanzarote)

EFE.- El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado ejecutar el Proyecto modificado del proyecto de Repotenciación del parque eólico Los Valles de 8,5 megavatios (MW), ubicado en el término municipal de Teguise (Lanzarote). Este proyecto de modificación afecta únicamente a 1 de los 10 aerogeneradores de 850 kilovatios cada uno que se había autorizado a instalar previamente en el parque, promovido por Eólicas Lanzarote, según indicó la portavoz del Gobierno, Rosa Dávila.

Potenciar eólica sin aumentar maquinaria

El documento aprobado ordena iniciar en el plazo de 6 meses el procedimiento de modificación o revisación del planeamiento territorial afectado como es el Plan Insular de Lanzarote. La repotenciación del parque eólico Los Valles permite aprovechar al máximo los recursos renovables que tienen las islas y potenciar una mayor penetración de las energías alternativas. Su objetivo es sacar el máximo rendimiento a los parques y potenciar la producción de eólica sin ocupar más suelo.

El proyecto de repotenciación del parque eólico Los Valles es uno de los proyectos eólicos ubicados en Lanzarote a los que se asignó cupo de retribución específica. Junto a él, hay otros dos proyectos en la isla que tienen cupo asignado, como son el parque eólico Teguise 1, de 9,6 MW, promovido por el Consejo Insular de Aguas de Lanzarote, que está en construcción; y el parque eólico Punta Grande de 4,6 MW, que está en funcionamiento de manera provisional.