Europa Press.- El comisario de Acción Climática y Energía de la Comisión Europea, Miguel Arias Cañete, se ha mostrado a favor de elevar los objetivos en renovables fijados en el Acuerdo de París, que se establecieron en un 27% para 2030, y elevarlos al 40% a pesar de los costes mayores de lo previsto que esto supondría.
Arias Cañete ha explicado el escenario que se está viviendo en Bruselas con respecto a la implantación de renovables y que pasa por la «poca ambición» de la Comisión Europea, que prefiere mantener el reto en el 27% acordado, mientras que el Parlamento Europeo es más «tolerante» y apuesta por aumentar el objetivo a entre un 30% y un 40%.
En este sentido, ha destacado la labor del ponente de renovables, el socialista español José Blanco, que ha calificado de «excepcional» por su intención de llevar hasta el 35% la cuota de las energías verdes. Esta cifra sería, además, vinculante a los Estados miembros y también tendría objetivos nacionales. Preguntado por esta propuesta de Blanco, el comisario ha reconocido que no sabe si será posible asumirla, pero se ha mostrado «confiado». «Yo creo que va a proponer el 35%, pero si se llega al 40%, bienvenido», insistió el exministro español.
Arias Cañete ha recordado que este aumento de los objetivos sigue la línea de lo solicitado por el Congreso de los Diputados, que ha instado al Gobierno, a través de una moción de Unidos Podemos acordada finalmente con el PSOE y Ciudadanos y apoyada por Esquerra Republicana, PDeCAT, Compromís, UPN y Bildu, a defender en el marco comunitario objetivos verdes más exigentes y a marcar como objetivo un uso de renovables del 40% en 2030.
A pesar de apoyar esta iniciativa, el exministro ha reconocido que en Bruselas va a ser un «debate complicado» por las cifras que aporta cada órgano y porque aumentar los objetivos va a suponer un sobrecoste. En concreto, ha indicado que pasar de un 27% a un 30% supondrá hasta 1.600 millones más al año entre 2021 y 2030, mientras que llegar al 40% implicaría un aumento de 87.000 millones anuales en el mismo periodo.
Aún así, el comisario ha señalado que desde el Parlamento Europeo se ha solicitado una nueva modelización sobre renovables porque, según apunta Arias Cañete, cuando se realizó la propuesta se usaron datos de 2014 y, en estos 3 años, los precios de las energías verdes, «sobre todo la fotovoltaica, la eólica y la eólica marina, han descendido de forma significativa«. Así, ha explicado que «los costes de implantación son menores a los estimados» hasta el punto que alcanzar el 27% acordado en 2030 supondría 2.900 millones de euros menos al año, entre 2021 y 2030.
Durante su intervención, Arias Cañete también se refirió a los objetivos en emisiones y, en referencia a España, explicó que su horizonte de reducción en 2016 se situó en un 16%. En este sentido, se ha mostrado optimista y auguró que el país está «en camino de cumplir el objetivo para 2020». «Pero los de 2030 son más ambiciosos y las complicaciones empiezan con estos nuevos objetivos«, concluyó el comisario.
Otra de las cuestiones referidas por el comisario ha sido el de limitar los pagos por capacidad, tal y como reclamaba la moción aprobada por el Congreso, como un «último recurso» del sistema eléctrico. Preguntado por esta cuestión por varios de diputados, Arias Cañete asegura que, en ese sentido, su visión «coincide» con la postura expresada por la mayoría parlamentaria.
«Tiene que ser una opción de último recurso. No puede ser generalizado», ha aseverado, ya que si se efectúan aun pudiendo recurrir a una producción suficiente de otras energías, constituirían «lisa y llanamente una ayuda de Estado«. Así, ha abogado por que en la directiva se establezca «una definición muy limitada y acotada» de esta opción, pues cree que deben de ser «transitorios, no limitados».
Estos pagos por capacidad, defendidos por el ministro de Energía, Álvaro Nadal, permiten recurrir a energías de respaldo en momentos en los que las renovables no suministran suficiente potencia al sistema, retribuyendo de forma adicional para compensar el coste de mantener sin actividad estas centrales de generación, como las térmicas. Asimismo, Arias Cañete ha reivindicado el análisis de alternativas previo a esos pagos, como el de las interconexiones y que, si hay que recurrir a éstos, se hagan dentro de una dinámica de oferta y demanda para abaratar los costes.
Los límites de emisión para esos pagos por capacidad, sin superar los 550 gramos de CO2 por megavatio en línea con la propuesta de la Comisión. Para el comisario, estos límites no afectan a la elección de mix energético por parte de cada país, sino a los pagos por capacidad, dentro de un proceso progresivo de descarbonización. Los límites diferencian a las nuevas plantas, que si superan esos límites no son retribuidas, y las existentes, que tienen un plazo de 5 años. «Lo que se plantea es si hay períodos transitorios más largos para apoyar a las existentes», ha apostillado.
En todo caso, Cañete ha explicado que tanto el Parlamento Europeo como el Consejo de Europa son partidarios de limitar aún más las emisiones para estos pagos y llevarlos hasta 450gr/MW, un techo «más ambicioso que el de la Comisión», algo que comparte. Respecto a reservar un acceso prioritario a la red energética de las energías renovables, Cañete ha llamado a hacer «una reflexión más profunda» pues ha argumentado que estas posiciones podrían tener sentido «cuando eran marginales». «Piensen que vamos a llegar a una generación superior del 50%. Tienen que competir en mercado», sentenció.
