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La patronal de la energía eólica pide más seguridad jurídica para las inversiones y premia al Sureste de Gran Canaria

EFE / Europa Press.- La Asociación Empresarial Eólica (AEE) entregó el VII Premio a la Integración de la Eólica a la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, integrada por los municipios de Agüimes, Ingenio y Santa Lucía, por ser un «ejemplo» de desarrollo económico facilitado gracias al aprovechamiento de la energía eólica. Asimismo, la AEE ha pedido al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez una modificación de la regulación que permita ofrecer una mayor seguridad jurídica a los inversores para que puedan rentabilizar sus proyectos.

«El marco regulatorio actual introduce mucha incertidumbre pues permite la revisión de muchos parámetros anualmente, cada tres años o cada seis años y para recuperar la inversión son necesarios períodos más amplios”, aseguró la presidenta de AEE, Rocío Sicre. Esta regulación se adoptó cuando «había un déficit en el sistema tarifario que era necesario afrontar, pero desde 2014 ya no hay déficit», remarcó la portavoz de la patronal del sector.

Por ello, «se debería volver a un marco de estabilidad», porque si bien en «un momento crítico se tomaron decisiones» sobre la energías renovables, «el futuro tiene que tener en cuenta la situación del sector», argumentó Sicre, quien entregó el Premio a la Integración Rural de la Eólica 2018. Sicre expresó su confianza en que el Gobierno de Pedro Sánchez apoye al sector de la energía eólica pues «tiene una apuesta clara por las energías renovables», por lo que esperan «diálogo para poder seguir creciendo».

Premio a Mancomunidad del Sureste

Respecto al citado evento, Sicre destacó que «este premio a la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria no podía retrasarse más. Es absolutamente merecido porque el esfuerzo que la Mancomunidad ha hecho por el desarrollo eólico es modélico«. De igual modo, ha añadido que «el sector eólico lleva en su ADN la creación de riqueza y empleo allá dónde se instala y la Mancomunidad refleja a la perfección este espíritu».

El presidente de la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria y alcalde de Agüimes, Óscar Hernández, que recogió el premio, agradeció señalando que «la eólica tiene un papel importante en la Mancomunidad ya que gracias a ella el ciclo completo de la producción del agua en la comarca se obtiene a base de no quemar ni un gramo de energía fósil«. «Es un objetivo muy importante porque nos permite ser autosuficientes en primer lugar y se traslada el compromiso real de la Mancomunidad en el desarrollo de la sostenibilidad», agregó.

Mientras, el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó que hay que trabajar desde la economía sana y sostenible que no hipoteque a las futuras generaciones de grancanarios e intentando que eso llegue y redunde en beneficio de la comunidad generando también economía productiva sostenible que cree más empleo para romper con las tasas de paro y pobreza. Finalmente, el presidente de la Asociación Eólica de Canarias, Rafael Martell, señaló que «la eólica, junto con la desalación, han sido las grandes revoluciones en la Mancomunidad ya que, gracias a la energía que consume esa desalación, ahora podemos autoproducir».

La AEE señaló que la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, con una población de 130.000 habitantes, tiene la energía eólica como eje vertebrador para sus planes de desarrollo sostenible y las instalaciones eólicas ejercen de motor indispensable para sostener y ampliar la actividad económica de la Comarca. En esta zona se encuentran los principales parques eólicos de Gran Canaria, además de un centro de investigación dedicado, fundamentalmente, a temas relacionados con las energías renovables.

La Comarca cuenta actualmente con 71 MW de potencia eólica instalada, distribuida en 28 parques eólicos, la mayoría de propiedad privada o mixta. Las últimas instalaciones tienen producciones superiores a las 4.000 horas anuales. La producción de los parques eólicos supera el 50% del consumo de la Comarca. La Mancomunidad ha elaborado un Plan Estratégico de Desarrollo Sostenible Integral en el que se contemplan casi 528 MW eólicos adicionales hasta alcanzar más de 550 MW.

Con esta potencia se cubriría el consumo energético de la población de la Comarca, el consumo necesario para la desalación y depuración del agua, y la energía necesaria para el regadío de los cultivos de exportación de la región. Si se lleva a cabo el Plan Estratégico, la creación de empleo se calcula en 50 empleos directos y 5.000 indirectos.

La energía eólica ha sido una importante fuente de empleo en la Comarca, tanto de forma directa como indirecta. Los empleos directos no sólo están asociados a empresas de mantenimiento de los parques eólicos actuales, sino que también se han creado empresas para la fabricación de componentes. Para la Mancomunidad, la expectativa de creación de empleo gracias a la eólica es una garantía de crecimiento sostenible tanto social como económico.

La Comarca también cuenta con las instalaciones experimentales del muelle de Arinaga, donde un aerogenerador de 5 MW, el mayor de España, con tecnología marina pero instalado en el dique en 2013, ha batido el récord de generación eléctrica de una turbina en España, tras producir 3.136 MWh en agosto del pasado año. Su producción anual equivale al consumo mensual de 7.500 hogares. En este mismo puerto se está fabricando y montando un nuevo prototipo aerogenerador marino, con torre telescópica, en un proyecto parcialmente financiado con fondos europeos del programa Horizonte 2020, que involucra empresas españolas punteras en tecnología eólica.

Unesa confía en que Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa, contribuya como secretario de Estado a avanzar en la transición energética

Europa Press / EFE.- El Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de José Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa, como nuevo secretario de Estado de Energía. En este sentido, la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha mostrado su confianza en que el trabajo de José Domínguez Abascal «contribuya a avanzar en la transición energética» que debe de afrontar España, en la que tienen que jugar un papel destacado las redes de distribución eléctrica.

Fuentes de la patronal eléctrica resaltaron «la importante labor» que corresponde desarrollar a la Secretaría de Estado de Energía en este período y valoraron la figura de Domínguez, «con una destacada trayectoria académica y técnica en el sector de la energía». Asimismo, subrayaron el papel de las redes de distribución eléctricas para avanzar en la senda de la transición, ya que mediante su desarrollo y digitalización «se dotará de más flexibilidad al sistema y más capacidad de decisión al consumidor«. «Todo con un volumen importante de inversiones, contribuyendo a la mejora de la economía y creación de empleo nacional«, subrayaron.

Además, desde la patronal, que ofrece su colaboración al nuevo secretario de Estado de Energía para alcanzar los objetivos marcados desde la Unión Europea y «favorecer el diálogo y el debate en torno al escenario energético hacia el que nos encaminamos como sociedad», consideraron que en este proceso también será fundamental la generación de respaldo, «que contribuirá asimismo a la flexibilización del sistema y aportará firmeza para garantizar el suministro».

Domínguez Abascal, expresidente de Abengoa

Nacido en Sevilla en 1953, Domínguez Abascal es ingeniero industrial por la Universidad de Sevilla y doctor ingeniero industrial por la misma Universidad en 1977. También fue investigador en el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) a través de una beca Fulbright (1977-1978). Además, es profesor de las universidades Politécnica de Madrid y de Las Palmas de Gran Canaria, y catedrático de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Sevilla desde 1982. Entre los años 2004 y 2008 fue secretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía. Asimismo, como secretario general técnico de Abengoa, entre 2008 y 2015, fue responsable del desarrollo de tecnología de energías renovables de la compañía.

Desde septiembre de 2015 hasta febrero de 2016, asumió la presidencia de Abengoa en una época crítica, cargo en el que sustituyó a Felipe Benjumea tras más de 25 años dirigiendo la sociedad y después de que Abengoa presentase el preconcurso de acreedores asfixiada por una deuda de 9.000 millones de euros. Domínguez se hizo cargo de las funciones ejecutivas del grupo varios meses después tras la renuncia del consejero delegado Santiago Seage, que marchó a Estados Unidos para asumir la dirección de Atlantica Yield.

Domínguez Abascal fue sustituido en la presidencia de Abengoa por Antonio Fornieles y, aunque permaneció como consejero un tiempo, en abril de 2016 presentó su renuncia por motivos personales. El nuevo secretario de Estado de Energía también ha pertenecido a otros consejos de administración, entre ellos, el del Operador del Mercado Ibérico de la Electricidad (OMIE) entre 2011 y 2015.

Desde septiembre de 2017, es profesor invitado en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Domínguez también recibió el Premio Nacional de Investigación en Ingeniería Leonardo Torres Quevedo en 2004. Es Doctor Honoris Causa por la Universidad de Granada, Fellow de la American Society of Civil Engineers, miembro de la Real Academia de Ingeniería y de la Academia Europea en su Sección de Física e Ingeniería. Asimismo, es autor de numerosos artículos y de dos libros publicados en Estados Unidos y Reino Unido. El gabinete dirigido por Teresa Ribera indicó que Domínguez, como secretario de Estado de Energía, «aportará su experiencia y compromiso a la consecución de los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica».

Hugo Morán a Medio Ambiente

Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó el nombramiento de Hugo Alfonso Morán Fernández como nuevo secretario de Estado de Medio Ambiente, que dependerá también del Ministerio de Transición Ecológica. En la actualidad, Morán estaba al frente de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE y fue diputado por Asturias y portavoz de medio Ambiente del grupo parlamentario socialista durante la segunda legislatura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. El Gobierno destaca su dilatada trayectoria institucional en el ámbito local y después como diputado del Congreso y su estrecha vinculación con el desarrollo rural, la gestión ambiental y el compromiso por la acción climática.

Hasta ahora, Morán compatibilizaba su actividad profesional en la empresa privada con su labor al frente de la Secretaría Federal para la Transición Ecológica de la Economía del PSOE. El secretario de Estado nació en Lena (Asturias) en 1963, localidad donde inició su trayectoria pública como concejal del Ayuntamiento de Lena y del que fue alcalde entre 1995 y 2007. Además, ha participado como miembro en la Comisión Permanente de la Asociación de Comarcas Mineras ACOM España (1995-2007). En la misma época, Morán presidió la Federación Asturiana de Concejos entre 2001 y 2007 y perteneció en el mismo periodo de tiempo al Consejo Económico y Social del Principado de Asturias.

En 2007-2008 ejerció de director de la Oficina de Relaciones del Gobierno en la Junta General del Principado. Durante la IX legislatura fue elegido diputado por Asturias en las Cortes Generales donde fue portavoz de Medio Ambiente del grupo parlamentario socialista. En el PSOE fue secretario federal de Medio Ambiente y Desarrollo Rural (37ºCongreso) y secretario federal de Ordenación del Territorio y Sostenibilidad (38º Congreso).

El Gobierno ha subrayado también su compromiso en el ámbito de la gestión ambiental y su compromiso personal con la acción climática. Morán es patrono de la Fundación Renovables y colabora en la difusión de sus objetivos y en conseguir alianzas sociales para una transición energética justa y hacia un modelo productivo de país libre de emisiones. Morán dirigirá la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, donde aportará su experiencia a conseguir los objetivos prioritarios del Ministerio de Transición Ecológica.

Según indicó el departamento que dirige Teresa Ribera, sus cometidos, que compartirá con el nuevo secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, se centrarán en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética; la Transición justa (hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono) con las personas y los territorios. Asimismo entre sus funciones estará la elaboración del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima o mejorar la calidad del aire. Con estos nombramientos, el Gobierno completa su estructura para llevar adelante su proyecto.

Ribera califica el objetivo de renovables del 32% de «buena noticia para España y su industria» tras defender un 34%

Europa Press / EFE.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha calificado el acuerdo alcanzado en Bruselas entre los gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento para fijar un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 de «fantástica noticia», ya que supone una «muy buena noticia para España y su industria«. Ribera subrayó que el acuerdo recoge «facilidades importantes» y destaca «el peso que deben tener los sistemas de autoconsumo en la contribución y constitución de un modelo energético diferente».

Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo alcanzaron un acuerdo para fijar ese objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, aunque no han conseguido establecer una meta en el caso de las eficiencia energética. Así, la ministra de Transición Ecológica se mostró confiada en que España está preparada para cumplir con esos objetivos a 2030, aunque añadió que para ello «hay que repasar al detalle dónde estamos en este momento» y las «lagunas» que hay que cubrir en un plazo «relativamente corto» para poder cumplir con los objetivos a 2020.

Además, consideró que hay que ser «lo suficientemente inteligentes» para plantear las premisas que permitan alcanzar esos objetivos a 2030 de renovables en la energía final consumida y mirar más allá, con un reto a 2050 de «un sistema energético eficiente, inteligente y 100% renovable«. A este respecto, Ribera destacó “el entusiasmo» y la dedicación de la industria, de los emprendedores, de los trabajadores o de los innovadores, «que han estado dedicándose a explorar nuevas vías fuera de España en los momentos más duras de la crisis, en la recesión antirrenovables, pero que saben hacer y entienden que se abre antes ellos una gran oportunidad».

UNEF: un 35% en 2023

Por su parte, la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) considera muy positivo el acuerdo pero espera que se alcance el 35% que proponía el Parlamento Europeo cuando se efectúe la revisión prevista del objetivo en 2023. En este sentido, el director general de UNEF, José Donoso, expresó la satisfacción de su organización por ese acuerdo teniendo en cuenta que los países de la Unión Europea pedían inicialmente que el objetivo para 2023 fuera de un 27%. Donoso ha dicho que también se alegran de la participación española en esa elevación de la cuota de renovables a partir de la defensa próxima al 35% que hizo la ministra para la Transición Ecológica.

Ha subrayado el protagonismo que cobra así España en el ámbito de las renovables y ha mostrado la satisfacción de UNEF de que el acuerdo afirme el principio de que hay que respetar el autoconsumo, y considera una victoria que se reconozca el derecho de los ciudadanos a generar y consumir energía limpia sin cargos hasta 2026 con la eliminación del denominado impuesto al sol.

Cargos al autoconsumo en 2027

El texto también recoge que a partir de 2027 los Estados miembro podrán revisar este aspecto solamente en el caso de que puedan demostrar, con un análisis coste-beneficio, el impacto negativo en el sistema eléctrico de la exención de los peajes. A este respecto, Donoso destacó que esta posible futura revisión no afectará a las instalaciones de autoconsumo de menos de 25 kW, que seguirán exentas de peajes, por lo que este blindaje «permite establecer una senda de crecimiento sostenido».

Por ello, UNEF, espera que el desarrollo del autoconsumo, «que supone el abaratamiento del coste de la energía para todos los consumidores y la generación de empleo y riqueza, unido a la progresiva reducción de los costes de la tecnología fotovoltaica, anime al Gobierno en ese momento a seguir apoyando el sector como motor clave del desarrollo de nuestra economía y de la transición energética».

Además, UNEF considera un paso adelante que el texto final de la directiva establezca los principios de seguridad jurídica y de no retroactividad, pues dará un marco estable para las inversiones e impedirá que se apliquen medidas de recorte retroactivas en las retribuciones de las instalaciones, como las sufridas en España. Por ello, Donoso cree que este cambio representa «un paso adelante en la normalización del sector y demuestra un claro reconocimiento de su importancia». Donoso espera que esta revisión se produzca «para que a nivel europeo se pueda seguir impulsando la descarbonización y avanzar, en este sentido, en el cumplimiento de los objetivos acordados en el Acuerdo de París».

Recelo en los sindicatos mineros

Por otro lado, los sindicatos CCOO y UGT en Teruel recibieron con recelo el acuerdo de la Unión Europea porque supone un varapalo más para el futuro del sector del carbón y con él, el de las zonas mineras. Para el secretario general de UGT en Teruel, Alejo Galve, no es una buena noticia, pero al tratarse de una tasa global dependerá de la «conciencia política» de los gobernantes de cada país dar más o menos peso a las renovables en el mix energético nacional.

Sobre los fondos anunciados para la reconversión de las zonas mineras, teme que «si llegan en 2020 o 2025 puede ser tarde» si, como en el caso de Teruel, la central térmica de Andorra cierra por falta de inversiones para adecuarse a la normativa ambiental, porque hasta ahora «no ha llegado absolutamente nada» que haga pensar en su continuidad. De producirse esta situación, el líder sindical y trabajador de la central vaticina una drástica bajada de población en la comarca.

La llegada de la nueva ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, no genera buenas expectativas en el sector del carbón. Según Alejo: «esperábamos todos que entrase un partido de izquierdas» para que se produjeran cambios positivos. Pero no creen que serán buenos para el sector minero, ya que la ministra «habla de transición energética, pero no habla hasta qué años», ha dicho. En ese sentido, ha criticado que se ponga de fecha de fin al carbón en la Unión Europea entre 2030 y 2035 pero que haya países como Alemania que han firmado el futuro del sector hasta 2050.

El delegado de CCOO en la central térmica de Andorra, Antonio Planas, ha dicho que este anuncio de la Unión Europea se enmarca en una «crónica de una muerte anunciada», y critica que no se hayan puesto remedios. «Queremos una transición justa», ha señalado, pero hasta ahora han recibido «palmadas en la espalda» pero no soluciones en forma de empresas que creen trabajo y eviten el éxodo de la población de las zonas mineras. Andorra, capital minera de la provincia de Teruel, cuenta ahora solamente con la central térmica. «Endesa lleva 60 años en Andorra y se ha llevado muchos beneficios», recuerda Planas, quien cree que «algo tiene que revertir».

Optimismo en Castilla y León

Por su parte, la consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha considerado que es positivo el acuerdo de la Unión Europea para apoyar a las renovables y la creación de un fondo para dar salida a las cuencas mineras del carbón. La consejera ha pedido a la nueva ministra «menos prisa» en llevar a cabo la transición de la minería de carbón a otro tipo de energía al fijar como tiempo límite el 2025, cuando la Unión Europea ha concedido hasta el 2030. Pilar del Olmo ha indicado que la transición a otras fuentes de energía debe ser «justa y ordenada».

Por eso, ha afirmado que es «positivo» la creación de un fondo para una transición ordenada y ha señalado que la Junta quiere fondos para proyectos vinculados a la biomasa, tras lo que ha recordado que ya apoya a una empresa que lleva a cabo la construcción de una central de biomasa en Cubillos del Sil, en la provincia de León. Del Olmo ha recordado que ha pedido una entrevista con la ministra de Transición Ecológica ante lo que ha considerado «una precipitación» al fijar 2025 como el tope para dar una salida a la minería del carbón, y espera que «pronto» tengan una reunión.

Los ministros del G20 abordan la transición energética para impulsar las renovables y reducir los subsidios a los combustibles fósiles

EFE.- Los ministros de Energía del G20 se reunieron en Argentina para discutir acerca de la transición energética, con cuestiones como el empleo de las renovables o la reducción de subsidios a los combustibles fósiles.

La conferencia ministerial tuvo lugar en San Carlos de Bariloche, en la provincia patagónica de Río Negro (sur del país), y los máximos responsables del sector debatieron para consensuar un documento final de conclusiones y líneas de acción para el futuro.

La agenda aborda el fortalecimiento de las energías renovables y la eficiencia energética, el acceso a la energía en América Latina y el Caribe, la reducción de los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles, la transparencia de la información energética y la digitalización de los mercados energéticos, según los organizadores.

El Ejecutivo argentino, que este año ostenta la presidencia del G20, quiso hacer énfasis en la promoción del «cambio de comportamiento», un concepto que hace referencia a la adopción de «hábitos de consumo saludables».

Con estos cambios en el empleo de la energía pretenden generar beneficios como la reducción de gases de efecto invernadero, menores facturas de energía y una mejora de la competitividad en los sectores industrial y de servicios.

En el encuentro participaron, además de los 20 países que integran el grupo, Singapur, como miembro de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (Asean), Jamaica, por la Comunidad del Caribe (Caricom), España, Países Bajos y Chile.

También tomaron parte representantes de organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia Internacional de la Energía, el Foro Internacional de la Energía, la Sociedad Internacional para la Cooperación en Eficiencia Energética y la Agencia Internacional de Energía Renovable.

Completan la lista de organismos la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Con la premisa de «impulsar las transiciones energéticas hacia sistemas energéticos más flexibles, transparentes y limpios», los contactos comenzaron con un almuerzo informal, seguido de la visita de algunos jefes de las distintas delegaciones a Invap, una empresa estatal dedicada al desarrollo de tecnología nuclear y renovable, satélites e ingeniería aplicada.

Los líderes políticos del sector cerraron la jornada con una cena de trabajo, y continuarán con sesiones plenarias y presentaciones de expertos y organizaciones.

En el marco del encuentro, el ministro de Energía y Minería de Argentina, Juan José Aranguren, y el ministro de Recursos Naturales de Canadá, James Gordon Carr, firmaron tres memorándums de entendimiento en materia de eficiencia energética y cooperación en política minera y en energía nuclear.

Aranguren declaró que, con esos convenios, «ratificaron su compromiso de mitigar el cambio climático, en línea con las metas del Acuerdo de París».

El titular argentino de Energía añadió su intención, como país miembro del G20, de «racionalizar y eliminar, a medio plazo, los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan un consumo derrochador».

Su colega canadiense afirmó que «los principales avances que aceleran realmente la transición hacia una economía baja en carbono solo pueden venir de la colaboración».

La Unión Europea se fija un objetivo de energías renovables del 32% para 2030 y contempla su revisión en 2023

Europa Press / EFE.- Los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para fijar un objetivo vinculante de energías renovables del 32% para 2030 e incluir una cláusula de revisión al alza en 2023, según los avances tecnológicos que puedan acelerar la transición energética, aunque no se logró establecer una meta en el caso de la eficiencia energética. El objetivo del 32%, no obstante, es inferior al 34% que recetaba la Agencia Internacional de la Energía Renovable (IRENA).

El objetivo pactado del 32% se sitúa así en un punto intermedio entre las pretensiones de la Eurocámara, que abogaba por situarlo en el 35%, y de los Estados miembros, cuya postura oficial era del 27% aunque había países más ambiciosos alineados con la postura de los eurodiputados, como España. «Este acuerdo es victoria duramente trabajada para desbloquear el verdadero potencial de la transición de Europea hacia una energía limpia. Esta nueva ambición nos ayudará a cumplir con los objetivos del Acuerdo de París y se traducirá en más empleos, facturas energéticas más baratas para los consumidores y menos importaciones de energía», celebró el comisario de Energía, Miguel Arias Cañete.

Por su parte, el eurodiputado del PSOE José Blanco, responsable del informe de la Eurocámara sobre esta cuestión, ha remarcado que el acuerdo pone a la Unión Europea «en sintonía» con el Acuerdo de París para avanzar en el proceso de descarbonización de la economía e impulsar una transición energética. También ha subrayado que es un «gran acuerdo» para España porque garantiza un mínimo del 15% de interconexiones y crea un fondo para ayudar a las regiones carboníferas a sumarse al «impulso de las renovables«. «Gracias a todos los que nos ayudaron a hacerlo posible», declaró en las redes sociales.

El pacto eleva el nivel del 20% de renovables que la Unión Europea tiene marcado para 2020 y supone casi el doble de la cuota del 17% de energía solar, hidráulica, eólica y la biomasa alcanzada por la Unión Europea en 2017. La revisión de la directiva europea sobre renovables forma parte del paquete de invierno, una gigantesca revisión de la legislación comunitaria para cumplir con el Acuerdo de París. Ese pacto internacional busca limitar las emisiones contaminantes al menos en un 40% para 2030.

El acuerdo sobre energías renovables ha llegado en la quinta reunión que han mantenido los negociadores de la Eurocámara y el Consejo de la Unión Europea (la institución que representa a los Estados miembros) desde que comenzaran las conversaciones a principios de año. También ha llegado después de que los nuevos Gobiernos de España e Italia elevasen la ambición de ambos Estados en este asunto en la última reunión frente a países con gran dependencia del carbón, como Polonia, más conservadores. En concreto, la delegación española, encabezada por la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, abogaba por cerrar un objetivo de renovables del 34%.

Los negociadores de las instituciones comunitarias, sin embargo, no fueron capaces de alcanzar un acuerdo sobre el objetivo de eficiencia energética para 2030. Sobre este asunto, el comisario español ha pedido al Parlamento Europeo y a los Estados miembros que sean «flexibles» y que busquen un «compromiso». Además del objetivo y la cláusula de revisión al alza, la nueva directiva de renovables reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de almacenaje y recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.

El texto pactado también recoge la enmienda reclamada por la Eurocámara por la que no se podrán aplicar cargos al autoconsumo, como el famoso impuesto al sol en España, aunque esta prohibición sólo se extenderá hasta diciembre de 2026. «La muy buena noticia es que hemos matado el nefasto impuesto al sol«, declaró el eurodiputado de Equo, Florent Marcellesi, quien consideró «muy positivo» que «la ciudadanía europea» y demás agentes sociales puedan «producir, consumir y almacenar su propia energía renovable».

A partir de 2026, los Estados podrán recurrir a una de las tres alternativas que la directiva contempla para justificar la imposición de estas tasas. Concretamente, podrán gravar el autoconsumo de instalaciones con potencia instalada superior a los 25 kW, de autoconsumidores que reciben ayudas si el impuesto no sea superior al apoyo recibido o si un estudio concluye que la inexistencia de un impuesto amenaza la sostenibilidad financiera a largo plazo del sistema eléctrico (en caso de que las instalaciones de autoconsumo representen más del 8% de la potencia total instalada de un país).

Otro aspecto importante del acuerdo es una tasa de 14% de energía renovable en el sector del transporte para 2030, que se prevé que impulse el vehículo eléctrico. El pacto también prevé reducir progresivamente el empleo de aceite de palma para producir biocombustibles destinados al transporte hasta 2030 y limitar sus importaciones, que provienen de Indonesia y Malasia. También se congela la producción europea de biocombustibles de primera generación, como el etanol, en los niveles de producción que alcance cada Estado en 2020 y se fija un objetivo del 3,5% para los de segunda generación, generados a partir de cultivos no alimentarios como la madera.

Organizaciones ecologistas como Greenpeace, que no consideran el acuerdo general sobre renovables suficientemente ambicioso, han sido especialmente críticas con los biocombustibles al considerar que supone «una amenaza para los bosques europeos» pues permitirá que «más árboles y cultivos se quemen como energía» y es «un ejemplo terrible para el resto del mundo». Los negociadores, sin embargo, fracasaron a la hora de alcanzar un compromiso en el ámbito de eficiencia energética, pese a que acercaron posturas.

Acciona pone en marcha un parque eólico de 183 megavatios en México con una inversión de 200 millones de euros

EFE.- Acciona Energía puso en marcha el parque eólico El Cortijo, de 183 megavatios, en Tamaulipas (noreste de México), 15 meses después de comenzadas las obras, que han supuesto una inversión de 235 millones de dólares (199,6 millones de euros). Es el primer parque eólico asociado a la reforma energética en México y resultado de la adjudicación de 585,5 gigavatios/hora tras la primera subasta de electricidad.

El Cortijo está ubicado 40 kilómetros al sur de Reynosa (ciudad más populosa del estado de Tamaulipas) y producirá electricidad eólica equivalente al consumo de 350.000 hogares, que evitará la emisión cada año de más de 429.000 toneladas de dióxido de carbono. Consta de 61 aerogeneradores Nordex, modelo AW125/3000, de 3 megavatios de potencia nominal y rotor de 125 metros de diámetro, sobre una torre de hormigón de 120 metros de altura de buje. El Cortijo es el quinto parque eólico en propiedad de Acciona en México, donde totaliza 740 megavatios instalados, ya que a estos 183 en Tamaulipas suma otros 557 en Oaxaca, y además cuenta en México con 303 megavatios eólicos para terceros.

El sector de las renovables desea alcanzar un gran consenso sobre el futuro mix energético para avanzar en la descarbonización

EFE / Europa Press.- El director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA), José María González Moya, cree que «estaría bien» que hubiera cierto consenso en el país para decir a que mix energético se quiere ir y que «no sólo sea fruto de un Gobierno que dure un año o dos, o los que sea».

González Moya ha señalado que espera también que el Gobierno tenga dentro de sus prioridades el problema de la dependencia energética en España, que ha recordado que nunca ha estado en el debate político y cuesta «muchos millones» al año, al tiempo que ha advertido de que España seguirá teniendo ese problema, pues no tiene gas ni otras fuentes de energía autóctonas, sólo las renovables. Por eso, alerta de una excesiva gasificación de la economía durante el proceso de transición energética, pues aunque el gas puede ayudar a cumplir los objetivos ambientales, puede perjudicar la consecución de los objetivos macroeconómicos.

En este sentido, ha recordado que el anterior ministro de Energía, Álvaro Nadal, cifró en 6.000 millones de euros el coste que tendría para el país una subida de los precios del petróleo. Ha señalado también que España tiene que sustituir la generación con carbón y la de las centrales nucleares, que los socialistas proponen clausurar a los 40 años. González Moya reconoció que en España se han cometido errores en renovables «derivados de decisiones políticas», pero también en el gas, con una sobrecapacidad del sistema que hace que no se utilice en su totalidad.

El director general de APPA señaló que la eólica «será fundamental en la transición energética, al haber alcanzado su competitividad con los precios actuales de mercado». Así, González Moya valoró que el potencial que tiene España en términos de recurso, tejido industrial o capacidad exportadora «la convierten en una de las principales protagonistas del sector energético durante la próxima década».

Ha criticado también el parón que le supuso a la industria renovable la moratoria que aprobó el anterior Gobierno y ha dicho que «es un milagro que el sector siga vivo y siga exportando tecnología y conocimiento, y que sea un sector netamente exportador«. También considera «un error y un desastre» que no haya una planificación en la implantación de nuevas instalaciones renovables y que, con las subastas que se hicieron en poco espacio de tiempo, vaya a hacerse en año y medio lo que no se hizo en 6.

Por su parte, el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez, consideró que los próximos años supondrán «una revolución para el sector de la energía desde el punto de vista de la producción y el consumo». De esta manera, indicó que, con la puesta en marcha de 5.000 megavatios (MW) de nueva potencia eólica en 2020, las emisiones del sector eléctrico podrían disminuir en un 13% para entonces respecto a 2017.

Por ello, afirmó que a medio y largo plazo es necesario establecer unos objetivos de futuro acordes con el reto de descarbonizar el consumo energético español, y planificar el despliegue de las energías renovables. «Para lograr una transición energética y cumplir con nuestro compromiso con el Acuerdo de París, es urgente tomar medidas en aquellos sectores que pueden reducir sus emisiones como el sector eléctrico, pero también el sector transporte y el residencial. En este sentido, la electrificación tanto del transporte como de la climatización tienen que empezar a avanzar con solidez«, añadió al respecto.

Asimismo, Márquez cree que España tiene que decidir qué posición quiere tener en el mercado mundial de las renovables: lo que «hay que ver es si España quiere ser comprador de tecnología o un desarrollador y constructor de tecnología«. En su opinión, «pagar curvas de aprendizaje bien planificadas» es beneficioso y una de las consecuencias es que en España la energía eólica es la segunda tecnología del mix energético, es sostenible y gana en competitividad.

Márquez se ha referido a los retos que tiene por delante la sociedad en el ámbito energético y, entre ellos, ha señalado que el del operador del sistema o el Ministerio tiene que ser ver qué medidas se necesitan para que la transición sea viable, con políticas de innovación e industriales que aseguren que los objetivos pueden conseguirse en un número determinado de años. No obstante, ha señalado que el gran reto será que los consumidores de energía cambien su modelo para consumir mayoritariamente electricidad.

Márquez, que ha señalado que por ese motivo los grandes ayuntamientos tendrán un papel más determinante que los gobiernos, también indicó que lo de las renovables «ya no es sólo cuestión de los históricos» de este sector. En este sentido, recordó que la petrolera Cepsa en sus perspectivas energéticas a 2030 es la que dio mayor de previsión de crecimiento a la eólica dentro de los numerosos estudios que se han hecho sobre transición energética.

Márquez concluyó que para que la eólica se siga desarrollando hace falta que no haya cambios legislativos que se trasladen a riesgos en la inversión, que las subastas de renovables cuenten con mecanismos que luego permitan a los adjudicatarios acudir a entidades a financiarse, así como con mecanismos de estabilidad que garanticen un rango de ingresos. También espera que en España haya una regulación más sencilla y que se introduzcan cambios en el mercado eléctrico.

El comité de expertos espera que su informe sea tenido en cuenta por el Gobierno para impulsar la transición energética

EFE.- Jorge Sanz, que presidió el comité de expertos sobre transición energética, reivindica que el informe que elaboró ese grupo, que se aprobó con 11 votos a favor y 3 abstenciones, tiene que ser un documento de referencia de cara a la transición energética. Sanz ha manifestado que el documento de los expertos, que fueron designados por los grupos parlamentarios y agentes sociales, «no es el documento de un partido», y ha añadido que «es un documento que hay que leer».

Ha señalado que los mix energéticos (fuentes de energía que cubren la demanda) que vaya a haber en un futuro dependerán de muchas cosas, como de los precios de los combustibles y de los precios de los derechos de emisión de CO2. En este sentido, resaltó que una de las conclusiones del comité de expertos fue que el grado de cumplimiento del objetivo de reducción de emisiones era muy sensible a la bajada de los precios del petróleo. De esta manera, señaló que los objetivos para 2030 se cumplirán con mayor holgura si los precios de los combustibles son caros y menos si están baratos.

Ha señalado que, no obstante, el informe concluyó que era factible alcanzar ese objetivo, así como el de eficiencia energética, y que el único en el que aparecían problemas era en el de renovables, que entonces se contemplaba en un 27% del total de la energía suministrada y que ahora Europa ha fijado en el 32%, pese a que los precios de los combustibles ayudan. Ha añadido que, pese a que las renovables han demostrado ser competitivas, las que más las eléctricas, hay un «cuello de botella» en la electrificación.

También ha señalado que, aunque el estudio concluyó que España cumplirá los objetivos de eficiencia energética a 2030, se puede hacer más en este ámbito, lo que puede contribuir a mejorar más en otros objetivos. También ha destacado la importancia que tiene reformar la fiscalidad, sustituyendo impuestos recaudatorios, como la tasa especial a la electricidad y el que pagan los generadores, por ambientales. Ha señalado que esos impuestos recaudatorios afectan al precio, lo que influye en la elección que haga el consumidor sobre la energía que consume, e indicó que la propuesta del comité de expertos «no sube la presión fiscal» sino que la «reequilibra» de forma que contribuyan más los consumidores de tecnologías emisoras.

Sanz manifestó que también hay que discutir cómo se financian las renovables, pues el sistema actual penaliza al consumidor de electricidad, ya que ahora el 90% de la financiación de esas energías proviene del consumo eléctrico. Se mostró a favor de repartir la financiación de las renovables entre todos los consumidores de energía y en proporción a lo que representan, un 25% en el consumo eléctrico y alrededor del 50% en el de combustibles fósiles, a fin de «equilibrar el esfuerzo para que cada uno pague lo que le toca».

El Gobierno de Navarra propone una mayor colaboración entre el sector público y privado para impulsar proyectos de energía sostenible

EFE.- El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, Manu Ayerdi, propone establecer una mayor colaboración entre el sector público como motor, las operadoras y empresas del sector y las entidades financieras en el impulso compartido a proyectos de energía sostenible. Estos proyectos deberán estar alineados con la estrategia de transición energética impulsada desde la Agenda Urbana de la Unión Europea, según el Ejecutivo Foral.

«El sector público está tirando y las empresas están aportando proyectos y soluciones creativas; ahora falta que pongamos todo este conocimiento e innovación en contacto con los agentes financiadores para que la energía sostenible y las políticas de eficiencia energética puedan transformar, lo están haciendo ya, nuestras ciudades«, ha explicado Ayerdi. De esta forma se ha pronunciado sobre la plataforma público-privada EnerInvest, de la que forma parte junto con otras ocho entidades públicas y empresas de servicios del sector energético.

El vicepresidente ha destacado el plan energético Navarra 2030 y el proyecto europeo SustaiNAVility de rehabilitación energética de edificios liderado por Nasuvinsa como dos iniciativas clave en el proceso de transición energética, aunque ha subrayado que «el éxito pasa por involucrar al sector privado y a las entidades financieras que vean en la energía sostenible una nueva ventana de negocio».

Destacó que Navarra, habiendo sido durante los últimos 25 años una referencia en materia de energías renovables, ha emprendido durante estos dos últimos años «un importante giro para dar un salto cualitativo en un proceso de transición energética hacia un sistema de eficiencia y reducción progresiva de consumo, más integrado y menos dependiente de importación de energías de origen fósil«.

En ese sentido ha resaltado el proyecto SustaiNAVility, que hará extensiva a otros barrios de la comunidad y edificios dotacionales del Gobierno la exitosa experiencia de rehabilitación energética integral emprendida por Nasuvinsa en la Txantrea, una intervención urbanística basada en envolventes térmicas de edificios, renovación de infraestructuras y redes de calor o medidas de regeneración del tejido urbano de barrio. Asimismo, Ayerdi citó «la audaz apuesta por la edificación sostenible y la implantación de los Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN), que contribuirá a transformar el mundo de la edificación y el urbanismo» o la participación de Navarra, junto con otras nueve ciudades y regiones europeas, en el grupo Energy Transition de la Unión Europea.

La plataforma de energías marinas Bimep logra el permiso para probar en Arminza prototipos de aerogeneradores flotantes para su investigación

EFE.- Bimep, la plataforma de investigación de energías marinas del País Vasco, ha obtenido el permiso del Ministerio de Medio Ambiente para acoger en Arminza prototipos de aerogeneradores flotantes para su investigación. Se trata de un paso imprescindible para ampliar la investigación marina de nuevas tecnologías eólicas. La solicitud de este permiso se inició en 2014.

El visto bueno del Ministerio de Medio Ambiente supone en la práctica que Bimep podrá acoger hasta un máximo de 2 prototipos de aerogeneradores flotantes al mismo tiempo para su prueba e investigación. Bimep es una zona de ensayos en mar abierto que está conectada a tierra mediante cables submarinos, lo que permite la prueba de dispositivos flotantes captadores de energía de las olas; ahora también podrá acoger una nueva generación de aerogeneradores marinos flotantes.