Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha hecho un llamamiento al conjunto empresarial español y en particular a las empresas cotizadas a movilizar cerca de 100.000 millones de aquí a 2030 y así implicarse en una lucha contra el cambio climático, en la que considera que España «lleva algún retraso«.
En su intervención en el Foro Cinco Días, la ministra considera además una «necesidad» que el sector financiero sea parte de la solución y para ello ha comentado un conjunto de iniciativas que verán la luz en la Ley de Cambio Climático y Transición Energético, que espera presentar en el Congreso de los Diputados «antes de Navidad». Pocos días después, «antes de final de año», entregará a la Unión Europea el Plan Nacional de Energía y Clima.
Entre las ideas del Gobierno está la necesidad de que el sector financiero y las empresas cotizadas obligatoriamente deberán analizar su huella ecológica o de carbono y acometer medidas para reducirla, o bien, que deberán crear etiquetas verdes para que la sociedad conozca de forma «clara» y «detallada» los criterios de sostenibilidad de las empresas, dada «la escala del desafío».
La ministra ha lamentado el «lastre inmenso para la competitividad» de la economía española para el presente y el futuro acumulado en los últimos años, ya que ha recordado que en los últimos tres años España ha sido el país del conjunto de los Veintiocho donde más han crecido las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, considera que España también se ha «quedado al margen de los beneficios y oportunidades» para regenerar la economía al tiempo que se construye una sociedad «más solidaria».
Para corregir esa senda, Ribera ha dicho que se requiere de un marco regulatorio «claro» y construir un «consenso» sobre el sistema energético «imprescindible» que tenga «anticipación» y no olvide a «los más vulnerables» en este proceso de cambio y transición.
Asimismo, ha subrayado el papel «fundamental» de las renovables, la eficiencia energética o la importancia de favorecer una movilidad sostenible, apostar por el autoconsumo y permitir esquemas «predefinibles» frente a un modelo energético actual que a su juicio «no responde a las necesidades ambientales» sino que «se aleja» de la modernización de la economía.
Ribera se ha referido en concreto a la «pobre» eficiencia de los edificios españoles y ha destacado el «volumen de negocio» en la capacidad de mejora del parque construido.
En definitiva, estima que en ese «marco que oriente» las decisiones, la integración de las renovables ofrecerá «múltiples beneficios» porque servirá para moderar los precios del mercado e incentivará la innovación y la I+D+i.
La ministra ha destacado también que observa un «interés creciente» sobre el ámbito de la financiación «responsable» de los activos financieros a nivel mundial y en ese contexto considera que las respuestas se mueven en «dos o tres grandes ejes» que pasan por que en la Unión Europea se requerirán inversiones en torno a 180.000 millones de euros anuales, en ámbitos como la renovación de edificios, digitalización, generación de energías renovables o movilidad sostenible.
De este volumen, Ribera ha precisado que las estimaciones para el sector privado en España se sitúan en torno a 100.000 euros de aquí a 2030, solo para cuestiones asociadas a energías renovables y eficiencia, pero a los que ha añadido otros 83.000 millones de euros adicionales en materia de energía circular.
«Existen oportunidades de inversión, pero las oportunidades de inversión requieren de la participación activa de los inversores, es decir, se necesitan vehículos que articulen esta participación«, ha comentado la ministra que quiere que los inversores tengan información sobre los riesgos con datos fiables para que puedan identificar estas oportunidades en las que esté incorporada la variable ambiental y climática.
«Es fundamental», ha insistido la ministra, que confía en que la puesta en marcha de políticas públicas haga esto «viable» y asegura que los dos instrumentos fundamentales serán, precisamente, la ley de cambio climático y transición ecológica y el plan nacional integrado de energía y clima.
«Queremos facilitar una señal clara, contundente, pero también respaldada por el conjunto de la sociedad, que guíe decisiones empresariales y oriente a los reguladores con competencia en los distintos sectores que pueden regular«, ha manifestado.
La titular de Transición Ecológica ha recordado el compromiso de España de reducir en 2030 un 20% de las emisiones respecto a 1990, lo que supone reducir a «un tercio» las actuales, por lo que ve necesarias «decisiones del hoy y ahora mismo» porque 2030 es «pasado mañana».
Ribera cree que reorientar un proceso económico y un sistema energético de más de 200 años «no es nada sencillo», por lo que se deben «construir pasarelas» y ha añadido que ese cambio tiene «mucho que ver» con las finanzas verdes, que son las que deben «facilitar» ese cambio.
Por último, ha asegurado que esta transición deberá ser «respaldada» por el conjunto de la sociedad, que guiará las decisiones empresariales en medio de sendas claras de descarbonización para las próximas décadas.
Al mismo tiempo ha garantizado que este proceso se deberá impulsar sin «traumas» para la generación de empleo y la evolución que todo esto supone a las familias; es decir que se realizará con una «estrategia de transición justa» especialmente para los colectivos vulnerables y facilitando «nuevas oportunidades» sobre todo en aquellas comarcas «sin alternativas» para lo que ha vuelto a instar a la colaboración al sector privado.
