Europa Press.- Podemos propondrá la renacionalización de las centrales hidroeléctricas conforme vayan caducando las concesiones públicas a empresas privadas, y destinará 4.000 millones de euros al año para movilizar un total de 16.000 millones de inversiones público-privadas en el ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética. Así consta en sus propuestas electorales en materia de energía, que además incluyen la promesa de no renovar ningún permiso de explotación de las centrales nucleares y cerrar progresivamente las centrales térmicas de carbón.
El coportavoz de Equo y cabeza de lista al Congreso por Álava de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, considera que «no es posible salir de la crisis si no hay un cambio de modelo energético» y propugna la implantación de un Plan Nacional de Transición Energética que apueste por las energías renovables, la “democratización” del sector de la energía y el cierre progresivo de las centrales nucleares como Garoña (Burgos). «La central burgalesa lleva tres años cerrada y nuestra intención es que así siga», subrayó. Según explicó, la coalición conformada por Podemos, Izquierda Unida y Equo, apuesta por la implantación de un plan dirigido a frenar el cambio climático, acabar con la pobreza energética y reducir la dependencia energética.
«El plan, con una inversión de 16.000 millones de euros hasta 2020, está encaminado a mejorar la eficiencia energética del modelo productivo y de consumo, y a reducir el consumo global de energía, el coste de la energía para empresas y hogares, las emisiones de CO2 y la factura de las importaciones de combustibles fósiles» ha explicado. «Nuestra apuesta son las energías renovables y el cierre progresivo de las centrales nucleares. En este sentido, reiteró la necesidad de desarrollar un modelo energético «diferente» que ponga fin al mix de carbón, gas y energía nuclear vigente hasta el momento. «En consonancia con el acuerdo del clima COP21 de París debemos dirigirnos hacia un sistema energético totalmente descarbonizado para 2050”, apuntó Uralde.
Según expuso, el Plan Nacional de Transición Energética que propone su formación queda estructurado alrededor de dos ejes. El primero de ellos es un Plan Nacional de Ahorro Energético, dotado con 6.000 millones de euros. Este plan estaría centrado en la mejora de la eficiencia energética de unas 200.000 viviendas cada año para que pudieran reducir su consumo hasta en un 80%, pero también incluiría medidas enfocadas al transporte, la industria y los sistemas de distribución eléctrica. Por otra parte, el proyecto se completa con un Plan Nacional de Energías Renovables, dotado con 10.000 millones de euros, centrado en tecnologías como la solar fotovoltaica y la térmica, la eólica, la geotérmica, la pequeña hidroeléctrica y la biomasa de baja emisión.
Una parte «relevante» de la financiación a este Plan Nacional de Transición Energética provendría de la reforma del sector eléctrico. Esta reforma pasaría por una auditoría de costes de todo el sistema y de la deuda asociada al déficit tarifario, aunque Podemos no precisa sí estaría dispuesto a impagar parte de esa deuda, por una modificación del marco regulatorio para que todas las fuentes de energía reciban retribuciones «razonables» en función de los costes reales de producción y por la eliminación de las sobrerretribuciones a las eléctricas por distintos conceptos.
De forma paralela, Podemos quiere, entre otras medidas, la sustitución progresiva del uso de energías fósiles por energías renovables y la prohibición del uso de la técnica de fractura hidráulica (fracking) y de las prospecciones de hidrocarburos en el litoral. Finalmente, solicitará a la Comisión Europea que declare ayuda ilegal de Estado los costes de transición a la competencia (CTC), que a su juicio supusieron unas retribuciones de 3.400 millones para las compañías eléctricas, cuando la realidad es que la última liquidación no se culminó.
Por otra parte, el programa de la formación morada incluye el compromiso de luchar contra la pobreza energética prohibiendo cortes de suministro de luz o gas en viviendas habituales cuando los impagos de facturas se deban a motivos ajenos a la voluntad del titular. Para ello, se establecerá un mínimo vital mensual por hogar y, en caso de que se detecte una situación de pobreza energética, se les deberá ofrecer un precio adaptado, entre otros factores, a la renta familiar.
Asimismo, se derogará el real decreto de Autoconsumo eléctrico y se aprobará una nueva normativa para favorecer el desarrollo de estos sistemas de producción, y se fomentará la fiscalidad verde para que su peso sobre el PIB se acerque a la media comunitaria (2,4% frente al 1,6% español). Según Podemos, las medidas en materia energética son fundamentales para propiciar el necesario cambio de modelo productivo, reducir el impacto medioambiental y la dependencia energética, reducir el precio de la energía y luchar contra la pobreza energética.
